tirant lo blanch
Manuel asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
raMón Cotarelo
Catedrático de Ciencia política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Mª teresa eChenique elizondo Catedrática de Lengua Española
Universitat de València Juan Manuel Fernández soria Catedrático de Teoría e Historia de la Educación
Universitat de València Pablo oñate rubalCaba Catedrático de Ciencia Política y de la Administración
Universitat de València Joan roMero Catedrático de Geografía Humana
Universitat de València Juan José taMayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
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Introducción a la política
RAMÓN COTARELO
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Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia
PABLO OÑATE RUBALCABA
Catedrático de Ciencia Política y
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© Ramón Cotarelo
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1) LA POLÍTICA COMO REALIDAD E IDEA
El término Política es polisémico y por ello mismo designa un con-cepto confuso. Etimológicamente es coincidente con lo social. La política es todo lo relativo a la Polis, esto es la ciudad-Estado grie-ga, la comunidad, la sociedad helénica. Por eso suele traducirse el zoon politikon de Aristóteles por “animal social” y no “animal político”. No obstante, por razón del uso, lo político ha acabado identificado con aquella parte de lo social en la que se dan las rela-ciones de poder y autoridad o de mando y obediencia.
El mundo de la polis está hecho a escala humana. La polis es-tá presente en todos los momentos de la vida de los ciudadanos y estos participan directamente en su administración y organiza-ción. Es más, participan porque son ciudadanos y son ciudada-nos porque participan. A su vera se encuentran los esclavos, los extranjeros y las mujeres, que no son ciudadanos. Este asunto es importante y ofrece un campo abonado a las consideraciones de ética política. De momento, dejamos constancia de que la polis está hecha a escala humana porque la vida de los seres humanos es política, aunque luego esa vida no sea vivida con igual dignidad por todos.
A partir precisamente de la Política de Aristóteles, el término adquiere un significado más preciso. En el corpus aristotélico la Política viene después de la Ética nicomaquea y, aunque existan muchas dudas sobre el correcto contenido de la Política e incluso sobre si se trata de una sola obra o de dos incluso de diferentes épocas, son los contenidos habituales de la obra los que han ve-nido constituyendo las preocupaciones de la política ya como el conocimiento de esa realidad: las formas de gobierno, la condición de ciudadano, la organización de la polis, etc.
A los efectos de nuestra exposición, la parte más importante de la Política es la doctrina sobre las formas de gobierno que, con muchas variantes a lo largo de los siglos, se mantiene hoy como el armazón de la ciencia política en el plano descriptivo. Las tres formas “puras”, monarquía, aristocracia y politeia y las tres co-rruptas, tiranía, oligarquía y democracia. Una interpretación ge-neralmente admitida entre los estudiosos sustituye politeia por democracia y en lugar de la democracia pone la demagogia. Se entiende que es una pura cuestión nominal, aunque tiene su inte-rés. Aristóteles proponía como forma pura la politeia porque era la que él conocía y se trataba de un régimen intermedio entre la aristocracia y la democracia, un sistema que puede equipararse al concepto de democracia limitada o democracia teorizada por Ma-dison en el siglo XVIII (Aristóteles, 2000).
En la politeia, que es la forma que él conoce porque es en la que vive, hay un orden político al que el estagirita dedica el primer libro de la obra. Describe este orden, diríamos como el orden natural de las cosas, no como una forma de gobierno entre otras sino como aquella que se impone por necesidad y es en la que vivimos y en donde nos educamos. La polis es una suma de familias patriarcales regidas por varones y compuestas por estos, sus mujeres, sus hijos y sus esclavos. Los cabezas de familia son reyes en ellas y la concepción del poder político será patriarcal. Esta concepción patriarcal influirá luego en la elaboración del Patriarcado como defensa del derecho divino de los reyes en la obra de Robert Filmer en el siglo XVII.
No obstante, esta consideración de la Política como modelo no puede ignorar que es una propuesta típicamente aristotélica pues consiste en la descripción de una realidad. La doctrina de las for-mas de gobierno tiene un fuerte elemento empírico. El análisis de las teorías platónicas al respecto y las de otros filósofos menores y la descripción de las constituciones existentes en Esparta, Creta y Cartago sirven al estagirita para formular la mencionada doctrina de las formas de gobierno y la hipótesis de su carácter cíclico.
Se dice que la Filosofía no es sino una sucesión de glosas de los diálogos platónicos. Igualmente puede decirse que la ciencia política, ciencia práctica, es una sucesión de glosas a las obras de Aristóteles.
2) LA DOCTRINA DE LAS FORMAS DE GOBIERNO
La pregunta por la mejor forma de gobierno corre como un hilo de oro por la historia del pensamiento político. Hace una larga escala en Roma, de donde nos llega la teoría de la forma mixta de gobierno, del historiador griego Polibio, rehén en la Roma republicana. Polibio ensalzaba el régimen romano al verlo como una mezcla de las tres formas clásicas: la monárquica (los cónsu-les), la aristocrática (el Senado) y la democrática (los comicios) (Polibio, 1981).
Durante la Edad Media, la doctrina de las formas de gobierno aparece mediada por un elemento teocrático procedente del pre-dominio cristiano. El cesaropapismo es la forma de gobierno del cristianismo oriental y el occidental y, aunque tienen raíz común, conocen desarrollos distintos. Frente a la concepción oriental de un solo poder unificado, la occidental reconoce pronto la separa-ción de poderes, el temporal y el espiritual a través de la doctrina de las dos Espadas, del Papa Gelasio. En su juicio el poder espi-ritual prevalecía sobre el temporal. Pero ello no obsta para que se reconozcan dos. En lo sucesivo, el cesaropapismo del Imperio carolingio y del Sacro Imperio Romano Germánico será una larga historia de enfrentamientos y luchas por asegurar el predominio del Emperador o del Papa, alternativamente, uno de cuyos mo-mentos culminantes es la guerra de las investiduras. Y no es extra-ño que los teóricos y hasta los poetas (como Dante) tomen partido en la controversia en favor de la supremacía de uno de los dos poderes sobre el otro.
La Edad Media desemboca en las guerras de religión durante las cuales, por razón de la multiplicidad de conflictos que en ellas se ventilaron (tiranía, resistencia, libertad de cultos, tolerancia) hu-bo un renacimiento de la teoría política con replanteamiento de las formas de gobierno. El debate se hacía en presencia de una idea nueva, el contrato social, que sería determinante en la historia pos-terior de las ideas políticas. Sobre la base del contrato social podía justificarse la monarquía absoluta, como hace Hobbes, aunque lo más frecuente es que la monarquía absoluta derivara su
justifica-ción teórica de la doctrina del pater familias romano que, a su vez, procede de la familia patriarcal de Aristóteles.
Lo peculiar de Hobbes, ciertamente, es justificar la monarquía absoluta como consecuencia del contrato social (Hobbes, 1996). Este ha solido emplearse más para legitimar regímenes representa-tivos, como en el caso de Locke (Locke, 1997) o, incluso, democrá-ticos, como en el de Rousseau.
La idea del contrato social llevó al desarrollo de la concepción del Estado de derecho. La sociedad era el producto del contrato social y todos los contratos han de estar amparados en un ordena-miento jurídico que garantice su cumpliordena-miento. La función del Es-tado es básicamente encauzar y proteger las relaciones de la socie-dad civil a través de la ley como la máxima garantía de la libertad. Por ello el Estado de derecho se caracteriza por someterse a la ley que él mismo crea. Surge así la teoría liberal o liberalismo político, que es uno de los más vigorosos troncos del pensamiento hasta nuestros días, en busca también de la mejor forma de gobierno.
El liberalismo identifica dicha mejor forma de gobierno con el Estado de derecho en su forma mínima. Esto es, la idea de que el Estado debe reducir su intervención en la sociedad civil a las fun-ciones de orden público, garantía del cumplimiento de los contra-tos y defensa exterior. De todas estas cuestiones se tratará con más detenimiento en los capítulos posteriores.
