E VOLUCIÓN DEL INTERCAMBIO COMERCIAL C UBA E STADOS U NIDOS , 2001-

Tabla 2 Años 2001 2002 2003 2004 Importaciones mmd 4 400 000 175 900 000 343 900 000 474 100 000 % importaciones totales 0,09 4,2 7,4 8,7 % ingresos en divisas* 0,4 14,8 27,3 32,3 Volúmenes totales (ton) 28 200 831 900 1 272 900 +1 600 000 *Se refiere a los ingresos por las ventas en las tiendas recaudadoras de divisas.

Fuentes: Granma (2004), 26 de octubre de 2004, p.1; García (2002); ONE (2004). Anuario Estadístico de Cuba 2003. La Habana, ONE.

La evolución de la dolarización contribuyó a ami- norar la importancia de la retribución en pesos, lo cual adquirió una connotación especial debido a la ausen- cia de un sistema de incentivos laborales efectivo. A esto se adiciona que los incrementos en el sistema sa- larial no han sido capaces de mitigar los efectos inde- seados asociados a la dolarización. Al respecto, los movimientos en los salarios han estado subordinados a evitar un retroceso en el proceso de saneamiento fi- nanciero.14

El mantenimiento de la situación anterior determinó la existencia de una franja de asalariados en el rango medio y bajo, sin opciones alternativas de ingresos, cuyo salario real se ha deteriorado significativamente en relación con otros grupos sociales y, de hecho, re- sulta insuficiente para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas (González, 1998).

La generalización de las modalidades de financia- ción en divisas consolidó también la tendencia a ex- cluir el peso en la medición de los costos productivos y en la evaluación de la gestión económica empresa- rial. Esta tendencia resultó transitoriamente favorable, pues posibilitó determinar con mayor precisión los costos reales e, incluso, estimular una gestión produc- tiva más eficiente. Sin embargo, impulsó el gasto des- centralizado en divisas y no contribuyó a aminorar los problemas de la balanza de pago.

La paulatina extensión de los diferentes mecanis- mos de regulación empresarial vinculados a las divi- sas, presentó, como principal insuficiencia regulatoria –según González (2003)-, que no distinguía entre im- portaciones y gastos internos en divisas, ni permitía regular el volumen global de los gastos externos en el transcurso del año, como está previsto en el sistema monetario de la mayoría de los países. De hecho, esta situación provocó que la demanda total de dólares fuera el doble de lo requerido para la ejecución de las impor- taciones; por consiguiente, existía la posibilidad de in- flar la demanda. A esto se añade que las actividades desconectadas del circuito de las divisas tendieron a desvalorizarse más allá de lo que resulta económica- mente aconsejable.

En estas condiciones, se hizo necesario extender la dolarización hasta las producciones y servicios secun- darios de la economía y desviar esfuerzos de activida- des básicas, que aunque no generan divisas, sí resultan esenciales (un ejemplo singular es la ganadería vacu- na). La evolución objetiva de esta situación condujo a múltiples evaluaciones por la dirección del gobierno, a

los efectos de introducir las correcciones pertinentes, lo cual no sólo derivó hacia el análisis de los factores que propiciaron la progresión del proceso de dola- rización, sino también, la revisión a fondo de la política de reforma seguida durante los años noventa.

En general, el proceso de revisión de la política de reforma está relacionado con el gradual retorno a prác- ticas centralizadoras en el mecanismo de adopción de decisiones económicas, y, particularmente, con lo rela- tivo al uso y destino de las divisas.

El retorno a las prácticas centralizadoras responde, tanto a factores de naturaleza coyuntural, como al he- cho de que el mecanismo de dirección económica es- tablecido durante los años noventa, carecía de cohe- rencia sistémica y presentaba limitaciones objetivas para soportar ajustes recurrentes. Asimismo, el em- pleo de la divisa como elemento central del mecanis- mo no contribuyó al logro del esperado salto en términos de eficiencia económica. De igual modo, el refor- zamiento de la centralización15 _{se vincula con la nece-}

sidad de lograr un uso más efectivo del recurso que resulta más escaso, así como el mantener ciertos nive- les de reservas y la capacidad de maniobra guberna- mental (Castro, 2003).

II. Proceso de desdolarización

La emisión del peso convertible, en 1995, no sólo representó el punto de partida de una reforma mone- taria de carácter parcial (Marquetti, 1998), sino tam- bién, de la creación de condiciones mínimas, en el or- den monetario, para sustituir, en el momento oportu- no, la libre circulación del dólar.16 _{De hecho, esta si-}

tuación era indicativa de que la dolarización se conci- bió siempre como un fenómeno transitorio.

