Three strikes and you are out

Entre 1993 y 1997 la preocupación ciudadana por la inseguridad en EE.UU. alcanzó niveles altísimos, alejados de los datos sobre la criminalidad real (Lowry et al. 2003: 61). Exactamente en este período, 24 Estados y parte de la legislación penal federal

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En líneas generales, el abolicionismo político-criminal propone la extinción de las penas privativas de libertad para todos los delitos que no sean contra las personas, excepto aquellos en que exista una víctima; asimismo, propone la implementación de medidas penales que eliminen las cárceles como Instituciones (Cid Moliné y Larrauri 2001).

incorporaron medidas que se dieron a conocer por la frase “three strikes and you’re out laws” (Chen 2008: 345).

Como afirma Zysman Quirós (2005: 269), la finalidad de las leyes de los “3- strikes” es “asegurarse que los delincuentes habituales o persistentes, reciban la sentencia disponible más alta posible”, abriendo paso a la prisión perpetua, sin la concesión de beneficios que permitan la reinserción social del delincuente. La idea central es que, en caso de reincidencia (específicamente, a partir del tercer acto delictivo), se sentencie a los delincuentes con penas privativas de libertad de más de 25 años o con la prisión perpetua, basándose para tal en la habitualidad de la conducta desviada, con independencia de la gravedad de los hechos cometidos.

Originalmente, el impulso a la ley de los “3-strikes” partió del Gobierno del Estado de California (EE.UU.), en 1994. La terminología proviene del béisbol, deporte en que el jugador que no batee la pelota tras tres tentativas queda excluido del juego (Botella, 2008: 17). Pese la extendida aplicación de esta ley, los Estados que la adoptaron introdujeron matices propios que posibilitaron distintas consideraciones sobre su aplicación y que se refieren desde al hecho que se considera primer, segundo o tercer “strike” hasta a la determinación del techo punitivo de las condenas (Chen 2008).

Parte de la iniciativa para la construcción de la ley californiana de los “3- Strickes” partió del movimiento organizado por una víctima: Mike Reynolds, un fotógrafo que a raíz del asesinato de su hija redactó parte de la iniciativa popular y acompañó su proceso de aprobación (Chen 2008: 346). Actualmente, Reynolds cuenta con una página de internet “Three strikes and you’re out. Stop offenders”125 en la que suministra estudios criminológicos y actúa en defensa de la ley de los “3-Strikes”.

Mauer (1997) defiende que los medios de comunicación jugaron un papel fundamental tanto en la aprobación de la legislación de los “3-strikes” en California, dedicando un notable espacio de la agenda temática a la iniciativa de Reynolds, como en la ramificación de iniciativas legislativas similares en los demás Estados del territorio estadounidense. De igual modo, Zysman Quirós (2005) destaca el patrocinio y

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Accesible en la dirección de Internet <http://www.threestrikes.org/>, consultada el 24 de noviembre de 2008.

lobby de entidades como la National Rifle Association, fundamentales para la proyección nacional de la ley de los “3-strikes”. La Administración Clinton, además, ofreció incentivos presupuestarios a los Estados que implantasen dicha ley penal (Botella 2008: 17).

Sin embargo, la idea de “a la tercera vez te vas” no quedó restringida a los EE.UU. En Gran Bretaña, aún bajo la administración conservadora de John Major, se incorporaron medidas para que los delincuentes que fuesen condenados tres veces por robo, trafico de drogas o delitos violentos, recibiesen penas de por vida (Zysman Quirós 2005). Práctica que continuó e incluso se extendió en la administración de Tony Blair, a partir de la formulación de leyes como la “Criminal Justice Bill” de 2003, entre otras, que estipulaban la determinación de condenas muy duras según el potencial de peligrosidad del criminal o de su reincidencia (Tonry 2003: 18).

Como parte de la política criminal neoconservadora, la retribución constituye el eje de las iniciativas de los “3-Strikes”, así como en la doctrina de “ley y orden”, se defiende la incapacitación del delincuente como medida de freno a la criminalidad. Sin embargo, mientras que la política de “ley y orden” está basada más en la adopción de una lectura estricta de las leyes penales y un incremento de la fuerza policial como mecanismo de prevención general, en las leyes de los “3-Strikes” se opera sobre todo con la tesis de la prevención especial, es decir, intentando evitar que un individuo que ya haya cometido un delito vuelva a cometer otro amenazándole con la conminación penal (Rudolphi 1991: 83).

