Material Auto Instructivo. Curso el proceso contencioso administrativo

Texto completo

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Material Auto Instructivo

CURSO “EL PROCESO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO”

Elaborado por el

Dr. Percy Salas Ferro

Actualizado por el

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Academia de la Magistratura

Academia de la Magistratura

La Academia de la Magistratura es la institución oficial del Estado

peruano, que tiene como finalidad la formación de aspirantes a la

magistratura y el desarrollo de un sistema integral y continuo de

capacitación, actualización, certificación y acreditación de los

magistrados del Perú.

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Dr. Josue Pariona Pastrana

Presidente del Consejo Directivo

Dr. Sergio Ivan Noguera Ramos

Vice- Presidente del Consejo Directivo

Dr. Javier Arévalo Vela - Consejero

Dr. Ramiro Eduardo De Valdivia Cano- Consejero

Dr. Tomas Aladino Gálvez Villegas - Consejero

Dr. Pablo Gonzalo Chavarry Vallejos - Consejero

Dr. Richard Alexander Villavicencio Saldaña –Consejero

Dra. Cecilia Cedrón Delgado - Director General

Dr. Bruno Novoa Campos - Director Académico

Tratamiento Didáctico del material – Lic. Rocío Robles Valenzuela

El presente material del Curso “El Proceso Contencioso Administrativo”, ha

sido elaborado por el Dr. Percy Salas Ferro y actualizado por el Dr. Christian

Guzman Napuri para la Academia de la Magistratura en setiembre de 2016

.

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Academia de la Magistratura

SILABO

CURSO “EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”

I.

DATOS GENERALES

Programa Académico : Programa de Formación de

Aspirantes – PROFA.

Horas Lectivas : 74 horas

Número de Créditos Académicos : 03

Especialista que elaboró el material : Dr. Percy Salas Ferro

Especialista que actualizó el material : Dr. Christian Guzmán Napuri

II.

PRESENTACIÓN

El Curso tiene como objeto de estudio el proceso contencioso administrativo y las instituciones centrales que lo integran.

El significativo incremento de los conflictos entre los administrados y la administración pública, hace necesario el estudio y la difusión entre los magistrados y servidores del Poder Judicial.

En ese sentido, es propósito primordial del Curso dotar a los participantes de capacidades y competencias concretas en relación al Proceso Contencioso Administrativo, de manera que puedan resolver debida y oportunamente las controversias puestas a su consideración, gestionar eficazmente los procesos a su cargo y reducir significativamente la carga procesal que soportan los órganos jurisdiccionales que conocen esta materia.

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del proceso: vías procesales, Actuaciones y sentencia; y 4) Medios impugnatorios

III. COMPETENCIAS A ALCANZAR

Para este curso se ha formulado la siguiente competencia:

 Optimiza sus capacidades y competencias para resolver las

controversias puestas a su consideración.

 Actualiza sus conocimientos y el desarrollo de destrezas en el campo

del Derecho Administrativo desde una perspectiva novedosa e integral y con especial énfasis en los aspectos prácticos de la disciplina.

 Desarrollo de conocimientos teóricos, su correspondiente

profundización y análisis crítico y el avance sobre sus proyecciones prácticas.

Así debe acreditar las siguientes capacidades:

1. Resuelve adecuadamente y oportunamente las controversias que conoce.

2. Gestiona eficazmente los procesos a su cargo. 3. Brinda un adecuado y expeditivo servicio de justicia.

IV. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

UNIDAD I: LAS FUNCION ADMINISTRATIVA Y SUS PRINCIPIOS

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINAL

I. La función

Administrativa. Su definición.

II. Las actividades de

la Administración

Pública.

III. Los Principios de la Función

Administrativa.

IV. El Proceso

Contencioso Administrativo.

 Define la función

administrativa.

 Desarrolla los principios

de la Función Pública.

 Analiza el Proceso

Contencioso Administrativo.

 Actitud reflexiva

sobre la incidencia de la función administrativa en el proceso

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Academia de la Magistratura

Lecturas Obligatorias

 GUZMAN NAPURI, Christian. (2011). La instrucción del procedimiento

administrativo. En: Tratado de la Administración Pública y el Procedimiento Administrativo. Lima, Ediciones Caballero Bustamante.

DIEZ SANCHEZ, Juan José – “Comentarios en torno a la Ley del

Proceso Contencioso-Administrativo del Perú”. En: Revista de Administración Pública N.º 165. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2004.

UNIDAD II: LAS PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINAL

I. Conceptos Previos. II. La Declaración de

Nulidad Total o

parcial o Ineficacia

de los Actos

Necesarios para tales fines.

III. La Declaración de Contraria a Derecho y el Cese de una Actuación Material que no se sustente

en Acto

Administrativo.

IV. Se ordena a la Administración

Pública una

determinada

actuación a la que

se encuentre

obligada por ley o en virtual de acto administrativo firme. V. La Indemnización

por el daño

causado con

alguna actuación

 Conoce las

pretensiones que pueden plantearse en el Proceso Contencioso Administrativo.

 Define algunos

conceptos básicos del Proceso

Contencioso Administrativo.

 Entiende el

contenido de la institución.

 Desarrolla

sistemáticamente cada una de las pretensiones.

 Actitud analítica

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Academia de la Magistratura

impugnable y

conforme al art. 238 de la ley 27444 siempre y cuando

se plantee

acumulativamente a alguna de las pretensiones

anteriores.

Lecturas Obligatorias

 Ayala Muñoz, José María; Fernández-Daza Alvear; García Gómez de

Mercado Francisco; Gutiérrez Delgado, José Manuel Huesca Boadilla, Ricardo Irurzun Montoro, Fernando; Rivero González, Manuel; Sanz Gandasegui, Francisco; Tores, fErnandez, Juan José; vEga Labella, José Ignacio (2010). Las Pretensiones de las Partes. En Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 (4 ed.). Navarra: Aranzadi – Thomson Reuters. (pp. 455-491).

UNIDAD III: DESARROLLO DEL PROCESO: VÍAS PROCESALES,

ACTUACIONES Y SENTENCIA.

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINAL

I. Proceso Especial.

II. Proceso Urgente

 Desarrolla el

Proceso Especial y Proceso

Urgente.

 Conceptualiza

algunas precisiones.

 Analiza las

diversas

actuaciones del demandado.

Lecturas Obligatorias

 Priori Posada, Giovanni (2009). Cuestiones Procedimentales del

Proceso Contencioso Administrativo. En Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo (4 ed.) (pp. 188-211). Lima: ARA Editores.

 Morón Urbina, Juan Carlos (2011). Agotamiento de la Vía

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Academia de la Magistratura

UNIDAD IV: MEDIOS IMPUGNATORIOS.

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINAL

I. Los Recursos

II.Recurso de

Reposición.