El Estado de derecho, en cuanto forma política concentrada en el imperio de la ley no predetermina cómo se produce esta. En principio, si la monarquía absoluta puede justificarse a través del contrato social, también es pensable un intento de cohones-tarla con alguna forma de Estado de derecho. No puede olvidarse que ningún teórico del absolutismo o del derecho divino de los reyes (última fórmula secularizada del cesaropapismo medieval) lo identificaba con la arbitrariedad o el despotismo. Al contrario, el monarca absoluto, por ejemplo en Bodino, está limitado por las antiguas leyes del reino, el derecho natural y la ley divina. El poder es absoluto, pero hasta el poder absoluto tiene límites (Bodino, 2006).
En la evolución de la historia, el Estado de derecho hubo de re-presentar la supremacía de la ley pero tal como se formulaba en los
órganos representativos. La ley no era ya la voluntad del Rey, ni siquiera la del Rey en Parlamento (como defendía el llamado libe-ralismo doctrinario o teoría de la doble soberanía) sino que acabó siendo exclusivamente la manifestación de la voluntad parlamen-taria. A su vez esta, la manifestación de la voluntad del Parlamento era la de una pluralidad de ciudadanos a través del derecho de su-fragio, que empezó siendo censitario y como tal caracterizó el ré-gimen representativo liberal del siglo XIX. Las grandes teorías del Estado de derecho en la iuspublicística alemana (Gierke, 2002) y francesa (Duguit, 1921) con elementos de la inglesa (Dicey, 1982) se elaboraron a lo largo de los años en que el sufragio fue amplián-dose paulatinamente.
Finalmente, la irrupción del sufragio universal en el siglo XX obligó a adaptar la doctrina del Estado de derecho a una situa-ción en que este es el producto de la voluntad de la nasitua-ción, pero a su vez la nación es coincidente con el pueblo, con el conjunto de los ciudadanos. Todos los ciudadanos son titulares de derechos. Al respecto debe hacerse notar una salvedad. Durante muchos años ha venido llamándose “sufragio universal” una situación en la que el derecho de voto correspondía únicamente a los varones. El su-fragio solo fue verdaderamente universal cuando se incorporaron a él las mujeres, bastantes años después y no en todos los países al mismo tiempo.
La negación del sufragio femenino es un asunto que trae causa de una condición legal subalterna de las mujeres en todos los ór-denes que no estaban emancipadas sino sometidas a permanente tutela con menos derechos que los varones. Sin embargo, esta si-tuación no se reputaba contradictoria con el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, como fundamental del Estado de derecho. Hoy, cuando se plantea la conveniencia de una discrimi-nación positiva, suele argumentarse en contra que atenta contra el principio de igualdad ante la ley, constitutivo del Estado de dere-cho. Pero no se recuerda que, cuando se daba la situación inversa, esto es, discriminación negativa, no parecía tener tan perniciosos efectos.
La mezcla del Estado de derecho con la democracia de sufragio universal dio una primera oleada de teorías política elitistas. En
el sistema político las decisiones no pueden ser tomadas por las masas sino que, de un modo u otro (según los pareceres de los distintos teóricos de las elites, Pareto, 1917; Mosca, 1984; Orte-ga, 1987) lo serán por las minorías. Esta visión elitista acabaría fundida con la realidad democrática a través de la teoría elitista de la democracia de Schumpeter, como se verá en el capítulo III. A mediados del siglo XX, la teoría se fragmentaría después en otras concepciones llamadas de la democracia pluralista (Lipset, 1966) y la poliarquía (Dahl, 2002).
A lo largo de la evolución de las formas democráticas se alzó una forma alternativa y opuesta de gobierno que, aun definiéndo-se como auténticamente democrática, definiéndo-se denominaba a sí misma dictadura del proletariado y se acompasaba con un cambio funda-mental en las relaciones de producción. Durante buena parte del siglo XX, las formas de gobierno estuvieron divididas en dos cam-pos enfrentados: el capitalismo y el socialismo o el liberalismo y el marxismo. Las instituciones solo eran formalmente comparables por cuanto respondían a formas de organización social radical-mente distintas. Presentaban asimismo el inconveniente de utilizar términos análogos, como gobierno, parlamento, partido, eleccio-nes, pero con alcance y significados muy distintos.
El capitalismo liberal profesaba el principio del libre mercado con muy diversas excepciones tanto por los llamados fallos del mercado (formación de monopolios, por ejemplo) como por la de-liberada intervención pública en la forma de la economía social de mercado. Pero el principio general era el de la libertad de las relaciones mercantiles. Los países socialistas, en cambio, habían suprimido el mercado y organizaban la producción por un sistema de planificación centralizada que, a su vez, también fue objeto de numerosas reformas a lo largo del tiempo. Estas no pudieron im-pedir, sin embargo, el hundimiento del modelo.
La desaparición de los sistemas socialistas dejó la escena inter-nacional bajo predominio del modelo del capitalismo liberal. De hecho, el teórico norteamericano de origen japonés, Francis Fuku-yama, se hizo célebre por escribir un ensayo y acuñar la fórmula que mejor se creía caracterizaba la situación: vencido el comunis-mo, triunfante el capitalismo liberal como única forma de
organi-zación política y económica, se había llegado al fin de la historia (Fukuyama, 1996).
La propuesta parece evidente: la mejor forma de gobierno es la democracia liberal, por acuerdo mayoritario en el planeta en el que, sin embargo, no faltan excepciones tanto en el ámbito musul-mán como en el de los antiguos países comunistas asiáticos, cuyos sistemas políticos plantean grandes problemas a los especialistas. No obstante, siendo la sociedad humana intrínsecamente conflicti-va, no faltan tendencias, opciones, ideologías, que argumentan en contra de este criterio de general aceptación y tratan de sustituirlo por otros. Es tarea precisamente de la ciencia política dar asimis-mo cuenta de las propuestas alternativas.
3) EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA
POLÍTICA. CUESTIONES METODOLÓGICAS
Mejor o peor determinado el objeto de la política, corresponde averiguar qué método sea el más adecuado para aprehenderlo, pa-ra entenderlo, explicarlo y, en la medida de lo posible, predecirlo. Innecesario señalar que, por la naturaleza peculiar del objeto, el método está prácticamente predeterminado no en el ámbito de las ciencias naturales y/o experimentales, sino en el de las llamadas culturales o del espíritu o, más modernamente, sociales.
Efectivamente, el objeto de la ciencia política, el poder, las for-mas de gobierno, las relaciones de mando y obediencia, son rela-ciones entre seres humanos y los seres humanos están dotados de libertad, de libre albedrío, no están sometidos a la necesidad (aun-que, por supuesto, esta sumisión también se da) y, por lo tanto, son impredecibles.
El objeto de la ciencia política, por lo demás, como el de to-das las ciencias sociales, desde el derecho hasta la psicología, pa-sando por la economía o la historia, tiene una peculiaridad que condiciona absolutamente la cuestión del método y es la coinci-dencia de naturaleza entre él mismo como objeto y el sujeto que
lo estudia. Al estudiar y explicar el comportamiento político, el politólogo lo hace en una identidad substancial con su objeto, lo cual tiene indudables consecuencias en el terreno epistemológico entre otros.
Piénsese en un factor que es esencial en el comportamiento polí-tico y supone uno de los mayores problemas en las teorías contem-poráneas sobre comunicación política, esto es, en la acción política el ser humano puede engañar. En las demás también, pero eso aquí es indiferente. Y no solo puede engañar sino que puede engañarse a sí mismo. Posibilidades que seguramente el politólogo conoce por experiencia propia.
Las escuelas filosóficas postkantianas propusieron una clasifi-cación de las ciencias que atendiera a las diferencias esenciales en el objeto. Así, Windelband distinguía entre ciencias nomotéticas y ciencias idiográficas, esto es, ciencias que proceden a la explicación y predicción mediante el enunciado de leyes de validez universal y ciencias que, como la historia, la ciencia idiográfica por anto-nomasia, han de habérselas con fenómenos únicos e irrepetibles (Windelband, 1907). De igual modo, su colega Rickert dividía las ciencias en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Las pri-meras son de carácter experimental, las segundas, no, y en ellas no se procede tanto mediante explicación como mediante compren-sión (Rickert, 1995).
