Otra función que desempeñaron nuestros actores claves fue la de ser promotores del desarrollo de la región. Al igual que con la función de liderazgo, cada uno la llevó adelante a su manera, según su proyecto político y esquema de integración. Venezuela lo hizo a través de
las Fuerzas Armadas reproduzcan, en su composición, su propia Nación. El Servicio Militar Obligatorio debe, por lo tanto, funcionar como un espacio republicano, en el que la Nación se encuentre por encima de las clases
sociales” (Ministerio de Defensa de Brasil, 2008:6).
143 En este punto cabe resaltar las propuestas de publicación y revisión de los Libros Blancos de Defensa así
como programas de intercambio entre academias militares y el establecimiento de un sistema de publicación de equipamiento y gastos militares.
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la acción del Estado y en el marco especial del ALBA y de Petrocaribe; y Brasil, a través de la promoción y el estímulo al mercado. En particular se destacan las experiencias como el FOCEM, en el Mercosur, y como IIRSA a nivel sudamericano.
En el proyecto bolivariano el Estado era un actor determinante para el desarrollo del pueblo, asumiendo tareas que el mercado no asume. Así, en lugar de alentar la competencia entre países y productos como método de atender a las necesidades de cada país y atacar las asimetrías, la integración propuesta en el ALBA bregaba por hacerlo a través de la cooperación y la complementación económica, pero haciendo hincapié en el lado social. De allí las acciones tendientes a posibilitar el “desarrollo endógeno del Sur” a través de la cooperación entre países del Sur, como la creación de Petrosur: una asociación de empresas petroleras estatales para poner a la energía al servicio del desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Propuestas de ese orden abundaron en el ALBA (aunque pocas se hayan materializado): en el plano de las comunicación y la infraestructura del transporte, se pensó en asociación de los estados para construir una Red Ferroviaria Latinoamericana (RFL), también en una red de carreteras para la Integración y el Desarrollo (RCID), en una línea aérea latinoamericana y caribeña (LALC), una Flota Fluvial Latinoamericana (FFL), y una Flota Mercante Latinoamericana Caribeña (FMLC) (FLACSO, 2007:15). Justamente para encarar este tipo de tareas se creó en enero de 2008 el Banco del ALBA, que además de financiar los proyectos de integración y desarrollo, tiene como fin fomentar el uso del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) en reemplazo del Dólar estadounidense como moneda del comercio internacional.
Pero sin duda el caso más exitoso de esa integración de impronta solidaria y desarrollista, más allá de lo comercial, fue Petrocaribe que permitía, por ejemplo, cancelar compras de petróleo con mercaderías de producción nacional. Todo el mecanismo de Petrocaribe debe ser concebido a la luz del plan de crear la infraestructura necesaria para construir una plataforma energética regional144. A tales fines, Petrocaribe financió a empresas estatales para que realizaran ciertas obras como las de mejoramiento de la red de distribución eléctrica en Nicaragua, Haití, San Kitts y Nevis y en San Vicente y las Granadinas. Cabe aclarar, sin embargo, que los proyectos de Petrocaribe desbordaron la cuestión energética para
144 A modo ilustrativo mencionamos simplemente el caso de PetroAndina, una empresa binacional creada por
YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia), con 60% del capital accionario, y PDVSA (Petróleos de Venezuela SA), con el 40% del capital. Ubicada en territorio boliviano, llevó a cabo 4 proyectos principales: la instalación de plantas petroquímicas, la instalación de plantas de separación de líquidos del gas, la creación de un ente con capacidad de certificación de reservas de gas y petróleo y la creación de 35 estaciones de servicio en Bolivia para distribución de sus productos.
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favorecer planes de desarrollo social, de seguridad alimentaria, de salud y de educación en más de 11 países. Todos ellos, financiados por el Fondo ALBA-Caribe: un programa de ataque a la pobreza como fenómeno estructural y multidimensional. De esa forma, como lo afirma Mignault (2009:7), Petrocaribe hizo avanzar la integración en la región (sobre todo en el Caribe), lo que antes sólo ocurría gracias a las compañías extranjeras y en el sentido de su conveniencia145.