III.Recurso de

Apelación.

IV.Recurso de

Casación.

V. Recurso de Queja.

 Estudio de los

recursos impugnatorios.  Presentación de algunas categorías básicas de la teoría

impugnatoria.

 Análisis Crítico de los

requisitos de admisibilidad y procedencia de los Medios Impugnatorios.

Lectura Obligatoria

 Gordillo Agustín. Los Recursos Administrativos – Tomo IV – Cap. III.

V. MEDIOS Y MATERIALES.

• Autoinstructivo preparado por el docente

• Lecturas recomendadas

• Casos Prácticos

VI. METODOLOGÍA Y SECUENCIA DE ESTUDIO.

La metodología del Curso “Precedentes Judiciales de la Corte Suprema de Justicia en Materia Penal" es activa y participativa, basada en el método del caso, aprendiendo desde lo vivencial, a través de una práctica concreta de los casos planteados por el docente, promoviendo la conformación de grupos de estudios, análisis de textos y la resolución de los cuestionarios respectivos, todo esto para alcanzar las competencias esperadas en el curso.

Para el desarrollo del presente curso los alumnos tendrán acceso al Aula Virtual de la Academia de la Magistratura, donde tendrán a su disposición todos los materiales utilizados, las diapositivas de las sesiones presenciales y

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Academia de la Magistratura

Se combina el aprendizaje a distancia con sesiones presenciales. Fase presencial: Interactiva; con las siguientes técnicas: exposición y preguntas, lluvia de ideas, análisis de casos, debates, argumentación oral. Fase no presencial: Lectura auto instructiva.

VII. SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO

Para el desarrollo de este curso, el discente cuenta con el acompañamiento del profesor especialista quien será el responsable de asesorarlo y orientarlo en los temas de estudio, a la vez que dinamizarán la construcción del aprendizaje. Así también, contarán con un coordinador quien estará en permanente contacto para atender los intereses, inquietudes y problemas sobre los diversos temas, así como para la orientación de las habilidades de estudio en la modalidad virtual.

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se ha diseñado un sistema de evaluación permanente, de manera que el alumno pueda ir reflexionando y cuestionando los diversos temas propuestos por el curso. El sistema de la evaluación será informado oportunamente por el coordinador del curso.

IX. BIBLIOGRAFÍA

 BELADIEZ ROJO, Margarita – “La vinculación de la Administración al

derecho”. En: Revista de Administración Pública, N.° 153. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2000.

 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo – “El Derecho a una decisión justa

como elemento esencial de un Proceso Justo”. En: Derecho & Sociedad, N.° 15. Lima: PUCP, 2000.

 CABALLERO SÁNCHEZ, Rafael – “La beschleunigung o aceleración del

procedimiento administrativo y del proceso contencioso administrativo”. En: Revista de Administración Pública, N.° 147. Madrid: Centros de Estudios Constitucionales, 1998.

 CASSESE, Sabino – “Crisis y transformaciones del Derecho Administrativo”.

En: Documentación Administrativa N.° 250-251. Madrid: Ministerio para la Administraciones Públicas. Instituto Nacional de Administración Pública, 1998.

 CERULLI IRELLI – Vincenzo – “La simplificación de la acción administrativa”.

En: Documentación Administrativa N.° 248-249. Madrid: Ministerio para la Administraciones Públicas. Instituto Nacional de Administración Pública, 1997.

 CIERCO SEIRA, César – “La simplificación de los procedimientos

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Academia de la Magistratura

 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge – “Comentarios a la nueva ley del

procedimiento administrativo general”. En: Comentarios a la ley del procedimiento administrativo general: Ley N.° 27444. Lima: ARA, 2001.

 DANOS ORDOÑEZ, Jorge – “La Participación ciudadana en el ejercicio de

funciones administrativas en el Perú”. En: Estudios en Homenaje a Don Jorge Fernández Ruiz. México: UNAM, 2005.

 ENTRENA CUESTA, Rafael – “Notas sobre el concepto y clases de Estado

de derecho”. En: Revista de Administración Pública N.° 33. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1960.

 GUZMAN NAPURI, Christian - “El debido proceso en sede administrativa en

la jurisprudencia y la doctrina peruana. ¿Hoy en día todavía puede discutirse la pertinencia del mismo?”. En: Ius et veritas, N.° 22. Lima: PUCP, 2001.

 GUZMAN NAPURI, Christian - “El Nuevo Régimen Jurídico de los Actos

Administrativos”. En: Revista jurídica del Perú, año 52, N.° 34. Trujillo: Normas Legales, 2002.

 GUZMAN NAPURÍ, Christian – “La carga de la prueba en el procedimiento

administrativo general”. En: Actualidad Administrativa, tomo 134. Lima: Gaceta Jurídica, 2005.

 GUZMAN NAPURI, Christian – “Los Administrados y sus derechos en el

procedimiento”. En: Revista Jurídica del Perú, Tomo 57. Trujillo: Normas legales, 2004.

 GUZMAN NAPURI, Christian – “Los Recursos Administrativos”. En: Normas

Legales, Tomo N.° 326. Trujillo: Normas legales, 2003.

 GUZMAN NAPURI, Christian – “La Responsabilidad Patrimonial de la

Administración Pública”. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N.° 27444. Lima: ARA, 2003.

 HUAPAYA TAPIA, Ramón – “El artículo “V” de la Ley del Procedimiento

Administrativo General o el Derecho Administrativo como ordenamiento jurídico”. En: Comentarios a la ley del procedimiento administrativo general. Ley N.° 27444. Lima: ARA, 2003.

 HUAPAYA TAPIA, Ramón – ¿Cuáles son los alcances del derecho al

debido procedimiento administrativo en la Ley del Procedimiento Administrativo General? En: Actualidad Jurídica Tomo 141. Lima: Gaceta Jurídica, 2005.

 INDACOCHEA PREVOST, Ursula – “Calle de las pizzas y ponderación

constitucional”. En: Revista de Derecho Administrativo N.º 5. Lima: CDA, 2008.

 JACKISH, Carlota - “Teoría de Distribución de Poderes”. En: División de

Poderes. Buenos Aires: CIEDLA, 1993.

 LUNA CERVANTES, Eduardo – “El derecho de petición”. En: GUTIERREZ,

Walter (dir.) – La Constitución Comentada. Lima: Gaceta Jurídica, 2005, T.I.

 MARAVI SUMAR, Milagros – “La simplificación administrativa: Un asunto

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Academia de la Magistratura

 MARTIN-RETORTILLO, Sebastián – “Presupuestos constitucionales de la

función administrativa en el derecho positivo”. En: Revista de Administración Pública N.° 26. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1958.

 MARTÍN TIRADO, Richard – “El Procedimiento Administrativo Trilateral y su

aplicación en la nueva Ley del Procedimiento Administrativo General”. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N.° 27444. Lima: ARA, 2003.

