Según datos del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR).

Capitalismo, degradación ambiental y desplazamiento forzado

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Orozco cuenta que a los miembros del CUT los señalaban de insurgentes. Este se- ñalamiento a líderes sindicales, indígenas y campesinos se va a repetir en todas las entrevistas que hemos llevado a cabo para la elaboración de este texto. Ellos recla- maban que las tierras de los latifundistas se entregaran a los campesinos.

Pero lo que a su entender le ha acarreado más riesgos ha sido su oposición, en la Comisión Quinta del Senado y en reuniones con el Ministro de Agricultura, al mo- nocultivo de palma de aceite o palma africana. “El monocultivo de palma africana se vendía como un proyecto para el desarrollo de los campesinos y de los negros. Pero nosotros veíamos venir un despojo masivo de tierras a raíz de las alianzas productivas, que era como lo llamaban”.

Cuenta Orozco que cuando entraron los monocultivos de palma africana el INCORA quiso destinar para este cultivo tierras que ya había entregado a los campesinos. El Ministerio de Agricultura aprovechó la bajada de los precios del arroz (que había caído con la entrada de cereales asiáticos) para decir a los campesinos que la única manera de recuperar rentabilidad eran las alianzas productivas con empresarios de palma africana. “Era una información muy tendenciosa. Le decían a la gente: La única forma de que usted sea un campesino exitoso, es que se alíe con un empresario exitoso”. “En un principio, se pensaba que iban a copar solo las tierras que había entregado el Estado a través del INCORA, pero luego se volvió evidente que tenían interés también en otras tierras, porque el INCORA empezó a negar la titulación de territorios colectivos de los negros. No entendíamos bien por qué nos daban esa orden: ‘Eso no se titula’. Y resultó que eran tierras que ya las tenían prospectadas para el cultivo masivo de palma africana”.

Orozco habla de tres procesos simultáneos que han permitido a los grandes lati- fundistas apropiarse de las tierras: el desmantelamiento de los servicios del Esta- do, la reforma legal y la violencia. Cuenta que desmontaron el Instituto de Reforma Agraria, la Caja Agraria y el Servicio de Investigación en Semillas y Agroquímicos a

través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y que se modificaron las fór- mulas para demostrar a quién pertenecía la tierra, en prejuicio de los campesinos desplazados. Se permitió además que las tierras entregadas por el INCORA se pu- dieran comprar y vender, destruyendo el concepto de unidad agrícola familiar, que establecía que tenían que pasar 10 años desde que el Estado te concedía la tierra hasta que podías venderla. También se eliminó de la Ley la limitación de que las tierras de la Reforma Agraria sólo fueran a parar a familias pobres.

“Estuvo muy bien pensado por parte de los latifundistas quitarle las características de inembargables, imprescriptibles e inalienables que tenían algunas tierras entre- gadas por el Estado a los campesinos”. Señala además que estos mecanismos para

“desplazar masivamente al personal que no se ha querido someter a esos regímenes de trabajo de semiesclavitud” -en referencia a las condiciones del cultivo de pal- ma- no han redundado solo en beneficio de los palmeros, sino también de la ganadería extensiva y otros monocultivos.

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Orozco apunta a Carlos Murgas Guerrero58, empresario latifundista, miembro del

Ministerio de Agricultura y de la Comisión Quinta del Senado, y a sus asesores del Banco Mundial, como los inventores de las alianzas productivas. “Ellos engañaron a muchísima gente, los engañaron para despojarles de la tierra, fue un proceso en el que utilizaron todas las herramientas que le quedaban al Estado para engañar al personal”. “Utilizaron a los poquísimos funcionarios que quedaron en el INCORA para hacer una promoción de la palma africana, diciéndole a la gente: ‘Usted va a perder la tierra por- que no la ha podido pagar, la única forma de que usted pague, es que se alíe con un em- presario’. Les montaban cursos y seminarios para mostrarles cómo iba a ser socio —el campesino—de un capitalista. Les decían que sin poner un peso se iban a hacer ricos. Y nosotros, sin tener acceso a los medios de comunicación, andábamos intentando desen- mascarar el engaño. Por eso hubo amenazas de muerte y hubo varios muertos, claro”.

Orozco cuenta cómo se organizaron algunos miembros del mismo INCORA, como él, para dar otra información y apoyar a las y los campesinos. “Íbamos a las asambleas de campesinos en nuestro tiempo libre, a ilustrarlos sobre los planes del gobierno y ayu- dar a organizar la resistencia para que la Reforma Agraria no se acabara. En algunos casos asesorábamos a la gente para que invadieran latifundios porque sabíamos qué tierras estaban baldías o no tenían ningún titular. Es una historia muy bonita porque es de las pocas experiencias en las que usuarios de un servicio del Estado y funcionarios del Estado han corrido la misma suerte. Se conoce muy poco. A nosotros nos mataron bastante gente en ese proceso”.

Hoy la palma africana, como otros monocultivos para la producción de agrocombus- tibles y otros productos para la exportación, se ha convertido en uno de los proble- mas centrales del uso del suelo en Colombia. “El 13 de septiembre de 2009, el diario británico The Observer denunció la expulsión de 123 familias de sus tierras a raíz de la expansión del cultivo de palma de aceite. Daabon, una de las grandes compañías productoras de aceite del país y proveedora de The Body Shop, aparece en la denuncia como la causante de la expulsión. Denuncias similares ya habían ocupado las páginas de la prensa escrita colombiana y habían sido objeto de cartas, comunicados y respues- tas (…)”.

A raíz de estos acontecimientos, Mario Alejandro Pérez-Rincón, profesor de la Uni- versidad del Valle59, resume el crecimiento desmesurado de este monocultivo y sus

consecuencias para la vida de las comunidades. Señala, entre los impactos más gra-

ves del cultivo de palma, el favoritismo del gobierno a otorgar recursos financieros a

personas vinculadas a las élites políticas y económicas; la precarización del empleo; la degradación del medio ambiente (pérdida de agrobiodiversidad, estrés hídrico, etc.); la violación de la soberanía alimentaria, el despojo y el desplazamiento.

58 _{Uno de los empresarios más reconocidos del agro, heredero de extensas tierras en el departamento del Cesar y uno de los ges-}