Oaxaca y la APPO.

Ramírez sostiene que Oaxaca podría incluso hoy ser escenario del colapso de un sistema político y de posibilidades de verdadera transición política –más que alternancia de partidos- en México, por lo que su análisis ha de seguir desarrollándose a fondo, constituyendo un desafío para las Ciencias Sociales, el pensamiento político y la crisis de la transición democrática. Y es que, a diferencia de tesis como la de Huntington, que indica que la causa de la violencia política es resultado del rápido cambio social y de la veloz movilización política de nuevos grupos, junto con el lento desarrollo de las instituciones políticas, este autor lee fenómenos como éste como producto de un cambio económico y social que amplía la conciencia política, con lo cual los movimientos sociales:

…multiplican sus demandas, ensanchan su participación. Estos cambios socavan los fundamentos tradicionales de la autoridad y las instituciones políticas y complican tremendamente los problemas de creación de nuevas bases de asociación e instituciones que unan la legitimidad a la eficacia215_.

Si bien puede observarse como un efectivo peligro a la institucionalidad y gobernabilidad mexicanas, concordamos con el autor que este movimiento, como todos los movimientos sociales que se mueven en el marco de búsqueda de participación ciudadana como se ha descrito en esta investigación, es decir, finalmente política, son parte del desarrollo del sistema político, consecuencia de su institucionalidad y requisito indispensable para el desarrollo de la democracia. En este sentido, es necesario, para el caso de Oaxaca, generar nuevos acuerdos políticos en las familias del poder y programas sociales para tranquilizar a las masas, pero partiendo de la base de la importancia de esta relación Estado/sociedad civil, donde:

En Oaxaca plantarse es una tradición antes que una manifestación. Mientras los políticos y dirigentes sindicales se reúnen en hoteles y oficinas, el plantón se convierte en el escenario de una animada vida social. Los plantones son centros de protesta además de espacios de 215 _{Ramírez, Carlos. (2010), op cit, pp. 327-328.}

reencuentro y tertulia, el plantón es el lugar en que se relacionan los habitantes temporales y los visitantes. En la calle se suceden discusiones sobre temas baladíes o trascendentes mientras el entorno se transforma en centro de negocios y trueque, como llaman los indígenas a las operaciones mercantiles que realizan entre ellos. Aquí la cultura del plantón está tan firmemente arraigada que los ‘plantonistas’ tienen su propia emisora de frecuencia modulada (FM); la estación ilegal no podía llamarse de otra forma que ‘Radio Plantón’216_.

Así, la movilización es parte de la vida política, y en tanto tal, de la política democrática. Hacer oídos sordos a ello no sólo nos trae como consecuencia resultados magros en los estudios de gobernabilidad como el analizado en el presente estudio, sino sobre todo una especie de miopía ante el potencial transformador de nuestras sociedades. En este escenario de dialéctica de la dualidad del poder, con disolución del poder estatal y su fragmentación en múltiples factores de poder que van perdiendo su centro articulador con un nuevo bloque social en formación con centralidad orgánica, está la oportunidad más que el peligro217_.

Así pues, el movimiento social que estalló en 2006 no fue espontáneo, sino la culminación de un proceso anterior de resistencias a un régimen tiránico que rebasó los límites soportables. Como indica Bolos, será el gobierno de características autoritarias de Ulises Ruiz en Oaxaca, que mantiene el poder y control absoluto, y no su ciudadanía, quien crea ingobernabilidad, en tanto opera en un marco cultural y político particular: desde el poder judicial y legislativo, hasta algunos organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, y los medios de comunicación, la institucionalidad oaxaqueña actuó contra diversos sectores sociales a través de la represión y ausencia de diálogo y negociación, características éstas que son típicas de un ejercicio autoritario de sus funciones. Es bajo estas condiciones que 2006 estalla el movimiento social, el que, a pesar de la represión desatada en su contra, ilumina a través de sus acciones estas zonas oscuras del gobierno estatal y desata lo que algunos autores han llamado "la primera insurrección del siglo XXI"218_.