 MARTIN TIRADO, Richard – “El Régimen del Contrato Administrativo de

Servicios: nuevas soluciones para un viejo problema”. En: Revista de Derecho Administrativo N.º 7. Lima: CDA, 2009.

 MARTÍN TIRADO, Richard – “La responsabilidad de la administración

pública y del personal a su servicio”. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N.° 27444. Lima: ARA, 2005.

 MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián – “De la Simplificación de la

Administración Pública”. En: Revista de Administración Pública Nro. 147. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1998.

 MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián – “Presupuestos constitucionales

de la función administrativa en el derecho positivo”. En: Revista de Administración Pública N.° 26. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1958.

 MIR PUIGPELAT, Oriol – “El concepto de derecho administrativo desde una

perspectiva lingüística y constitucional”. En: Revista de Administración Pública, N.° 162. Madrid: Centros de Estudios Constitucionales, 2003.

 MORALES LUNA, Félix – “Principios jurídicos y sistemas normativos”. En: Foro

Jurídico N.° 1. Lima: Foro Académico, 2002.

 MUÑOZ MACHADO, Santiago – “Las concepciones del Derecho

administrativo y la idea de participación en la Administración”. En: Revista de Administración Pública N.° 84. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1977.

 OCHOA CARDICH, César - “Los Principios Generales del Procedimiento

Administrativo”. En: Comentarios a la ley del procedimiento administrativo general. Ley N.° 27444. Lima: ARA, 2003.

 PALOMAR OLMEDA, Alvaro – “Los Principios de la actividad administrativa

y las relaciones entre las Administraciones”. En: Documentación Administrativa N.° 254-255. Madrid: Ministerio para la Administraciones Públicas. Instituto Nacional de Administración Pública, 1999.

 TORNOS MAS, Joaquín - La Simplificación procedimental en el

ordenamiento español. En: Revista de Administración Pública Nro. 151. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2000.

 González Pérez, Jesús (1990). Manual de Derecho Procesal Administrativo

(tomo II). Madrid: Civitas Ediciones.

 Guasp Delgado, Jaime (1956). Derecho Procesal Civil. Madrid: Instituto de

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Academia de la Magistratura

 Hinostroza Minguez, Alberto (2003). Proceso Contencioso Administrativo.

Lima: Gaceta Jurídica.

 Huapaya Tapia, Ramón (2006). Tratado del Proceso Contencioso

Administrativo. Lima: Jurista Editores.

 Normas Legales (2009). Guía Práctica de Impugnación Judicial de

Acciones Administrativas. Lima: Gaceta Jurídica.

 Palacio, Lino (2005). Derecho Procesal Civil (tomo I) (2 ed.).Buenos Aires:

Lexis Nexis - Abeledo-Perrot.

 Perrino, Pablo (2007). La pretensión Procesal Administrativa como Objeto

del Proceso Contencioso Administrativo. En Juan Carlos Cassagne (Dir.), Tratado de Derecho Procesal Administrativo (tomo I) (pp. 409-436). Buenos Aires: La Ley.

 Congreso de la República (2001). Exposición de Motivos del Proyecto de

Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. Diario Oficial “El Peruano”, edición del 05/07/2001.

 Priori Posada, Giovanni (2009). Comentarios a la Ley del Proceso

Contencioso Administrativo (4 ed.). Lima: Ara Editores.

 Normas Legales (2009). Guía Práctica de Impugnación Judicial de

Acciones Administrativas. Lima: Gaceta Jurídica.

 Congreso de la República (2001). Exposición de Motivos del Proyecto de

Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. Diario Oficial “El Peruano”, edición del 05/07/2001.

 Spacatorel, Gustavo. Los recursos impugnatorios. En Juan Carlos

Cassagne (Dir.), Tratado de Derecho Procesal Administrativo, (tomo I). Buenos Aires: La Ley.

 González Pérez, Jesús (2001). Manual de Derecho Procesal Administrativo

(3 ed.). Madrid: Civitas Ediciones.

 Priori Posada, Giovanni (2009). Comentarios a la Ley del Proceso

Contencioso Administrativo (4 ed.). Lima: Ara Editores.

 Congreso de la República (2001). Exposición de Motivos del Proyecto de

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Academia de la Magistratura

PRESENTACIÓN

La Academia de la Magistratura es la institución oficial del Estado Peruano que tiene como finalidad desarrollar un sistema integral y continuo de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público.

La Academia de la Magistratura, a través de la Dirección Académica ejecuta el Curso “El Proceso Contencioso Administrativo” en el marco de actividades del Programa de Formación de Aspirantes- PROFA.

Para este fin, se ha previsto la elaboración del presente material, el mismo que ha sido elaborado por un especialista de la materia y sometido a un tratamiento didáctico desde un enfoque andragógico, a fin de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje del discente de una manera sencilla y práctica.

El presente material se encuentra estructurado en cuatro unidades con los siguientes ejes temáticos: La Función Administrativa y sus principios, Las Pretensiones en el Proceso Contencioso Administrativo, Desarrollo del Proceso: Vías Procesales, Actuaciones y Sentencia; y Medios Impugnatorios.

Asimismo, el discente tendrá acceso a un Aula Virtual, siendo el medio más importante que utilizará a lo largo del desarrollo del curso, a través de ella podrá acceder al material auto instructivo, lecturas y un dossier de casos que le permita aplicar los conocimientos adquiridos.

En ese sentido, se espera que concluido el presente Curso el discente esté en mejores condiciones para el eficaz desempeño de sus funciones, optimizando sus capacidades y competencias para resolver las controversias puestas a su consideración.

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INTRODUCCIÓN

La adecuada regulación del funcionamiento de la Administración Pública, así como de la tramitación del procedimiento administrativa es de una importancia medular para el derecho público en general y el derecho administrativo en particular. Ello porque la reglamentación de dichas materias debe asegurar la obtención de este delicado equilibrio que debe existir entre los intereses de los administrados y el llamado interés general, concepto este último que tiende a identificarse con los de interés público o bien común, y que consiste en aquello que beneficia favorablemente a la colectividad en su conjunto.

En este orden de ideas, la finalidad del ordenamiento del funcionamiento de la Administración Pública y del procedimiento administrativo es muy clara, puesto que se pretende establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva para la protección del interés general, buscando de ésta manera –al mismo tiempo– garantizar los derechos e intereses de los administrados, y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.

En consecuencia, el derecho administrativo se encuentra ante la desaparición de un paradigma, que es el de la preferencia del interés general sobre los intereses de los administrados, permitiendo que dichos intereses deban ser tutelados de manera simultánea por la Administración Pública; a través del sometimiento de la misma a los principios propios del Estado de Derecho.

