Desde la llegada de la empresa Econer Hidralia, conocido actualmente Hidro Santa Cruz en el 2009, mi participación fue apoyar a las comunidades a organizarse y estar informa- das sobre los trabajos que realizara la empresa.
Al conocer que la empresa estará construyendo una hidroeléctrica utilizando la caída de la catarata que abastece a las comunidades aledañas se fortaleció la organización comu- nitaria para defender el recurso agua frente a la empresa.
Mi participación en este proceso ha sido desde la llegada de la empresa en el municipio, en las marchas, manifestaciones pacificas frente a las empresa, dialogo con las autorida- des desde asambleas de COCODES y COMUDE.
Por la lucha que han emprendido las comunidades la empresa empezó a amenazar a líderes y lideresas de las comunidades, principalmente las mujeres cuando pasan por el camino que conduce sus comunidades las acosan los de la seguridad de la empresa. Por haber apoyado a las comunidades y estar en la lucha por la defensa del río y sus recursos naturales la empresa amenazó a líderes y lideresas comunitarias, en mi caso fue a través de amenazas, intimidaciones, persecución hasta girar orden de captura y a otras tres mujeres lideresas de las comunidades de Santa Rosa y Recreo B.
Por la orden de captura me desmovilice de mi hogar, lo cual fue más difícil la relación familiar y comunitaria, sentí la ausencia de mi familia, especialmente mis hijas. Esta situación la viví diferente que los compañeros de lucha, en ocasiones decían ellos va- mos a una reunión, con tal organización a veces dos, tres o más reuniones al día, hubo un momento en que me desesperé ya no quería saber más de reuniones extrañaba a mis hijas y quería regresarme a mi casa y les miraba a ellos no se preocupaban por sus hijos como me pasaba, por lo que vi y sentí que es difícil para una mujer cuando tiene persecución, lo peor es por defender la riqueza que tenemos en nuestros terri- torios.
Desde que me informaron la gira de la orden de captura me desplace del municipio, afectándome organizacionalmente, económicamente y psicológicamente, ya que por ser parte de una organización de mujeres que tiene trabajo en los municipios de la región norte del departamento lo cual fue paralizado por esta situación, además por estar fuera del municipio implicó gastos extras y por la familia fue difícil esa lejanía.
Me acusan de otras cosas que nunca he hecho, me acusan de que yo he participado en la quema de maquinaria, en la detención de la seguridad de la empresa. Y prácticamente ahorita, en el municipio, los líderes y lideresas estamos siendo perseguidos por lo que
otras personas han causado o lo que ha pasado y hay mucha preocupación, mucho miedo, porque me acusan de algo que no he hecho.
Dos compañeras más tienen orden de captura, una de ellas sigue fuera de su hogar de su familia, vivir en casa o familias que la han apoyado para sostenerse como mujer, aun más cuando se escucha que la siguen persiguiendo injustamente.
Todo lo que pasa en el municipio a las mujeres les afecta diferente que los hombres, ya que pensamos en nosotras, en nuestros hijos y en los demás.
Mi participación ha sido en manifestaciones, marchas pacificas, asambleas comunitarias, carta dirigidas a la autoridad municipal juntamente con las mujeres de las comunidades. Después de 1 de mayo, durante el mes estuve fuera del municipio, participé en varias reuniones con organizaciones de mujeres para ver las estrategias de organización, comu- nicación y coordinación por lo sucedido en el Barillas, a través de estas coordinaciones se logra realizar un festival de mujeres para compartir experiencias desde el sentir y pensar de las mujeres sobre los megaproyectos y lanzar campañas de apoyo para las lideresas perseguidas lo cual se lleva a cabo en la comunidad Yalanbojoch municipio de Nenton, en junio regreso al municipio mi participación fue apoyar a las mujeres esposas de presos políticos y participación en manifestaciones pacíficas.
Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado de Primera Instancia de Santa Eu- lalia. El proceso 65-2012 que se inicia por la retención del paso de una maquinaria que iba rumbo al lugar donde se está construyendo la hidroeléctrica Santa Cruz. Eso sucedió en el mes de marzo, sin embargo la persecución penal creemos que se está dando bajo el pretexto de este caso en contra de líderes hombres y mujeres que han asumido la reivindi- cación por los hechos ocurridos el 1 de mayo de este año cuando fue asesinado un líder y resultaron heridos dos más y a partir de eso sucedieron disturbios en Santa Cruz Barillas. El 25 de julio, el Juzgado de Primera Instancia de Santa Eulalia, Huehuetenango dio a conocer que existen órdenes de captura contra 10 personas más por “plagio y secuestro, amenazas e instigación a delinquir”, en la causa 65-2012, la misma que ya había emitido las 23 previas.
Con la misma impunidad con la que se hicieron las detenciones el 2 de mayo y después se catearon tres aldeas, ante las manipulaciones y presiones de esta empresa, lograron que uno de los detenidos, fuera testigo falso y fuera capaz de recordar a 33 personas, por un hechos de hace meses, y que casualmente son todos líderes y activistas por la vida y los bienes naturales reconocidos en la comunidad. Según Sergio Vives, abogado de tres de ellos: “la persecución penal que se está dando bajo el pretexto de este caso, es en contra de líderes hombres y mujeres que han asumido la reivindicación por los hechos ocurridos el 1 de mayo de este año cuando fue asesinado un líder y resultaron heridos dos más”. A las personas detenidas el 2 de mayo, pese a que nadie les reconoció como los respon- sables de las acciones que se les imputa, se les acusa de formar parte de una asociación clandestina: “esto es crimen organizado, lo están enfocando en base a la ley de combate al narcotráfico”, nos dice el abogado. Y afirma rotundamente: “los acusan sin mayor fun- damento, es una tergiversación de la figura delictiva que está enfocada para actividades de narcotráfico, ahora a una asociación u organización de carácter comunitario que se opone a un proyecto”.
Por todo esto, los abogados defensores no dudan en considerar que “se está utilizando el proceso penal como un instrumento punitivo para criminalizar, perseguir y desarticular a los líderes del movimiento social de Barillas que se oponen a la construcción de la hi- droeléctrica por parte de la empresa Hidro-SantaCruz, en la cual son accionistas perso- nas españolas. Lo que están logrando básicamente con la estrategia de criminalización y persecución penal es desarticular al movimiento de oposición a la construcción de la hidroeléctrica, de principio” Hermelinda Claret Simón Diego corrobora esta impresión: “lo único que he hecho, hemos hecho con las comunidades es defender nuestro territorio, defender la tierra, defender la madre naturaleza”.
El Estado está obligado de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, castigar a quienes cometan abusos, sin embargo en este caso es el Estado quien promueve, apoya o deja de actuar en cuanto a la violencia sistemática que viven las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, frente al despojo territorial.
Las consecuencias en el cuerpo de las mujeres son evidentes en este caso, abortos, muerte, enfermedades crónicas, ansiedad, cefaleas entre otras.
“Los impactos en la vida de las mujeres, es el miedo, terror que han vivido y que siguen viviendo por la presencia de la empresa que son acompañados por el ejercito del país, las mujeres cuentan que lo que ha pasado en el municipio les recuerda la década de los 80’s, que fueron perseguidas, amenazadas, desaparecidas, se puede decir que es exactamente lo mismo que está pasando solo que de otra forma, pero hay violaciones a los derechos, con el hecho de militarizar las comunidades ya es una violación a su derecho, el hecho de ser perseguida por oponer a algo que no está de acuerdo es una violación porque hay de derecho de manifestar, el hecho de no respetar la opinión de la comunidades es otra vio- lación, ya que hay derecho de la consulta. Como he mencionado es más fuerte el impacto en la vida de las mujeres porque tenemos que protegernos, proteger a nuestros hijos y a nuestra comunidad porque nos sentimos parte de lo que nos rodea”.
Testimonio 3
MUJER TESTIMONIANTE: Alejandra Castillo .
ORGANIZACIÓN QUE DOCUMENTA: Sindicato de trabajadoras del hogar y el cuidado (SIN-
DIHOGAR/SINDILLAR).
LUGAR: Barcelona, Cataluña
En la actual configuración global, uno de los aspectos que ha emergido de este reordena- miento, tiene que ver con la división social de los trabajos de reproducción.
