Carta de Presentación Director del Programa
Bogotá, agosto de 2013
Señores
BIBLIOTECA GENERAL
Pontificia Universidad Javeriana Ciudad
Respetados Señores,
Me permito presentar el trabajo de grado titulado Pueblos indígenas y Estado, relaciones a partir del ejercicio de autonomía en La Chorrera Amazonas, elaborado por la estudiante Liliana Chipatecua Sarmiento, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 35.195.661, para que se incluya en el catálogo de consulta.
Cordialmente,
Andrés Dávila Ladrón de Guevara
2 ANEXO 2
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES (Licencia de uso)
Bogotá, D.C., septiembre 4 de 2013
Señores
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J.
Pontificia Universidad Javeriana
Cuidad
Los suscritos:
Liliana Chipatecua Sarmiento , con C.C. No 35.195.661
En mí (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada:
Pueblos indígenas y Estado, relaciones a partir del ejercicio de autonomía en La
Chorrera Amazonas.
(por favor señale con una “x” las opciones que apliquen)
Tesis doctoral Trabajo de grado x Premio o distinción: Si No x cual:
presentado y aprobado en el año 2013 , por medio del presente escrito autorizo
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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:
AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y
trabajos de grado de la Biblioteca. x 2. La consulta física o electrónica según corresponda x 3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer x 4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o
electrónico, así como su puesta a disposición en Internet x 5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones
x
6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que hayan sido laureados o tengan mención de honor.)
x
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.
De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos.
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la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.
NOTA: Información Confidencial:
Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos
resultados finales no se han publicado. Si No x
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.
FACULTAD: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
5 ANEXO 3 BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J.
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO FORMULARIO
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO
Pueblos indígenas y Estado, relaciones a partir del ejercicio de autonomía en La Chorrera, Amazonas
SUBTÍTULO, SI LO TIENE
AUTOR O AUTORES
Apellidos Completos Nombres Completos
Chipatecua Sarmiento Liliana
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO
Apellidos Completos Nombres Completos
Flórez López Jesús Alfonso
FACULTAD
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
PROGRAMA ACADÉMICO Tipo de programa ( seleccione con “x” )
Pregrado Especialización Maestría Doctorado x
Nombre del programa académico
Maestría en Estudios Políticos
Nombres y apellidos del director del programa académico
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TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:
Maestría en Estudios Políticos.
PREMIO O DISTINCIÓN(En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):
CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA
TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
NÚMERO DE PÁGINAS
Bogotá 2013 127
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” )
Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y
diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras x
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF.
MATERIAL ACOMPAÑANTE
TIPO DURACIÓN
(minutos) CANTIDAD
FORMATO
CD DVD Otro ¿Cuál? Vídeo
7 Otro ¿Cuál?
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo [email protected], donde se les orientará).
ESPAÑOL INGLÉS
Autonomía, pueblos indígenas, derecho de autodeterminación.
Autonomy, indigenous peoples, right to self-determination
RESUMEN DEL CONTENIDO EN: ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)
Este trabajo de grado trata de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado a partir del ejercicio de autonomía en La Chorrera Amazonas, se hace referencia a los antecedentes de las relaciones con el Estado, así como a los factores que antecedieron el proceso de construcción de autonomía, a los fundamentos y al ejercicio de ésta según sus elementos constitutivos: derecho de autodeterminación, gobierno y sistemas de desarrollo propios, territorio delimitado y reconocido y reconocimiento de los derechos políticos y jurídicos de los pueblos por parte del Estado. A partir de entrevistas semi-estructuradas en profundidad, observación participante y análisis crítico del discurso, se concluye que la identidad étnica y cultural es un elemento esencial en la pervivencia como pueblos y en el intento de superación de vicios y vacíos que interfieren en el proceso de construcción de autonomía y que la correspondencia de los pueblos indígenas con las categorías económicas políticas y culturales de occidente, puede hacer parte de un proceso de “instrumentalización” en función de su autonomía o de apropiación en detrimento de ésta.
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PUEBLOS INDÍGENAS Y ESTADO, RELACIONES A PARTIR DEL EJERCICIO DE AUTONOMÍA EN LA CHORRERA AMAZONAS
LILIANA CHIPATECUA SARMIENTO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES MAESTRÍA EN ESTUDIOS POLÍTICOS
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PUEBLOS INDÍGENAS Y ESTADO, RELACIONES A PARTIR DEL EJERCICIO DE AUTONOMÍA EN LA CHORRERA AMAZONAS
LILIANA CHIPATECUA SARMIENTO
Monografía de grado para optar al título de Maestría en Estudios Políticos
Director
Jesús Alfonso Flórez López
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES MAESTRÍA EN ESTUDIOS POLÍTICOS
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Nota de aceptación ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
______________________________ Firma Director
______________________________ Firma Jurado
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AGRADECIMIENTOS
Gracias a:
David Remuy, Raúl Teteye, Audelino Siagama, Eliseo Zafiama, Cornelio Rottieroke, Edwin Teteye, Carlos Botyay, Martín Agga, Gil Farekatde, Norberto Farekatde, Wilder Sanda, José Emmanuel Kuetgaje y a todas las personas de
La Chorrera que generosamente colaboraron con este trabajo.
Jesús Alfonso Flórez López mi director
Luis Carlos Valencia profesor de la Maestría
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ... 15
1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ... 17
1.1 Planteamiento del problema ... 17
1.2 Objetivo ... 18
1.3 Objeto de Estudio ... 18
1.4 Método ... 19
1.5 Técnicas de Investigación y fuentes ... 21
2 Marco teórico ... 22
3 Antecedentes de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado .. 28
4 Construcción de autonomía: antecedentes y desafíos ... 35
4.1 Antecedentes ... 35
4.2 Desafíos ... 38
5 capitulo prmero. el pueblo de la chorrera, territorio, gobierno y ley de vida41 5.1 Cuatro pueblos una cultura ... 42
5.2 El territorio ... 45
5.2.1 La recuperación del territorio ... 48
5.3 Ley de Vida o Derecho Mayor ... 49
5.4 Gobierno Propio, entre lo propio y lo articulado. ... 50
6 capitulo SEGUNDO. LA AUTONOMÍA, FUNDAMENTOS y desafíos ... 53
6.1 Plan de vida ... 54
6.2 La “bonanza de los proyectos” ... 58
6.3 Gobierno propio y justicia ... 60
6.4 Control sobre el Territorio ... 66
7 CAPITULO TERCERO. Las relaciones con el Estado ... 68
7.1 Mecanismo de las relaciones con el Estado: La Asociación Zonal ... 68
7.2 Los espacios de interlocución ... 69
7.3 El proceso ... 70
8 conclusiones ... 74
9 Bibliografía ... 76
10 Anexos. ... 82
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INTRODUCCIÓN
Son elementos comunes al hacer referencia a los pueblos indígenas su condición de marginalidad y exclusión, el riesgo constante de extinción física y cultural, las condiciones precarias y desiguales en las que viven y la vulneración constante de sus derechos, a la par con esta lectura se hace mención a la normatividad nacional e internacional que los ampara, que en parte es resultado del largo proceso de los pueblos por ser reconocidos como sujetos de derecho.