Es evidente que la Administración Pública tiene como finalidad primordial la satisfacción del interés general, a través de los mecanismos que el ordenamiento jurídico le facilita. La función administrativa constituye, como veremos seguidamente, la plasmación de dicha búsqueda de tutela de los intereses de la colectividad, que es como se define al interés general; cuya definición no es obvia, sino que requiere de una construcción jurídica. Esta resulta ser la función más amplia que se utiliza en la esfera pública, que además no se restringe al Estado, sino que incluso puede ser ejercida por los particulares. Sin embargo, la función que venimos describiendo debe regularse adecuadamente, a fin de establecerse de manera acorde con el ordenamiento jurídico propio del Estado de Derecho. El Derecho Administrativo, como rama del Derecho Público Interno, está compuesto por normas jurídicas que regulan la actividad administrativa del Poder Ejecutivo, la actividad materialmente administrativa del Poder Judicial, del Poder Legislativo, los

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territorialmente –gobiernos locales y regionales– y los entes públicos no estatales. Siendo su tarea el arbitrar los cauces jurídicos necesarios para la defensa de los derechos colectivos, asegurando la realización de los intereses comunitarios, pero con respeto a los intereses y derechos de los particulares.

Además, el derecho administrativo, al regular el funcionamiento de la Administración Pública y el procedimiento administrativo, propende al bienestar general, puesto que permite que el administrado acceda con mayor facilidad – y por ende, a un menor costo– a la Administración Pública.

Ello a su vez permite reducir la informalidad, generando desarrollo económico y social, en especial en un país en el cual la ausencia de formalidad es muy alta, impidiendo la incorporación a la legalidad de un conjunto muy alto de personas, naturales y jurídicas.

Es por ello que la Ley de Procedimiento Administrativo General, así como sus normas conexas, consagra principios de aplicación inmediata, no sólo al procedimiento administrativo como tal, sino también a todo el Derecho Administrativo en general. Ejemplos pueden encontrarse a nivel del principio del debido procedimiento –tributario directo del derecho al debido proceso en sede administrativa– el principio de impulso de oficio, el principio de razonabilidad, el principio de imparcialidad, el principio de informalismo o el principio de presunción de veracidad.

Finalmente, la Administración debe adecuarse al denominado principio de legalidad. En el Estado de Derecho se ubica a la Administración como esencialmente ejecutiva, encontrando en la ley su fundamento y el límite de su acción. Es una Administración sometida al Derecho y, aunque está habilitada para dictar reglas generales, éstas están subordinadas a la ley. El principio de legalidad es el pivote del derecho administrativo –y del derecho público en general–, dado que sin el mismo toda la normativa administrativa, así como la doctrina sobre el particular, carecerían por completo de razón de ser.

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precisa importantes preceptos respecto a los procedimientos de revisión que realiza la Administración, operen estos a pedido de parte o de oficio.

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INDICE

Presentación………...

12

Introducción………

13

UNIDAD I: LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS PRINCIPIOS………….

19

Presentación de la Unidad ...………

20

Preguntas Guía……….

21

Introducción a la Unidad…..……….………..

22

I. La Función Administrativa. Su Definición………..

23

II. Las Actividades de la Administración Pública………..

29

III. Los Principios de la Función Administrativa………..

34

IV. El Proceso Contencioso Administrativo………

38

Resumen ……….……….

41

Autoevalución ………

42

Lecturas Propuestas……….

43

Caso Nº 1……….

44

Caso Nº 2………

47

UNIDAD II: LAS PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO………..………..

52

Presentación de la Unidad y Preguntas Guía………..

53

Introducción a la Unidad……..………..

54

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II. La Declaración de Nulidad total o parcial o Ineficacia de los Actos

Administrativos………..

57

III. El Reconocimiento o Restablecimiento del Derecho o Interés Jurídicamente tutelado y la Adopción de las Medidas o Actos Necesarios para tales fines………….……….

62

IV. La Declaración de Contraria a Derecho y el Cese de una Actuación Material que no se sustente en Acto Administrativo……….………...

65

V. Se ordena a la Administración Pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por ley o en virtual de acto administrativa firme………

68

VI. La Indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable y conforme al art. 238 de la ley 27444 siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones anteriores………

73

Resumen y Conclusiones.………..………

76

Autoevalución ……….………

78

Lecturas Propuestas………..……….

79

Caso Nº 1………..……….

80

Caso Nº 2……….…….……….

83

Caso Nº 3………..……….

84

UNIDAD III: DESARROLLO DEL PROCESO: VÍAS PROCESALES,

ACTUACIONES Y SENTENCIA…………..……….

87

Presentación de la Unidad y Preguntas Guía………..

88

Introducción a la Unidad………..………

89

I. Proceso Especial………

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Resumen y Conclusiones.………..………

104

Autoevalución ……….………

106

Lecturas Propuestas………..……….

107

Caso Nº 1………..……….

108

Caso Nº 2……….…….……….

110

Caso Nº 3………..……….

113

UNIDAD IV: MEDIOS IMPUGNATORIOS……….

115

Presentación de la Unidad y Preguntas Guía………... 116

Introducción a la Unidad………..……….…

117

I. Los Recursos……….

117

II. Recurso de Reposición………

120

III. Recurso de Apelación………

121

IV. Recurso de Casación………

126

V. Recurso de Queja………

134

Resumen y Conclusiones………

136

Autoevaluación………..

138

Lecturas Propuestas………

139

Caso Nº 1………..……….

140

Caso Nº 2……….…….……….

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UNIDAD I

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PRESENTACIÓN

En esta primera unidad estudiaremos la función administrativa y su incidencia sustantiva en el proceso contencioso administrativo, teniendo en cuenta que el proceso contencioso administrativo tiene por finalidad la impugnación de actuaciones administrativas, como veremos más adelante.

En la primera parte de la unidad nos ocuparemos del concepto en cuestión, así como sus características, como una de las funciones públicas existentes, pero que no necesariamente es ejercida por el Estado.

Seguidamente trataremos las diversas actividades de la Administración Pública, que son la limitadora, la prestacional, la de fomento, la normativa, la sancionadora y la prestacional, como manifestaciones de la función administrativa.

A continuación trataremos los principios de la función administrativa, los mismos que son de diversas aplicaciones para el empleado público y el juez, teniendo en cuenta la autonomía del derecho administrativo así como el concepto de interés general.

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PREGUNTAS GUIA

1. ¿Qué es la función administrativa y como se distingue de las demás funciones públicas?

2. ¿Cómo funcionan las actividades de la función administrativa?

3. ¿Cómo se aplican los principios de la función administrativa?