El método de la “comprensión” o método Verstehen (compren-der) está en la base de la metodología hermenéutica que primero Schleiermacher (1984) y después Dilthey (1981) tomaron de los estudios de exégesis bíblicas en su tiempo y extendieron a todas las demás facetas de la vida humana y de la historia. La hermenéutica que aparece hoy en la base de la fenomenología y de los enfoques más productivos de las teorías de la construcción social de la rea-lidad es también un enfoque de la ciencia política. Se manifiesta en concepciones de tipo sintético o “holista”, como la Teoría General de Sistemas, cuya aplicación en el campo político ha tenido un gran desarrollo en el enfoque sistemista de David Easton. (Easton 1979).
La perspectiva hermenéutica, en cuanto comprensión de las formas de comunicación verbales y no verbales fundamenta los
procedimientos de metodología cualitativa, uno de cuyas manifes-taciones más productivas es el Análisis Crítico del Discurso (Dijk, 2000) las entrevistas y los grupos de discusión.
En la polémica sobre el positivismo en las ciencias sociales, es-pecialmente a partir de la obra de Popper, fue abriéndose paso la convicción de que los enfoques interpretativos, a través del histo-ricismo, la hermenéutica, el análisis del discurso y la metodología cualitativa, no eran suficientes para dar cuenta del vasto campo de los fenómenos políticos y que era preciso igualmente prestar atención a la ciencia política como disciplina práctica dotada de un fundamento empírico (Popper, 1973).
Van abriéndose paso así los enfoques positivos, hoy predo-minantes en muchos ámbitos de nuestro estudio, que recurren a la metodología cuantitativa habitual asimismo en otras ciencias sociales a través de la formulación de modelos matemáticos, las técnicas estadísticas y la operacionalización de los procedimientos. Estos enfoques están más desarrollados en los campos de la vida política que por su naturaleza más se prestan a ello, como el com-portamiento electoral, o las teorías de las coaliciones.
Un enfoque que ha dado resultados especialmente prometedo-res y que mezcla métodos cuantitativos y cualitativos en la medi-da que obliga a un trabajo de comprensión de las motivaciones de los agentes y también de formalización de su comportamiento es la teoría de juegos. La comprensión de la política como insti-tucionalización del conflicto hace de la teoría de juegos un instru-mento particularmente adecuado para el estudio y comprensión de los comportamientos y, en buena medida asimismo su predic-ción.
La base filosófica de la teoría de juegos, el utilitarismo, en prin-cipio y su derivación posterior en la teoría de la decisión racional (Buchanan, 1980) constituyen la base cualitativa del enfoque que adquiere luego su dimensión cuantitativa mediante la formaliza-ción de los modelos. De hecho, la teoría económica de la democra-cia (Downs, 1973) que parte del supuesto de que la acción política puede estudiarse con los parámetros del comportamiento de los agentes en el mercado y que, por tanto, se vale de los modelos de
juegos, es el terreno en el que más han florecido los estudios sobre comportamiento electoral.
Así pues el conocimiento científico de la política es posible me-diante un procedimiento mixto, consistente en mezclar métodos cualitativos y cuantitativos que hagan justicia a la señalada com-plejidad de nuestro objeto.
Debe advertirse por último que la consecución de objetivos óp-timos en el empeño científico aparece muchas veces dificultada por una cuestión que afecta asimismo a todas las demás ciencias so-ciales: la cuestión axiológica o cuestión de los valores. Por cuanto la política es la distribución de valores por quien tiene autoridad para ello, como decíamos más arriba, siguiendo a Easton y, siendo los valores que el politólogo estudia, aquellos mismos que profesa o frente a los que se sitúa como ciudadano o como persona, se hace imprescindible tomarlos en consideración.
Esta actividad de autoexamen del politólogo, por así decirlo, es previa al trabajo científico y condición de este. Debe hacerse de modo exhaustivo para evitar el peligro que la ciencia política comparte con otras ciencias sociales, aunque de modo exacerbado, el de que se pretenda instrumentalizarla al servicio de intereses de parte en los conflictos políticos. El peligro de convertir el enfoque científico en ideología.
Dado que los valores son inevitables en una sociedad que se edifica sobre ellos, no es realista plantearse un conocimiento cien-tífico-político axiológicamente neutral, aunque sea deseable acer-carse a él lo más posible. Como segunda línea debe postularse la exigencia de que, al tiempo que se compromete a neutralizarlos cuanto pueda, el politólogo, declare los suyos de antemano y no los dé por supuestos. Entre otras cosas a los efectos de que otros estudiosos puedan abordar el examen de sus conclusiones con ma-terial cierto para la interpretación.
A tales efectos, conviene recordar que hay escuelas de la teoría política (Strauss, 1989) que sostienen que no existe verdadero co-nocimiento político sino se parte del carácter apodíctico de ciertos valores. En otros casos no solamente no se excluyen los valores sino que se postula su coexistencia como un pluralismo de estos, rasgo distintivo de la forma liberal del Estado (Berlín, 1996).
Por último, debe advertirse que la consideración de la política como conocimiento científico no se agota en las cuestiones meto-dológicas. La política es un objeto complejo que se puede cosificar para estudiarlo en sus manifestaciones institucionales (parlamen-tos, gobiernos, partidos) pero también puede considerarse en su aspecto puramente relacional (poder, autoridad, obediencia, re-sistencia). En ambos casos se entrecruzan interacciones humanas en muy diversas vertientes que, a su vez, son objeto específico de estudio de otras ciencias sociales, como la historia, la economía, el derecho o la sociología.
El conocimiento de la política requiere, por tanto, un enfoque multidisciplinar, igualmente impuesto por el carácter multifácetico del objeto. Una definición de la política que veremos más adelante y la define como poder, como cratología o conocimiento del po-der, no solamente es aplicable al campo institucional más amplio, sino a otros ámbitos más restringidos. La economía, los intercam-bios sociales de todo tipo, las relaciones jurídicas son todas ellas relaciones de poder, inteligibles, además, en los términos de sus respectivas ciencias. Todas, por lo tanto, guardan relaciones con la política de forma que la ciencia política se articula en ese entrecru-zamiento de otras disciplinas que pasamos a considerar.
4) LA POLÍTICA Y LA HISTORIA
En los orígenes de la política como conocimiento autónomo, la historia tuvo una importancia capital porque se constituía en ar-gumento de autoridad y banco de pruebas. Esta perspectiva, con-sistente en ir a buscar en el pasado los elementos y claves para la comprensión del presente es la forma de razonamiento de Maquia-velo. La ciencia política empezó siendo historicista en este sentido fundamental que no coincidirá luego con el significado que le atri-buya la escuela historicista, aunque sí, en parte, la concepción de la historia como ciencia nueva, de Giambattista Vico quien, con su concepción del verum factum, esto es, “la verdad se crea” puede
considerarse como el padre de todas las doctrinas constructivistas en las ciencias sociales y, por supuesto, la política (Vico, 1960).
En un sentido más práctico y restringido, la perspectiva históri-ca es imprescindible para el politólogo por dos razones fundamen-tales, esto es, porque coadyuva al conocimiento de los fenómenos políticos en sí mismos y para sí mismos.
En sí mismos, los fenómenos políticos son el resultado de espe-cíficas evoluciones históricas. Un ejemplo sencillo: el parlamento británico es el resultado de una evolución de un milenio, desde el Witan anglosajón (que muchos reputan legendario) hasta el bica-meralismo actual, con las recientes reformas laboristas de la Cá-mara de los Lores, apareciendo la primera mención al Parlamento como tal en el siglo XIII.
La perspectiva histórica es imprescindible en el estudio de re-laciones políticas que han tenido muy diversas manifestaciones en lugares y épocas también distintas. Por ejemplo, la esclavitud. Pocas relaciones humanas concentrarán tanta condena unánime y pocas también habrán sido más generalizadas y frecuentes y ha-brán revestido formas más diversas.