Si bien la legislación colombiana es reconocida como una de las más
“avanzadas” de América Latina en cuanto a garantías de protección,
participación e inclusión de los pueblos indígenas, la distancia entre estas garantías y la realidad de los pueblos es innegable, así como también lo es que la nación pluriétnica y multicultural está en proceso de construcción.
La relación de los pueblos indígenas con el Estado y con la sociedad ha
transitado por varias fases, de exterminio, de “civilización”, de “integración”, de
negación de la diversidad étnica y cultural, hasta llegar a procesos de construcción de autonomía, como es evidente esas relaciones no están determinadas únicamente por el Estado, los pueblos indígenas no son un actor pasivo, sus condiciones particulares también inciden significativamente, su posición frente al Estado, el tipo de relación que demandan, su trayectoria como pueblos, entre otros.
Esta tesis es un intento por responder qué tipo de relaciones se generan entre el Estado y el pueblo indígena de La Chorrera a partir del ejercicio de autonomía, el interés por este pueblo asentado en la amazonia colombiana se relaciona con algunas de las particularidades de su historia: tierra y territorio testigos de la explotación cauchera y motivo de un proceso organizativo y de una larga lucha por su recuperación
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razón se hace referencia a las condiciones que según De Obieta (1993) debe tener un grupo humano para el goce de este derecho: ser considerado como pueblo, es decir tener los componentes de una etnia y conciencia étnica. En consecuencia, se señalan los rasgos culturales compartidos, el territorio, elemento fundamental para hablar de pueblo y cuya defensa guarda estrecha relación con su identidad, por cuanto su mito de origen tiene relación con éste, gobierno y derecho propio, cuya referencia se justifica porque junto con el territorio hacen parte de los fundamentos de la autonomía, que se define como
un “régimen que responde a la necesidad política de buscar formas de
integración política del Estado Nacional que estén basadas en la coordinación y
no en la subordinación de sus colectividades” (Díaz Polanco, 1991).
Posteriormente, se muestran los antecedentes de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas y algunos de los hechos que antecedieron el proceso de construcción de autonomía y los desafíos que este proceso enfrenta, esto es en la tercera y cuarta parte.
El primer capítulo trata de los elementos constitutivos de la identidad cultural, factor que resulta determinante en la pervivencia como pueblo y que se ha sobrepuesto a factores externos, entres estos las bonanzas caucho, de la coca y la de los proyectos, y a condiciones internas que se relacionan con la injerencia de los poderes políticos regionales y con la perdida de legitimidad de las formas tradicionales de gobierno.
El capítulo segundo hace referencia al ejercicio de autonomía, a partir de los elementos constitutivos de ésta, Ley de Vida, gobierno y justicia propios y control sobre el territorio, las amenazas que existen en torno a éstos, así como también a las estrategias para contrarrestar las debilidades y vacíos identificados.
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1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Planteamiento del problema
Los pueblos indígenas, marginados y excluidos a través de la historia,
considerados como “salvajes”, sujetos de políticas de exterminio, “modernización, e “integración”, han logrado a través de progresivas luchas un cambio en su relación con el Estado.
Con la Constitución de 1991 Colombia se define como un Estado pluriétnico y multicultural, se garantiza la defensa de la autonomía y de las formas propias de gobierno, (art 286, 287, 329 y 330), la protección de la diversidad étnica y cultural y la participación política de las minorías étnicas (art. 171 y 176: circunscripción especial para elegir dos senadores y una circunspección especial para la Cámara); Colombia además ratificó mediante la Ley 21 de 1991 el convenio 169 de la OIT que garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo (OIT, 2007. p 9).
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En el contexto colombiano se identifican factores que se interponen en la construcción de procesos de autonomía: la presencia de conflicto armado; el narcotráfico; el desconocimiento por parte del Estado de las normas legales relativas a las poblaciones indígenas cuando éstas suponen un obstáculo a otros intereses (Laurent 2005, p. 52); el debilitamiento de la institucionalidad publica designada para la atención de la población indígena; la despolitización del movimiento indígena en su estructura de base y en su dirigencia como resultado de su inserción en el escenario político electoral (Houghton, 2005, p. 41-42); la brecha entre dirigentes políticos, movimiento social y político y las comunidades, (Gros, 1991, p. 240) y el evidente fraccionamiento de las organizaciones; la falta de una propuesta unificada para resolver la demanda de sus pueblos desde las instancias políticas electorales (Ulloa 2010); y la inserción de los territorios indígenas en los mercados internacionales, (Houghton, 2005), entre otros.
Asumiendo que para fomentar procesos que permitan que los pueblos indígenas se consoliden como sujetos políticos con capacidad de decisión sobre sus asuntos internos, de participación, de negociación y de articulación con el Estado, y con posibilidades de inclusión en condiciones de igualdad, es oportuno estudiar las condiciones en las cuales se ejerce la autonomía indígena, con el ejercicio se pretende comprender ¿Qué tipo de relaciones se generan entre los pueblos indígenas y el Estado a partir del ejercicio de la autonomía?.
1.2 Objetivo
El objetivo de este estudio es comprender las relaciones que se generan entre la comunidad indígena de La Chorrera y el Estado a partir del ejercicio de la autonomía.
1.3 Objeto de Estudio
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del rio Igarana Paraná, afluente del rio Putumayo, es una de las zonas que conforman el resguardo Predio Putumayo que abarca territorios ubicados en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, creado en 1988 y entregado a las comunidades indígenas de la zona, luego de una larga lucha por su recuperación que inició en 1979.
Mapa 1. Resguardo Predio Putumayo
Fuente: AZICATCH, p. 22, 2012.
1.4 Método
Para comprender las relaciones que se generan entre la comunidad de La Chorrera y el Estado a partir del ejercicio de autonomía, se consideró pertinente la realización de entrevistas semi-estructuradas en profundidad (Anexo 1); observación participante y análisis crítico del discurso.
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ejercido algún tipo de liderazgo. Los entrevistados se seleccionaron teniendo en cuenta que tuvieran información relevante y disposición para la entrevista. Se tuvo en cuenta la posibilidad de entrevistar a otros miembros de la comunidad que no hicieran o hubiesen hecho parte del gobierno tradicional o del gobierno articulado o ejercido algún tipo de liderazgo, sin embargo no hubo receptividad por parte de estas personas.
La mayor parte de los entrevistados son hombres, si bien las posibilidades de
participación para las mujeres es la misma, como reza su Plan de Vida: “Tanto la mujer como el hombre nacieron juntos, por lo que ninguno es más que el
otro, mantienen con su opuesto una igualdad de poderes; juntos nacieron con
la Palabra. Cuando aparece el hombre aparece también la mujer y ella está
presente para que una obra, un propósito, una meta sean realidad: Ambos se
complementan, pues tienen el mismo nombre”, en el desarrollo del trabajo de campo se observó que la disparidad entre hombres y mujeres con respecto a su participación en espacios de gobierno propio, puede explicarse teniendo en cuenta que tradicionalmente la comunidad está supeditada social y ritualmente a la maloca, espacio en el que se discute, se analiza y se acuerdan los asuntos relevantes, bajo la guía del mambe y que la coca en estas comunidades es para uso exclusivo de los hombres.