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INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD

Normalmente se considera que la función legislativa es la creación de normas generales de conducta que son imperativas para todos los habitantes; y que la función jurisdiccional es la decisión imperativa respecto a las contiendas generadas entre partes, determinando el derecho aplicable; pero no ha habido un concepto de función administrativa que pueda ser armonizado con los dos anteriores de manera definitiva en el contexto del Principio de Separación de Poderes. Inclusive, la función administrativa tiende a confundirse con la función gubernativa, la cual consiste en la dirección de la política general de gobierno, siendo ambas por completo distintas.

De hecho, hoy en día debemos considerar dejar de emplear el concepto de función ejecutiva como componente del principio que venimos analizando y reemplazarla por sus dos elementos tradicionales, que son eminentemente distintos entre sí, la función administrativa y la función gubernativa o política. Mientras que la primera, que vamos a definir más adelante, trasciende al Poder Ejecutivo e inclusive al Estado; la función gubernativa le corresponde únicamente al Poder Ejecutivo y particularmente, al Presidente de la Republica

en tanto Jefe de Gobierno1.

Por otro lado, todos los conceptos existentes de función administrativa son incompatibles en alguna medida con las nociones de función legislativa y de función jurisdiccional actualmente existentes; y si bien ello ha sido evidente, los nuevos intentos de definición que maneja la doctrina buscan en general dar un nuevo concepto de función administrativa, antes que modificar o precisar específicamente el de función legislativa o el de función jurisdiccional. Como veremos a continuación, no resulta adecuado definir la función administrativa respecto a aquello que no es, vale decir, función legislativa, función gubernativa (o política) o función judicial o jurisdiccional.

1 CONSTITUCIÓN DE 1993

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I. LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. SU DEFINICIÓN.

La doctrina hace referencia de manera reiterada a la distinción entre función administrativa y Administración Pública, definiendo esta última como compuesta por aquellas entidades que realizan función administrativa, al margen de su estructura. Y es que, como lo hemos señalado anteriormente, existen entidades que desarrollan funciones administrativas, que no forman propiamente parte del Estado.

Además del criterio negativo, que implica que administración es lo que implica ni legislación ni jurisdicción - el mismo que es eminentemente incompleto e incluso erróneo - existen criterios distintos de tipo positivo que han sido propuestos para diferenciar las funciones públicas: el criterio orgánico o estructural y el criterio material o sustancial, que fueron

empleados durante mucho tiempo en el derecho comparado2, pero que hoy

se encuentran en crisis como pasaremos a demostrarlo seguidamente.

En este orden de ideas es necesario señalar que la Ley de Procedimiento Administrativo General señala que la misma es de aplicación para todas las entidades de la administración pública. Sin embargo, no establece que debe entenderse propiamente por Administración Pública, sino que la define a través de las entidades que la conforman, empleando un criterio meramente orgánico, que incluye a diversas entidades del Estado, como el Congreso o el Poder Judicial, las cuales no poseen como función matriz a la administrativa, no obstante que la misma se desarrolla también al interior de dichas entidades.

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a. El punto de vista orgánico o estructural.

Desde este punto de vista podemos hacer la distinción respecto a la función pública ejercida según la actuación sea realizada por un ente jurisdiccional, administrativo, gubernativo o legislativo, y determinar si nos encontraríamos ante una función de tal o cual tipo. Este criterio es evidentemente insuficiente y, tomado literalmente, resulta ser erróneo, por cuanto en los órganos legislativos y jurisdiccionales también se realizan funciones administrativas, siendo posible incluso confundir funciones gubernativas con las administrativas, algunas veces ejercidas por los mismos funcionarios.

De hecho, los ministros son considerados funcionarios mixtos. Un ministro no

posee facultades solamente administrativas, sino también políticas3. De

hecho, el ministro es un funcionario administrativo en tanto encargado de un

sector de la Administración Pública4 dirigida por el Poder Ejecutivo, pero es a

la vez un funcionario político, pues toma decisiones de manejo estatal de manera colegiada con el Consejo de Ministros y conjuntamente con el Presidente de la República cuando refrenda sus actos. Ello genera responsabilidad política del ministro respecto de los actos presidenciales, puesto que sin el refrendo el acto es nulo. Así, la responsabilidad política del ministro es de particular importancia para hacer efectivos los mecanismos de control político directo por parte del Congreso.

b. El punto de vista material o sustancial

.

Desde el punto de vista material, es decir, ateniéndonos a la descripción externa de los actos mismos, serían actos legislativos los que establecen reglas de conducta humana en forma general e imperativa, a través de leyes; son actos jurisdiccionales los que deciden con fuerza de verdad legal una cuestión controvertida entre dos partes, determinando el derecho aplicable; y son actos propios de la función ejecutiva tradicional aquellos que constituyen manifestaciones concretas - por oposición a las manifestaciones abstractas, como lo son la legislación - de la decisión estatal. A su vez, la función ejecutiva estaría conformada por un componente gubernativo o político y por un componente administrativo, que son sustancialmente distintos entre sí.

3 RODRIGUEZ, Libardo – Derecho Administrativo. Santa Fe de Bogotá: Temis, 1995, p. 70.

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A primera vista, puede considerarse entonces que dicha función pública es propiamente función ejecutiva, pues resulta ser la materialización y puesta en

práctica, por parte del Estado, de la ley emitida por el Parlamento5. Ello, sin

embargo no es enteramente cierto puesto que existen entes que no pertenecen al denominado Poder Ejecutivo – o más propiamente, Gobierno -, y que pueden ejercer-, en mayor o menor medida-, función administrativa. Los casos más evidentes son los correspondientes a los entes constitucionales (que gozan de una intensa autonomía), así como las entidades descentralizadas territorialmente, como son los gobiernos locales o regionales.

Por otro lado, dentro del Poder Ejecutivo o Gobierno, existen también entes y órganos que desempeñan función gubernativa o política, que como lo hemos señalado de manera reiterada consiste en la dirección de la política general de gobierno y la subsistencia de las instituciones organizadas por la

Constitución6, lo cual no debe justificar que dichos actos gubernativos no

sean susceptibles de control, como veremos más adelante. Atenerse a este criterio meramente material que estamos describiendo implicaría afirmar que los tres poderes del Estado realizan las tres funciones matrices del mismo sin que exista un sistema de frenos y contrapesos (checks and balances), propios del principio de separación de poderes en su formulación actual.

c. Características diferenciales de la función administrativa, desde el

punto de vista funcional.

La función administrativa posee ciertas características diferenciales, que sin embargo permiten notar que la misma en realidad transita por los más diversos organismos estatales, e incluso a través de entes privados o no

5 RODRIGUEZ, Libardo – Op. cit., p. 12.

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estatales. En primer lugar, debe considerarse que si bien la función administrativa es ejercida por el Estado, puede ser realizada por los particulares a través de la delegación, autorización o concesión de la autoridad estatal, debiéndoseles aplicar el derecho administrativo en esos casos. Los casos que se presentan son múltiples e incluyen a las empresas que prestan servicios públicos – lo cual puede discutirse sobre la base de las

nuevas concepciones aplicables a los mismos – los colegios profesionales7 u

otros entes de naturaleza corporativa8.

