Nuevos actores para nuevas demandas

Según ya se mencionó, nuevos sectores políticos han empezado a surgir en la escena nacional y poco a poco han ido ganando espacio y lugar para expresar sus demandas e instalar nuevos discursos, tanto en las federaciones estudiantiles -donde la tradicional Juventud Comunista ha dado paso a nuevos colectivos de izquierda-, como en la débil Central Unitaria de Trabajadores, en el Colegio de Profesores, entre otras.

Al mismo tiempo, nuevas organizaciones han venido a disputar el lugar que ocupan las organizaciones más cercanas al Gobierno en el área portuaria y en la minería del cobre, áreas estratégicas de la economía nacional y en los que “la contraparte”, además del Estado en algunos casos, son las familias más ricas del país o grandes trasnacionales.

La Unión Nacional de Trabajadores y la Central Autónoma de Trabajadores, son organizaciones que durante el actual período han intentado venir a representar a los trabajadores del sector privado, incorporando menos presencia partidista o pro-gobierno

que la que tiene la CUT. El parlamento también ha dado espacio a nuevas dirigencias derivadas en algunos casos de la demanda estudiantil, los que han empezado a crear nuevos partidos políticos. En la derecha partidista también ha habido una renovación y nuevos referentes han surgido más cercanos al libertarianismo (Kaiser, 2015), al liberalismo valórico y al debate democrático, con un énfasis permanente en mejorar el mercado, pero también en la justicia social (Manifiesto por la República y el Buen Gobierno, Andrés Allamand, Hernán Larraín y otros, 2017).

En el caso estudiantil, las organizaciones han dado lugar a nuevos referentes y dirigencias más claramente políticas, dando cuenta de una renovación del discurso, aunque todavía defensivo más que propositivo. Al mismo tiempo, se han logrado unificar sectores del estudiantado que, al menos hasta 2011 no tenían una cultura organizativa, como era el alumnado de las universidades privadas. El ámbito universitario privado, era incluso mirado con resquemor y rechazo por parte de las organizaciones más tradicionales.

No obstante, la unidad que lograrán en 2011 las demandas de estudiantes de universidades privadas y universidades tradicionales va en la línea de generar organizaciones que se adecúen a la actual condición del trabajo y de vida de los sectores precarizados y no hacia recomponer una “desaparecida” clase obrera o un movimiento estudiantil en términos clásicos. Ese ha sido el primer paso para la reconfiguración de un nuevo sujeto político. Otro cambio importante ha sido la emergencia de cada vez más liderazgos femeninos que han venido a ocupar las presidencias -en muchos casos por primera vez- de diferentes organizaciones, como el Colegio de Periodistas, la Central Unitaria de Trabajadores y por segunda, tercera y cuarta vez, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. El discurso feminista, por otro lado, se ha tomado todos los espacios, presentando una demanda transversal asociada a la desigualdad de género, y principalmente al reconocimiento de la labor “subsidiaria” del hombre, que la mujer ocupa en la sociedad. Las diferentes demandas también se han unido con algunas manifestaciones locales que han empezado a luchar, desde sus condiciones de vida, por el derecho al agua, a causa de su sobre utilización en la gran industria minería o bien, como consecuencia del acaparamiento de los “derechos de agua” privatizados con el Código de Aguas de 1981 y cedidos por el Estado de manera permanente.

Organizaciones como el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA) en la ciudad de Petorca, han desarrollado una larga lucha para reconstituir el acceso a este recurso, como un derecho humano. Por otro lado, el pequeño Pueblo de Caimanes y diversas comunidades indígenas al sur de Chile se han enfrentado a problemas de acceso al agua y afectación de la actividad agrícola. En el caso indígena, distintos problemas se han levantado entre las grandes empresas que buscan intervenir en territorios en los que habitan comunidades mapuche o aymara, esto a pesar del Convenio 169 de la OIT al que Chile está suscrito, impone la obligación al Estado de Chile de realizar consultas a dichas comunidades.