Así, el proceso en su conjunto permite destacar dos ámbitos enfrentados: uno, el de las instituciones políticas -ejecutivo, congreso, poder judicial, partidos-, espacio instituido y legalizado y, el otro, espacio incipiente, no consolidado completamente, que si bien no busca llegar al gobierno por parte de la

216 _{Ibid, p. 18.}

217 _{Rendón Corona, Armando. (2008), op cit.} 218 _{Bolos, Silvia. (2009), op cit.}

mayoría de sus participantes, se relaciona en directa tensión y negociación con él219_{. Así, si bien el}

movimiento no obedece a una lógica unitaria, sino que están presentes entrecruzamientos y algunas veces enfrentamientos entre lógicas y estrategias de acción diferentes, este aspecto, como se indicara precedentemente, constituye una característica de los movimientos sociales, la que más allá de definir a

priori como una debilidad, hemos de observar en su desarrollo.

Así, el conflicto social desembocó en una verdadera rebelión popular. Existen para dar explicación a ello causas mediatas e inmediatas: a las reivindicaciones parciales a un programa de cambios profundos al sistema social, se mezclan ánimos reformistas y revolucionarios, y de la articulación de ambas dinámicas surge la praxis del poder popular.

En este sentido, a pesar de la diferencia entre algunos clivajes al interior del movimiento –en especial de la sección 22, que si bien levantó el movimiento, luego retomó su histórico carácter gremial-, la permanencia de la APPO hasta el día de hoy nos indica la naturaleza representativa de amplios sectores sociales de este movimiento, de la mano de prácticas características de democracia directa:

- Democracia social: a partir de la toma de decisiones colectivas en asamblea, con la existencia de dirigentes sujetos al mandato de la base y cuya legitimidad deriva de la elección auténticamente libre, la autonomía frente a los poderes dominantes externos e internos, su autodeterminación, organización antijerárquica y horizontal.

- Diversidad territorial en niveles local, municipal, distrital o regional y estatal; así como por sectores sociales. Ello a través del sistema de asambleas, donde la toma de decisiones es desde las bases hacia los representantes de las mismas, con características de democracia asamblearia que combina la tradición comunitaria-indígena con el funcionamiento democrático de las organizaciones sociales modernas, como son los sindicatos y las ONG.

- Definición de Poder Popular que no pretende solamente desintegrar el poder oligárquico, sino que busca un nuevo pacto social desde el momento en que reclama crear una nueva constitución, no sólo local sino también nacional.

219 _{De Ípola, Emilio. (2004), “Prólogo”. Massetti, Astor. Piqueteros. Protesta social e identidad colectiva. Buenos Aires.}

Editorial Ciencias-FLACSO.

- Desconfianza en la burocratización. Mientras la Filosofía Política contemporánea debate sobre la posibilidad y necesidad de una democracia deliberativa basada en la relación dialógica, argumentativa, entre los sujetos, lo cierto es que movimientos sociales como la APPO la realizan como una práctica común, heredada de las costumbres de sus comunidades indígenas, que tienden a tomar decisiones por consenso y no por mayoría.

- En la cultura local la comunicación es predominantemente oral y simbólica, de ahí la importancia de la plática, de la información que circula de boca a oreja, en la formación de la opinión pública.

Todo ello explica la profunda politización del movimiento, de largo camino, pero evidentemente único seguro de una democracia social pluralista. Entendiendo la complejidad de las entre los actores que conforman el movimiento, los juegos de poder, intereses y conflictos de los diferentes liderazgos y sectores que conforman el movimiento, sobre todo, las diferencias entre la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –SNTE- y las organizaciones sociales que confluyeron para la constitución de la APPO en su momento; se trata de una organización interna compleja que crea relaciones múltiples y no siempre homogéneas con el ámbito institucional, y que por tanto no obedece a una lógica unitaria, sino que se dan entrecruzamientos y en ocasiones enfrentamientos entre lógicas y estrategias de acción diferentes. Asimismo, las relaciones con sus adversarios, en específico el gobierno estatal y el sistema institucional, han mostrado las limitaciones y oportunidades para los actores del movimiento, a pesar de lo cual, ha logrado sobrevivir.

Si la gobernabilidad, definida incluso desde los elementos construidos por los indicadores del Banco Mundial, implica acuerdos entre la clase política y una mayoría de la población en relación a los asuntos públicos, estabilidad política, acciones de mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más desprotegidos, transparencia en el uso de los recursos públicos, respeto a las diferencias políticas y a los derechos humanos, podemos decir que el gobierno de Oaxaca apostó a una gobernabilidad autoritaria, utilizando innecesariamente la fuerza pública, lo que detona un movimiento que resulta, a pesar e incluso por causa de la represión, imparable. No serán entonces los movimientos sociales, sino la misma institucionalidad, la que genera la ingobernabilidad.