Esto ha llevado a la feminización de la migración y la inserción de las mujeres en múlti- ples circuitos de cuidados (Gregorio, 2002; Juliano, 2002 Sassen, 2003;), que atraviesan hoy por un contexto complejo de discriminación caracterizado por la explotación, la po- breza, la desigualdad, los prejuicios y la informalidad, factores que vulneran a mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
La demanda de los países ricos e industrializados de mujeres para el matrimonio, como empleadas domésticas o como trabajadoras sexuales, con estatus legal o ilegal, está siendo ocupada por mujeres migrantes que vienen a llenar huecos que hasta ahora ocu- paban las mujeres autóctonas. La igualdad de la mujer en el mercado de trabajo y el reparto igualitario de las tareas domésticas son cuestionadas a partir de la ocupación masiva de puestos de trabajos menos cualificados y relacionados con el ámbito de los cuidados por parte de mujeres migrantes.
Se estima que en el estado español existen unas 700 mil trabajadoras del hogar, aunque sólo unas 300 mil cotizan a la seguridad social como servicio doméstico. El 80% de las personas que realizan este tipo de trabajo son inmigrantes. En general, más del 95% de las personas que cuidan hogares, ya sea en labores de limpieza o de cuidado de niñas y niños y personas mayores, son mujeres.
Estas diversas situaciones, han impulsado al colectivo de trabajadoras del hogar a desa- rrollar diversas estrategias con el fin de mejorar sus condiciones laborales, optando tanto por estrategias a nivel individual como colectivo. A nivel individual, se pueden producir múltiples resistencias performativas (Alvaréz,2008) que construyen significado y activan algunas prácticas cotidianas como negarse a usar uniforme, realizar con mayor lenti- tud el trabajo, o profesionalizar el trabajo para desmarcarlo de una actividad “natural” femenina la cual no requiere cualificación. Las estrategias colectivas hacen referencia al asociacionismo como a la sindicalización, que se producen en diferentes partes del mundo, atravesadas por las trayectorias de las trabajadoras y su experiencia migratoria. (Goldsmith, 2007).
¿Qué paso? (Hechos)
La trabajadora hace nueve años que se encuentra viviendo en Barcelona, desde que lle- gó de Paraguay. Comenzó trabajando en una empresa de limpieza como trabajadora del hogar discontinúa (por horas). Hace dos años que trabaja de fija (interna) en la casa de su empleador. El contrato de trabajo no fue realizado hasta de junio de 2012.
En el contrato de trabajo está estipulado un horario de ocho horas. La trabajadora se en- cuentra a disposición las 24 horas del día. El empleador es un señor mayor, que no tiene
movilidad y se rehúsa a que otra persona además de ella lo asista. Esto ha ocasionado que durante los últimos dos meses la trabajadora se encuentre trabajando sin ningún día de descanso.
La trabajadora planteó el problema a sus hijos, pero los mismos no han tomado ningún tipo de resolución, presionando para que no salga de la casa.
Estos hechos desencadenaron un problema de salud en la trabajadora, la que tuvo que retirarse del lugar de trabajo, luego de conseguirse su propia suplente, al hospital. De momento, se encuentra dos personas conocidas, trabajando allí, mientras ella tuvo que solicitar la baja. En este momento continúa de baja, con fecha de reintegro sobre la semana del 21 de abril de 2013.
La denuncia no se ha presentado. La trabajadora se encuentra asesorada por una aboga- da. Este empleador ya ha tenido que ir a juicio por la una denuncia presentada anterior- mente por otra trabajadora, la cual, luego de un largo proceso, solo consiguió un subsidio de 150 euros.
La trabajadora optó por pedir una reunión con los miembros de la familia, luego de su recuperación, para plantear sus condiciones de trabajo.
Las consecuencias de esta decisión, tienen que ver con la falta de reconocimiento de su trabajo, las dificultades legales para que se respeten sus derechos laborales, y no encontrar resultados prácticos de los mínimos estipulados para desempeñar su trabajo, además de no querer poner en peligro su salud física, emocional y psicológica.