Si ya a inicios de la década del 90 una larga lucha se presentó entre la española ENDESA y comunidades Pehuenche que no querían ser resituadas a propósito de la construcción de una represa, en la actualidad existen organizaciones semi-clandestinas que sabotean permanentemente el trabajo de las empresas forestales y los camiones que transportan su producción, como forma de reivindicar las tierras ocupadas por las primeras. Las

comunidades mapuche afectadas por esta situación, han pasado a estar asediadas por la policía chilena, sin que el Estado intervenga ni siquiera para proteger a los niños afectados por la situación de militarización.

El PNUD termina por reforzar la idea de que la politización constituye una posibilidad, en donde este período está marcado por la esperanza. Entre las “oportunidades” están el fortalecimiento entre lo social y lo individual, la reducción de la brecha de representación y la construcción de un orden social más sustentable (PNUD, 2015:24).

Al mismo tiempo, la gran empresa y sobre todo la minería se manifiesta preocupada por la necesidad de renovación de la matriz energética, lo que se remarca en el continuo interés por implementar diferentes represas. Ante esta demanda, los últimos gobiernos actúan de manera incoherente, dando una imagen de cuidado por el medio ambiente y la ciudadanía ante la opinión pública, mientras aprueban cambios de suelo para la instalación viciada de la mega minería (caso Barrick Gold / Pascua Lama), realizan consultas bajo presión, etc. El intento por implementar la represa HidroAysén será otro ejemplo de una política que no considera los costos locales, ni la opinión de las localidades, ni medioambientales del modelo productivo. Ante esta apuesta, una importante movilización se levantó en la ciudad cercana a donde se instalaría la represa mencionada, reclamando por los efectos que ésta tendría en el sector, a pesar de que las comunidades del territorio no obtendrían ningún beneficio. La movilización en Aysén levantará un petitorio de demandas al Gobierno, frente a lo cual, otras regiones “aisladas” de la capital, seguirán el ejemplo253_.

Si bien, los medios de comunicación presentan una enorme concentración como propiedad de dos grandes consorcios económicos como son El Mercurio y Copesa, estos se han visto obligados a incorporar la aparición de la voz de nuevos actores y han dado espacio a debates cada vez más abiertos, en donde no solo tienen lugar -como fuese por largo tiempo- los actores del período de transición. Sin embargo, aún persiste el casi nulo espacio para otras líneas editoriales que no sean las ya mencionadas, lo que hace imposible que las personas puedan formar su propia opinión a través del acceso a distintas fuentes.

No obstante, a través de un trabajo constante y serio, algunos “think tank” alternativos y con mínimos recursos han apoyado la reconstrucción de espacios de crítica a la actual situación. Centros de investigación, como la Fundación Sol, la Fundación Crea y la Fundación Nodo XXI, realizan análisis estratégicos, políticos o elaboran informes que permiten confrontar datos y análisis técnico y complejo. Este debate se ha presentado en especial ligado al rechazo creciente que ha surgido en los últimos dos años a propósito del sistema de pensiones chileno, el que también fue privatizado durante la dictadura.

De este modo, además de un debate valórico asociado a las renovadas críticas de los movimientos sociales, el que es tachado generalmente por los que han apoyado el consenso neoliberal, como técnicamente insostenible e ideológico, los movimientos sociales han

253 _{La empresa ENDESA, también encargada de HidroAysén, se esmerará en convencer a la opinión pública, a través de}

entrega de beneficios y de propaganda alarmista que avisaba sobre una pronta carestía de electricidad. Sin embargo HidroAysén finalmente no podrá instalarse. Otra movilización durante este período ocurrió en la ciudad de Freirina, que reclamó por los malos olores provocados por una planta de producción de carne porcina; y una importante movilización se produjo en la isla de Chiloé a causa de la aparición de “marea roja” que impedía la pesca y que los habitantes asociaban al vertimiento de enormes cantidades de salmón podrido en las cercanías de la costa. La producción de salmón ha sido altamente cuestionada a causa del uso indiscriminado de antibióticos y también, como consecuencia de las enormes cantidades de materiales anexos que vierten sobre el fondo marino, afectando la fauna local a tal nivel que terminan por impedir la propia producción de salmones.

podido entregar datos y “pruebas de realidad” que contradicen los análisis hegemónicos y permiten resituar el límite de lo posible.