Otras razones menos relevantes se refieren a que en espacios formales o informales de discusión de temas de organización social y política, predomina la participación de los hombres y que el ejercicio del rol de líder implica no recibir en la mayoría de los casos remuneración alguna y una importante inversión de tiempo, hecho que también puede influir para que la participación de las mujeres no sea más activa, pues esto implica una reconfiguración de roles en el hogar.
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respecto al tema de estudio. (Constitución Política de Colombia, Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas).
1.5 Técnicas de Investigación y fuentes
Las técnicas de investigación utilizadas son entrevistas semi-estructuradas en profundidad (Anexo 2); observación participante (desarrollo del trabajo de campo, visitas realizadas a la comunidad en septiembre de 2012, marzo y abril de 2013) y análisis crítico del discurso, y las fuentes, autoridades, líderes y miembros de la Asociación de la comunidad, miembros de la comunidad: Autoridad tradicional; gobernador indígena funcionarios de la Gobernación Oficina de Asuntos Étnicos y Administrativo corregimental. (Representante de la Gobernación en la comunidad), Plan de Vida, Plan de Desarrollo Departamental; memorias Mesas de Concertación: AATIS-Gobernación, normatividad vigente.
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2 MARCO TEÓRICO
La autonomía indígena se entiende de diferentes formas, se define como funcional al neoliberalismo y al Estado; como mecanismo de pervivencia; a partir de la relación de dependencia, inclusión, articulación o confrontación de los pueblos indígenas con los Estados; como una búsqueda de congruencia entre la pluralidad y la unidad de la integración política (Olguín, 1998, pg. 10) o resultado de ésta, (Díaz-Polanco, en Zapata, 2007, p. 73), entre otros.
Como mecanismo de pervivencia el derecho a la autonomía es definida como la insistencia por permanecer en el tiempo como pueblos indígenas con una cultura como garantía de vida; luchando por fortalecer el poder de decisión, por impulsar el desarrollo propio y por defender y mantener el equilibrio del territorio (ONIC, 2007. p 52).
La autonomía se define a partir de su relación de dependencia, inclusión, articulación o confrontación con el Estado como:
Luchas en gramática autonómica, de pueblos y organizaciones que despliegan estrategias para ganar mayores espacios de libertad, de control de territorio, cultural y de autogobierno, entre otros. (Burguete,
2010, p 65), o como parte de una estrategia política, “dentro del Estado”
en el que los gobiernos –mediante distintas estrategias de control–
pretenden revertir de facto este reconocimiento (Citado por Gonzales, 2010).
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olvidados fortalecen o recuperan su identidad a través de la reivindicación de su cultura, derechos y estructuras político-administrativas. Representa un fenómeno holístico en el que las dimensiones de economía, cultura, ideología y política tienden a integrarse y determinarse mutua y recíprocamente en lo que se denomina la integralidad del sujeto autonómico. (López y Rivas, 2010).
Mecanismo flexible a disposición del Estado y de las colectividades demandantes de derechos étnicos-culturales, lingüísticos y religiosos, que permite la preservación del orden legal y estatal, y al mismo tiempo es capaz de propiciar el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas. (González, 2008, citado por Ulloa); balance entre la garantía para la integridad territorial y política de los estados, y por otro lado, la libre determinación de los pueblos y fundamento para superar la construcción de la homogeneidad cultural (Kuppe, 2010).
Capacidad de los pueblos indígenas para ejercer autodeterminación y gobernabilidad en sus territorios a partir de las relaciones, negociaciones, confrontación y participación que tienen que establecer con el Estado y diversos actores locales, nacionales y trasnacionales en la búsqueda de reconocimiento e implementación de su autonomía política y territorial (Ulloa 2010).
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Teniendo en cuenta que los procesos de autonomía en función de sostener el orden establecido y propiciar el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas solamente en su territorio, limitan la construcción de estados pluriétnicos y multiculturales y se limitan a la creación de escenarios de resistencia de los pueblos frente a los estados, cuando no de integración y por tanto de negación de la identidad étnica y cultural, en el desarrollo de este ejercicio se sigue la siguiente definición:
El régimen de autonomía responde a la necesidad política de buscar formas de integración política del Estado Nacional que estén basadas en la coordinación y no en la subordinación de sus colectividades; se trata de un modelo de Estado que sea un marco jurídico-político, acordado y no meramente concedido, adecuado para resolver los conflictos derivados de "las condiciones de opresión, discriminación y desigualdad real que en la vida social latinoamericana caminan asociados con la heterogeneidad étnico-nacional" (Díaz Polanco, p. 9, 1991 en Palenzuela, 2012).
Entre los elementos de la autonomía a considerar se encuentran: el derecho a la autodeterminación, gobierno propio en el que la comunidad escoge autoridades que hagan parte de la colectividad y les otorga las facultades para conducir sus modos de vida a partir de su cosmovisión, reconocimiento y aplicación de sus sistemas de desarrollo de acuerdo a sus tradiciones, en un territorio delimitado, reconocido y protegido, así como el reconocimiento de estos derechos por parte del Estado, política y jurídicamente, (Ulloa, 2010; Díaz-Polanco, 1999, citado por Zapata, (2207) p. 71; López, 2004, p. 14, Alcantara, 2004, p. 47).
Según la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, “todos los pueblos tiene derecho a la libre determinación. En virtud
de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. (Art 3, diciembre, 20071)
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Para que un grupo humano goce del derecho de autodeterminación, debe ser calificado como pueblo, entendido este, según la definición propuesta por De Obieta (p. 35, 1985) como un grupo étnico que posee un territorio propio, tiene un carácter objetivo y uno subjetivo. El primero se refiere a la historia como factor aglutinante y formativo, al suelo como influencia en los modos de vida económico y social, a fronteras naturales que lo separa de otras colectividades afines, a la religión que crea costumbres, la raza que preserva rasgos, la lengua que hace posible la convivencia social y crea un modo propio de pensar y de ser; mientras que el carácter subjetivo de pueblo hace referencia a la voluntad de las personas que lo componen de pertenecer a éste.
Es decir que el grupo étnico además de los rasgos culturales compartidos, debe tener conciencia étnica, que se refiere a que los miembros del grupo, tengan en mayor o menor medida deseo de pertenencia al grupo, querer seguir siendo lo que son y han sido hasta el presente. (Rennan, 1957, citado por Flórez, 2007, p. 123)
Cualquier grupo humano que tenga características étnicas y psicológicas de pueblo y que esté asentado en un territorio propio gozara del derecho a la
autodeterminación entendido este derecho como la “decisión de un pueblo acerca de su futuro estatus político” (Flórez 2007, p. 126)
El derecho a la autodeterminación es un derecho humano colectivo porque todos los pueblos son esencialmente libres; y sociológica y éticamente son iguales, esta igualdad representa el fundamento en el que se basa la naturaleza jurídica del derecho de autodeterminación como derecho humano. (De Obieta, 1985, p. 85- 88).