Reynolds (2005), en su particular informe sobre los diez primeros años de la aplicación de la ley de los “3-Strikes” en California, atribuye a esta medida el retroceso de los niveles de criminalidad, la reducción del crecimiento de la población carcelaria así como el freno en la construcción de nuevos presidios, la disminución del número de víctimas y un ahorro en las finanzas públicas de más de 28 mil millones de dólares. Sin embargo, no explica en su texto cómo se llega a ésta suma.

Por otro lado, a partir de los datos del Departamento de Justicia del Estado de California, Reynolds (2005) elaboró una serie temporal con los índices de delitos violentos (homicidios, secuestros, robos o asaltos con violencia) y delitos contra la

propiedad (robo de coches y a residencias), comparando los 9 años antes de la entrada en vigor de los “3-Strikes” con los 9 años posteriores. Indudablemente, entre 1985 y 1992 hay un alza en la cantidad total de ambos tipos de delito. No obstante, el declive empieza un año antes de la entrada en vigor y se acentúa a partir 1994. Si se aplica el mismo análisis teniendo en cuenta la flotación poblacional, la evolución del número de delitos por 100 mil habitantes es similar a los índices globales.

Como bien observa Chen (2008: 363), en contra de lo que propone Reynolds, no se puede establecer una relación directa positiva entre el descenso de los delitos en California y la entrada en vigor de la ley de los “3-Strikes”. Aunque no se pueda excluir la influencia de la misma ley, Chen destaca que el mismo declive es aplicable al ámbito federal y a los demás Estados, hayan o no adoptado leyes basadas en la propuesta de los “3-Strikes”.

Además, el retroceso en el consumo de crack y cocaína así como el descenso en la tenencia ilícita de armas de fuego (ambos relacionados con el mercado de la droga), son otros factores a considerar según diversos criminólogos al analizar la caída de los delitos en EE.UU. durante la década de 1990 (Beckett 1997; Zimring, Hawkins y Kamis 2001:85; Zimring 2007). Por otra parte, Chen (2008: 364) señala que el coste de la aplicación de los “3-Strikes” en California, supone un gasto de alrededor de 500 millones de euros por año.

Contra lo que afirma Reynolds, si tomamos en consideración que las condenas aplicadas bajo el auspicio de los “3-Strikes” conllevan sentencias de más de 25 años de reclusión y que dicha práctica promueve una expansión de la población carcelaria, en Estados como el de California una gran parte de la dotación presupuestaria debe destinarse a la gestión de las prisiones; por consiguiente, como apunta el “California Legislative Analyst’s Office” (2008: 09)126, en un contexto de reducción de los presupuestos, se cortan gastos de más de 400 millones de dólares en las partidas destinadas a educación, sanidad, universidad y otras políticas públicas para el mantenimiento de la política de los “3-Strikes”.

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Documento disponible en la dirección de Internet: <http://www.lao.ca.gov/2008/Bud get _overview/08-09_budget_ov.pdf>, consultado el 03 de diciembre de 2008.

En la Figura 15 podemos observar los gastos destinados en California a la Administración de la Justicia Criminal (Criminal Justice). Nótese que un 78 % de los 13 mil millones presupuestados son destinados exclusivamente al Departamento de Prisiones (Dept. of Corrections and Rehabilitation) y que ésta es la única partida que, comparada con el ejercicio anterior, se incrementa mientras las demás retroceden.

Figura 15. Gastos Presupuestarios con la Administración de Justicia Penal en

California

Variación

Programa/ Departamento 2007-08* 2008-09* Total* %

Dept of Corrections and Rehab. 10108 10268 160 1,6

Judicial Branch 2236 22206 -30 -1,3

Department of Justice 400 368 -32 -8

Citizens' Option for Public Safety 119 107 -12 -10,1

Juvenile Justice Crime 119 107 -12 -10,1

Other Criminal Justice Programs 204 164 -40 -19,3

Total 13186 13221 34 0,3

* Valores en millones de dólares

Fuente: California Legislative Analyst's Office (www.lao.ca.gov)

Aunque este ejemplo reúna muchas contradicciones sobre sus costes económicos o beneficios sociales, claro está que a raíz de la aplicación de la ley californiana de los “3-Strikes”, muchos estudios han sido llevados a cabo y no hay un consenso sobre la efectividad de esta política en la reducción de criminalidad. A pesar de todo, en definitiva, la propuesta de los “3-Strikes” busca: a) ahondar los mecanismos legales de prevención especial; b) incapacitar a los delincuentes reincidentes y, c) dirigir la política criminal hacia el encarcelamiento, en detrimento de la reinserción social.