En el proyecto político de Brasil, el desarrollo económico del país y de la región era una cuestión central y constituía un verdadero eje de todas las políticas de estado. Ya vimos su presencia en el caso de la defensa nacional, cuyo Plan Estratégico tenía como pilar el desarrollo de una industria militar propia. De una forma similar, esa política de estado de desarrollarse también se manifestó en otras áreas, como por ejemplo en la estrategia multilateral ante los foros internacionales, caso del G-20 en la OMC en Cancún 2003. Lógicamente, esa directriz de desarrollo también estaba presente en su propuesta de integración regional. Según su propio proyecto político, Brasil tendría más peso y más posibilidades de ser un actor de primera línea si su realidad geográfica fuera la de un grupo de países desarrollados. Por el contrario, esas posibilidades se veían seriamente limitadas si el marco era una vecindad de países empobrecidos, donde los problemas de inestabilidad se dieran con mayor facilidad y frecuencia. En cambio, en un escenario donde Sudamérica se desarrollara, la estabilidad y las potencialidades de un “mercado sudamericano” serían réditos inmediatos para Brasil-Potencia Regional146.
A diferencia del caso de Venezuela, en el proyecto de Brasil no era un imperativo que el Estado asumiera directamente la tarea del desarrollo, aunque no se descartara que pudiera hacerlo. De hecho así ocurrió con recursos considerados estratégicos como el petróleo y la energía nuclear. Su método fue más “amigable” con el mercado. A través de la actividad de promoción de condiciones favorables al mercado (con mirada de largo plazo), ha logrado direccionar las fuerzas del mercado para que operen en áreas donde “naturalmente” no lo harían o no con el impulso que el Estado entendía que se necesitaba. Por ello, en el esquema
145Otras iniciativas de corte social fueron las “Misiones” que, luego de su implementación exitosa en Venezuela,
fueron internacionalizadas.
146 Aunque excede el objetivo de nuestro análisis también cabe señalar que Brasil se ha convertido en la primera
década del milenio en un proveedor de desarrollo internacional. Como parte de su estrategia de jugador global, ha comenzado a diversificar los destinos de sus ayudas al desarrollo. Ya no se limita sólo a América Latina (con casos especiales como Haití), sino que también lo hace con países de África, comenzando con los lusohablantes. Esto refuerza su imagen de potencia benigna y portavoz del mundo en desarrollo y amplía su respaldo a la hora de discutir eventuales asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (de Sousa, 2008:3).
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de integración sostenido por Brasil, el empresariado juega un papel sumamente importante y es visto como un socio en dicha construcción.
Con esa metodología de asociación con el mercado, Brasil se convirtió en un promotor del desarrollo regional tanto a nivel Mercosur como a nivel Sudamérica, pero siempre en el marco de la integración post-liberal que complementa la integración comercial con la integración física y productiva. En el Mercosur, se destacó la creación en 2005 de los Fondos Estructurales de Convergencia (FOCEM), emulando la experiencia de la Comunidad Europea para desarrollar los países y las áreas más postergadas. Con la finalidad de atacar las asimetrías entre los socios del Mercosur, al igual que en el caso europeo, el Consejo del Mercado Común (el órgano máximo del bloque) creó el FOCEM con una vigencia de 10 años147. Los aportes se realizaban según el siguiente porcentajes: 70% Brasil, 27% Argentina, 2% Uruguay y 1% Paraguay. Esos recursos son aplicados, con carácter de no reembolsables, a proyectos presentados por cada uno de los Estados Partes de acuerdo con los siguientes porcentajes: 48% de Paraguay, 32% de Uruguay, 10% de Argentina y el restante 10% de Brasil. A juzgar por la participación en el aporte y la participación en los beneficios del fondo, salta a la vista que Brasil aceptó ser proveedor de desarrollo.