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Derecho de Autodefinición según el cual la colectividad determina por sí misma quienes son las personas cualificadas para constituir el grupo.
Para ejercer estos derechos, es decir “para autoproclamarse existente y para
pertenecer al grupo se debe demostrar que se tienen los componentes de una
etnia y de conciencia étnica”. (Flórez, 2007, p. 125-126).
Derecho de auto delimitación de su territorio y control sobre éste; y
Derecho de Autodisposición que alude a la capacidad del pueblo para dirigirse a sí mismo, este derecho tiene una manifestación interna, que se refiere a la facultad de la colectividad para darse el régimen de gobierno que quiera el propio pueblo, determinar su régimen político, y una externa que es la facultad que tiene el pueblo para determinar por sí mismo su estatus político y su futuro colectivo en relación con otros grupos políticos, el poder debe desarrollarse compaginándolo , en la medida de lo posible, con los interés del estado al que el pueblo pertenece. (De Obieta, 1985, p. 64-77).
Una de las estrategias de resistencia de los pueblos indígenas ha sido la lucha por el reconocimiento legal de sus derechos, el haberlos reconocido como parte fundamental del Estado hizo necesaria la adopción del pluralismo normativo, existen tres órdenes normativos o sistemas de derecho vigentes en el país, que tienen como característica el ser diferentes y complementarios: (Vásquez, Jimeno, Correa, comp. 1998).
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El pluralismo jurídico consiste en una corriente doctrinal que insiste en el hecho de que a la pluralidad de los grupos sociales corresponden sistemas jurídicos múltiples ordenados conforme a relaciones de colaboración, coexistencia, competencia o negación (Rouland, Pierre-Caps, Poumadeére, 1999, p. 435) El objetivo de una política pluralista es preservar la identidad de los grupos
minoritarios, otorgándoles una gran libertad en la administración de sus
asuntos. (Capotorti), en el plano administrativo, el pluralismo habrá de tomar la forma del sistema de autonomía local que entonces sería preciso conciliar con el objetivo constitucional de la integración nacional. (Rouland y otros, 1999, p. 223).
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3 ANTECEDENTES DE LAS RELACIONES ENTRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ESTADO
Los estados americanos fueron construidos sobre la base de la exclusión de los indígenas, quienes eran considerados como un obstáculo para la modernización y como un peligro para la unidad nacional y la legitimidad, en Colombia, durante más de cinco siglos los indígenas fueron catalogados por el derecho estatal como incapaces o menores de edad. La mayoría de las leyes que regulaban las relaciones entre el Estado colombiano y las comunidades
indígenas se referían a éstas como “incipientes sociedades” o “salvajes en vías de civilización”. (Ariza, 2004, p. 10-11).
Los pueblos indígenas constituyen un sector drásticamente marginado del resto de la sociedad, han alcanzado concretar a base de iniciativa y esfuerzo, en el breve periodo de tres décadas, reformas tan substanciales y coherentes en lo que se refiere a su relación con el Estado y la sociedad nacional, que bien podría equiparárselas a un logro revolucionario. Este logro se traduce en el reconocimiento formal y la concreción práctica de sus derechos en varias áreas. (Roldan, 2000).
En la relación de los pueblos indígenas con los Estados Nacionales en América Latina, se identifican fases que son previas a la puesta en marcha de la construcción de procesos de autonomía por parte de los pueblos, atendiendo a Flórez López, (2007:501-505) esas fases son las siguientes:
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cuyo objetivo era evitar que los movimientos indígenas entren en contacto con los movimientos sociales.
En Colombia, la transformación en los modos de comunicación y relación de los pueblos indígenas con la sociedad nacional y el Estado, es resultado de las luchas progresivas de los indígenas dirigidas a obtener una respuesta a las demandas de justicia y al reconocimiento de sus derechos como pueblos
(Roldán, 2000), “esta relación siempre ha sido accidentada por la colisión de
intereses, entre un Estado que pretende construir una identidad nacional, integrando y en la mayor parte de los casos, negando la diversidad y unos
pueblos que se resisten a desaparecer”. (Flórez, 2007, p. 61)
Desde el siglo XVI, durante el periodo de la Colonia y de la insurrección independentista a lo largo de la República predomino el imaginario civilizador que consideraba a los pueblos indígenas identidades inferiores. (Castillo, 2005, p 184).
En el periodo colonial, se resaltan el resguardo, que representaba el derecho de las comunidades indígenas que habían entrado en acuerdo con los españoles, para que les fuera reconocido en propiedad comunal el espacio territorial que habían poseído tiempo atrás; y el cabildo indígena que ofreció a las comunidades titulares de resguardos la capacidad para darse su propio gobierno, manteniendo en parte sus tradiciones, costumbres y sistemas de control sociales ancestrales. (Roldan, 2000, p. 12).
A partir de la segunda mitad del siglo XIX prevalece en el pensamiento de las
elites políticas colombianas “la condición de inferioridad de los indios” (Castillo, 2005) “una visión racista de carácter evolucionista” (Flórez, 2007, p. 67),
imaginarios que se hacen presentes en las obras históricas, sociales y políticas de los intelectuales y ensayistas más sobresalientes de la época.
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el propósito que más se reiteraba en leyes y programas de gobierno era el de alcanzar la asimilación de los indígenas al modelo de vida de la mayoría de la sociedad nacional. Por esta razón los distintos gobiernos emprendieron una acción sistemática para liquidar el régimen comunal de los resguardos indígenas, dividir las tierras y crear población propietaria, hecho que llevo a una confrontación por la tierra entre los indígenas que defendían sus resguardos territoriales de origen colonial y el gobierno que veía en el régimen comunal un obstáculo al libre comercio de la tierra. (Ibídem, p. 42), además se emprendió la disolución de los cabildos y se otorgaron a las misiones católicas poderes en materia de educación y de gobierno, para cristianizar y castellanizar. (Roldan, 2000, p. 13).
Como resultado del despliegue de infinidad de formas de resistencia frente a los intentos de asimilación e integración, los gobiernos de este periodo llegaron a definir y a acoger legalmente un régimen de tolerancia temporal, frente a los resguardos y los cabildos. (Roldan, 2000, p. 15).
En los años setenta emergieron las modernas organizaciones indígenas y renació la recuperación de la tierra como la forma moderna de la resistencia indígena a la disolución étnica y cultural. (Castillo, 2005, p. 288). Las peticiones de las organizaciones indígenas en esta década que se expresaban en reclamos por la tierra y por la indianidad. (Houghton, 2007), estaban enmarcadas en la denuncia de la marginación política, económica y social, así como en el planteamiento de una redefinición de las esferas del poder. (Laurent, 2010, p. 38). La organización indígena se articulaba a un discurso popular-revolucionario, en términos teóricos y políticos la discusión consistía en hallar los modos de articulación con lo campesino.