Para sí mismos, los fenómenos políticos tienen también una fa-ceta histórica que el politólogo no puede ignorar. Enlazando con la consideración anterior sobre la esclavitud, nadie que ignore esta institución en el Imperio romano y la rebelión de Espartaco podrá entender el significado de la Liga Espartaquista, tan importante durante la política alemana de la primera posguerra mundial y en el origen del Partido Comunista Alemán en la revolución de 1918. Como tampoco entenderá por entero la Conspiración de los igua-les en Francia, obra de Graco Baboeuf si ignora la función de los Graco en los conflictos sociales del siglo II a. C. en Roma.
La importancia de la historia en la comprensión de los fenó-menos políticos para sí mismos es decisiva. En algunos casos, la base misma de la legitimidad enraíza en la historia. Por ejemplo, en la institución de la monarquía, cuya legitimidad dinástica es exactamente su conservación a lo largo de la historia de forma que la institución es el resultado de sus sucesivas adaptaciones a lo largo de los siglos. Hubo monarquías electivas. Los primeros reyes de Asturias fueron electivos, como los francos merovingios entre
otros bárbaros y el Sacro Imperio. Poco a poco, sin embargo, fue generalizándose el principio hereditario, aunque todavía quedan vestigios de monarquía electiva en los casos del Vaticano o los Emi-ratos Árabes Unidos o Malasia, entre otros. A su vez, el principio hereditario ha admitido variantes, siendo la más frecuente que la sucesión estuviera reservada o no a los sucesores varones. En cuan-to a las relaciones con los otros poderes del Estado, la Monarquía también ha pasado por épocas distintas, adoptando naturalezas también distintas. Casi todas las monarquías tuvieron una etapa absolutista y muchas de ellas son hoy monarquías parlamentarias, esto es, adecuadas al sistema parlamentario cuyo ejemplo clásico es el modelo de Westminster. Quedan, sin embargo, asimismo ves-tigios de la monarquía absoluta, en el caso del Vaticano, que a su vez se rige por una Ley Fundamental de 2000, promulgada por el Papa Juan Pablo II.
El conocimiento de la historia del politólogo no puede limitarse al de la historia política convencional sino que debe ampliarse al de la historia de las ideas en su sentido más amplio. Es frecuente encontrar fenómenos políticos que solo pueden entenderse si es posible calibrar la autoimagen de estos cuando la hacen depender de su interpretación de ideas o concepciones del pasado. Por ejem-plo, el fundador del partido mayoritario de la derecha española, Manuel Fraga, profesaba admiración por don Antonio Cánovas del Castillo, principal artífice de la primera restauración borbóni-ca, líder del partido conservador cuyas ideas políticas se reflejan en la Constitución de 1876. Seguramente, Fraga, político práctico, pero también teórico político que dedicó un ensayo a la figura del político malagueño, lo tomaba como modelo para su idea de la función de la derecha en la segunda restauración en la Transición y de la configuración de esta última, inspirándose asimismo en el parlamentarismo británico, como había hecho Cánovas (Fraga, 1976, 1997). Corresponde al politólogo estudiar cómo se configu-ra ese canovismo de la derecha y solo podrá hacerlo si conoce la obra de su creador.
Pero a su vez, este, firme defensor del liberalismo doctrinario y autor de una Historia de la decadencia de España, además del modelo británico, que tenía muy presente, estaba convencido de
que la legitimidad de la monarquía española dependía de lo que llamaba su constitución interna o histórica, esto es, su arraigo en la historia de la nación en la doble forma del Rey y las Cortes. Al día de hoy, buena parte del nacionalcatolicismo como ideología es incomprensible si no se tiene en consideración ese supuesto con el añadido de que la Monarquía ha de ser católica. Así lo proclama el pretendiente Alfonso (luego Alfonso XII) en el Manifiesto de San-dhurst, redactado por Cánovas y en la Constitución de 1876 que reconoce el carácter confesional católico del Estado, en la línea de prácticamente todas las Constituciones anteriores.
Tampoco basta con la historia de las ideas o las concepciones. Los fenómenos políticos se dan en la sociedad y en una proporción apreciable de casos versan sobre cuestiones económicas. El politó-logo viene entonces obligado al conocimiento de visiones y enfo-ques de la historia que también son relativamente recientes en el desarrollo de la propia historiografía. Es el caso de la historia social y económica. No le es exigible, obviamente, un conocimiento espe-cializado de las profundidades de estos aspectos del pasado pero sí que tenga un conocimiento discreto de ellos. A la hora de valorar las facetas políticas de la Reforma y las guerras de religión, a partir de las cuales se generaliza el principio de tolerancia no es posible igno-rar que se dan en un contexto de agitación social con sublevaciones de campesinos, jacqueries y levantamientos populares.
El nacimiento de los fascismos y los totalitarismos en general es incomprensible si no es sobre el trasfondo de la crisis económi-ca de 1929 como lo es también el Estado del bienestar en cuanto cristalización de las medidas que se fueron tomando para evitar la repetición de las crisis cíclicas del capitalismo. Se trata del mismo Estado del bienestar que la actual crisis económica ha puesto en cuestión desde el comienzo y en torno al cual, a su restauración, modificación o progresivo desmantelamiento se dan los debates actuales tanto en el campo de las políticas públicas como en el de las justificaciones teóricas.
Esa necesaria familiaridad del politólogo con la historia social y económica lo lleva a orientar a veces su investigación en el com-portamiento de los agentes económicos y, en consecuencia, a va-lerse de la economía.
5) LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA
Si bien la economía puede trazar sus orígenes como disciplina in-dependiente a la antigüedad griega (Jenofonte, 1968), en los pri-meros pasos de la constitución de la Teoría del Estado, en la Ca-meralística del siglo XVII, aparece conjuntamente con la Política. De hecho la Cameralística engloba la economía, la administración pública y la política como “ciencia de la policía”, que tendría desa-rrollo en España en cuanto Tratado de la policía (Valeriola, 1977). Incluso en sus desarrollos posteriores, la economía siguió siendo parte de la política bajo la denominación de “Economía nacional” Nationalökonomie de donde derivaría luego la Volkswirtschaft, en terminología más germánica.
Compartiendo la cuna, es lógico que ambas disciplinas hayan seguido en paralelo puesto que mantienen abundantes relaciones mutuas que obligan al politólogo a prestar atención a los fenóme-nos económicos tanto en un plano objetivo como en otro metodo-lógico.
En el plano objetivo basta con recordar la definición de política como distribución de bienes entre opciones alternativas y hacer hincapié en el concepto de bienes. Muchos conflictos políticos son trasuntos de relaciones económicas y muchos agentes políticos re-presentan en su acción intereses económicos, por ejemplo, los gru-pos de presión, los sindicatos o las organizaciones empresariales. El debate político versa en gran medida sobre opciones de política económica y es frecuente que las acciones políticas consistan en agregación de intereses económicos.
Es saber convencional que la ley más importante de cada pe-riodo de sesiones del legislativo es la de presupuestos. La ley de presupuestos viene siendo la materialización práctica periódica de los compromisos fijados en el programa del partido (o coalición de partidos) que ganó las elecciones. Constituye también la fórmula del acuerdo al que en cada caso hayan llegado las distintas fuerzas políticas parlamentarias (aunque no solamente estas) en el curso de su interrelación política.
El impacto de las medidas de política económica, muchas ve-ces adoptadas por razones ideológicas, se entiende básicamente en términos económicos y su evaluación debe figurar en todas las explicaciones científicas de la política. De ahí que deba exigirse a los politólogos familiaridad con los marcos de referencia eco-nómicos.
En el plano metodológico, la ciencia política mantiene una rela-ción directa con la disciplina económica en la medida en que ha de dar cuenta del comportamiento de unos agentes que suelen actuar como agentes económicos. De hecho, el enfoque de la teoría de la decisión racional, que es una teoría del comportamiento de los mercados está a caballo entre la economía y la política. Su versión más estrictamente politológica es la ya mencionada teoría econó-mica de la democracia (Downs, 1973).
