El significado del buen gobierno

Del concepto que tengamos de buen gobierno, dependerá el tipo y el alcance de las políticas públicas que se diseñen. Por ello, la importancia de adentrarse en esta temática. Durante siglos se ha debatido qué significa buen gobierno, cuáles son los fines a los que debiera conducirse la tarea de gobernar. La variedad y complejidad de las respuestas han sido tantas, que muchos estudiosos de la ciencia política han declinado dar una respuesta cayendo en un fácil relativismo. Ello ha conducido no sólo a una confusión, sino a la primacía de los medios sobre los fines y, por lo tanto, a la preponderancia de una democracia procedimental donde reina la razón instrumental, con los consiguientes riesgos que esto implica.

El debate sobre la definición de los bienes sociales y, por lo tanto, del buen gobierno debe conducirse, como plantea Habermas, a través de un diálogo respetuoso que permita expresar de forma razonada las distintas cosmovisiones que subyacen en las diferentes posturas. La dificultad para lograr consensos y acuerdos no nos debe alejar del propósito de generar un marco común de entendimiento que es capaz de señalar con claridad lo que no se quiere como sociedad y, a partir de esta ética de mínimos, aspirar a construir una ética más amplia que sirva para construir capacidad de acción colectiva, «horizontes de significado» como plantea Charles Taylor.133

Antes de considerar algunas definiciones del concepto buen gobierno, resulta oportuno resaltar brevemente la naturaleza y los fines del Estado. El Estado surge como fruto del carácter social del ser humano cuya existencia no se agota en la individualidad, sino que está llamado a la vida en comunidad. Esta vida requiere ordenarse para que pueda alcanzar una convivencia armónica. Sin el Estado, el individuo se encuentra a merced de los intereses más poderosos y su libertad está permanentemente amenazada; la colectividad también decae si el individuo no encuentra espacios de interacción positiva y de crecimiento personal. En

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razón de ello, la persona está dispuesta a ceder parte de su libertad en aras de proteger sus derechos como individuo.

Los revolucionarios franceses acertaron cuando enmarcaron su lucha en tres postulados: libertad, igualdad y fraternidad. Estos tres valores son una buena síntesis de los grandes planteamientos de la filosofía política en cuanto a los fines de todo gobierno. El Estado debe proteger la libertad de las personas, pero ello sólo es posible a través de una justicia que considere a la persona bajo igualdad jurídica y establezca los medios necesarios para que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Aunado a la articulación de la libertad y de la justicia, es indispensable un marco de fraternidad por el cual la sociedad no gira sólo bajo el eje hobbsiano de evitar que el hombre sea el lobo del hombre, sino bajo parámetros de solidaridad y de amistad cívica. El problema es que no se ha logrado un adecuado equilibrio entre estos principios y, en aras de que uno prepondera sobre otro, se han desatado grandes conflictos; en su justa medida las sociedades prosperan. En este sentido, Jorge Chavez afirma: “El Estado, como forma de organización del poder, se instituye para lograr cuatro objetivos sociales fundamentales: orden, justicia, equidad y libertad, ingredientes indispensables en la conformación de un ambiente propicio para las actividades individuales y colectivas”.134

Dentro del Estado, siguiendo la distinción clásica de Montesquieu, además del poder legislativo y judicial, se encuentra el poder ejecutivo, en torno al cual gira el concepto de buen gobierno. Adentrarse en este concepto, resulta clave para fundamentar por qué se opta por la transparencia en vez de la opacidad y por qué vicios como la corrupción o el abuso del poder deben ser acotados lo más posible. Vale la pena comenzar considerando la definición de Bobbio sobre buen gobierno:

“Uno de los criterios tradicionales y continuamente renovados para distinguir el buen gobierno del malo es precisamente la valoración del logro o el fracaso de este fin específico: buen gobierno es el de quien persigue el bien común, mal gobierno es el de quien pretende el beneficio propio”.135

El bien común está conformado por todas aquellas condiciones que facilitan el desarrollo integral de la persona, considerando desde aspectos materiales hasta el ejercicio libre de su

134 _{op. cit., Chávez, p. 41.}

135 _{Bobbio, N.: “Democracia” en El filósofo y la política. Antología, Fernández, J., Norberto Bobbio, Fondo de}

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espiritualidad. Las acciones que realiza el gobierno deben estar encaminadas a un propósito muy concreto: el desarrollo de la persona, la defensa de su libertad, de sus derechos y la posibilidad de su realización. Este enfoque del bien común en la persona no implica un descuido de la colectividad y del sentido de responsabilidad social que debe tener el individuo para con los demás. En contraposición, el mal gobierno es aquél que no pretende la búsqueda del bien de las personas ni el bien colectivo y únicamente trabaja por sus intereses parciales. Villoria describe algunos elementos fundamentales del buen gobierno:

“El buen gobierno… es aquél que respeta y expande la libertad positiva y la autonomía del ser humano, pero además, para que ello pueda realizarse, fomenta la ecología moral, el capital social y la cultura cívica de la comunidad. El buen gobierno debe tratar de influir en la sociedad para que ésta tenga las adecuadas preferencias, o como dijo Stuart Mill, virtudes e inteligencia. También, con su ejemplo de honestidad, debe generar creencias de que es racional actuar legal y honestamente. Y, finalmente, debe contribuir decisivamente a construir las instituciones adecuadas; aquellas que fomentan conductas positivas para la comunidad y desincentivan las conductas dañinas”.136

Los cuatro pilares: fines legítimos, capacidad institucional, coherencia y participación cívica, parecen ser elementos constitutivos entorno a los cuales se construye el buen gobierno.