En cuanto a las circunstancias favorables de la relación entre el Estado y la sociedad nacional con los pueblos indígenas deben señalarse:
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comunicación en el ámbito local, regional y nacional; el afianzamiento de las organizaciones de base (Roldán, 1996, p. 64- 65); la adopción, por algunos sectores políticos del país de posiciones de apertura a las reclamaciones del campesinado; la labor de investigación y divulgación que, sobre el sentido histórico de las luchas y el significado de las culturas indígenas, habían realizado los investigadores de ciencias sociales; y la reivindicación de los derechos al territorio y a poseer autoridades y gobierno propios (Castillo, 2005, p. 288).
Un factor constante en la relación de los pueblos indígenas con el Estado y la sociedad nacional, es la violencia: el montaje de haciendas ganaderas y agrícolas en la segunda mitad del siglo XIX, liquidando resguardos y expulsando indígenas; la explotación cauchera en las vertientes del Caquetá y el Putumayo, creando un mercado de esclavos indígenas y un genocidio universalmente condenado; las colonizaciones antioqueña del suroccidente, del Uraba, Caquetá, Putumayo y Oriente de Boyacá, cumplidas sobre territorios indígenas que, por fuerza tuvieron que replegarse a zonas inhóspitas o desaparecer (Roldán, 1996, p. 64).
En los 90 se hacen visibles exigencias que giran en torno a la lucha por la autonomía, el territorio y ampliación de la participación política (Peñaranda, 2002), estas reivindicaciones implicaron en todo el continente una clara diferenciación con los Estados nacionales y con el conjunto de sectores populares (Houghton, 2007).
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Otras razones que incidieron en la inclusión de las comunidades indígenas en la Constitución de 1991 se refieren a:
La organización, conciencia política e instrumentos legales de las comunidades indígenas (Roldan, 1996, p.7).
La adopción de instrumentos como los convenios internacionales de la OIT, determinaciones como la declaratoria del decenio internacional de las poblaciones indígenas en el mundo (Ibídem).
El bajo porcentaje de la población indígena que impidió que fuera percibida como un peligro para el sistema político (Peñarada. 2002).
La crisis generada por la violencia, la debilidad del Estado colombiano, y una opinión pública global cada vez más favorable a las demandas de las minorías étnicas (Castillo, 2005, p. 576).
La necesidad del Estado de contar con un interlocutor válido en las zonas en las que no mantenía control, (Laurent, 2005, p. 140), un actor étnico constituido y legitimado con quien negociar su propia intervención (Gros, 2000, p. 104).
A partir de la Constitución de 1991 se quiebra el proyecto de nación mestiza y se acepta el hecho sociológico de que la Nación está conformada por diferentes grupos con culturas distintas que merecen respeto y que el Estado tiene la obligación de proteger (Castillo, p. 472), se presenta “una verdadera
ruptura ideológica con la visión de la Nación y de la sociedad que desde la segunda mitad del siglo XIX habían impuesto unas elites políticas imbuidas del imaginario civilizador europeo” (Flórez, 2007).
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reconocido posteriormente por el derecho, las sociedades continúan estando moldeadas por nociones históricas sobre el significado y el valor degradado de los indígenas, el racismo y la subordinación siguen estando presentes. (Ariza, 2004, p. 48).
Una de las consecuencias de la apertura de los espacios de participación en el escenario político electoral que garantizó la Constitución, es la despolitización del movimiento indígena, en su estructura de base y en su dirigencia, debido al desplazamiento de gran parte del liderazgo tradicional del escenario organizativo y reivindicativo al campo de la disputa electoral y la representación popular, (Houghton, 2005, p. 41-42) y a la absorción del movimiento político por parte de los partidos tradicionales y por su forma de hacer política (Gros, 1991, p. 240).
El desplazamiento del liderazgo tradicional no solo se dio del escenario organizativo al electoral, sino en el interior de las comunidades, así los jóvenes cuyo grado de escolaridad les permitía representar a su comunidad ante el Estado o instituciones privadas se asumen a sí mismos como “Autoridad”,
hecho que genera un vacío de liderazgo y genera ausencia de controles e ineficacia de los mismos. (Flórez, 2007, p. 540-541)
Entre los limitantes del movimiento político indígena se alude al evidente fraccionamiento de las organizaciones, la diversidad de posiciones que impiden una propuesta unificada para resolver la demanda de sus pueblos desde las instancias políticas electorales y la falta de representatividad de los dirigentes políticos (Ulloa 2010).
Entre los factores que interfieren en el ejercicio de los derechos conquistados por los pueblos indígenas y consagrados en la Constitución, cabe mencionar:
La posición del Estado frente a los “asuntos indígenas”: se reconoce una especificidad territorial e identitaria a los “grupos étnicos” a la vez que se
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indígenas cuando ésta supone un obstáculo a otros intereses (Laurent 2005, p. 52).
Negligencia por parte de la institucionalidad estatal para poner término al despojo, para prevenir, esclarecer y castigar las acciones que favorecen intereses de terratenientes, traficantes de drogas y grupos armados ilegales, reticencia para otorgar el reconocimiento de entidades territoriales de carácter político administrativo a los territorios indígenas (Roldan, 1996, p. 66).
El modelo económico imperante que impone una noción de desarrollo ligada a los intereses de las corporaciones transnacionales, a la exploración transnacional de recursos naturales y de biodiversidad y a la reorganización del territorio a partir de la construcción de megaproyectos infraestructurales (Hernández, 2010, p. 183).
La invasión el territorio por parte de los grupos armados que reclutan jóvenes, y sustituyen autoridades; la instalación de laboratorios en territorios indígenas que implica en las comunidades quebrantos en los sistemas de autoridad, de control y de orden tradicionales dentro del grupo; abandono de las actividades típicamente productivas; conflictos internos entre familias; incremento de la criminalidad; problemas de salud derivados de la modificación de los sistemas alimentarios tradicionales; contaminación del suelo y de las aguas y arrasamiento de bosques, todos esto producto de la violencia política y efectos del narcotráfico, respectivamente. (Roldan, 2000, p. xvii).
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4 CONSTRUCCIÓN DE AUTONOMÍA: ANTECEDENTES Y DESAFÍOS
4.1 Antecedentes
En la demanda de autonomía del proyecto político planteado por los pueblos indios de Latinoamérica incidieron el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 y el proceso autonómico de la Costa Atlántica nicaragüense en 1987, (Burguete, 2010, p. 64), este mostró que las autonomías constituyen una alternativa viable para que los estados nacionales puedan remontar situaciones de conflicto, originadas por la composición pluriétnica de la población (López y
Rivas. 2004, p.18), este proceso junto con las “Cumbres Indígenas” o reuniones continentales, que iniciaron de manera sistemática con el “Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios” realizado en 1990 en Quito, Ecuador, y las movilizaciones, en torno al quinto centenario del “descubrimiento de América”, motivaron que el concepto contemporáneo de autonomía adquiriera un interés político en el ámbito del debate intelectual y académico, y en el desarrollo de los propios movimientos autogestionarios de los pueblos indios. (López y Rivas, 2004.)