La vinculación entre la economía y la política se da en una do-ble faceta teórica y práctica. En el plano teórico, se presume que el conjunto de la acción política está orientado al bien común. No es solamente que este concepto del “bien común” forme parte de la historia de las ideas políticas desde antiguo sino que en el debate actual hay corrientes políticas, sobre todo en los ámbitos alterna-tivos que postulan la supremacía del bien común, llamando a su orientación “economía del bien común”. No es preciso señalar que ese concepto de “bien común” en favor del cual se postulan accio-nes colectivas es materia de debate e interpretacioaccio-nes encontradas, es decir, materia de conflicto político.
En el plano práctico, el paradigma metodológico dominante de la elección racional o decisión pública parte del estudio de los comportamientos de unos agentes movidos exclusivamente por el criterio egoísta de la maximización del beneficio y la minimización del perjuicio, criterio egoísta que se considera quintaesencia del comportamiento racional.
Tal es la base práctica para el análisis del comportamiento elec-toral desde el punto de vista de la teoría económica de la demo-cracia, esto es, considerar que este, como comportamiento racional del egoísta ilustrado, se basa en un cálculo de costes-beneficios. El comportamiento electoral tiene unos posibles beneficios en el sen-tido de las ventajas que pueda reportar el triunfo de “los nuestros”
y también unos costes, el más característico de los cuales es la bús-queda de información para tomar la decisión que más convenga a los propios intereses. Por supuesto en la ciencia política exis-ten opiniones distintas acerca de las motivaciones de los electores. Junto a las concepciones de la decisión racional, hay corrientes que postulan motivaciones distintas al análisis de costes beneficios, por ejemplo, las que se basan en los valores no materialistas (Inglehart, 1990) o las que toman en cuenta los criterios de historia y tradi-ción familiar.
Es sabido que el pensamiento liberal cree haber resuelto el evi-dente conflicto entre los intereses privados y el bien común. Esta explicación constituye quizá el núcleo de las explicaciones libe-rales del funcionamiento del mercado y, por tanto, del capitalis-mo. Prima facie, el comportamiento individual sobre el modelo del egoísmo racional del cálculo de costes-beneficios conduce a un principio de maximización sin límites que puede llegar a poner en peligro la supervivencia del conjunto. El caso más práctico evi-dente y frecuentemente aducido es el de las actividades humanas, productivas o recreativas, dañinas para el medio ambiente, en su forma más conocida, la aparición de externalidades. Desde una perspectiva teórica, en el marco de la Teoría General de Sistemas, que se verá en el capítulo siguiente, el peligro de este comporta-miento que amenaza la supervivencia del sistema implica un error del circuito de retroalimentación y necesitará por tanto algún tipo de intervención externa.
Pero la teoría liberal del mercado sostiene que dicha inter-vención externa será perjudicial. El mercado tiene mecanismos internos para corregir estas disfunciones y restablecer el equili-brio, esto es, lo que los teóricos generales de sistemas llaman la homeostasis y lo hace de modo automático. De acuerdo con la doctrina del Bernard de Mandeville en La fábula de las abejas, en el siglo XVIII, la sociedad se mantiene en equilibrio porque, precisamente los vicios privados acaban produciendo virtudes públicas (Mandeville, 2004). Esto se consigue a través de la fa-mosa mano invisible de Adam Smith (Smith, 1970). El ejemplo que los teóricos liberales suelen aducir para explicar por qué no hay disfuncionalidades en un mercado libre perfecto es la
imposi-bilidad de los monopolios: cuando un empresario ha conseguido establecer un monopolio, el alza de precios de sus productos in-centiva a otros productores a entrar en competencia con él para beneficiarse de aquella, con lo que vuelven a caer y la situación retorna al punto de partida con dos o más empresas compitiendo por prestar los servicios o vender las mercancías al precio más bajo posible fijando el máximo margen de beneficio compatible con su mantenimiento en el mercado.
En donde la relación entre la política y la economía se hace más evidente a la par que más frecuente es en el enfoque político de los bienes públicos. Trátase aquí de aquellos bienes que, por su natu-raleza, no son divisibles, como la defensa, la educación o también en buena medida el medio ambiente. La política es entonces una actividad que tiene como finalidad determinar la naturaleza y la cantidad de los bienes públicos, así como su coste y la forma de sufragarlos.
El caso más evidente de relación entre la economía y la política es el Estado del bienestar. Sin perjuicio del análisis más detallado de este que se hará en el capítulo siguiente, esta forma de Estado supone que la vida política gira en gran medida en torno a la polí-tica económica y la polípolí-tica social de los Estados.
6) LA POLÍTICA Y EL DERECHO
La relación entre la política y el derecho es tan estrecha que, en muchas ocasiones, parecen una sola actividad. Ayuda a ello el he-cho de que algunos elementos de ambas disciplinas son comunes, por ejemplo, la Constitución. Esta se enfoca desde el punto de vista del derecho constitucional y el de la ciencia política. Es más, no era raro leer referencias al derecho constitucional como ciencia política. En el caso concreto de las Constituciones estas aparecen divididas en dos campos cada uno de ellos abierto a un enfoque distinto: la Constitución formal, esto es, el conjunto de normas para el tratamiento jurídico y la Constitución material, esto es, el
conjunto de instituciones y relaciones para el tratamiento polito-lógico.
Por lo demás, aunque hay numerosos fenómenos y relaciones sociales básicamente accesibles desde una perspectiva sociológica, las instituciones políticas clásicas se expresan en términos jurídicos y el politólogo está obligado a entender este lenguaje. La misma definición de la forma de Estado, considerada en su momento, co-mo Estado de derecho subraya la preeminencia de la Jurispruden-cia en el funcionamiento de los sistemas políticos. Las sociedades, los sistemas políticos deben ser justos y la justicia es una provincia en la que se mueven la moral y el derecho, los dos aspectos con los que la política mantiene un diálogo permanente.
El Estado de derecho, como vimos, postula el principio de su-premacía de la ley. La política en el Estado de derecho es una ac-tividad legal. Sin embargo, esto no quiere decir que se agote en el Estado de derecho. A lo largo de la historia ha habido y sigue habiendo y pudiera volver a haber más Estados que no fueran de derecho. Y en ellos hay política en cuanto que esta versa sobre relaciones de poder. Otra cosa es que su conocimiento científico esté permitido o no. Como igualmente son políticas las activida-des alegales e incluso las ilegales en los Estados de derecho. Basta con pensar en las organizaciones que, por las razones que sean subsistan en la clandestinidad. Otra cosa es que el conocimiento científico ponga a los politólogos en una incómoda relación con las fuerzas de seguridad y los jueces, como sucede con otros pro-fesionales que, por razón de su objeto de estudio, tienen acceso a información que aquellos pueden considerar necesaria.
El imperio de la ley no es solamente un principio abstracto, jurídico y político. Es también una práctica con arreglo a la cual se organizan los poderes del Estado y, en particular, sus tres insti-tuciones esenciales, el Parlamento, el gobierno y los tribunales de justicia.
La actividad legislativa es la más importante del Parlamento u órgano representativo y el politólogo debe ser conocedor del iter legis, tanto en orden normal como en el extraordinario por cuanto, aparte de otros factores, es en él en el que inciden las actividades de los grupos de presión. E igualmente debe estar al corriente de
la diversidad normativa en los Estados de derecho porque, de otra manera, pudiera resultar que estos siguen estando considerados como dicta la teoría pero no como son en la realidad. Un ejemplo aclarará la situación: la teoría sostiene que, en efecto, la función más importante del Parlamento es la actividad legislativa. Corres-ponde al órgano representativo la iniciativa legislativa que es la que pone en marcha el proceso de elaboración de las leyes en sede parlamentaria a través de las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios.
Ahora bien, esa es la teoría. En la práctica, debido a diversas circunstancias (como urgencia, necesidad, falta de conocimientos específicos o concretos en determinados campos) la iniciativa legis-lativa suele recaer sobre los gobiernos quienes la ejercen a través de los proyectos de ley que las cámaras deben debatir y aprobar en su caso. Distinguir un proyecto de una proposición de ley es algo elemental en la relación entre política y derecho. Las otras tienen que ver con las normas en concreto que regulan los conflictos po-líticos.
