Capítulo 2: Del ciudadano neutro a los Derechos Sexuales y Reproductivos
2.2. El proceso de ciudadanización de las mujeres en Argentina
En el caso argentino el proceso de ciudadanización de las mujeres se cumplió de manera desigual en función de las condiciones efectivas de la formación social, de las tradiciones políticas dominantes y de la forma del Estado.
El proceso de ciudadanización de las mujeres se fue produciendo a lo largo de un desarrollo histórico cuyos hitos fundamentales fueron, a grandes rasgos, la conquista del derecho al voto, en el año 1947, a través de la Ley 23.010; el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo de forma masiva en tiempos del Estado de Bienestar en su versión argentina, entre los años 1945 y 1955; y en el lento proceso de conquista de derechos civiles, obstaculizado por la recurrencia de los golpes militares y la incidencia de la Iglesia Católica.
Lo cierto es que en nuestro país los derechos civiles fueron de difícil acceso, y tanto los políticos como los económicos pudieron ejercerse de manera desigual según los momentos históricos.
Recién en 1983 la restauración democrática traería consigo la pregunta por la especificidad de los derechos de las mujeres. En 1985 se crea la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, a cargo de una mujer con trayectoria feminista: Zita Montes de Oca. El tema de los Derechos Sexuales y Reproductivos ingresa en la agenda de debates públicos a partir, fundamentalmente, de la existencia de regulaciones, convenciones y pactos emanados de organismos internacionales y que, a partir de los años ochenta, han impactado sobre el orden jurídico local. En 1979, Naciones Unidas aprobó la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), a la cual nuestro país adhirió en 1984,
dando un vuelco fundamental a la cuestión de los derechos de las mujeres en el marco de una democracia recién recuperada. Sin embargo, recién en 2006, el Congreso de la Nación aprobó el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que fue ratificado en 2007 por el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner.
El proceso de conquista de derechos ciudadanos es complejo y fragmentario, especialmente en los países de América Latina en los que la continuidad democrática se ha visto permanentemente interrumpida, sobre todo en la última mitad del siglo XX.
Tal como plantea Fleury, las dictaduras militares en América Latina tuvieron un papel de desarticulación del tejido social y de disciplinamiento, orientado a imponer un nuevo modelo económico acorde a las necesidades de transnacionalización del capitalismo financiero, proceso ocurrido entre finales de los ’70 y principios de los ’80, específicamente a partir del crack de la Bolsa de New York en 1974. En ese escenario el Estado sufrió grandes transformaciones y las bases sociales que sustentaban y motorizaban la ampliación de los derechos ciudadanos fueron brutalmente desarticuladas a través de métodos diversos de disciplinamiento, incluido el terrorismo de Estado.
“En síntesis, podemos afirmar que las reformas llevadas a cabo por los gobiernos militares en el régimen autoritario- burocrático, se caracterizaron por la tentativa de exclusión del proceso decisorio de las políticas sociales de las fuerzas movilizadas en torno de la cuestión social durante el período populista, de forma de eliminar el juego político de negociación y presión ejercido por las categorías trabajadoras e intermediadas, por las organizaciones sindicales y por los partidos políticos. La despolitización de la cuestión social correspondió, al mismo tiempo, al fortalecimiento de las estructuras burocráticas del Ejecutivo, a la valorización de la tecnoburocracia y de las medidas racionalizadoras llevadas a cabo en un contexto se supresión de la ciudadanía política y eliminación de los canales de representación y organización de las demandas sociales.” 53
La recuperación de la democracia planteó desafíos específicos en el plano socio-político y en el plano teórico para los movimientos y organizaciones que luchan por los derechos, tanto los derechos humanos como los derechos ciudadanos gravemente vulnerados. El retorno de la democracia se produjo en un clima particularmente propicio para visibilizar los derechos de las mujeres.
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Desde el campo de las relaciones internacionales, la recuperación de la democracia se dio en plena década de la mujer. Hay que recordar que la Organización de Naciones Unidas (ONU) consagró la década de 1975 a 1985 a la realización de acciones y conferencias internacionales por las mujeres.54 Desde el cambio del escenario político nacional las mujeres habían adquirido particular visibilidad en la resistencia a la dictadura, tanto en la lucha por sus familiares detenidos- desaparecidos o presos/as políticos/as, como en la defensa de los derechos sociales. En ese clima es que diversos grupos vinculados a los derechos de las mujeres adquirieron visibilidad.
La suscripción de la CEDAW en 1984 y la creación, en 1985, de la Subsecretaría de la Mujer y la Familia a cargo de Zita Montes de Oca, abrió un espacio de debate en el cual ingresó el tema de los Derechos Sexuales y Reproductivos como derechos ciudadanos específicos.
Pero ¿cuál fue la actitud del Estado argentino respecto de las mujeres en la historia reciente? ¿De qué modo eran pensadas las mujeres en las políticas públicas y en la legislación nacional cuando el debate acerca de sus derechos aún no estaba visibilizado?