El establecimiento de regímenes autonómicos en América Latina se relaciona con las crisis de legitimidad del Estado y con el éxito que tuvieron las organizaciones indígenas al plantear sus demandas en foros que eran parte de una negociación más amplia acerca del régimen político del país. Los casos exitosos se distinguen por la apertura a favor de los reclamantes de autonomía de canales de acceso al poder para la toma de decisiones; y por la emergencia de aliados influyentes a favor de dichos reclamos. (Van Cott, 2001 citado por Gonzales, 2010, p. 40).
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integracionista y la izquierda ortodoxa que interpretaba la autonomía como algo peligroso y reaccionario que se constituía en factor de división de los sectores populares y por ende se oponía a este derecho (Flórez, 2007, p. 521).
El reconocimiento de autonomía y otros derechos colectivos de los pueblos indígenas por parte de los Estados en Latinoamérica, se explica teniendo en cuenta varios factores, Gros argumenta que este reconocimiento se puede entender en el contexto de la globalización, de las políticas neoliberales y de una amplia adhesión de la población al imperativo democrático y a los derechos humanos y por tanto a una necesidad de democratizar los Estados llamados democráticos, este reconocimiento puede aparecer como una estrategia para entrar, controlar y modernizar la comunidad, (Gros 1997, Jackson 1991, Padilla, 1995, citado por Gros, 2000), se piensa como una política de gobierno indirecto en un marco de descentralización, en el que es posible trasladar a las comunidades responsabilidades hasta ahora supuestamente asumidas por el Estado. (Gros, 1991, p. 100).
Los procesos de autonomía y territorialidad de los pueblos indígenas son leídos desde diferentes perspectivas, como respuesta por parte de los estados a las crisis de gobernabilidad y legitimidad que éstos enfrentan como consecuencia de las reformas neoliberales (Assies, W. van der Harr, G. Hoekema, A, 2002) ( Gonzales 2010); como respuesta por parte de los estados a las demandas de inclusión y como efecto de la relevancia de la cuestión indígena a nivel internacional; a partir de contextos locales que permiten ver factores que inciden en la inclusión y mejoramiento de condiciones de las comunidades; a partir de condiciones que hacen sostenible el proceso y como aspectos fundamentales en la conformación de estados pluriétnicos, entre otros.
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los derechos humanos, defensa de la biodiversidad y preocupación ecológica. Para el actor indígena aparece como una retórica destinada a ocultar el eje de las políticas públicas: un neoliberalismo que significa para las comunidades menos Estado, más pobreza y exclusión, mayor saqueo de recursos naturales y deterioro de los servicios públicos (Gros 1991, p. 183. 2000).
Los procesos de descentralización y autonomía guardan relación con la inserción de los territorios indígenas en mercados internacionales, las empresas y organismos internacionales aprovechan la ausencia de mediación y de controles estatales para sobornar o endeudar a las comunidades. En este sentido la autonomía es un recurso del capital trasnacional y la manipulación de ésta hace viables negocios con los recursos naturales, burla la inalienabilidad de la propiedad y rompe procesos organizativos dirigidos a la construcción de un proyecto político integral de carácter regional y nacional (Houghton, 2005, p 45).
Visiones más optimistas consideran que aunque se argumente que el reconocimiento de los derechos indígenas es compatible con el modelo neoliberal, cada vez está más claro que este modelo tropieza con la resistencia de los movimientos indígenas que buscan una real redistribución del poder y de recursos (Hale, 2004, citado por Assies 2007, p. 241)
Contrario al neoindigenismo, se afirma que la autonomía apunta exclusivamente a satisfacer los intereses y aspiraciones de las comunidades, (Olguin, 1998) y que ha sido, y sigue siendo, una manera de adaptar la organización de un Estado a las particularidades de minorías étnicas o lingüísticas, a regiones con particularidades históricas o demográficas, (Kuppe, 2000), actúa como acicate para la protección y para la expansión de las responsabilidades colectivas de las minorías (Safran, W. Máiz, R. 2002).
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garantía de derechos en el marco del Estado y difícilmente pueden ser concebidas como antisistémicas (Houghton, 2005), la exigencia por el derecho a la autonomía propende por la inclusión y por condiciones para una mayor participación en las tomas de decisiones (Gros 2000).
La pretensión de los pueblos indígenas con el ejercicio de la participación consiste en asegurar el dominio y la estabilidad de ésta sobre el territorio, asegurar la protección del patrimonio cultural, autonomía para el manejo de asuntos internos y para definir modelos de desarrollo y estrategias de mejoramiento, y afirmar progresivamente el poder decisorio en el manejo de asuntos públicos (Roldan, 2000 p. 69).
4.2 Desafíos
Uno de los dilemas que enfrentan los regímenes autonómicos legalmente reconocidos por el Estado es que pueden contribuir a revigorizar la legitimidad del éste dado su potencial para mejorar la gobernabilidad democrática e inclusión de la diversidad multicultural, pero al mismo tiempo pueden limitar los procesos de empoderamiento de los sujetos de derechos de autodeterminación, dada su interacción con el multiculturalismo neoliberal. (Gonzales, 2010, p. 50).
El reconocimiento formal a la multietnicidad y al pulriculturalismo y las demandas indígenas en cuanto a autonomía, representan un desafío entre lograr un equilibrio entre la participación indígena en el Estado y sus instituciones y por otra el respeto por la autonomía de los pueblos; y un desafío a las nociones relacionadas con el monopolio del uso de la violencia y de la soberanía del Estado, respectivamente (Assies, W. van der Harr, G. Hoekema, A, 2002).
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de sus territorios de origen, el agotamiento en la voluntad política de los estados para responder a los reclamos de los movimientos indígenas, la fragilidad del movimiento indígena en algunas regiones de América Latina, el cuestionamiento a los liderazgos y la decepción de los pueblos con respecto a las políticas de reconocimiento, que no cumplieron la promesa de la nueva relación con el Estado (Burguete, 2010 p. 89).
En contextos como el colombiano los pueblos indígenas no pueden ejercer de manera plena su autonomía, generándose por un lado procesos de reconocimiento parcial e instrumental y por otro una gobernabilidad parcial y limitada, dándose una autonomía relacional indígena. El principal desafío es la carencia de debate en Colombia en torno a lo que significa la autonomía indígena en relación con el sistema político, de planeación, jurisdiccional, territorial y ambiental y su articulación con las actuales transformaciones estatales, el conflicto armado y los procesos de violencia que se libran en sus territorios (Ulloa 2010).
La autonomía de los resguardos en tanto forma de ejercicio de autodeterminación ha estado igualmente limitada por las políticas estatales de combate a la guerrilla, la llamada lucha contra el narcotráfico, y la violencia generalizada que amenaza la supervivencia de los pueblos, en estas circunstancias el régimen autonómico se desempeña bajo condiciones de excepción (Gonzales, 2010).