Para comprender el buen gobierno debemos entender no sólo sus fines, sino también los medios que emplea para alcanzar esos fines. En ese sentido Villoria afirma: “El buen gobierno debe buscar el bien común de su comunidad y, para ello, debe disponer de poder, en suma de control y legitimidad. Pero el fin del gobierno no debe ser el poder y los resultados un mero instrumento para alcanzarlo”.137

El debate sobre los medios y fines no es nuevo, ha acompañado a la reflexión filosófica de la política desde el debate entre Sócrates y los sofistas. En nuestro tiempo, es difícil que en una teoría política encontremos fines contrarios a la ética, salvo que se traten de planteamientos abiertamente contrarios a los derechos de las personas como puede ser el fascismo o el comunismo. Sin embargo, buena parte de las distorsiones que se dan en la

136 _{Villoria, M.: “¿Más libertad o más felicidad? El buen gobierno del siglo XXI” en Reforma y Democracia}

CLAD No. 51., Oct. 2011, Caracas, p. 17.

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democracia y en la puesta en práctica de las filosofías políticas se encuentran en los medios que se emplean para conseguir los fines.

Al respecto, se han presentado diversas teorías sostenidas por autores de gran calado como Tomás de Aquino, Nicolás Maquiavelo, Max Weber, entre otros. Cada uno de ellos, han buscado explicar algunos parámetros para tomar las decisiones públicas. No es el objeto de este estudio analizar cada una de ellas. Sin embargo, es oportuno advertir los problemas que trae consigo un pragmatismo político que no preserva una congruencia entre los medios y los fines que busca. No se trata sólo de casos extremos de autoritarismo, donde en aras de buscar la supuesta liberación de los seres humanos, se admiten una serie de acciones que atentan flagrantemente contra la libertad de las personas. Sino también de algunas teorías que defienden el principio “el fin justifica los medios”.

El mayor peligro se encuentra en el pragmatismo radical, que sin ningún fundamento teórico busca el poder por el poder mismo. Como apunta Villoria, “…el poder político se justifica por la necesidad de que alguien se preocupe del interés común, del bienestar colectivo o de la supervivencia de la comunidad en su conjunto”.138 _{Si no hay esta}

preocupación, es imposible construir sentido de comunidad y aspirar a un progreso compartido y duradero.

Cuando la política es concebida desde una forma meramente pragmática, aunque tengamos un marco normativo democrático, habrá distorsiones que en un primer momento parezcan poco importantes propias de la lucha por el poder, pero más adelante estás irán minando el propio marco normativo hasta instrumentalizarlo, aprovechándose de él.

Por ello, en el ejercicio del buen gobierno, resulta fundamental que los actores políticos asuman un compromiso no sólo con los fines que dicen representar, sino que también es prioritario establecer un marco de juego donde no puede solaparse cualquier forma de hacer política, so pena de atentar seriamente contra los fines de la convivencia social. Alejandro Llano afirma que, desde una perspectiva ética, el recto encaminamiento de la conducta sólo se logra si no se rompe la intrínseca conexión que existe entre medios y fines, pues la bondad del fin no se transmite automáticamente a los medios. Lo que es en sí mismo negativo, perjudicial, no se debe realizar nunca.139

138 _{Villoria, M. (2006): La corrupción política, Ed. Síntesis, Madrid, p. 143.} 139 _{Llano, A. (1999): Humanismo cívico, Ed. Ariel, Barcelona, pp. 45-47.}

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La política es constante ejercicio de toma de decisiones, por ello, es prioritario que estas decisiones no se basen sólo en intereses privados o caprichos, sino que tengan un fin ético y medios justos. La capacidad racional del ser humano y su habilidad para hacer coherente los medios con los fines, posibilita que la tarea política se haga con más eficiencia y profundidad. Efraín González Luna, filósofo y político argumentaba:

“Hay una mecánica de la opción y una moral de la opción. Mecánicamente, el hombre opta o decide simplemente dando libertad de movimiento a sus inclinaciones y […] a sus instintos, a sus pasiones, y hay una moral de la opción que consiste en escoger el camino obligatorio aun cuando sea cuesta arriba, aun cuando contradiga las inclinaciones personales […]”140

Como síntesis vale la pena traer a este espacio los elementos que debe tener un “buena gobernabilidad” a decir del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe 2002. Una «gobernabilidad» desde la perspectiva del desarrollo humano es una gobernabilidad democrática, que vela por conseguir que: a) Se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, permitiéndoles vivir con dignidad. b) Las personas participen en la toma de decisiones que afectan en sus vidas. c) Que se pueda exigir responsabilidad a los encargados de la toma de decisiones. d) Las interacciones sociales se vean regidas por programas, instituciones y prácticas globales y justas. e) Exista igualdad entre hombres y mujeres en las esferas privada y pública, y en la toma de decisiones. f) Que no exista discriminación por motivos de raza, origen étnico, clase, género o cualquier otro atributo. g) Las necesidades de las generaciones futuras se reflejen en las políticas actuales. h) Las políticas económicas y sociales respondan a las necesidades y a las aspiraciones de los pueblos. i) El objetivo de las políticas económicas y sociales sea la erradicación de la pobreza y la ampliación de las oportunidades que las personas tengan en sus vidas.141

Por todo ello, el buen gobierno, en sentido estricto, sólo puede darse en el marco de la sociedad democrática, capaz de respetar derechos humanos, división de poderes y fomentar la participación ciudadana. De ello, se hablará con mayor amplitud en los siguientes dos apartados.

140 _{González, E. (2009): Humanismo Político, Fondo de Cultura Económica, México DF, .p. 76.} 141 _{op. cit, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, p. 51.}

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