Claramente se puede observar, a partir de lo desarrollado en capítulos anteriores, que este movimiento en 2006 estuvo marcado por la presencia de los dos sectores: la Sección 22 del SNTE y las

organizaciones de la APPO. El primero intentó desde un comienzo dialogar con las autoridades, práctica histórica de 26 años, y es ante la negativa del gobierno y la represión del plantón del 14 de junio que los maestros buscan la alianza con organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, constituyendo la APPO. En este sentido, la estrategia del sindicato era a partir de esta plataforma mayor incidir en el ámbito político desde la presión hacia la institucionalidad política, a la vez que intentó convencer de la justicia de sus demandas a otros sectores más amplios de la sociedad. Así, muchas de las acciones se dirigieron hacia el Gobierno Federal, exigiendo la desaparición de poderes en el estado –y la consiguiente renuncia de Ulises Ruiz-, para negociar con ellos sus demandas laborales.

Sin embargo, los cientos de organizaciones que desde noviembre retoman la APPO, ahora sin el SNTE, junto con amplios sectores de la sociedad, reaccionaron en solidaridad con los maestros motivados por sentimientos históricos de agravio provocados por la desigualdad en la distribución de bienes y servicios, las injusticias y el sentimiento de ilegitimidad del orden establecido220_{, lo que conllevó a un}

surgimiento de reivindicaciones más estructurales y de largo aliento, y en consecuencia, como ruptura del contrato social establecido221_.

El efecto de la represión sobre las acciones del movimiento social, por otro lado, tuvo efectos contrarios a los buscados: en lugar de detenerse, la violencia incentivó y cambió la forma de su organización, pasando de plantones, manifestaciones y el paro de los maestros; a barricadas, toma de edificios públicos, cortes de carreteras y la ocupación de casi toda la ciudad de Oaxaca; acciones que eran apoyadas no sólo por los grupos organizados, sino por una ciudadanía que vio en la represión el colmo de una historia de agravios en su contra. Ello permitió a su vez también la permanente difusión del conflicto y la intervención a nivel nacional e internacional de distintos actores políticos y sociales.

Ello ocasionó, sin embargo, a fines de ese mismo año, la escisión entre quienes decidieron retirarse de las acciones –los maestros de la Sección 22 y algunas organizaciones- y aquellos que plantearon continuar con la lucha hasta conseguir la demanda que los unificó: la salida del gobernador y la desaparición de poderes en el estado.

220 _{Bolos, Silvia. (2009), op cit.}

221 _{Moore, Barrington. (1989). La injusticia. Bases sociales de la obediencia y la rebelión. México. IISUNAM.}

Es así una crisis de gobernabilidad en los términos de Camou y Alcántara, donde los movimientos y organizaciones sociales, frente a la crisis de legitimidad del gobierno, expresan a su vez la incapacidad de los partidos de responder a las demandas planteadas; y donde si bien en el momento analizado no consiguen formular alternativas que les permitan su incorporación al sistema político –y en algunos casos no lo buscan-, emergen frente a las nuevas situaciones, se expresan en movimientos sociales, bajo una pluralidad de organizaciones no gubernamentales, de base, sectoriales, evidenciando así la exclusión a la que son sometidos por el sistema de gobierno existente, expresándose con mayor autonomía y menor control por parte del Estado y sus instituciones. Donde el Banco Mundial ve aspectos de baja governance, la lectura desde los autores anteriormente señalados nos da indicios justamente de lo contrario: el uso en un contexto democrático, de las herramientas de gobernabilidad con las que la sociedad cuenta cuando uno de sus actores –y no el único-, el gobierno, pierde legitimidad. Entonces, la calle se convierte en la plataforma donde se muestra el poder, sobre todo por parte de quienes han estado privados de él, sometidos a la exclusión de la participación en lo público. Así:

En el sur del país, la APPO puso el ejemplo de la rebelión. En Chiapas, Veracruz, Michoacán y Guerrero, centenares de organizaciones sociales y políticas decidieron emular al movimiento opositor oaxaqueño222_.