La actividad legislativa está muy influida por esta intervención creciente del gobierno que también ejerce la iniciativa legislativa. Incluso el mismo carácter de la ley está cambiando, sino en su aspecto formal, sí en el material o de contenido. Las leyes van perdiendo los caracteres de universalidad y generalidad y tienden a configurarse como normas orientadas a fines específicos. Son las llamadas “leyes medida” que muchas veces son meros vehículos de políticas concretas de los gobiernos.
Estos, los gobiernos, a su vez, además de su parte de iniciati-va legislatiiniciati-va y de su ordinaria competencia ejecutiiniciati-va, disponen de otra normativa propia adecuada a sus cometidos que toma la forma de decretos y reglamentos. No es preciso recordar cómo, muchas veces, desde un punto de vista politológico, es más im-portante cómo se articulan y aplican los reglamentos que cómo se aprueban y entran en vigor las leyes. Es más, esta preeminencia de la norma reglamentaria sobre la legal forma parte de la sabiduría convencional en la sociedad: “tú haz la ley y déjame hacer el regla-mento”. La potestad reglamentaria es el procedimiento de que se
valen los gobiernos para modular la interpretación de las leyes y ahormarlas a sus políticas.
Esa actividad que se da en términos normativos es también po-lítica. En ella intervienen los partidos, la oposición parlamentaria y extraparlamentaria, los medios de comunicación y la opinión pública en las nuevas formas poco articuladas pero cada vez más influyentes, de las redes sociales. La solución final de los conflictos que puedan plantearse dependerá de las decisiones de un Tribunal Constitucional. Este tiene que casar los dos mundos, el jurídico y el político, cuando se enfrentan o se desajustan. Y lo hace tomando como criterio de referencia la Constitución, cuyo monopolio inter-pretativo le ha sido otorgado por ley.
El Tribunal Constitucional debe ser un órgano especialmente familiar al politólogo porque en él se dirimen cuestiones eminen-temente políticas en términos jurídicos. Y estos son el marco de manifestación de aquellas. Tómese, por ejemplo, el asunto de la condición nacional de Cataluña. La pretensión del nacionalismo de que España considere a Cataluña como una nación encontró acomodo en el nuevo Estatuto de 2006 que formalmente era una reforma del anterior, el Estatuto de Sau de 1979. Pero fue negada de hecho por la sentencia del Tribunal Constitucional de 31/2010, de 28 de junio de 2010 sobre el Estatuto recaída en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular cuatro años antes.
Dicha sentencia fue la invocada por el nacionalismo catalán soberanista para iniciar un proceso de autodeterminación, en cuyo desarrollo vive la Comunidad Autónoma catalana desde aquella fecha. Y un proceso de autodeterminación con un posible hori-zonte de secesión es un problema típicamente político. Y uno que obliga al politólogo a estudiarlo no solamente desde el punto de vista institucional sino también desde el cultural y el social. ¿Hay diferencias culturales y sociales entre comunidades que justifiquen la pretensión de articularse por distintas vías políticas y jurídicas? Es una vía de relación entre la política y la sociedad o entre la cien-cia política y la sociología.
7) LA POLÍTICA Y LA SOCIOLOGÍA
El estudio de la sociedad y los fenómenos sociales corre en paralelo con el de la política. La sociedad en sus manifestaciones organiza-tivas más elementales, especialmente la familia, causan un impacto decisivo en los debates políticos. La tradición familiar tiene mucha fuerza social y una parte importante del debate contemporáneo es acerca de si solo se admite un modelo único de familia, tendencia en los países católicos, o se toleran formas distintas, con formas también distintas de paternidad y maternidad.
Todo cuanto tiene que ver con las instituciones y mecanismos de reproducción social presenta una innegable vertiente política. Los procesos de socialización no pueden ser desconocidos para el politólogo porque en ellos enraíza, entre otras cosas, un factor de identidad que actúa como memoria y a veces es útil para explicar comportamientos políticos, singularmente los electorales.
Aparte de la familia, dos factores juegan en el proceso de so-cialización: el entorno vital en sentido amplio y la escuela. En un entorno urbano rápidamente cambiante, el concepto de barrio, referido al ámbito de la convivencia tiene poco que ver con el de las poblaciones agrarias. Según datos de la ONU, en 2014, el 54 por ciento de la población mundial (3.900 millones de personas) habitaba en ciudades y, para 2050 se supone será el 66 por cien-to. Grandes ciudades, conurbaciones, megalópolis, las políticas de ordenación del territorio y desarrollo y sostenibilidad urbanos es-tán en cabeza del orden de prioridades y son objeto de conflictos políticos agudos así como frecuentes focos de corrupción que es un fenómeno político en sí mismo, por no hablar de las cuestio-nes de integración y/o marginación de poblaciocuestio-nes inmigrantes, la tendencia a recluirlas en ghetos y el hecho de si estas interacciones provocan o no fenómenos de xenofobia que, a su vez, se encuen-tran en el origen del renacimiento de partidos de extrema derecha. En cuanto a la importancia de la educación, la escuela, en el proceso de socialización, es imposible ignorar su impacto sobre el proceso político. La educación transmite valores, igual que la familia y el barrio, pero de una forma más rigurosa y sistemática,
condicionando igualmente el comportamiento político de los adul-tos. Nada tiene de extraño, por tanto, que la educación sea uno de los caballos de batalla del debate político en sus diversos aspectos, en cuanto a su coste, su confesionalidad y su duración. La diferen-cia en el modo de enfocar el sistema educativo sigue siendo uno de los aspectos que más nítidamente distinguen a la izquierda de la derecha en los sistemas políticos contemporáneos.
Igualmente cuenta y mucho para el tipo de política que se prac-tique el grado de asociacionismo voluntario. En este campo de las organizaciones sociales hay grandes diferencias entre los países. Algunos presentan un denso entramado de asociaciones volunta-rias en las que interactúan los agentes y en otros, como en España, el grado de asociacionismo es muy bajo. Ese diferente grado de asociacionismo social nos da la medida del también diferente gra-do de densidad de las redes y, por tanto, del capital social en las sociedades.
Esto nos lleva a una división actual del pensamiento político en dos grandes troncos que funcionan como el núcleo de distintas actitudes políticas y constituyen una especie de horizonte ideoló-gico: son el comunitarismo y el liberalismo, dentro del cual a su vez se dan innumerables interrelaciones. La diferencia reside en el supuesto (comunitarista) de que los lazos de pertenencia a la comunidad son un factor político de primer orden mientras que el liberalismo no presta tanta atención a los factores identitarios, si es que presta alguna. Esa diferencia arranca de la celebrada distin-ción sociológica de Tönnies entre “Comunidad” (Gemeinschaft) y “Sociedad” (Gesellschaft) (Tönnies, 1979), paralela a su vez a la de la “solidaridad orgánica” y “solidaridad mecánica”, de Émile Durkheim (1967). En ambos casos se trata de considerar por sepa-rado dos tipos de organizaciones sociales que, por supuesto, fun-cionan como “tipos ideales” weberianos: uno basado en vínculos emotivos y otro basado en cálculo racional. Lo que mueve a la co-munidad es el sentimiento, lo que mueve a la sociedad es el interés. El politólogo debe tener en cuenta las distintas perspectivas porque estas explican actitudes ideológicas, propuestas distintas de organización política y comportamientos muy diferentes en ese orden. Sin perder de vista las interrelaciones de que se hablaba
más arriba. Entre el comunitarismo y el liberalismo (que, a su vez, tienen puentes entre sí) suele darse el conservadurismo, que mez-cla elementos comunitarios y liberales, criticando en los primeros su tendencia al autoritarismo y en los segundos la suya al racio-nalismo. El liberalismo suele albergar tendencias progresistas de transformación social pero estas también enlazan con elementos comunitaristas cuando justifican dichas reformas por su deseo de mayor armonía social.
Uno de los conceptos sociológicos más importantes para la ciencia política es el de clase social. El debate sobre su conteni-do y su eficacia analítica está lejos de cerrarse y sigue vivo en la Sociología con aportaciones recientes de gran interés (Bourdieu, 1972; Wright, 2014) que, en parte innovan y en parte reelaboran enfoques clásicos como el marxista o el weberiano.
