Según el documento 409 de los Archivos de Economía de la Dirección de Estudios Económicos del DNP, escrito por Juan Carlos Echeverry G, titulado “La visión de la prosperidad del gobierno Santos” sostiene que, en América Latina, la economía “atravesó desde principios del siglo XXI una bonanza minero-energética fundamentada tanto en el aumento observado y esperado de la producción de petróleo, carbón y otros minerales, como de sus precios internacionales”. Situación que el autor impera que debe manejarse adecuadamente para evitar desencadenar una crisis como la vivida a finales del siglo pasado (Echeverry G., 2014, pág. 8). Autor, que sostiene que, “con la bonanza de los años noventa, derivada de los hallazgos de los campos de Cusiana y Caño Limón, se dio un auge de consumo en los sectores privado y público, que llevó a una importante acumulación de deudas en actores económicos familiares, corporativos y gubernamentales.” (pág. 8)
Tal y como lo expone el autor, estos elementos de análisis en conjunto con otros expuestos en el texto, “justificaron la estrategia del gobierno colombiano de implementar cambios institucionales para crear un círculo virtuoso que lleve al país a manejar de la forma más responsable la bonanza minero-energética y aumentar su crecimiento potencial, mejorar la equidad social y evitar incurrir en el círculo vicioso ya experimentado en la crisis de final de siglo XX”, resumiendo que “esta estrategia se basó en crear las condiciones necesarias para que la bonanza minero-energética se tradujera en mayor estabilidad, crecimiento económico, creación de puestos de trabajo y equidad. La estrategia se fundamenta en generar más ahorro, buen gobierno de los recursos y buena calidad de la inversión; diversificar la economía para evitar la enfermedad holandesa; y finalmente, impulsar los sectores locomotora que jalonarán el crecimiento del resto de sectores de la economía a través de los encadenamientos productivos. (pág. 9)
En el documento 414 de los Archivos de Economía de la Dirección de Estudios Económicos del DNP, el autor Javier Andrés Rojas Aguilera, en su escrito titulado “Sobre el efecto de las regalías en el bienestar: Una revisión del periodo 2001 – 2011”, resumiendo brevemente, se puede decir que el autor muestra que Colombia recibió cerca de $32 billones de pesos en regalías como consecuencia de una mayor dinámica en la explotación del sector minero-energético durante el periodo de evaluación de su escrito. Valiéndose de las interrelaciones del NBI con las regalías en el año 2005 y haciendo uso de proxy de bienestar que le permitieron ampliar el periodo para incluir
los años 2001 a 2011, el autor encontró que “las regalías directas no beneficiaron a las poblaciones que las recibieron, y que el efecto de las asignaciones indirectas fue positivo pero modesto” y “al considerar los resultados de largo plazo se llega a que las regalías directas tuvieron un efecto negativo o cercano a cero dependiendo de la especificación estadística empleada, mientras que las indirectas resultaron relevantes en la dinámica de desarrollo local” (Aguilera, 2014, pág. 1) .
Según Alviar y Lamprea (2016), la regulación es la forma que predomina para la gobernanza del mercado, marcada por la privatización, liberalización de la economía y los regímenes jurídicos trasnacionales. Fue hasta los 90 del siglo pasado que el “Estado Regulador” evidenció la regulación como mecanismo intervención de la economía, a partir de la Constitución del 91. Los autores sostienen que estudiar el Estado Regulador en Colombia supone diferentes retos (pág. 8) …
Uno de ellos es la profusión de normas, instituciones, agencias y actores públicos y privados involucrados en los procesos reguladores…
Sostienen que (pág. 15) “los regímenes reguladores en Colombia han sido víctimas de un experimentalismo institucional que más que solucionar la crisis del Estado regulador, la ha profundizado” lo explican desde las siguientes dos hipótesis, argumentando que las evidencias indican que la hipótesis más fuerte es la segunda:
1. La constante transformación de los arreglos institucionales del Estado regulador colombiano se debe a la búsqueda, por parte del Gobierno y el Congreso, de agencias y regímenes reguladores cada vez más independientes y expertos.
2. El experimentalismo institucional colombiano se debe a intereses políticos y clientelistas coyunturales, o a cambiantes agendas políticas que no permiten proyectar el Estado regulador colombiano a mediano y largo plazo
En este aspecto se puede decir que hasta 2015, por lo menos la Comisión Rectora del SGR produjo 35 acuerdos, a una tasa de 0.8 acuerdos por mes desde abril de 2012, sin mencionar el resto de las normas del SGR que pasan de 50 según el contenido normativo del SGR del DNP.
En materia de CTeI, El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- COLCIENCIAS y el DNP, elaboraron la Guía sectorial en sus dos versiones e identificaron las necesidades claves que el país viene presentando en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. A partir de esta información, se identificaron tres líneas estratégicas prioritarias para asegurar que a 2025, Colombia se ubique entre los tres países más innovadores de América Latina. Para lograrlo, se espera duplicar la producción científica con enfoque, gerencia y disciplina; aumentar el número
de empresas sofisticadas e innovadoras; e incentivar en la población colombiana una cultura que valora y gestiona el conocimiento (Departamento Nacional de Planeación - DNP - ; COLCIENCIAS, 2015, pág. 7).
Esta Guía Sectorial es la segunda versión del documento publicado en 2012, para la identificación de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Se presenta como un anexo de la Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, construido por COLCIENCIAS y el DNP. El objetivo “orientar la identificación, formulación y evaluación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CTeI), y de proyectos de otros sectores que incluyan actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), que sean financiados con recursos de inversión del gobierno nacional, las entidades territoriales, el Sistema General de Regalías – SGR - y otras fuentes de recursos públicos y privados” (pág. 7). La asignación de estos recursos a la CTeI, vía proyectos de inversión con esquemas territoriales, es debatida por Mónica Salazar y Lisbeth Fog en el capítulo 14 del libro “Colciencias cuarenta años: entre la legitimidad, la normatividad y la práctica” producida por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario. Las autoras sostienen que el cambio más significativo en la historia de la CTeI del país “es la asignación del 10% de los recursos de regalías”, hecho que también, según sostienen las autoras, “cambió la institucionalidad en CTI, su estructura, funcionamiento, reglas de juego, formulación de la política, los mecanismos de asignación de recursos y la toma de decisiones entre otras” (Salazar & Fog, 2013, pág. 753) de esta manera cuestionan “la forma y los procedimientos que se impusieron para la distribución y asignación de recursos” pues sostienen que es una “pérdida de visión del país”, argumentando que el FCTeI no es un fondo nacional si no “la sumatoria de las asignaciones territoriales” conformando una “gran dificultad” por la asignación de los recursos a las regiones y no al gobierno central, esto a causa de la imposibilidad de incorporarlos al presupuesto general de la nación, que las autoras definen como “la expresión de los bienes públicos mayores de una sociedad” (pág. 753). Se espera con el desarrollo investigativo planteado poder ampliar con conclusiones respecto a estos cuestionamientos.