Desde el retorno a la democracia a las reformas neoliberales

A partir de la recuperación de la democracia en los años 80, el gobierno de Raúl Alfonsín inició una política de democratización de la universidad pública con una etapa de normalización basada en los pilares reformistas de 1918. Este momento estuvo signado por el entusiasmo de toda la comunidad universitaria que a través de los frentes estudiantiles y gremiales de expresión partidaria participaron activamente del proceso.

Hacer frente a las numerosas demandas acumuladas durante el oscuro período de la dictadura, tales como restricciones de ingreso, vaciamiento académico, falta de inversión en el sistema científico, fue un desafío desarrollado en el marco de los avatares económicos que atravesaron todo su gobierno. La pesada herencia del gobierno de facto se tradujo en restricciones presupuestarias, que sumadas a la decisión política del propio gobierno de no intervenir con políticas activas, terminó delegando en cada universidad las respuestas a estas demandas que se materializaron en diversas soluciones de compromiso (Suasnábar, 2005). De acuerdo al citado autor, las estrategias implementadas tendieron básicamente a contener el exponencial crecimiento de la matrícula de comienzos de los ochenta.

En materia de política educativa, una iniciativa que tuvo que ver con la expansión de la estructura del sistema fue la creación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del Sistema Interuniversitario de Cuarto Nivel (SICUN). Esta decisión también estaba orientada a la promoción del posgrado por la importancia de la coordinación de políticas científicas entre las universidades nacionales. No obstante hacia finales del gobierno de Alfonsín, el endeudamiento externo, la crisis fiscal y el estallido de la hiperinflación provocaron un fuerte descreimiento en la capacidad del Estado para encaminar las políticas públicas en el sentido que venían desarrollándose.

Este escenario generó las condiciones para que el siguiente gobierno de Carlos Menem encare la reforma que gestó el inicio de una etapa que horadó las bases de confianza en lo público-estatal. Así fue que La Reforma del Estado encarada por su gobierno no sólo señalaba el fin de un ciclo económico sino también la gestación de un nuevo ciclo cultural (Chiroleu e Iazzetta, 2005) porque como lo señalan los autores, la decepción de lo

público estatal tornó aceptable la privatización de bienes hasta entonces considerados "públicos y comunes". Esta Reforma del Estado impactó en la política educativa y pese a que la Ley de Educación Superior sancionada en 1995 se asentaba en principios democráticos y científicos universitarios, su aplicación estuvo atravesada por la evaluación y acreditación con criterios tecnocráticos, el acceso restricto a la educación superior y el sistema de incentivos a los investigadores mediante evaluación de productividad académica.

Durante el menemismo la renuncia de responsabilidades educativas por parte del Estado nacional, el abandono que sufrieron las provincias al tiempo de recibir las escuelas transferidas por Nación, la mercantilización de la formación docente, la tercerización de los servicios educativos, la introducción de criterios de mercado en la composición de los salarios docentes, fueron acompañados de una transformación profunda de las conciencias (Puiggrós, 2007:30). En esta cita la autora describe las causas y consecuencia de un período en el que la sociedad toda aceptó el neoliberalismo con la promesa de que esa política económica, basada en la convertibilidad, sería el pasaporte a la solución de los problemas nacionales. Muchos de ellos docentes, que con su entusiasmo para con estas medidas ayudaron, dice Puiggrós, a la profundidad de la crisis. Esas reformas incluirían el congelamiento de los presupuestos universitarios y la distribución de recursos mediante mecanismos de competencia que respondían a las pautas del programa del Banco Mundial.

Con la creación en 1993 de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) se comienzan a instrumentar las principales medidas de este plan, un crédito del Banco Mundial financió el Programa de Mejora de la Educación Superior (PRES) que tenía el objetivo explícito de fortalecer el marco legal de la educación superior para introducir al sistema los criterios de calidad y eficiencia como parámetros del modelo. Este programa se transformó en un adecuado mecanismo para motorizar la reforma a través de medidas que tendrán como principales ejes la evaluación de la calidad institucional y promoción de políticas de generación de recursos como el cobro de aranceles o la venta de servicios a terceros.

La sanción de la Ley de Educación Superior 24521 en 1995, marcará la consolidación del rol de Estado como evaluador y de la evaluación como eje estructurante de las políticas universitarias de esta década (Krostch, 1998). Así como la generación por parte de la SPU de una serie de programas especiales como el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC) y la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Este organismo concentró la acreditación de carreras de grado y posgrado y la evaluación externa de las universidades, luego de sus procesos de autoevaluación, a la vez que se ocupó de dar curso a los proyectos institucionales definidos por el Ministerio de Educación. Mientras que respecto al FOMEC fueron fondos asignados en su mayor parte a la compra de bienes (54.4%) y al financiamiento de becas en Argentina y en el exterior (34,5%) para la realización de estudios de posgrado (Buchbinder y Marquina, 2008: 59). Los gestores de este programa sostienen que se asoció calidad con financiamiento, pero posiciones más críticas afirman que se abonó una inequitativa distribución de recursos y en consecuencia de poder, entre los diferentes grupos de una misma institución, debilitando inclusive la intervención institucional por el trato directo con los mismos.

Otro de los ejes de esta política estuvo puesto en la necesidad de ampliar la oferta de universidades sobre todo del ámbito privado, para ello se derogó el decreto que impedía su apertura, y posibilitó que entre 1989 y 1995 se crearan 22 universidades privadas. En cuanto a las universidades estatales, la mayoría de las fundadas en este período fueron en la provincia de Buenos Aires. En 1989 se crearon las universidades de Quilmes y de la Matanza, en 1992 las de General Sarmiento y General San Martín y en 1995 las de Tres de Febrero y Lanús. Cercana a la realidad patagónica, en 1994 se crea la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Santa Cruz.

La educación superior en esta etapa siguió los lineamientos de la política externa señalada por los organismos financieros internacionales y revirtió el espíritu de la década anterior, el de recuperar el poder y la autonomía universitaria que se encuentra en las bases fundacionales del sistema.