Aparte de ello, la clases sociales en cuanto constructos de agrega-ción de intereses, han estado presentes en diversos aspectos de la vi-da política y siguen estándolo, si bien con muchas variantes. El caso más evidente es el de los partidos políticos. En el siglo XIX se articu-laron los llamados “partidos de clase”, así como otras organizacio-nes, por ejemplo los sindicatos, que agrupaban a sus miembros en función de su estatus socioeconómico, a su vez el criterio fundamen-tal para la adscripción de clase. Dichos “partidos de clase” fueron importantes en la primera mitad del siglo XX pero, posteriormente, al evolucionar la sociedad en un sentido de mayor diferenciación esos partidos de clase, comprobando que reducían su base electoral por razones ideológicas, mudaron su ser para representar intereses no estrictamente clasistas, sino de amplias mayorías de la población con independencia de las clases. Surgieron así en la segunda mitad del siglo XX y se prolongan luego en el XXI los llamados “partidos atrapalotodo” los Volksparteien o “partidos populares”.
La pérdida de vigencia de las concepciones tradicionales de cla-se social llevó al auge de los populismos y el reciente desarrollo de los nuevos movimientos sociales al amparo de la revolución digital está introduciendo elementos nuevos que alteran el orden heredado sin ofrecer gran seguridad respecto al futuro. Al menos en lo que hace a las formas de agregación de intereses para la ac-ción política.
No es tan solo la revolución digital la que introduce un ele-mento de novedad e incertidumbre en la acción política. Lo es en mayor medida incluso la propia evolución material de la sociedad. Esta está caracterizada por la ola mundial de migraciones. Según el informe de la ONU sobre emigración, en 2013 el número de migrantes en todo el mundo fue de 231,5 millones de personas, el 3,2 por ciento de la población mundial. De ellos, 135,5 millones migraron a los países desarrollados, lo que equivale al 10,8 por ciento de la población de estos. De aquí que, según opinión ge-neralizada entre estudiosos, no es que las sociedades occidentales (y sus sistemas políticos) hayan de prepararse para cuando sean sociedades multiculturales sino que, en muchos casos, ya lo son.
Las sociedades occidentales acogen en su seno porcentajes cre-cientes de población de otras culturas y religiones, lo cual plantea problemas de integración a veces muy complejos, según como sean las características culturales de las sociedades de acogida. Uno de los más evidentes fenómenos de causa-efecto en el ámbito políti-co, como ya se ha dicho, es el surgimiento de partidos xenófobos en sociedades más o menos mixtas, multiculturales y los debates concomitantes sobre derechos de las poblaciones inmigradas y las políticas de integración.
En estas circunstancias y también al amparo de una crisis del modelo productivo, la xenofobia apenas oculta su afinidad racista. Dado que el racismo tiene una generalizada mala prensa, empe-ñada en considerarlo no como una opción política sino como un delito, los xenófobos huyen del término pero no de su significado y, en donde antes decían raza hoy dicen “cultura”, algo tan difícil de definir como la raza pero de efectos igualmente movilizadores cuando se trata de establecer las líneas del conflicto político: ami-go/enemigo, nuestra cultura/otras culturas. Y es en este terreno en el que se dan los debates sobre integración de las comunidades culturales extrañas entre los dos polos de la asimilación y la mar-ginación. Una divisoria que tampoco coincide claramente con la tradicional entre la derecha y la izquierda.
Si el carácter multicultural de nuestras sociedades obliga a un análisis político que dé cuenta de él, con más razón su carácter multiconfesional. Las relaciones entre las religiones e iglesias y los
Estados en Occidente constituyen una abigarrada historia llena de altibajos en las que han ido forjándose muchos conceptos e insti-tuciones que determinan la acción política en muchos casos, por ejemplo, el principio de tolerancia, el de separación de la Iglesia y el Estado y la aparición de los partidos radicales, la articulación de las confesiones religiosas en tanto que respuesta como opcio-nes políticas, por ejemplo, las democracias cristianas. La aparición de cultos distintos que tienen efectos sociales y también políticos inmediatos, singularmente el culto mosaico y el musulmán, plan-tean cuestiones a la articulación de las instituciones políticas que estamos lejos de haber resuelto. No hay fórmulas sencillas para conseguir que los Estados democráticos admitan las comunidades musulmanas en el marco de la igualdad jurídica de las mujeres.
La ciencia política y la sociología son ciencias hermanas. La primera estudia el poder, pero aplicado a las condiciones concre-tas que la segunda expone. Como se las expone al derecho o a la economía. Ahora bien, el núcleo esencial en todas ellas es el poder. Aunque las otras disciplinas traten de alejarse de la política e in-cluso sostengan que, en la medida en que se “politizan”, pierden rigor y fiabilidad, lo cierto es que la misma raíz de sus respectivos objetos de estudio es siempre el poder. Se trata de facetas y ver-tientes distintas, de cómo se expresa el poder a través de la ley (el derecho), de cómo se administra y se emplea en las relaciones de riqueza-pobreza (le economía), de cómo se institucionaliza y encauza en las relaciones sociales (la sociología) pero, en último término, es siempre el poder. Y la ciencia política es la única que lo aborda con carácter exclusivo.
8) LA NATURALEZA DEL PODER
Con todas estas consideraciones generales y metodológicas esta-mos ya en situación de adentrarnos en la naturaleza del objeto científico político por definición. Hay incluso, como ya vimos, quien propone rebautizar la ciencia política como una
“cratolo-gía” (Löwenstein, 1965) o ciencia del poder. Lo cual nos aboca a la necesidad de definir el poder, que no es otra cosa, según parecer compartido en la doctrina, que la capacidad de un sujeto para conseguir que otro u otros hagan o dejen de hacer lo que el sujeto quiere o deja de querer. El poder es una relación humana y, por lo tanto, un intercambio entre dos subjetividades.
En determinados momentos de la historia, y según las circuns-tancias, el poder tiende a objetivarse, exteriorizarse en manifesta-ciones de uno u otro tipo. Son los símbolos del poder, muy abun-dantes a lo largo de los siglos. Las banderas se cuentan entre los más típicos. Su origen está en la necesidad de distinguir las fuerzas propias de las enemigas en la confusión de las batallas. De aquí los elementos iconográficos en los petos de unos guerreros que, al ir recubiertos por la armadura, no era posible diferenciar de los adversarios. Los petos, las gualdrapas de los caballos, los colores de los guiones, hasta llegar a la estilización de las banderas, gracias a las cuales era posible saber en qué campo se estaba. Las bande-ras son los símbolos de los países, de sus órdenes políticos y de su soberanía e imperio. Desde siempre ha sido costumbre que los territorios descubiertos y de los que se toma posesión en nombre de un poder foráneo, se señalen con una bandera. Como lo ha sido asimismo, señalar la conquista de una posesión (territorio, ciudad, fortaleza) izando en ella la bandera del conquistador. La bandera es la enseña de una identidad colectiva y también, a veces, de una ideología política. El momento más simbólico del fin de la segun-da guerra mundial fue cuando los solsegun-dados del ejército soviético izaron la bandera roja sobre las ruinas del Reichstag alemán. Igual que el símbolo del poderoso desarrollo estadounidense fue la ban-dera de las barras y estrellas plantada en la luna.
La bandera significa que, allí en donde ondea, se ejerce el poder de aquel o aquello que representa. A su vez, no es extraño que el poder que la bandera representa legisle sobre ella. El ultraje a la bandera suele ser delito en diversos países y las normas de proto-colo tanto internacional como doméstico, suelen ser muy celosas respecto a las relevancias de las respectivas banderas. En cualquier reunión de territorios de un Estado compuesto (federación, estado autonómico, Estado regional), lo habitual será ver las banderas de
los territorios subestatales en situación de igualdad, presididas por la bandera de todos, la que simboliza el poder general. Así como en los órganos de administración territorial será normal ver las banderas municipales, regionales, del Estado federado, etc., con la bandera general o común en lugar preferente.