La decisión ulterior de emplear el euro como prin- cipal instrumento monetario financiero en las relacio- nes externas y, de forma puntual, en algunos polos tu- rístico, estuvo dirigida a aminorar los efectos pernicio- sos, para la economía cubana, de la revaloración per- manente de sus transacciones internacionales en otras monedas que no fueran el dólar y, paralelamente, esti- mular los flujos turísticos provenientes de Europa Oc- cidental.

Sin embargo, a pesar de las medidas anteriores, la desdolarización comienza, de forma efectiva, en el ve- rano de 2003, como resultado de decisiones aplica- das en las relaciones monetarias y financieras en el ámbito empresarial, así como en el manejo de la polí- tica de apertura económica.

100 RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA EN EL MARCO DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL

2.1 Transformaciones en las relaciones mone- tarias y financieras de las empresas

La aprobación de la Resolución Núm. 65 del BCC, mediante la cual se introdujo el empleo obligatorio del peso convertible en las transacciones interempresariales y la aplicación de un estricto sistema de control cambiario, significó un cambio sustancial en el mecanismo de regu- lación y funcionamiento económico. En tanto fruto de esta decisión, los recursos monetarios nominados en dólares u otras monedas extranjeras de “propiedad de las empresas u otras instituciones estatales”, se trans- formaron automáticamente en reservas financieras ban- carias.17 _{Otro aspecto importante es que cesó en sus}

funciones la Comisión Central de Divisas y, en su de- fecto, fue creada la Comisión de Aprobación de Divi- sas,18 _{la cual, a partir de ese momento, es la encargada}

de certificar todas las operaciones en divisas y/o eva- luar su pertinencia o no.19

Paralelamente, se introdujo un rígido sistema de con- trol cambiario, el cual establece que las empresas de- ben adquirir o comprar las divisas que requieren en fun- ción de los límites planificados (aunque demostrando la factibilidad de su empleo) y abonar un por ciento al banco por los trámites realizados. Este último aspecto se con- virtió en una carga adicional a las finanzas empresaria- les.

La puesta en vigor de la Resolución Núm. 65 no constituyó el simple punto de partida del proceso de centralización del gasto en divisas; la implementación de esta decisión implicó el inicio de un cambio radical en el mecanismo de adopción de decisiones e, incluso, en el mecanismo de regulación global de la economía basado en las divisas:

1) el BCC asume nuevas funciones de naturaleza fis- cal, asesoría, supervisión y tesorería, en la misma medi- da en que actúa como el centro contable y fiscalizador de la ejecución de la cuasi totalidad de los gastos en divisas del país;

2) en este contexto, fue necesario crear un nuevo sis- tema de coordinación entre el Ministerio de Economía y Planificación, y el BCC, dirigido a compatibilizar todos los movimientos financieros que se vinculan a las priori- dades fijadas en el plan, las proyecciones estratégicas de la economía y para fijar los marcos financieros operativos de que deben disponer las diferentes entidades;20

3) se mantiene la regulación mediante las divisas, pero con un enfoque que tiende a lo material;21

4) el papel de los presupuestos de gastos e ingresos en divisas tienden a aminorarse en la misma medida en

que la capacidad de adoptar decisiones en el ámbito financiero ya no depende de los límites planificados, sino de la aprobación de la CAD;22

5) se reduce, de forma sustancial, la capacidad inno- vadora en el ámbito empresarial e, incluso, de identifi- car opciones favorables de mercado.

Para complementar la Resolución Núm. 65 fue puesta en vigor el 29 de diciembre de 2004, la Resolución Núm. 92, la cual establece normativas más rígidas en el mane- jo autónomo de los ingresos en divisas,23 _{e introduce la}

creación de una cuenta única a escala nacional. Esta nueva disposición jurídica cubre los vacíos dejados por la Resolución Núm. 65, al tiempo que persigue ejercer un mayor control sobre las actividades que aportan los mayores ingresos o son responsables de las mayores erogaciones de divisas del país.24 _{No obstante, la cele-}

ridad con que se ha producido su implementación, uni- da a las limitaciones objetivas que presenta en la actua- lidad el sistema de abastecimiento nacional, han deter- minado que su instrumentación haya resultado compli- cada, lo que sugiere la pertinencia de introducir ajustes en el futuro.

La aprobación de estas resoluciones incorporó otros elementos de relativa importancia al mecanismo de re- gulación de la economía, entre los que se destacan:

1) la posibilidad de concederle un papel más activo a la política monetaria;25

2) el manejo, con mayor agilidad, de la situación fi- nanciera del país;

3) desaparecen las fuentes de acumulación genera- das al margen del presupuesto en los diferentes minis- terios.