Si bien la función gubernativa, la función jurisdiccional y la función legislativa son ejercidas por el Estado, las mismas no son delegables a entes no estatales. Como resultado, no es posible en primer término que los particulares puedan tomar decisiones de gobierno, no pudiendo dicha función delegarse u otorgarse en concesión a aquellos.

Asimismo, es imposible que el Poder Judicial delegue su función

jurisdiccional9, salvo el caso del arbitraje, que si bien constituye jurisdicción no

implica delegación por parte de los organismos jurisdiccionales sino más bien una decisión tomada por las partes para someter su controversia a dicha jurisdicción. Finalmente, la función legislativa solo puede delegarse en el Gobierno, a fin de que este pueda emitir decretos legislativos.

d. El ámbito de la función administrativa.

Además, debe entenderse que la función administrativa opera en el ámbito de las labores cotidianas de interés general. Es decir, dicha función implica el manejo de dichas labores en mérito a las facultades concedidas al ente que las realiza. Las decisiones de la Administración Pública se relacionan directamente con funciones de interés general que se deben realizar de

7 Constitución de 1993.

Artículo 20°.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.

8 Un caso interesante es el del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Lo que ocurre es que, conforme lo dispuesto por el artículo 12° de la Ley N.° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica, el COES es una entidad privada, sin fines de lucro, pero con personería de Derecho Público; y que se encuentra conformada por todos los Agentes del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Esta entidad emite actos administrados y se regula por normas provenientes del derecho administrativo, desempeñando en consecuencia función administrativa. 9 Constitución de 1993

Constitución de 1993: Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

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manera permanente, es decir, con un carácter concreto, inmediato y

continuo10 . Este permite distinguir la función administrativa de las actividades

de interés privado, que pueden encontrarse reguladas por la Administración Pública, pero que no forman parte de la función que la misma ejerce.

Por otro lado, la función administrativa tiene relación directa con los particulares en general, de tal manera que las actividades que desempeña la Administración Pública los afectan directamente. Ello no significa que toda decisión de la administración tenga por destinatario a particulares, puesto que en muchos casos los destinatarios pueden ser empleados públicos, a través de los llamados actos de administración interna.

En este orden de ideas, es necesario señalar que, en contraposición, la función legislativa se enfoca indirectamente en los particulares, pudiendo dirigirse también a la organización del Estado; la función gubernativa no se enfoca sino en la dirección del Estado en su conjunto; y la función jurisdiccional, si bien se enfoca en los particulares, pretende resolver conflictos o corregir una situación de incertidumbre jurídica y no es susceptible de revisión por parte de otro poder del Estado, a diferencia de lo que ocurre con la función administrativa, que precisamente es controlada por dicha función jurisdiccional, entre otros mecanismos de control.

e. El principio de legalidad.

Asimismo, la función administrativa se encuentra sometida al ordenamiento jurídico, y en especial, a la Ley, siendo esta última la que determina los alcances de lo que la Administración puede hacer, vale decir, su

competencia11. Así, el principio de legalidad se convierte en el más

importante del Derecho Administrativo, e implica que las autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que

fueron conferidas dichas facultades12. Sobre este principio vamos a tratar

con detalle en el siguiente capítulo del presente tratado.

10

CASSAGNE, Juan Carlos – Op. cit., p. 81.

11 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando – Tratado de Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad

Externado de Colombia, 2004, T I, p. 59. 12

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La Administración se sujeta, en especial, a la Ley, entendida como norma jurídica emitida por quienes representan a la sociedad en su conjunto, que es

el Parlamento, subordinándose al mismo13, caso contrario, la Administración

carecería de control jurídico real, pudiendo actuar de manera arbitraria. En segundo lugar, que la Administración Pública, a diferencia de los particulares, no goza de la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está

facultada en forma expresa14.

f. El control administrativo.

Además, la función administrativa se encuentra sometida a múltiples

mecanismos de control15, dentro de las cuales se encuentran por lo menos

dos organismos del Estado que desempeñan funciones matrices, el Parlamento y el Poder Judicial. El Parlamento controla la Administración Pública a través de diversos mecanismos de control político existentes y establece un férreo control previo a través del principio de legalidad.

A su vez, el Poder Judicial controla las decisiones administrativas a través de la posibilidad de revisión judicial de las actuaciones administrativas – vía el

proceso contencioso administrativo16 – y de la existencia de los diversos

procesos constitucionales, destacando la acción popular, destinada al control de los actos normativos de la Administración Pública, dado que se emplea para impugnar normas reglamentarias, que por definición poseen rango secundario.

Este mecanismo de control es medular en el Estado de Derecho, sin la cual no sería posible asegurar un comportamiento adecuado de la

Administración17. Ello no significa que el Poder Judicial no pueda controlar

actos políticos o gubernativos, no existiendo actuación estatal alguna que pueda ser resultado de una decisión arbitraria, como lo ha señalado en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional peruano.

13 COSCULLUELA MONTANER, Luis – Op. cit., p. 35.

14

CHOA CARDICH, César – “Los Principios Generales del Procedimiento Administrativo”. En: Comentarios a la ley del procedimiento administrativo general. Ley N.° 27444. Lima: ARA, 2003, p. 53.

15 Sobre el particular: SÁNCHEZ MORON, Miguel – El control de las Administraciones Públicas y sus

problemas. Madrid: Espasa-Calpe, 1991, p. 34 y ss. 16

Constitución de 1993:

Artículo 148°.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.

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Finalmente, no hay que desconocer la existencia de las demás modalidades de control de la Administración Pública. En primer lugar, el control administrativo propiamente dicho, ejercido por organismos administrativos como la Contraloría General de la República (al mando del Sistema Nacional de Control), la Defensoría del Pueblo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (el cual posee gran parte de las atribuciones del CONSUCODE a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.° 1017), entre otros.

En segundo lugar, es necesario hacer referencia al control social o ciudadano, ejercido por los particulares y que incluyen mecanismos de los más variados, como el acceso a la información pública, las rendiciones de cuentas o los presupuestos participativos, entre muchos otros.

II. LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

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a. Actividad de limitación de derechos.

En primer lugar, tenemos la llamada actividad de policía – o actividad de limitación de derechos -, que implica la facultad de la Administración de limitar derechos, sean fundamentales o no, a fin de obtener la adecuación del

comportamiento particular al interés general18, restringiendo la libertad o ciertos

derechos de los particulares, pero sin sustituir la actuación de los mismos19.

Ello si tomamos en cuenta que por la naturaleza de su función la Administración

está autorizada a limitar ciertos derechos o intereses de los particulares20. Es en

uso de la actividad limitadora que la Administración Pública puede otorgar autorizaciones, licencias y permisos a fin que los particulares desempeñen determinadas actividades. Pero la citada actividad no se restringe a ello, pues la misma puede implicar además el establecimiento de prohibiciones e incluso obligaciones de dar o hacer que afectan a los administrados.

¿Pueden limitarse todos los derechos?

Ahora bien, es por completo erróneo afirmar que no existen derechos absolutos,

puesto que se reconocen ciertos derechos que no admiten límite alguno,como

los derechos a la igualdad ante la ley21, a la libertad de conciencia, a la

nacionalidad, a mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, o el derecho a no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes, entre otros. En consecuencia, respecto a dichos derechos no solo la Administración Pública, sino también el Estado, carecen de capacidad para poderlos limitar.

Asimismo, existen derechos que no admiten determinadas modalidades de limitación, como ocurre por ejemplo con las libertades informativas, las mismas que no admiten limitación administrativa ni censura previa conforme lo señalado por el numeral 5 del artículo 2° de la norma constitucional. Otro tanto ocurre con la inviolabilidad de las comunicaciones, las cuales únicamente puede ser materia de intervención por mandato judicial. Estos derechos no son susceptibles de ser limitados por la Administración.

18

Ver: DROMI, José Roberto – Derecho administrativo. Buenos Aires: Ciudad argentina, 2000, p. 663 y ss.

19 PARADA VAZQUEZ, Ramón - Derecho Administrativo I. Parte General. Madrid: Marcial Pons, 2002,

pp. 380 y ss.

20 ESCOLA, Héctor Jorge – Compendio de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1984, p. 912.

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Parámetros para la actividad limitadora de la Administración.

Por otro lado, es preciso señalar que esta actividad se encuentra sometida a un conjunto de parámetros a fin de que la misma no sea realizada de manera arbitraria, afectando derechos fundamentales. El primero de ellos es que solo la ley faculta a la Administración para que la misma pueda limitar dichos

derechos22. En consecuencia, esta facultad no puede ser atribuida a través de

ninguna otra norma, así tenga rango de ley, con menor razón a través de una norma reglamentaria.

El segundo de ellos es que la limitación a los derechos fundamentales no puede

afectar al llamado contenido esencial23, que constituye el “núcleo duro” de los

derechos, aquello que distingue a cada una de ellos y le da su especial naturaleza. De hecho, los derechos absolutos se encuentran conformados únicamente por contenido esencial, razón por la cual cualquier limitación a los mismos resultaría ilegítima

Finalmente, la citada limitación debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a los cuales no referiremos de manera reiterada en este tratado. La razonabilidad implica que la finalidad perseguida por la limitación sea legítima en un Estado de Derecho; mientras que la proporcionalidad asegura que el medio empleado se adecúe a dicha finalidad. A su vez, la proporcionalidad se encuentra conformada por tres criterios, idoneidad, necesidad y ponderación.

b. Actividad prestacional.

La actividad prestacional de la Administración es la que está referida al manejo

de los servicios públicos24. De hecho, durante mucho tiempo, y como resultado

de la influencia de los autores franceses, la función administrativa se identificaba de manera plena con esta actividad, hasta que fue evidente que

dicha función iba mucho más allá de la mera prestación de servicios25. En

22 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón – Curso de Derecho

Administrativo. Madrid: Civitas, 2000, Tomo II, p. 112.

23 PAREJO ALFONSO, Luciano - “El Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales en la

Jurisprudencia Constitucional; a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 08 de abril de 1981”. En: Revista Española de Derecho Constitucional, N.° 3. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 170. HABERLE, Peter – La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional. Lima: PUCP, 1997, p. 116 y ss.

24 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando – Op. cit., p. 42.

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general, se entiende por servicio público aquel cuya prestación debe necesariamente ser asegurada por la Administración, por ser la misma de interés general.

Es decir, un servicio público es la prestación obligatoria, individualizada y concreta de bienes y servicios, para satisfacer necesidades primordiales de la

comunidad26. Ahora se entiende que el servicio público es un concepto

instrumental, que se produce a través de una ley (la llamada publicatio), que no debe afectar derechos fundamentales y además que debe ser el resultado de la necesidad de regular de manera intensa una actividad determinada.

La necesidad de la regulación intensa se entiende en una lógica de prestación del servicio público no solo por el Estado, sino además por los particulares. Es entonces que las empresas que prestan servicios públicos desempeñan función administrativa por mandato de la Ley N.° 27444, como ya lo hemos explicado ampliamente. Sin embargo, una vez que el concepto de titularidad del servicio público por parte del Estado sea superado, prestar un servicio público, en especial si el mismo se ha privatizado, dejará de ser una actividad propia de la Administración Pública.

c. Actividad de fomento.

La actividad de fomento consiste en la realización de determinadas acciones por parte de la Administración Pública a fin de promover o estimular la realización de ciertas actividades por parte de los particulares, las mismas que

son consideradas de interés general27. Dicha actividad de la Administración no

implica una imposición sino una ayuda para la realización de la actividad

económica en cuestión28.

La actividad de fomento es desempeñada a través de diversas modalidades de incentivos. En primer lugar, tenemos las subvenciones y los subsidios, los mismos que constituyen incentivos económicos, que se caracterizan por generar un beneficio económico directo a los particulares. La doctrina sin embargo establece limitaciones al establecimiento de incentivos económicos, en especial porque implica preferir determinadas actividades respecto de otras.

26 Para una definición de servicio público: ARIÑO, Gaspar; DE LA CUÉTARA, J.M.; MARTÍNEZ, J.L.-

El Nuevo Servicio Público. Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 67-69.

27 PARADA VAZQUEZ, Ramón – Op. cit., pp. 402 y ss.

28 Sobre el particular: ARIÑO ORTIZ, Gaspar – Principios de Derecho Público Económico. Granada:

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Además, son empleados los llamados incentivos jurídicos, como los convenios de estabilidad o la simplificación administrativa, que no generan un beneficio patrimonial directo. Finalmente, la actividad de fomento puede ser realizada a través del uso de los llamados incentivos honoríficos, que incluye el otorgamiento de condecoraciones y premios que no son susceptibles de valoración pecuniaria.

d. Actividad normativa.

La actividad normativa de la Administración consiste en la emisión de normas jurídicas de rango secundario, es decir, inferior al de la ley. Dentro de estas normas vamos a encontrar aquellas denominadas en forma genérica reglamentos, los mismos que en principio sirven para complementar o hacer operativas las leyes, y que incluyen también los llamados reglamentos autónomos, los mismos que no requieren de una ley a la cual reglamentar. Pero además dentro de las normas administrativas se incluyen los instrumentos de gestión y las directivas, las cuales vamos a tratar más adelante.

Es necesario señalar que esta actividad de la Administración Pública no implica una intromisión en la función legislativa otorgada originariamente al Parlamento, puesto que la actividad normativa de la Administración siempre va a implicar la emisión de normas de rango inferior a la ley y subordinadas a ésta. En consecuencia, es imposible que una norma emitida por la Administración pueda modificar o dejar en suspenso una ley. Los decretos legislativos y de urgencia son emitidos por el Gobierno, no por la Administración, gozando del rango de ley que les otorga la Constitución. A esta actividad nos vamos a referir con amplitud más adelante.

e. Actividad sancionadora.

La actividad sancionadora goza actualmente de especial singularidad, puesto que permite a la Administración sancionar a los particulares por la comisión de determinadas infracciones, las mismas que no poseen la calificación de delitos. Además, la actividad sancionadora de la Administración posee ciertos principios que tienen por finalidad proteger al particular de posibles actos

arbitrarios29, dada la naturaleza especialmente gravosa de dicha actividad.

29 MORON URBINA, Juan Carlos – Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General.

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Asimismo, esta actividad no implica impartir justicia, toda vez que la Administración no penaliza delitos, ni puede aplicar penas privativas de libertad; pudiendo su decisión ser revisada posteriormente por el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo. A esta actividad nos vamos a referir ampliamente al final del presente tratado.

f. Actividad cuasijurisdiccional.

Además, debemos considerar la actividad cuasijurisdiccional del estado, por la cual la Administración Pública se encarga de resolver controversias entre particulares o entre estos y otras entidades del Estado, a través del empleo del denominado procedimiento administrativo trilateral, cuyo resultado es susceptible de revisión por parte del Poder Judicial. Dicha actividad se ejerce a través de los llamados tribunales administrativos o de los entes colegiados encargados de componer conflictos - o resolver controversias - entre particulares o entre estos y el propio Estado.

Esta actividad ha generado cierta confusión para definir adecuadamente la función administrativa por su similitud con la función jurisdiccional. Esta confusión no tiene asidero, puesto que la función jurisdiccional corresponde a entes definidos de manera taxativa por la Constitución y que por definición no puede ser revisada de manera posterior, generando cosa juzgada. A ello debe agregarse que la función administrativa, aun cuando nos referimos a esta actividad, tiene un importante componente de tutela del interés general. También a esta actividad nos vamos a referir ampliamente al final del presente tratado.

III. LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

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a. Empleo de los principios generales.

En este orden de ideas, los principios generales servirán, en primer lugar, como un importante criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas establecidas en las normas

administrativas30. En general, los principios generales del derecho, así como

aquellos que corresponden a cada rama del mismo, sirven para interpretar las normas ahí donde la aplicación literal no es posible.

En segundo lugar, los principios administrativos antes señalados deben ser usados como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, en particular las que regulan procedimientos administrativos al interior de las entidades. Dado que la enumeración de principios no es taxativa, es necesario considerar que dichos principios deberán ser empleados incluso como parámetros para la elaboración de normas legales que regulen procedimientos administrativos, como ocurre por ejemplo en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores.

Finalmente, los principios antes señalados, como todos los principios del derecho, deben ser empleados para suplir los vacíos en el ordenamiento

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administrativo31, como herramientas para hacer efectivos mecanismos de

integración jurídica. Y esto cobra especial importancia en el contexto del derecho administrativo, puesto que en el mismo la analogía se encuentra particularmente limitada, al estar la actuación de las entidades públicas sometidas de manera estricta al principio de legalidad.

b. La autonomía del derecho administrativo y el interés general.

En este orden de ideas es necesario señalar que el ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que posee autonomía respecto de

otras ramas del Derecho32, incluso de las provenientes del derecho público. Este

principio genera varias consecuencias. La primera reside en el hecho de que el derecho administrativo posee principios propios que en la mayoría de los casos no resultan aplicables a otras ramas del derecho, en particular dado su carácter de derecho público. Por otro lado, el defecto o deficiencia de la ley debe ser cubierta inicialmente a través del empleo de los principios generales del derecho administrativo y únicamente si este mecanismo no resulta efectivo debe procederse al empleo de la supletoriedad o subsidiaridad, según corresponda.

Sin embargo, debe señalarse que gran parte del ordenamiento administrativo es tributario del ordenamiento constitucional, en particular en cuanto a la organización de las entidades administrativas. Asimismo, la autonomía opera sin perjuicio del carácter supletorio y/o subsidiario de ciertas disposiciones contenidas en normas legales correspondientes a otras ramas del Derecho, incluso las que corresponden al derecho privado, como podría ser el ordenamiento procesal.

Lo que ocurre es que el Derecho Administrativo opera sobre la base de la presunción de que la Administración Pública actúa conforme al interés general, vale decir, respecto a aquello que favorece a todas las personas que componen la sociedad en su conjunto. Como resultado, un paradigma común en el derecho administrativo tradicional fue considerar que el interés general estaba por encima de los intereses particulares, lo cual carecía de sustento constitucional, cuando más bien debe considerarse que los derechos

fundamentales son preferidos frente a bienes jurídicos que no son tales33.

31Sobre el particular: MORALES LUNA, Félix – “Principios jurídicos y sistemas normativos”. En: Foro

Jurídico N.° 1. Lima: Foro Académico, 2002, p. 153 -154. 32 Artículo V, inciso 1 del Título Preliminar de la Ley N.° 27444.

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Conceptos como necesidad pública, orden interno, seguridad nacional, utilidad pública o interés general, entre otros, solo pueden servir como justificación para limitar derechos fundamentales pero no para desplazarlos.

Ello se encuentra referido con meridiana claridad por el artículo III del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el mismo que preceptúa que la norma tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, pero garantizando a su vez los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.

Como si ello fuera poco, el artículo 1° de la Ley N.° 27584 prescribe que el proceso contencioso administrativo tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Todo lo antes señalado significa que el papel del derecho administrativo hoy en día debe centrarse en la obtención de un adecuado equilibrio entre los intereses de los administrados y el interés general, debiendo

ambos ser tutelados por la Administración Pública34.

c. Los principios establecidos en la ley de procedimiento administrativo

general.

En este orden de ideas, los principios establecidos en la Ley y que sustentan el Derecho Administrativo en general y el procedimiento administrativo en

particular, son los siguientes35:

- Principio de legalidad;

- Principio de debido proceso;

- Principio de impulso de oficio;

- Principio de razonabilidad;

- Principio de imparcialidad;

- Principio de informalismo;

- Principio de presunción de veracidad;

- Principio de conducta procedimental;

34

MORON URBINA, Juan Carlos – Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: desde una perspectiva lingüística y constitucional”. En: Revista de Administración Pública, N.° 153. Madrid: Centros de Estudios Constitucionales, 2003, p. 69 y ss.

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