ORIGEN Y CONTEXTO: DE LA AGENDA DIGITAL AL GOBIERNO ABIERTO Desde el inicio del nuevo milenio, la Unión Europea se ha hecho eco del potencial

de las TIC como instrumento de desarrollo económico y social, pero también como elemento integrador de la ciudadanía europea. La Declaración de Mälmo aprobada en el año 2009 por la Comisión Europea (CE) instó a los gobiernos a que en el marco de su relación con la ciudadanía fuesen más abiertos, flexibles y colaborativos, aprovechando la oportunidad que las nuevas formas de comunicación social ofrecían. Para la CE, las nuevas tecnologías favorecen el incremento de la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos y maximizan el valor público. La Declaración es contundente al respecto: Europa debe transitar de una ‘economía de mercado’ a una ‘economía del conocimiento’ y ese conocimiento debía constituirse en el elemento vertebrador para superar las dificultades de la crisis económica. Asimismo, la Declaración también hacía referencia a la necesidad de mejorar las políticas de transparencia de los países miembros y al reto de recuperar la confianza de los ciudadanos a través del diseño conjunto de servicios públicos, en consonancia con los planteamientos del Gobierno de EEUU y de la OCDE (ONTSI, 2013b: 41-42).

España, no siendo ajena a este contexto, comenzó adaptar su marco normativo y estratégico a las directrices europeas, sobre todo en materia de agenda digital. Prueba de ello fue la segunda fase del Plan Avanza, en la que el Gobierno de España aportó una

primera visión sobre el gobierno abierto. El Plan Avanza y su continuación, el Plan Avanza 2, fueron las estrategias del Gobierno en materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información desde 2005 hasta la aprobación de la Agenda Digital para España el 15 de febrero de 2013. El Plan se define como una estrategia de interacción entre la administración pública y los administrados con el objetivo de entablar un diálogo permanente con los ciudadanos y conocer sus opiniones para poder tomar mejores decisiones basadas en sus necesidades y preferencias.

La Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza reconoce que el gobierno abierto es una iniciativa incipiente, que a medio plazo podría impulsar la transformación de la administración pública en base a criterios como la transparencia, la apertura de datos y la responsabilidad. Además, plantea el compromiso de crear un marco de referencia en gobierno abierto en la administración estatal y la puesta en marcha de experiencias piloto que demuestren las potencialidades del mismo (ONTSI, 2013b: 10). En esta línea la Agenda Digital para España (2013), el equivalente español de la Agenda Digital europea, dio continuidad al proceso de incorporación del país a la sociedad de la información iniciado por el primer Plan Avanza. La Agenda introdujo una línea de actuación dentro del objetivo de mejora de la administración electrónica relativa al desarrollo de una administración integrada en la sociedad con servicios públicos de calidad centrados en ciudadanos y empresas.

Este fue un periodo donde se produjeron importantes avances normativos en la materia. Destaca la transposición de la Directiva 2003/98/CE sobre reutilización de la información del sector público mediante la Ley 37/2007 de Reutilización de Información del Sector Público y el Real Decreto 1495/2011 que desarrolla las disposiciones para promover y facilitar la puesta a disposición de la información del sector público, para su reutilización con fines tanto comerciales como no comerciales. Otra importante innovación legislativa fue la Ley 11/2007 de Implantación de la Administración Electrónica, que favorece la creación de elementos de transparencia y participación con los ciudadanos mediante la incorporación de las redes sociales generalistas como herramienta de comunicación de uso informativo.

En la misma línea, las comunidades autónomas y las entidades locales tuvieron en cuenta las referencias europeas y estatales para el desarrollo de actuaciones encaminadas a la puesta en marcha de portales de datos abiertos y de uso de la web 2.0 como mecanismo de comunicación institucional. Algunos ejemplos de estos primeros esfuerzos son normativas como la Ley 4/2006 de transparencia y de buenas prácticas en la administración pública gallega y su Decreto 201/2011 de regulación de la presencia en Internet de la administración gallega, la Ley 5/2010 de participación pública del Gobierno de Canarias o los Acuerdos del Gobierno de Cataluña y País Vasco para la apertura de datos públicos. Mención especial merece el Parlamento navarro, pues fue el primero en aprobar una Ley de Transparencia y Gobierno Abierto y una Hoja de Ruta de Gobierno Abierto para la planificación de sus actuaciones en este campo (ONTSI, 2013b: 46).

Este contexto, unido a la influencia de los referentes de carácter internacional, favoreció el actual escenario de gobierno abierto en España. Ante estos avances, el Gobierno de España se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto en septiembre de 2011, formando parte del segundo grupo de países que se integran a la red. Desde esa fecha, el Gobierno de España ha presentado dos Planes de Actuación; el primero tras su ingreso y el segundo, de reciente presentación y en fase de desarrollo. Como el resto de los países miembros de la Alianza, las actuaciones de ese primer Plan fueron objeto de una evaluación independiente sobre el alcance de sus objetivos, ofreciendo un riguroso análisis que arrojó información de calidad sobre las actuaciones emprendidas hasta el momento y los retos a los que debe hacer frente España en la construcción de un sistema de gobierno abierto en el país. Entre las principales medidas que pueden ser destacadas hasta la fecha se encuentran la Ley de 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que fue presentada en su versión Anteproyecto de Ley en el Primer Plan, la constitución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que ha dado debido cumplimiento a la previsión legal de la LTAIBG, y la puesta en marcha del Portal de Transparencia, previsto en el Segundo Plan de Actuación vigente actualmente.

II. ESPAÑA EN EL OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP