Así, el sistema penal abarca desde la actividad de la policía en la prevención (policía Preventiva) y la investigación de delitos (policía judicial); la del ministerio publico, como órgano a cargo de la persecución de los delitos, en ejercicio de la acción penal; de los jueces, entendidos en sentido genérico como los órganos a cargo de la función de la administración e imparticion de justicia (jueces, magistrados, ministros); los órganos a cargo del sistema de la ejecución de las penas. También involucra a la actividad de los legisladores, en la medida en
DERECHO PENAL MEXICANO 27 que intervienen, precisamente, en el proceso de la formación de la ley penal, en representación de los miembros de la sociedad; en presencia del publico o miembros mismos de la comunidad, quienes precisamente, con su intervención e interés, son los que pueden determinar los cambio y ajustes de la dinámica del derecho exige, como también, con su presencia, son los que pueden determinar el avance del procedimiento y determinar la orientación de las políticas vinculadas con la justicia penal.
Esta explicación acerca del sistema penal y contenido de base también para el entendimiento para lo así denominado “segmentos del sistema penal”, concepto por el cual se hace referencia precisamente a uno de los ámbitos en que se manifiesta el sistema penal o sistema de la justicia penal (policía, ministerio publico, tribunales, órgano de la ejecución, legisladores y publico) vinculados y analizando sus características especificas, como vía para entender mejor al manera en que funciona el sistema penal mismo.
Se estudian, así, los discursos conforme a los cuales actúan cada uno de los segmentos, fundamentalmente los segmentos llamados básicos (policía, ministerio publico, tribunales, y sistema ejecutivo); las características de las personas que integran a cada uno , haciendo funcionar el sistema. Y, en relación con estos y otros factores, se entiende el estudio de su problemática y las propuestas de solución, como también el sistema penal mismo.
Los discursos de los segmentos son diferentes entre si, el de la policía es en general moralista y moralizante. El del poder judicial es principalmente jurídico y garantizador; orientado al estricto análisis de la ley y, en el momento de la imposición, es retributivo en la línea de la pena, de la prevención general y especial orientada por la necesidad de la pena y por el discurso de la readaptación social como fin de la pena. El discurso del ministerio público es en parte garantizador y jurídico y en parte moralizante. El discurso de la ejecución es en de carácter terapéutico. El discurso de la ejecución es de carácter terapéutico.
El estudio de este ámbito, plantea como problema, la insufiente comunicaron entre los discursos y la acciones frecuentemente independientes entre si de cada uno de los segmentos, generando la “compartí mentalización” de los discursos, programas y acciones, que significan el sierre hacia dentro de los mismos, dificultando la necesaria intercomunicación, interrelación e interacción funcional entre ellos, para el logro mas eficaz en los objetivos del sistema penal.
De aquí la necesidad de reconocer los aspectos positivos y negativos del funcionamiento de cada uno de segmentos, que permitan ofrecer, en su oportunidad, una mejor respuesta social y de mayor eficacia para el funcionamiento del sistema penal
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En este sentido, es frecuente escuchar los cuestionamientos al segmentó policial, en relación con la falta o insuficiente preparación de la misma y los fenómenos de desviación o de falta de conciencia acerca del ejercicio; el segmento judicial es principalmente cuestionado en relación con los elementos burocratizantes de sus procedimientos; el segmentó de la función penitenciaria aparece cuestionado en relación con la pena de prisión y su eficacia respecto de sus fines de readaptación social, con los problemas derivados de la reclusión y la despersonalización, en las desviaciones relacionadas con aspectos de violación a los derechos humanos, en relación a los elevados costos que exige su eficaz funcionamiento y los problemas de la sobrepoblación; o bien, en relación con la incorporación de otros mecanismos subsidiarios y substitutos, que a su vez, exigen de la infraestructura necesaria para su adecuado funcionamiento, al mismo tiempo que, exigen también de 1a reflexión serena acerca de su aplicación, tanto por los órganos de jurisdicción como los de la ejecución, en el sentido de que su aplicación indiscriminada o irreflexiva puede, a su vez, traducirse en puerta falsa a la impunidad. En fin, tales son las objeciones que principalmente se plantean al sistema penal, los cuales, nos parece, están todos vinculados con aspectos del proceso de cultura, que implica el valor social y político de aquellos. ¿Qué es lo que la sociedad estima que debe ser el sistema penal? ¿Qué es la que espera de éste? y ¿Qué es lo que está dispuesta a hacer para lograrlo? , interrogantes que a su vez implican la conciencia de la función que tiene el sistema de la justicia, basada en la seguridad jurídica yen los objetivos de equilibrio, paz y orden social, como también el sistema de la seguridad pública. Aspectos, éstos, todos, en que necesariamente interviene toda la sociedad, tanto los gobernados como los gobernantes. En síntesis, para procurar la mejor atención de estos aspectos, es in- dispensable que se acorten los espacios entre los discursos de los diversos segmentos del sistema penal entre sí y, especialmente, que se acorten también las diferencias entre los discursos de cada uno y el discurso de realidad que los cuestiona, lo que debe ser entendido no como una mera
posición de crítica sino como el punto de partida crítico del interés social, que refleja la preocupación por el problema y que el interesen su solución, que, naturalmente, sólo puede estar en la respuesta social que conjuntamente ofrezcan gobernados y gobernantes, lo que implica el esfuerzo conjunto de ellos.