Además de los colores, el poder se objetiva o reifica en otros símbolos. Los más frecuentes son los escudos. Los escudos, que algunas veces van insertos en las banderas, cumplen función aná-loga a la de estas, pero de otra forma. Así como las enseñas dan una imagen visual e instantánea del poder que representan gracias a los colores, los escudos son estructuras narrativas, cuentan una historia, normalmente, el origen y vicisitudes del poder. Utilizan para ello un conjunto muy variado de elementos, colores, formas geométricas, edificaciones, fenómenos naturales (mares, ríos, mon-tañas, etc.), objetos, figuras de animales, de personas y filacterias con leyendas. A lo largo de los siglos se ha ido desarrollando esta forma de representación del poder hasta llegar a la actualidad en que cabe decir que la llamada ciencia del blasón sienta plaza de ciencia exacta, no especulativa, pero sí descriptiva. El campo del escudo (que, a su vez, puede venir acompañado de otros elemen-tos como cimeras, columnas, etc.) está dividido en cuarteles, las medidas de estos son exactas, como también lo son las figuras que en ellos se representan, así como su disposición y, por supuesto, el significado de los colores.
La objetivación del poder ha tomado también aspectos sacros, sobre todo en la medida en que este fundamentaba su legitimidad en su origen divino. Las apoteosis de algunos emperadores roma-nos los identificaban con los dioses y en los siglos posteriores fue abundante la representación del poder en relación con la divini-dad. Incluso en la obra de algún teórico político materialista, que no vinculaba la autoridad del monarca con Dios, como Hobbes, sino con el contrato social, se relacionaba el poder con la divinidad al escoger a Leviatán como símbolo del Estado y considerarlo un “Dios mortal”.
El uso de la representación legendaria, divina, mitológica ha sido recurso habitual de la legitimación del poder. Zurbarán pintó la serie de los trabajos de Hércules en grandes proporciones para
exponerla en el palacio del Buen Retiro en Madrid como símbolo de monarquía española en tiempos de Felipe IV. Y Hércules es hijo de un dios y él mismo fue deificado.
La legitimación del poder afecta no solamente a las artes plás-ticas sino también a las narrativas y literarias. Son muchas las obras que los escritores y tratadistas han dedicado a justificar el poder, enaltecerlo y magnificarlo. La Eneida de Virgilio es una glorificación del Imperio de Augusto; la Monarchia Hispanica, de Campanella del reinado de Felipe III, la Henriade de Voltaire, del rey Enrique IV, etc. De hecho, en gran medida el arte occidental se concibe como un medio de embellecimiento del poder hasta bien entrado el siglo XIX, cuando las obras artísticas empiezan a cotizarse en los mercados. Y todavía desde entonces, se han dado intentos de obras de arte que tenían una función legitimatoria del poder, pero han sido mucho menos numerosas y se han diver-sificado más, con lo cual, también se han secularizado. No tiene mucho sentido —aunque no falten tendencias a ello— represen-tar a un magnate de la industria o de las finanza como un dios, al modo, por ejemplo, en que le gustaba retratarse a Luis XIV, pero lo habitual será que la retratística de estos personajes también acuse caracteres sobrehumanos.
En cuanto a la obra narrativa son importantes las obras de los tratadistas en torno al poder. Recientemente, un politólogo nortea-mericano, Joseph S. Nye, ha propuesto una clasificación del poder básicamente hecha sobre el de los Estados Unidos, pero que tiene vocación de extenderse a otros países: la que se da entre el “poder blando” (soft power) y el “poder duro” (hard power) (Nye, 1990). La distinción es muy sencilla y se entiende casi de modo intuitivo pues el “poder suave” responde a lo que llamaríamos “fuerza de convicción” por medios pacíficos, por ejemplo, la propaganda y todos sus factores concomitantes; por “poder duro”, obviamente, la fuerza bruta, la violencia, la capacidad militar de doblegar.
Se trata en realidad de una actualización de la vieja distinción romana entre la potestas y la auctoritas. La primera es la fuerza coactiva. La segunda, el respeto y sentimiento de comunidad que el poder sea capaz de inspirar gracias a su conocimiento. Ambas son, a su vez, materialización de dos principios que, aunque,
empa-rejados, son distintos: la legalidad y la legitimidad. La legalidad es lo que aplica ordinariamente la potestas o el hard power, mientras que la legitimidad es lo que va en paralelo con la auctoritas, o soft power.
Los dos elementos son en realidad las dos caras de una misma realidad, la realidad del poder. Porque, aunque la doctrina suele recomendar una mezcla prudente de elementos de potestad y auto-ridad, siempre es poder. Tanto cuando se trata de la sola autoridad del magistrado sin fuerza coactiva para imponerse (por ejemplo, los gobiernos legítimos cautivos en una situación de sublevación o insurrección) como de la pura violencia sin sometimiento a legiti-midad alguna, de poder se trata siempre.
La formulación más feliz de las relaciones entre el poder y aquellos a quienes se dirigen es la célebre de John Locke, padre del liberalismo, según la cual solo es legítimo el gobierno que lo es por consentimiento (Locke, 1997). Esta definición, que tan útil resulta para resolver la cuestión originaria de la ciencia política como la hemos tratado en este capítulo acerca de la mejor forma de gobierno, solo tiene un punto débil que ha constituido uno de los asuntos de mayor interés especulativo de la disciplina, en concreto el conocido con el nombre del discurso de la servidum-bre voluntaria (Etienne de la Boétie, 1980) La cuestión se plantea siempre que se considera la posibilidad de que la gente dé su consentimiento a una forma de gobierno que prohíba a la gente dar su consentimiento. Es la paradoja del voto a los nazis o la imposibilidad de encontrar una defensa de la democracia que sea democrática.
En principio, desde el punto de vista de la teoría lockeana del gobierno por consentimiento, la tiranía será siempre tiranía, aun-que esté consentida. Ahora bien esto plantea el problema de aun-que invalida la fuerza de la teoría porque supone que el consentimiento sería la fuerza de legitimación de la tiranía, siendo así que la tiranía es ilegítima por definición. Y, de paso, plantea el problema añadido de que pudiera no recaer acuerdo acerca del propio concepto de tiranía, si bien esto es más improbable porque, por aquiescencia, llamamos tiranía al gobierno no sometido a leyes.
9) PODER, OBEDIENCIA Y DERECHO DE
RESISTENCIA
Frente al ejercicio del poder, la población presta obediencia. Todos los poderes, sean del tipo que sean, se piensan acreedores a la obe-diencia civil. El gobierno por consentimiento parte del principio de que exigir obediencia a la gente es un mero acto de coherencia ya que si la población consintió en ser gobernada en principio, deberá aceptar las consecuencias de sus actos. Más difícil resulta entender la situación de una defensa de la obligación de obedecer a un gobierno inicuo o tiránico. Cuándo podrá tildarse de tal a un gobierno es materia intrínsecamente opinable
En cualquiera de los dos casos, el gobierno legítimo y el gobier-no de facto siempre cabe la posibilidad de que algún ciudadagobier-no o grupo de estos consideren que el gobierno (legítimo o no) tome una medida que el interesado puede considerar inicua e inmoral y por supuesto no merecedora de obediencia.
Esto nos lleva a la consideración de un fenómeno muy típico de estas relaciones de poder, la de la desobediencia civil. En prin-cipio, la relación entre la legalidad y la legitimidad es íntima y directa. Las leyes son legítimas porque se obedecen y se obedecen porque son legítimas. Todo sistema político democrático presume la legitimidad de su ordenamiento legal. Las leyes se cumplen con independencia de las convicciones íntimas de las personas y nin-gún ordenamiento puede dispensar del cumplimiento de la ley por razón de esas convicciones íntimas.
Ahora bien, siendo así que las leyes frecuentemente atañen al ámbito interno de las personas, sus principios morales, no son de extrañar los conflictos por razones de conciencia. Muchos ciuda-danos no están dispuestos a obedecer las leyes que, a su juicio, contradicen tales principios morales y/o religiosos. Es fama que la rebelión de los cipayos de 1857, durante el imperio inglés en la India, comenzó cuando estos se sublevaron por negarse a acatar la orden de morder los cartuchos de los fusiles una vez se entera-ron de que estaban untados con sebo de vaca. Dicha rebelión, que cambió el sentido mismo del colonialismo británico en el