A nivel sudamericano, la función de desarrollo tuvo su máxima expresión en la iniciativa IIRSA, acordada en la I cumbre de Presidentes de América del Sur, en el año 2000, con el propósito de integrar a los pueblos de la región y así superar la falta de conexión entre ellos. Como explicáramos oportunamente, la iniciativa abarcó una serie de áreas como transporte (fluvial, terrestre y aéreo), telecomunicaciones y energía, de modo que todas ellas confluyan entre sí en una integración física completa, que sirviera de soporte al desarrollo de la región. Todo ello, íntimamente relacionado con el objetivo de desarrollo económico y comercial de América del Sur, para lo cual se identificaron los “Ejes de Integración y Desarrollo” comprensivos de varias naciones que permitiera conformar cadenas productivas con economías de escala, ya sea para consumo interno regional o para exportar al mercado global. Al igual que en el FOCEM, Brasil hizo aportes propios que dejaron en claro cuál era su voluntad respecto del desarrollo de América del Sur. El BNDES fue la única entidad nacional que forma parte del aparato financiero de la IIRSA (Costa Vaz, 2007:34), que se completó con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
147 El 19 de Julio de 2005 el Consejo de Mercado Común por la Decisión CMC 18/05 dispone la integración y
funcionamiento del FOCEM, luego reglamentado por la CMC 24/05. Durante el primer año, los Estados Parte aportaron la suma de 50 millones de dólares, durante el segundo 75 millones y a partir del tercero, la suma de 100 millones de dólares por año hasta cumplirse los 10 años.
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Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y la Corporación Andina de Fomento (CAF)148.
Brasil también mostró esta faceta de promotor de desarrollo en el plano bilateral. En ciertas oportunidades decidió soportar ciertos costos con miras a favorecer el desarrollo de sus vecinos y así preservar su imagen de líder benigno. Ese fue el caso de la nacionalización de la explotación energética en Bolivia en mayo de 2006 –lo que afectó las inversiones de Petrobras– y la posterior demanda a Brasil de una actualización del precio por el gas que se exportaba a ese país. El reclamo fue rápidamente atendido por Brasil y se formó una mesa de negociación para alcanzar un precio más justo para Bolivia, alegando que la nación brasilera era comprensiva de la necesidad de Bolivia de desarrollarse (De la Fontaine, 2009:10). Esta respuesta fue muy resistida en Brasil, pero deben considerarse dos cuestiones: la primera es la dependencia de Brasil respecto del gas boliviano para satisfacer la demanda interna de ese recurso; y la segunda, es que una escalada del conflicto hubiese empujado a Bolivia a estrechar aún más sus lazos con Venezuela y su proyecto alternativo, en lugar de atraerla al Mercosur -como finalmente se solicitó en enero de 2007, una vez resuelta la tensión por la nacionalización de los hidrocarburos y por el precio del gas.
Una secuencia muy similar se vivió cuando Paraguay reclamó a Brasil en 2009 por el precio de la energía eléctrica generada en Itaipú. Dado que Paraguay no tenía posibilidad de consumir gran parte de la energía que le correspondía por la explotación de la represa (apenas un 5% de su 50%), por un acuerdo que se remonta a la construcción misma del consorcio hidroeléctrico con Brasil, vendía su remanente a este último a un precio preferencial. Aunque las negociaciones se extendieron algunos meses, Brasil cedió ante los planteos de Paraguay con el mismo argumento de que ello era determinante para el desarrollo del país vecino (ABC News, 29.07.2009).
148 En 2005, el Presidente del BNDES, Guido Mantega (luego ministro de Economía de Lula), en oportunidad de
la XXIX Cumbre del Mercosur, firmó un memorando con el Presidente del CAF, Enrique García, relativo al establecimiento de mecanismo concretos de cooperación para el financiamiento de obras de infraestructura regional y que tenía como antecedente un Protocolo de entendimiento firmado en Brasilia en el año 2000. En esa
ocasión, el propio Mantega afirmó que el CAF “podría transformarse en la Agencia de Desarrollo de la Unasur”
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