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5 CAPITULO PRMERO. EL PUEBLO DE LA CHORRERA, TERRITORIO, GOBIERNO Y LEY DE VIDA
Este capítulo trata de los elementos constitutivos de la cultura, del territorio cuya defensa guarda estrecha relación con su identidad, por cuanto su mito de origen tiene relación con ésta, de los fundamentos constitutivos de gobierno y de justicia que muestran el cómo conducir su modo de vida de acuerdo a su cosmovisión, es decir, se exponen los elementos que hacen evidente su condición de pueblo, así como el ejercicio del derecho de autodisposición y autoafirmación en cuanto resulta claro que existe capacidad de dirigirse a sí mismos y de autoproclamarse existes sin injerencias extrañas.
Esta aproximación a la cultura de los indígenas de La Chorrera, tiene como fuentes de información, El Plan de Vida y entrevistas, como se verá en adelante, la reivindicación de la identidad cultural es un elemento fundamental en su pervivencia como pueblo y en su relación con la sociedad y con el Estado.
Inicialmente los Planes de Vida se plantearon como respuesta a las demandas del Estado para su articulación con el Plan de Desarrollo Nacional, sin embargo se han convertido en un espacio político para plantear las propuestas indígenas de desarrollo, y como una estrategia de lucha legal que articula la defensa de su territorio, cultura y patrimonio natural, (Ulloa, 2010, p.163), se definen de manera general como la construcción de alternativas de desarrollo propio para las comunidades indígenas con el fin de fortalecer sus características socioculturales y mejorar sus condiciones de existencia y calidad de vida, manteniendo su integridad étnica (DNP, 2010, p.34).
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Plan son población, territorio, gobierno, derecho propio y el plan de la
abundancia” (AZICATCH, 2007p. 9)
Es el Plan de vida el camino para ser nosotros mismos, el Plan de
reconocernos hijos del Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce dispuestos a respetar sus leyes y preceptos, (…) el Plan de encontrar el orden y tejer desde el corazón nuestro pensamiento, el Plan para seguir siendo pueblos culturalmente
diferenciados, (…) el Plan de tener un gobierno propio. (Ibídem).
5.1 Cuatro pueblos una cultura
La Chorrera está habitada por uiototos, boras, ocainas y muinanes, comparten
el origen mitológico según el cual las tribus salieron del “hueco de la creación”,
ubicado cerca al río Igaraná Paraná, afluente del Putumayo y la identidad
cultural que tiene como fundamento ser “ser hijos” del Tabaco, la Coca y la
Yuca Dulce.
Según el mito, el tabaco es símbolo de lo divino y lo espiritual, la coca símbolo de lo humano y la yuca dulce es símbolo de la armonía entre lo espiritual y lo humano. Toda la sabiduría fue entregada al primer hombre con el tabaco y en
el “aire del tabaco” quedó toda la sabiduría del creador para sus hijos. Todo el
quehacer individual y colectivo de los uitotos, bocas, ocainas y muinanes, gira alrededor del poder de esa palabra, que debe estar bien monitoreada por los sabedores, cuya misión es transmitirla, mediante la tradición oral, a las nuevas generaciones en los mambeaderos de las malocas. (AZICATCH, 2007, p. 14). Su organización ha sido jerárquica, con clanes totémicos, subordinados social y ritualmente a las malocas, con autoridades tradicionales que son quienes tienen el poder espiritual, manejan la palabra de vida y son los orientadores de las otras formas de gobierno y autoridad: los cabildos y las Asociaciones. (AZICATCH, 2007, p. 26-27).
Se definen como comunidades “policlaniles”, “A partir de una serie de
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hacemos alianzas territoriales para mantenernos como hijos de un mismo tabaco, una misma coca y una misma yuca dulce, los que, de manera unida y armónica, nos denominamos “Gente de Centro”, denominación que está
pensada desde nuestro mito de origen: “Terminada la creación del mundo, el
Padre Creador se preguntó, ¿Dónde ubicaré esta criatura del tabaco, la coca y la yuca dulce? Y él mismo se respondió: voy a dejarlo en el centro de la tierra, para que cuide la vida y la naturaleza, como el estantillo que cuida la puerta de
la gran maloca que es el mundo”. (AZICATCH, 2007, p. 13)
Tradicionalmente cada clan tenía su vivienda central denominada maloca, capaz de albergar varias familias y alrededor de ésta a cada miembro reconocido como perteneciente al clan. Hoy sólo algunos jefes y ancianos herederos de alguna carrera ceremonial y ritual tienen maloca.
La maloca, es la expresión máxima del conocimiento, es el símbolo de la madre, la protectora de todas las criaturas en el uso y manejo de lo material y espiritual, su principal función espiritual es el cuidado de la palabra de vida, que enfría y endulza la palabra fuerte, a partir del espacio del mambeadero. Es el centro mitológico de la ritualidad y mediante las ceremonias establece un micro espacio itinerante que controla su entorno territorial.
Mambear se refiere al uso de la coca hecha mambe en la maloca con el fin de curar, pensar, decidir, mantener orden y armonía, entre los hombres y entre los hombres y la naturaleza:
El indígena tiene que saber la narración de la planta, cómo nació, en qué
momento vino, sus cualidades, tiene que saber cómo lo va a manejar, siempre
hemos dicho que la coca es palabra dulce, palabra de armonía, el mambe está
hecho para que usted cure, para que usted trabaje, usted le guarda respeto,
usted ya le da sentido. Es una planta vida y tiene espíritu, da fortaleza para la
inteligencia, no es sagrada, para trabajarlo tiene que saber la palabra, obra y
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Antes del genocidio de la cauchería, “el poder y el valor de la palabra de la
Coca y el Tabaco que manejan los jefes de los clanes permitían la convivencia pacífica; faltar a la palabra generaba guerras intestinas que marcaban la
época”.
Estos indios del Putumayo están no solo divididos en tribus, sino que dentro de cada tribu prevalecían conflictos más o menos constantes entre las varias familias o naciones en las que todas las grandes ramas se dividían. Por lo tanto, mientras que los huitotos tenían guerras hereditarias con los boras o los okainas o los andokes, las numerosas subdivisiones de los huitotos también estaban constantemente en guerra entre ellas. (IWGIA, 2012, p. 122).
Con la creación de orfanatorios, a partir de 1936 por parte de los padres Capuchinos provenientes de Cataluña, apoyados por la comunidad de las Lauritas, se promovió la convivencia y posteriores uniones entre miembros de diferentes pueblos, sin embargo, y aun cuando persisten este tipo de uniones, se hace mención a los conflictos entre pueblos de manera superficial, para no
“destapar el canasto”, es decir para no hablar de los guerras entre clanes.
Se consideran como fortalezas que la población sea predominantemente indígena, el territorio, el gobierno propio y la cultura, del Tabaco, la Coca y la Yuca dulce, razón por la cual una constante es la preocupación y el interés por conservar la tradición y resistirse al mestizaje al tiempo que se convive con la interculturalidad:
Los jefes de clan hablan con los jóvenes para seguir siendo indios pero con
desarrollo, de base tener la tradición que es la fuerza de nosotros: el tabaco, la
coca la yuca dulce. (Giagrekudo. H, 2013)
Las mujeres que salen de la comunidad y se embarazan de blancos, los hijos
ya no se guían solo por lo indígena, sino también por la cultura occidental.