Un aspecto interesante es que ambas decisiones con- sideraron las consecuencias duraderas de la dolarización, especialmente, la propensión natural de los agentes eco- nómicos de resistirse a trabajar con una moneda menos estable (Nogueira, 1993). Aunque el análisis de esta si- tuación desde otra perspectiva significa que resulta ne- cesario e, incluso, imprescindible, mantener las reglas de un sistema monetario de carácter dual.

En adición a las medidas aplicadas en el ámbito del uso y destino de las divisas, fueron adoptadas otras de- cisiones tendentes a fortalecer el mecanismo de regula- ción fiscal y el manejo del gasto público. Al respecto, se destacan:

1) la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios, de 2004, referida al tema del control interno;

2) la creación, en todos los municipios del país, de centros especializados de control contable;

3) el mejoramiento de los mecanismos de tesorería a escala territorial.

En paralelo con las decisiones de naturaleza banca- ria y de carácter fiscal, se inició una reforma en el siste- ma mayorista de precios,26 _{cuya primera medida fue}

pasar a moneda nacional la facturación de un grupo de servicios que antes lo hacían en moneda extranjera. A esto se añade que los recargos que podrán aplicarse a los precios en divisas tendrán como límite máximo el 10% y, en casos muy específicos, se permitirá hasta un 20%.

La aplicación de esta medida, de conjunto con las adoptadas en el ámbito fiscal y el empleo obligatorio del peso convertible, deben conducir a que el peso re- cupere gradualmente algunas de sus funciones moneta- rias, así como una mayor participación en los mecanis- mos de gestión financiera y planificación a escala em- presarial. Al mismo tiempo, es previsible la reducción gradual de los precios internos.

Recordemos que el incremento de las restricciones financieras externas durante los años noventa, unido al progreso de los esquemas de financiamiento en divisas y al aumento de los negocios conjuntos con el capital extranjero, determinaron la reducción, a niveles míni- mos, de las opciones para adquirir insumos u otros ase- guramiento productivos en pesos, lo que originó no po- cas tensiones en las entidades que no disponían de un marco financiero en divisas para garantizar el desarrollo de las operaciones corrientes. Este proceso también contribuyó a fortalecer aún más las estructuras monopó- licas en el sector del comercio.

De igual forma, la ausencia, tanto de un marco regulatorio explícito de la competencia empresarial, como de mecanismos de protección efectiva a los con- sumidores, facilitaron la consolidación de un mercado típico de vendedores selectivos, pues un grupo de en- tidades adquirió condiciones potenciales para abaste- cerlo “integralmente”. En ese sentido, estas institucio- nes obtuvieron la posibilidad real de concederle poca importancia a los temas de calidad y ofrecer una oferta competitiva, en tanto el descuido de estos aspectos no les impedía obtener utilidades de forma regular. Esta si- tuación, asimismo, contribuyó a sobredimensionar la importancia de las instituciones comercializadoras.

En este contexto, se produjo la relativa descentrali- zación de la fijación de los precios en divisas, los cua-

les, en un porcentaje importante, se establecieron en niveles muy cercanos a los vigentes en el mercado inter- nacional, aunque sin garantizar una adecuada cobertu- ra de servicios. A esta situación, se sumó la ausencia de un mecanismo de regulación institucional efectivo.

Los ajustes introducidos en la política de precios com- prenden el fortalecimiento del andamiaje institucional de la actividad, pues después de la fusión, en un único mi- nisterio, de las actividades de finanzas y precios, se con- firió mayor prioridad, objetivamente, a las finanzas. En la actualidad, se trabaja en la corrección de estas defi- ciencias y, entre las medidas que se tiene previsto ins- trumentar, se encuentra la creación de las Direcciones Integrales de Precios a escala territorial, así como ele- var la calidad de los mecanismos de formación, evalua- ción y control de los precios en el ámbito del ministerio. Como se indicó con anterioridad, uno de los propó- sitos principales de la reforma de precios es propiciar su aminoración gradual, tanto en divisas, como en mo- neda nacional. No obstante, a corto plazo, los efectos más inmediatos de esta tendencia podrían ser negativos para algunos sistemas empresariales, cuyos niveles de solvencia económica se han reducido de forma notable por los ajustes introducidos en los precios. Este aspec- to se complica aún más después de comenzada la apli- cación de la Resolución Núm. 92.