Mientras el indígena está peleando por defender lo suyo, él está diciendo en el
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blanco hay mejores cosas, él ve el mundo diferente a como nosotros lo vemos. (Siagama. A, 2013)
5.2 El territorio
(… ) La Tierra es del Padre creador, quien la creó. Es nuestra madre porque de ella nacimos y de ella nos alimentamos; a ella le pedimos permiso para su uso, manejo, control y protección, (…) Nadie puede decir que la tierra es mía, no se puede vender, comprar ni regalar. Lo único que tiene dueño es el producto de
su trabajo, porque es para el alimento de su criatura. (AZICATCH, p. 16, 2007)
El territorio es ancestral, la tierra es fundamento del mito de origen, “es el espacio entregado por el Padre Creador a cada pueblo, tótem y clan, para que
lo protegiera, lo administrara y usufructuara, trabajándolo y multiplicándose de manera humanizada”. (AZICATCH, 2007, p. 18)
Alrededor del territorio giran hechos trascendentales en la historia de los pueblos indígenas que lo habitan: el genocidio de la caucheria y la larga lucha con el Estado para su recuperación. Ha transcurrido un siglo desde la
explotación a la que fueron sometidos durante la “bonanza” del caucho y
veinticinco años desde la recuperación del territorio luego de un largo proceso que implicó organización de los pueblos y de negociación con el Estado, hecho que se conmemora cada veintitrés de abril y que resulta en sumo grado significativo, pues el territorio es uno de los fundamentos de su existencia como pueblos.
La Chorrera3 o casa de piedra (según la interpretación de los uitotos), fue
reconocida como Corregimiento, según el Acuerdo 006 del 23 de agosto de
3 La Chorrera tiene los siguientes linderos generales y un área aproximada de un millón,
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1988 del Consejo Comisarial del Amazonas, con la Constitución de 1991 desapareció esta figura, y se expidió el Decreto 2274 del 4 de octubre de 1991, de carácter transitorio y excepcional según el cual para asegurar la debida organización y funcionamiento de los departamentos que anteriormente estaban constituidos como Intendencias y Comisarías se mantendrían los corregimientos como divisiones departamentales.
Si bien el artículo 286 de la C.P. dice que “Son entidades territoriales los
departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas” y el
Decreto 2274 admite la existencia de los corregimientos departamentales, como instrumento transitorio y excepcional para poner en marcha los nuevos departamentos, a la fecha La Chorrera no se ha constituido como Entidad Territorial Indígena.
La propuesta de municipalización de varios territorios que no se han constituido como tal, entre esos La Chorrera, contemplada en la Ley 1551 de 2012, “Por la
cual se dictan las normas para modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”, se considera nociva para el sostenimiento de la identidad cultural y la autonomía, porque implica la entrada al territorio de población no indígena en calidad de funcionarios, modificación de los mecanismos de orden y control social y pérdida de control sobre el territorio.
La Chorrera hace parte de una de las zonales del Resguardo Predio Putumayo, territorio inalienable, imprescriptible e inembargable según el artículo 63 de la C.P., el territorio del Predio fue zona de disputa entre los gobiernos de Perú y Colombia en la década de los 30 del siglo XX, recuperado por Colombia en 1939, luego de haber sido propiedad del comerciante peruano Julio César Arana a quien el gobierno de su país le había otorgado título de propiedad en 1921 y quien fundó la Colonia Indiana. La soberanía de esta parte de la de control y vigilancia de Arica, Quebradas Morelia y Totumo y río Igara-paraná al medio. SUR:
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amazonia en la que se encuentra el Predio, había sido reconocida en 1922 mediante el Tratado Salomón Lozano, ratificado en Colombia por medio de la Ley 55 de 1925. (AZICATCH, 2007, p. 18).
En esta zona funcionó La Casa Arana, empresa explotación cauchera que cambió su razón social por Peruvian Amazon Company, con sede en Londres y subsistió hasta finales de la década de los treinta del siglo XX, a pesar de las denuncias sobre el régimen de opresión y esclavitud al que fueron sometidos los indígenas durante los procesos de explotación cauchera. (Camacho, 2005). El auge del caucho en la amazonia responde a la búsqueda de regiones abastecedoras de recursos naturales, a raíz de la demanda del mercado internacional motivada por la revolución industrial y la consolidación del capitalismo, la crisis y pérdida de interés en este mercado fue causada porque éste comenzó a ser abastecido por la producción de los gomales cultivados en las colonias que Gran Bretaña tenía en el Sudeste asiático (IWGIA, 2012, p. 9). Para los pueblos indígenas amazónicos la explotación del caucho fue un proceso devastador por la manera como fueron, literalmente, cazados para obligarlos a trabajar en esta actividad, y torturados y asesinados cuando los capataces de los campamentos caucheros consideraban que no habían recogido suficiente cantidad del producto. En el trato deshumanizado contra los indígenas, incidieron la ausencia de Estado, la impunidad de la que gozaban los capataces, su sistema de ganancias que consistía en un porcentaje de las gomas recolectadas, el terror que los jefes caucheros sentían de los indígenas, a quienes consideraban crueles caníbales y el imaginario creado por los caucheros sobre los indígenas, a quienes consideraban salvajes y subhumanos, seres a los que había que civilizar con todo el rigor posible (IWGIA, 2012, p. 12).
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realizadas en este predio y en 1964 se firma la escritura pública que acredita a la Caja Agraria como propietaria de este territorio. (Ibídem).
Finalizando la década de los treinta del siglo XX, en ejercicio de soberanía por parte del Estado colombiano en este territorio, llegaron las misiones católicas y con éstas la instalación de orfanatorios y el innegable el proceso de aculturación al que la Iglesia sometió los indígenas. Así como en los relatos de algunos de los primeros habitantes existe aversión con respecto al papel desempeñado por la Iglesia, también es reconocido el acompañamiento que
sacerdotes católicos en la recuperación del territorio y la “labor pacificadora de
los misioneros” con respecto a los conflictos entre clanes.
5.2.1 La recuperación del territorio
Una vez enterados que el Resguardo Predio Putumayo figuraba como propiedad de la Caja Agraria, líderes indígenas inician un proceso organizativo que se sobrepone a la dificultad que implica convocar, reunir y organizar comunidades pertenecientes a diferentes etnias, dispersas en un territorio de aproximadamente 6.000.000 de hectáreas, donde las vías de comunicación son trochas y ríos que se recorren durante días.
Desde 1979 los pueblos indígenas de la zona, solicitan al gobierno la creación
de un resguardo, en 1986 se firma “el primer memorial de los indios a la Caja Agraria, reclamando sus tierras”, se organiza un Congreso en La Chorrera al
que asisten representantes de las demás zonales que conforman el Predio y se crea la Confederación Indígena del Alto Amazonas (COIDAN), figura organizativa, de congregación y gestión para la defensa del territorio, el proceso que concluye con la expedición de la Resolución 030 de 1988 mediante la cual se crea el Resguardo Predio Putumayo, reservándose la Caja Agraria un área de 802 hectáreas (Predio Casa Arana) (AZICATCH, 2007, p.19).