En relación con los precios minoristas nominados en pesos, es improbable que se produzca similar tenden- cia, sobre todo, por la aminoración experimentada en la oferta del sector agropecuario debido a la situación de sequía que afecta la mayor parte del país. A esto se aña- de la incidencia, en diferentes direcciones, de la revalo- rización reciente del peso y el peso convertible,27 _así

como las medidas de elevación de los topes mínimos salariales y de la seguridad social, las cuales tienden a favorecer el mantenimiento de elevados precios,28 _es-

pecialmente en los mercados sujetos a los movimientos de “oferta y demanda”.

Otro aspecto a considerar es la probable evolución de los precios del segmento de mercado que opera en divisas, la cual debe ser similar a la de los precios vigen- tes en los mercados agropecuarios.29 _{A esto se añade}

que en la resolución conjunta del MFP y el MEP, del 2005, se establece que, en la formación de los precios en este mercado, debe incorporarse la valoración en moneda total, es decir, incluir los gastos incurridos en moneda nacional. Este aspecto no era una práctica con anterioridad y por esta causa surgían algunos proble- mas.30

102 RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA EN EL MARCO DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL

En general, es previsible que se produzcan nuevos incrementos de los precios en este segmento de merca- do,31 _{en lo cual estará presente también la incidencia de}

los factores indicados, las exigencias derivadas del man- tenimiento de los equilibrios macroeconómico, así como de los nuevos compromisos externos asumidos.

2.2 Introducción de ajustes en la política de aper- tura económica

Un primer paso fue la decisión de no aceptar nuevos operadores en las zonas francas (ZF)32 _{y concederle un}

período de dos a tres años a los que están inscritos para que busquen nuevas opciones de negocios en la econo- mía de la Isla.33

La decisión de crear gradualmente condiciones para transformar las ZF tiene plena justificación por las si- guientes razones:

1) estas zonas se crearon en el momento en que es- taban experimentando un marcado retroceso a escala internacional;

2) el grueso de las empresas que se radicaron en las ZF fueron de carácter comercial y de servicios;

3) la inversión extranjera que se radicó en las ZF fue, por excelencia, de baja complejidad técnica y en actividades de poco impacto económico;

4) no se alcanzó el propósito de fomentar parques industriales;

5) los resultados exportadores obtenidos no estu- vieron en correspondencia con las previsiones inicia- les;

6) no se logró atraer inversiones de gran- des compañías internacionales.34

Vinculado con el proceso anterior, se inició la revisión, en los diferentes ministe- rios, de los esquemas empresariales auto- rizados a efectuar operaciones de comer- cio exterior y, paralelamente, evaluar la per- tinencia del cierre de las entidades cuyas actividades son de poco volumen y/o efec- túan gestiones similares a empresas pertene- cientes al sistema del Ministerio de Comer- cio Exterior.

Los argumentos que han respaldado la adopción de la decisión anterior respondie- ron a los criterios siguientes:

1) la descentralización en la gestión del comercio exterior no supuso un salto en el empleo eficiente de los recursos;

2) la ampliación de las facultades para efectuar ope- raciones de exportación e importación avanzó con ma- yor rapidez que la creación de los mecanismos institu- cionales de regulación y control;

3) se produjeron, de forma recurrente, pérdidas por el pobre dominio de las técnicas de negociación y del funcionamiento de los mercados internacionales;35

4) la fragmentación de las compras de ciertos insumos implicó, en no pocos casos, tener que asumir costos fi- nancieros adicionales;

5) pobre incidencia en el incremento y diversifica- ción de las exportaciones;

6) la descentralización de la gestión del comercio ex- terior no significó la desconcentración efectiva de esta actividad. 36

De igual forma, se está desarrollando la evaluación de las sucursales de compañías extranjeras registradas en la Isla, y con autorización legal para facilitar y/o eje- cutar operaciones de comercio exterior.

Otro de los cambios significativos es el relativo al tratamiento de la inversión extranjera, cuya importancia se ha aminorado de forma significativa. Al respecto, se debe señalar que, durante el 2003,37 _{sólo fueron consti-}

tuidas cinco nuevas asociaciones con capital foráneo, mientras que dejaron de funcionar más de 60 (la cifra más elevada en los últimos quince años).

La evolución de la política de apertura a la inversión extranjera (IE) se ha caracterizado por movimientos con- tradictorios, lo cual debe entenderse como una tenden- Gráfico 3

Fuente: CPI (2004). La inversión extranjera en Cuba. La Habana, CPI.

450 400 350 300 250 200 150 100 50 112 226 260 317 340 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 353 400 403 342 0

EVOLUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES