CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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La Uruca, San José, Costa Rica, martes 2 de diciembre del 2014 Nº 232 — 40 Páginas AÑO CXX

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL SEGUNDA PUBLICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para el caso específico el acuerdo de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en acta N° 03-2011 de fecha 16 de noviembre del 2011, artículo I y el acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 11-12 celebrada el 9 de febrero del 2012, artículo LXVIII, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se proceder a la eliminación de expedientes de Violencia Doméstica del año 2010 del Juzgado de Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de San José.

La documentación, se encuentra remesada y custodiada en ese Despacho.

Remesa: V 4 S 10 Expedientes: 1658 Paquetes: 22

Año: 2010

Asunto: Expedientes de violencia doméstica.

Si algún interesado ostenta un interés legítimo y desea conservar alguno de estos documentos, deberá hacerlo saber a la Dirección Ejecutiva, dentro del plazo de ocho días hábiles, luego de la primera publicación de este aviso.

San José, 20 de noviembre del 2014.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán Exonerado.—(IN2014080601) Subdirector Ejecutivo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para el caso específico el acuerdo de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en acta N° 01-2013, celebrada el 14 de enero del 2013, artículo X y el acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 65-13, celebrada el 25 de junio del 2013, artículo LXVII, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la eliminación de Documentación Administrativa del año 2002 al 2012 del Juzgado de Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de San José.

La documentación, se encuentra remesada y custodiada en ese Despacho.

Remesa: A 56 S 02

Libros: 10

Paquetes: 10

Año: 2002 al 2012

Asunto: Documentación administrativa: 01 libro de pase a fallo año 2009. 01 libro de juramentaciones años 2004 al 2006. 01 libro de sentencias años 2006 al 2009. 01 libro de conocimiento años 2004 al 2008. 01 libro de conocimiento años 2009 al 2012. 01 libro de control de medidas de protección años 2008 al 2009. 01 libro de sustitución de jueces años 2005 al 2009. 01

libro de testimonios de piezas años 2005 al 2009. 01 libro de remisión de detenidos años 2003 al 2009. 01 libro de comisiones años 2005 al 2008.

10 paquetes con: listados de devolución de notificador años 2009 al 2012. Listados de entrega al notificador años 2009-2011. Listado de notificaciones años 2010 al 2012. Listado de correo interno años 2009 al 2012. Listado de correo ordinario años 2009 al 2011. Control de asistencia años 2009 al 2012. Consecutivo de documentos recibidos de recepción de documentos años 2011al 2012.

Boletines de pizarra informativa años 2009 al 2010. Boletines Judiciales años 2007 al 2010. Comunicados de la Inspección Judicial años 2004 al 2008. Boletas de préstamos de expedientes años 2010 al 2012. Control de vacaciones años 2009 al 2012. Copiador de resoluciones de Tribunal de Familia años 2007 al 2010. Listados de entrega a las Delegaciones Policiales años 2009 al 2012. Listado de control de expedientes año 2012. Listado de control de detenidos año 2008. Listado de nombramientos años 2002 al 2010. Listado de peritos.

Consecutivo de oficios varios años 2009 al 2010. Registro de expedientes en la fotocopiadora años 2008 al 2011. Control de oficios enviados por fax años 2009 al 2010.

Solicitud oficial de fotocopias años 2008 al 2012.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para el caso específico el acuerdo de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en acta N° 03-2006, de fecha 1° de setiembre del 2006, artículo I y el acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 73-06 del 28 de setiembre del 2006, artículo LIII., se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la eliminación de Expedientes Laborales del año 1998, 2004, 2007 al 2012 del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Heredia. La documentación, se encuentra remesada y custodiada en ese Despacho.

Remesa: L 12 H 98 Expedientes: 1

Paquetes: 1

Año: 1998

Asunto: Laboral varios: 1 Embargo preventivo.

JORGE LUIS VARGAS

ESPINOZA (FIRMA)

LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN):

serialNumber=CPF-02-0255-022 7, sn=VARGAS ESPINOZA, givenName=JORGE LUIS, c=CR, o=PERSONA FISICA,

ou=CIUDADANO, cn=JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Fecha: 2014.12.01 15:47:15 -06'00'

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Remesa: L 12 H 04 Expedientes: 1

Paquetes: 1

Año: 2004

Asunto: Laboral varios: 1 Infracción a la Ley de Trabajo y Seguridad Social.

Remesa: L 11 H 07 Expedientes: 27 Paquetes: 2

Año: 2007

Asunto: Laboral varios: 22 Infracción a la Ley de Trabajo y Seguridad Social, 5 Consignaciones de Prestaciones.

Año: 2008

Año: 2009

Año: 2010

Año: 2011

Año: 2012

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para el caso específico el acuerdo de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en acta N° 03-2011 de fecha 16 de noviembre del 2011, artículo I y el acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 11-12 celebrada el 9 de febrero del 2012, artículo LXVIII, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del

público en general, que se procederá a la eliminación de expedientes de Violencia Doméstica del año 2009 al 2011 y expedientes de Familia del año 2005 al 2011 del Juzgado de Familia de Corredores, Puntarenas. La documentación, se encuentra remesada y custodiada en ese Despacho.

Violencia doméstica:

Remesa: V 5 P 09 Expedientes: 1100 Paquetes: 8

Año: 2009

Asunto: Violencia doméstica.

Año: 2010

Año: 2011

Familia varios:

Remesa: F 2 P 05 Expedientes: 81 Paquetes: 3

Año: 2005

Asunto: Familia varios: 6 régimen de visitas (con sentencia sin lugar), 3 utilidad y necesidad (sin lugar y con lugar), 13 guarda crianza y educación (sin lugar), 9 impugnación de paternidad (sin sentencia), 13 investigación de paternidad (sin sentencia). 1 declaratoria de abandono (sin sentencia), 6 medidas especial de protección administrativa (con resolución y sin resolución), 1 pensión alimentaria (abandonado), 1 permiso de salida del país (sin lugar), 2 solicitud de matrimonio (no celebrado), 3 reconocimiento de unión de hecho (inadmisible), 23 abreviado de divorcio (desierto, abandonado y sin sentencia).

Año: 2006

Asunto: Familia varios: 38 medidas de protección de sede administrativa (con y sin resolución), 4 estados de abandono (sentencia con lugar.

Cumplimiento de la mayoría de edad de los menores), 7 divorcio mutuo acuerdo (abandonados), 1 levantamiento de habitación familiar (sin lugar), 1 insania (sin lugar) , 4 separación judicial (sin sentencia), 2 reconocimiento de unión de hijo de mujer casada (abandonados), 1 allanamiento de morada (con resolución), 3 reconocimiento de unión de hecho (sin lugar e inadmisible), 6 guarda de crianza y educación (sin lugar), 20 abreviado de divorcio (sin lugar, desierto y abandonado), 4 utilidad y necesidad (con lugar), 4 solicitud de matrimonio (no celebrados), 7 régimen de visita (sin lugar), 2 depósito de persona menor de edad (sin lugar), 1 suspensión de patria potestad (sin lugar), 1 solicitud de extra matrimonial de hijo (inadmisible), 2 impugnación de paternidad (sin sentencia), 22 investigación de paternidad (inadmisible y sin sentencia).

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Año: 2007

Asunto: Familia varios: 28 medidas de protección de sede administrativas (con resolución y sin resolución), 6 régimen de visitas (sin lugar), 6 utilidad y necesidad (con lugar) ,1 desafectación familiar (con lugar), 5 reconocimiento de hijo mujer casada (inadmisible y abandonado), 1 impugnación de paternidad (inadmisible), 1 unión de hecho (con sentencia sin lugar), 4 solicitud de allanamiento medida cautelar (terminados con resolución), 3 solicitud de matrimonio (no celebrado), 2 separación judicial (inadmisible y abandonado), 31 investigación de paternidad (sin sentencia, inadmisibles), 3 declaratoria judicial en estado de abandono, (sin sentencia pero con cumplimiento de la mayoría de edad de los menores), 5 divorcio por mutuo acuerdo (abandonado, sin lugar), 11 guarda crianza y educación (sin lugar), 16 abreviado de divorcio (abandonado, inadmisible, sin lugar), 4 depósito judicial (sin lugar), 1 liquidación anticipada de bienes (inadmisible), 1 solicitud de allanamiento (con resolución).

Año: 2008

Asunto: Familia varios: 6 separación judicial (inadmisibles, sin lugar), 3 utilidad y necesidad (sin lugar), 1 desafectación familiar (sin lugar), 3 solicitud de matrimonio (no celebrados), 9 solicitud de orden de allanamiento medida cautelar (archivados y rechazados con resolución), 4 reconocimiento de hijo de mujer casada (sentencia sin lugar, abandonado), 7 investigación de paternidad (sin sentencia), 3 impugnación de reconocimiento (sin sentencia, inadmisible), 2 declaratoria en estado de abandono (con lugar con Cumplimiento de la mayoría de edad de los menores), 27 abreviado de divorcio (sin lugar, inadmisible y abandonado), 11 régimen de visitas (sin lugar), 1 adopción conjunta (sin lugar), 1 adopción plena (sin lugar), 4 suspensión de patria potestad (abandonados y sin lugar), 3 unión de hecho (con sentencia sin lugar), 4 guarda crianza y educación (sin lugar), 9 investigación de paternidad (inadmisible y abandonado), 1 depósito de persona menor edad (sin lugar), 1 suspensión de patria potestad (sin lugar), 8 divorcio por mutuo acuerdo (abandonado, sin sentencia), 12 medidas de protección administrativas (con resolución y sin resolución).

Año: 2009

Asunto: Familia varios: 12 abreviado de divorcio (sin lugar y sin sentencia), 4 régimen de visitas (sin lugar), 1 divorcio por mutuo acuerdo (abandonado), 4 impugnación de reconocimiento (sin sentencia), 20

investigación de paternidad (abandonado e inadmisible), 3 depósitos judiciales (sin lugar), 3 guarda crianza y educación (sin lugar), 4 utilidad y necesidad (sin lugar), 4 reconocimiento de hijo menor casada (sentencia sin lugar, abandonados), 5 unión de hecho (inadmisibles), 2 declaratoria judicial en abandono (cumplimiento de la mayoría de edad de los menores), 35 medidas de protección en sede administrativa (con resolución), 1 solicitud de medidas para internamiento (sin resolución).

Año: 2010

Asunto: Familia varios: 19 abreviado de divorcio (desierto, abandonado), 4 divorcio por mutuo acuerdo (abandonado), 8 régimen de visita (sentencia sin lugar), 4 solicitud de matrimonio (no celebrados), 1 declaratoria judicial de abandono (cumplimiento de la mayoría de edad de los menores), 2 utilidad y necesidad (sin lugar), 2 suspensión de patria potestad (sin lugar), 2 reconocimiento de unión de hecho (con sentencia sin lugar, o), 3 impugnación de reconocimiento (abandonado), 2 impugnación de paternidad (sin sentencia). 10 investigación de paternidad (abandonado), 7 guarda crianza y educación (sin lugar), 1 medidas cautelares (con resolución), 1 separación judicial (sin sentencia), 1 solicitud de allanamiento medida cautelar (sin resolución), 1 diligencia de salida del país (sentencia sin lugar), 1 medidas de protección en sede judicial (sin resolución lugar), 2 reconocimiento de hijo de mujer casada (abandonado), 37 medidas de protección en sede administrativa (con resolución), 2 medidas de protección en sede judicial (sin resolución), 3 depósito judicial (sin lugar).

Año: 2011

Asunto: Familia varios: 57 medidas de protección en sede administrativa (con resolución), 5 depósito judicial (sin lugar), 2 medidas administrativas de declaratoria de estado de abandono (cumplimiento de la mayoría de edad de los menores), 2 diligencia de régimen de abandono administrativo (con resolución), 6 régimen de visitas (sin lugar), 1 separación judicial (sin lugar), 6 solicitud de matrimonio (no celebrados), 1 solicitud de allanamiento medida cautelar (con resolución), 1 prueba de confección anticipada (con resolución archivado), 3 liquidaciones anticipada de ganancia (sin lugar), 1 reconocimiento de unión de hecho (inadmisible), 2 investigación de paternidad (sin sentencia e inadmisible, abandonado), 3 impugnación de reconocimiento (abandonado, inadmisible), 2 diligencia de utilidad y necesidad (sin lugar), 4 declaración de guarda y crianza y educación (sin lugar).

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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para el caso específico el acuerdo de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en acta N° 01-2013, celebrada el 14 de enero del 2013, artículo X y el acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 65-13, celebrada el 25 de junio del 2013, artículo LXVII, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la eliminación de Documentación Administrativa del año 1967 al 2012 del Juzgado Contravencional de Corredores, Puntarenas. La documentación, se encuentra remesada y custodiada en ese Despacho.

Remesa: 20716

Libros: 69

Agendas: 11

Ampos: 59

Año: 1967-2012

Asunto: Documentación administrativa: reportes y registros: 1 control de multas y órdenes de contravenciones (1993 a 1995), 1 libro de órdenes de apremio (1995 a 1996), 1 libro de comisiones civiles y laborales (1986 a 1989), 1 libro de expedientes en apelación e incompetencia (1978 a 1987), 1 libro de boletas de seguridad (1998 a 2007), 1 libro de nombramientos de peritos (2007 a 2009), libro de boletas entradas (1990 a 1993), 1 libro de pase a fallo (1995 a 1999), 1 libro de nombramientos y correcciones disciplinarias (1998 a 1989), 2 libro de visitas a la cárcel pública (1988 a 1996), (1988 a 1996), 5 libro de actas de matrimonio (1979 a 1983), (1991 a 1998), (1985 a 1988), (1988 a 1991) (1983 a 1985), 1 libro de inventario de la biblioteca judicial (1992), 1 libro de edictos publicados (1994).

1 libro de entrada penal y laboral (1976 a 1986), 1 libro entrada de asuntos penales (1967 a 1973), 1 libro entrada de tránsito (1990), (1994 a 1995), (1996), 1 libro entrada expediente laboral (1986 a 1996), 1 libro entrada de expediente civil (1973 a 1976), 1 libro de comisiones, laborales y penales (1978 a 1986), 1 acuses de recibido (2011), 2 solicitudes de préstamo de expedientes (2010), (2011 a 2012), libro de conocimiento: 1 libro de conocimiento (1980 a 1987), 1 libro de conocimiento (1991 a 1996), 1 libro de conocimiento (1990 a 1991), 1 libro de conocimiento (1996 a 1999), control de correo certificado: 1 control de correo certificado (1990 a 1993), 1 control de correo certificado (1985 a 1989), 1 control de correo certificado (1993 a 1999), 1 control de correo certificado (1990 a 1999).

1 control de correo certificado (2011), 3 ampo de copia de correo interno certificado enviado (2004 a 2005), (2008), (2011), registro de asistencia: 1 registro de asistencia (2004 a 2005), 2 ampo de registro de asistencia (2004 a 2005), (2006), 2 ampos registro de

firmas (2009 a 2011), (2011 a 2012), control de expedientes entregados: 1 control de expedientes civiles entregados (1987 a 1994), 1 control de expedientes civiles entregados (1976 a 1988), 1 control de expedientes civiles entregados (1996 a 2003), 1 control de expedientes civiles entregados (1973 a 1976), 1 control de expedientes penales entregados (1981 a 1987).

1 control de expedientes penales entregados (1981 a 1987), 1 control de expedientes penales entregados (1997 a 1999), 1 control de expedientes penales entregados (1995 a 1998), 1 control de expedientes tránsito entregados (1996), 1 control de expedientes tránsito entregados (1996 a 2001), 1 control de expedientes tránsito entregados (1994 a 1995), 1 control de expedientes tránsito entregados (1987 a 1990), 1 control de expedientes faltas y contravenciones entregados (1995 a 2004), 1 control de expedientes faltas y contravenciones entregados (1990 a 1993), 1 control de expedientes laboral entregados (1996 a 2003), 1 control de expedientes laboral entregados (1986 a 1996), informe: 1 informe trimestral (2007)

Comisiones: 1 libro de comisiones certificadas y boletas de seguridad (2000 a 2003), 1 libro de comisiones laborales y pensiones alimentarias (1985 a 1990), 1 libro de comisiones en contravención (1984 a 1990), libro de certificaciones: 1 libro de certificaciones (1984 a 1986), caja chica.

Reportes y controles mensuales: 2 libros de caja de control de depósitos ingresados al despacho (1987), (1996 a 1997), 1 libro de caja de control de números de depósitos que ingresan al despacho (1995 a 1997), control de expedientes: 1 libro de entrada y salida de expedientes de pensión alimentaria (2000), 1 libro de entrada y salida de expedientes penales (1998 a 1999).

Agenda de señalamiento: 1 agenda de señalamiento (2005), 1 agenda de señalamiento (2007), 1 agenda de señalamiento (2008), 1 agenda de señalamiento (2009), 2 agenda de señalamiento (2010), 3 agenda de señalamiento (2011), 2 agenda de señalamiento (2012).

Reportes y registros: 1 ampo de legajo con información referente al mantenimiento de las instalaciones judiciales (1986 a 1988), 2 ampo de solicitud de prórroga del archivo judicial (1999), (2001), 1 ampo de actas de notificación que nunca fue posible localizar el expediente por contar con datos erróneos (2006 a 2009), 1 ampo de copias de fax recibidos (2004), 1 ampo con asuntos penales tramitados en turno (2000 a 2003), 1 ampo de escritos con información recibida equivocada (2001), 1 ampo de acuses de recibidos (2006 a 2007), 2 ampos de copias consecutivas de órdenes de libertad (2012), 1 ampo de copias de tener a la orden, orden de libertad (2003 a 2005), 1 ampo de tener a la orden y libertades (2005 a 2007).

1 ampo de copias de tener a la orden (2001 a 2002), 2 ampos de copias de tener a la orden, remisión de detenidos y ordenes de libertad (2007 a 2008), (2011), 1 ampo de consecutivo

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de remisión de detenidos (2012), 1 ampo de correo electrónicos (2007), 1 ampo de acuses de recibidos de correo electrónico (2006 a 2007), 1 ampo de copia de correos electrónicos (2006), 1 ampo de certificaciones de que a la actora no recibe pensión (2007 a 2009), 2 ampos con boletas de préstamo de expedientes (2010), (2011 a 2012), 1 ampo de copias de remisiones de detenidos (2005 a 2007), 1 ampo de mandamientos y edictos por publicar (1998), 1 ampo de escritos con información recibida equivocada (2008), 1 ampo de ordenes de apremio (2004).

2 ampo de personerías jurídicas (2003 a 2004) (2002 a 2003), 1 ampo de oficios de levantamientos realizados de tránsito y personerías (2002), 1 ampo de mandamientos y edictos que no fueron retirados por las partes (1999 a 2000), 1 ampo de oficio de levantamientos de gravámenes (acuses de recibido en el registro nacional) (2003 a 2008), 1 ampo de levantamientos de gravámenes (acuses de recibido en el registro nacional) (2005), 1 ampo de copias traspaso de fondos de pensiones (2002 a 2003), informe: 4 ampo de informes mensuales (1992 a 1995), (2005), (2007), (2008), 1 ampo de informes trimestrales (2007), 1 ampo con informes laborales (2006), 1 ampo de informes estadísticos (1990 a 1991).

Acuses de recibidos: 3 ampo de acuse de recibido (2006), (2008), (2011), circulares:

4 ampo de circulares (1986 a 1997), (2004), (2006), (2008 a 2009), consecutivo de oficios:

1 ampo de copias de oficios consecutivos de expedientes salidos del despacho (1998), 1 ampo de información consecutiva de expedientes enviados y solicitudes del usuario (2004 a 2005), 1 ampo de consecutivos (2007 a 2008), resoluciones: 4 ampo de resoluciones judiciales (1995), (2002), (2003), 2 ampo de resoluciones de materia contravencional (2001), (2004), 1 ampo de resoluciones de pensión alimentaria (2004), control de expedientes: 1 ampo de manifestaciones de solicitud de traslados de expedientes (2004 a 2010), copiadores de sentencia: 1 ampo de copias de sentencias (2003).

PRIMERA PUBLICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para el caso específico el acuerdo de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en Acta Nº 03-2011 de fecha 16 de noviembre del 2011, artículo Primer y el acuerdo del Consejo Superior en Sesión Nº 11-12 celebrada el 9 de febrero del 2012, artículo LXVIII. De la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en Acta Nº 01-2009 de fecha 26 de febrero del 2009, artículo Segundo y el acuerdo del Consejo Superior en Sesión Nº 58-09 celebrada el 2 de junio del 2009, artículo LV, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en

general, que se procederá a la eliminación de expedientes de Faltas y Contravenciones del año 2008 al 2011, expedientes de Pensión Alimentaria del año 1994 al 2008 y expedientes de Violencia Doméstica del año 2009 a 2010 del Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Guácimo. La documentación, se encuentra remesada y custodiada en ese Despacho.

Pensión Alimentaria Remesa: Q 7 L 94 Expedientes: 01 Paquetes: 01

Año: 1994

Asunto: Pensiones Alimentarias, 01 expediente con defunción.

Remesa Q 9 L 97 Expedientes: 01 Paquetes: 01

Año: 1997

Asunto: Pensiones Alimentarias, 01 expediente con defunción.

Año: 1998

Asunto: Expedientes de pensiones alimentarias: 10 con defunción, 01 con Desestimación, 07 sin Sentencia.

Remesa Q 8 L 99 Expedientes: 12 Paquetes: 01

Año: 1999

Asunto: Pensiones Alimentarias, 05 expedientes con defunción, 07 con archivo sin sentencia.

Año: 2000

Año: 2001

Asunto: Pensiones Alimentarias, 03 expedientes con archivo sin sentencia, 05 con defunción.

Año: 2002

Asunto: Pensiones Alimentarias, 01 expediente con archivo sin sentencia, 05 con defunción.

Año: 2003

Asunto: Pensiones Alimentarias, 05 expedientes con archivo sin sentencia, 03 con defunción.

Año: 2004

Asunto: Pensiones Alimentarias, 08 expediente con defunción, 03 con archivo sin sentencia.

Año: 2005

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Año: 2006

Año: 2007

Año: 2008

Faltas y Contravenciones:

Remesa G 6 L 08 Expedientes: 15 Paquetes: 1

Año: 2008

Asunto: Faltas y Contravenciones: 14 expedientes archivados, 01 expediente con conciliación.

Año: 2009

Asunto: Faltas y Contravenciones, 287 expedientes con archivo definitivo, 15 con absolutoria, 04 con prescripción, 65 con conciliación, 23 con sentencia y 09 con desestimación.

Año: 2010

Asunto: Faltas y Contravenciones, 341 expedientes con archivo definitivo, 77 con conciliación, 05 con prescripción, 12 con absolutoria y 07 con desestimación.

Año: 2011

Asunto: Faltas y Contravenciones: 270 expedientes con archivo definitivo, 07 con absolutoria, 02 con prescripción, 30 con desestimación y 117 con conciliación.

Violencia Doméstica Remesa V 4 L 09 Expedientes: 473 Paquetes: 7

Año: 2009

Asunto: Expedientes de Violencia Doméstica, todos con resolución final.

Remesa V 2 L 10 Expedientes: 547 Paquetes: 10

Año: 2010

Asunto: Expedientes de Violencia Doméstica, todos con resolución final.

Si algún interesado ostenta un interés legítimo y desea conservar alguno de estos documentos, deberá hacerlo saber a la Dirección Ejecutiva, dentro del plazo de ocho días hábiles, luego de la primera publicación de este aviso. Publíquese por tres veces en el Boletín Judicial.

San José, 20 de noviembre de 2014.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán Exonerado.—(IN2011080639) Subdirector Ejecutivo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para el caso específico el acuerdo de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (C.I.S.E.D.) en Acta Nº 01-2014, de fecha 14 de marzo del 2014, artículo IV y el acuerdo del Consejo Superior en sesión Nº 34-14, celebrada el 22 de abril del 2014, artículo LI, se hace del conocimiento de las instituciones públicas, privadas y del público en general, que se procederá a la eliminación de Documentación Administrativa del año 2003 al 2012 de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Heredia. La documentación, se encuentra remesada y custodiada en ese Despacho.

Remesa O 4 H 03

Ampos: 172

Año: 2003 al 2012

Asunto: Documentación Administrativa (26) Ampos pasivos del personal 2003,19 Ampos actas de secuestro 2003-2007,(2) Ampos correspondencia recibida 2010,2011, 2009-2011, (3) Ampos solicitudes de dictamen pericial 2010-2011, (5) Ampos de nombramientos de personal 2004- 2005 y 2008-2011, (6) Ampos revisión de equipo policial 2007-2012, (22) Ampos control de horas extra 2007-2011,(2) boletas de combustible 2010 y 2011, (10) Ampos registros de asistencia 2008- 2012, (6) Ampos control de viáticos 2009-2010, (16) Ampos de autos de pase del 2009-2011, (4) Ampos de correspondencia 2010-2011,

(11) Ampos de Copias de informes CI 2007 y 2010-2011, (12) Ampos de copias de informes SI 2007 y 2010, (1) Ampo de Copias de informes AP 2009-2011, (1) Ampo de copias de informes drogas 2009-2011, (2) Ampos de Copias de informes preliminares 2011, (2) Ampos de reportes desaparecidos 2007-2010, (2) Ampos de estadísticas lofoscopia 2008-2011, (2) Ampos de estadísticas 2010-2011, (4) Ampos con circulares 2008 2011, (1) Ampo con copias de denuncias 2006, (1) Ampo diligencias menores 2007, (12) Ampos con reportes y registros 2007-2011 Si algún interesado ostenta un interés legítimo y desea conservar alguno de estos documentos, deberá hacerlo saber a la Dirección Ejecutiva, dentro del plazo de ocho días hábiles, luego de la primera publicación de este aviso. Publíquese por tres veces en el Boletín Judicial.

MBA. Rodrigo Arroyo Guzmán Exonerado.—(IN2014080641) Subdirector Ejecutivo.

PRIMERA PUBLICACIÓN

ASUNTO: Asueto concedido a los servidores que laboran en las oficinas judiciales de Tarrazú de la provincia de San José.

SE HACE SABER:

Que las oficinas judiciales de Tarrazú de la provincia de San José, permanecerán cerradas durante el día doce de enero del dos mil quince, con las salvedades de costumbre, por motivo de la celebración de los festejos cívicos patronales en el cantón de Tarrazú.

MBA Rodrigo Arroyo Guzmán, Subdirector Ejecutivo C-Exonerado.—(IN2014079300)

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SALA CONSTITUCIONAL SEGUNDA PUBLICACIÓN ASUNTO: Acción de Inconstitucionalidad

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA HACE SABER:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 14-016278-0007-CO que promueve [nombre 001], se ha dictado la resolución que literalmente dice:

“Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas y cuarenta y cuatro minutos del treinta de octubre del dos mil catorce. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [nombre 001], [valor 01] para que se declaren inconstitucionales los artículos 11, 30 y 46 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 de 6 de octubre de 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 de 29 de octubre de 2004, por estimarlos contrarios a los derechos protegidos en los artículos 11, 24, 36, 39 y 41 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y a la Contraloría General de la República. Afirma que el artículo 46 de la Ley N° 8422 es inconstitucional, en la medida en que viola el principio de culpabilidad. En su criterio, no basta que la conducta sea típica, también debe ser culpable. De esta forma, en el caso de los delitos formales, es decir, aquellos que se configuran sin que exista de por medio un acto voluntario del inculpado, lesionan el derecho protegido en el artículo 39 constitucional. En este sentido, el artículo 30 del Código Penal estipula: “Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley, sino lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención”. La culpabilidad crea un vínculo de carácter subjetivo de la persona que cometió el hecho punible y está integrada por los motivos que la impulsaron a actuar o abstenerse de actuar o abstenerse de hacerlo, con el fin de producir un resultado, sea un cambio en el mundo circundante. De esta forma, para que exista responsabilidad penal, el resultado tiene que haber sido querido voluntariamente por el actor, en consecuencia, debe demostrarse la vinculación subjetiva del autor con el resultado calificado como delito. La norma impugnada tipifica como delito el simple hecho de que una persona incurra en falsedad, simulación o encubrimiento, al realizar declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República, sin tomar en cuenta, para nada, el elemento de la culpabilidad. Por ejemplo, con frecuencia en cualquier declaración jurada, el declarante omite datos o elementos por olvido o simple descuido, los cuales, al final de cuentas, pueden dar como resultado que la declaración jurada pueda ser calificada de falsa (por contener datos contrarios a la realidad), incluir en la declaración hechos simulados (es decir, que no son reales), o encubrir hechos (es decir, impedir que se conozcan conductas realizadas por la misma persona que realiza la declaración o por terceros). En cualquiera de estas tres hipótesis, la declaración jurada no necesariamente se hizo con la intención de introducir falsedades, simulaciones o encubrir conductas personales o de terceros. En muchas ocasiones, la omisión de hechos o datos por simple descuido u olvido del declarante puede tener como resultado final una declaración jurada que contenga falsedades, hechos simulados o encubrimiento de conductas personales o de terceros. En tales hipótesis, es decir cuando la declaración sea realizada sin dolo, pero a pesar de ello produjo un documento falso, simulado o prohijó un encubrimiento propio o de un tercero, a lo sumo tal acción típica debería ser sancionada como una contravención, pero nunca como un delito, siempre y cuando tal conducta haya producido un daño al bien jurídico. En consecuencia, el artículo 46 precitado es inconstitucional por vulnerar el artículo 39 de la Constitución Política, en la medida en que proclama un delito meramente formal y de peligro abstracto, sin exigir el elemento de la culpabilidad para su configuración. La norma impugnada también viola el principio de presunción de inocencia en dos sentidos: el primero, porque presume

que quien rinde una declaración jurada ante la Contraloría General de la República, que se demuestre posteriormente que contiene alguna falsedad, incluya hechos simulados o encubra hechos que favorecen al declarante o perjudican a terceros, como el delito previsto en esa norma sin exigir el requisito de la culpabilidad. En segundo, por cuanto elimina esa presunción sin exigir que los actos típicos incluidos en ella causen un daño a un bien jurídico. Es decir, si la declaración rendida contiene falsedades, simulaciones o encubre hechos personales o de terceros, aunque no lesione ningún bien jurídico, la acción típica no puede considerarse ilegítima y, por ende, no es constitutiva de delito. Considera que el artículo 11 de la Ley N° 8422 lesiona el derecho protegido en el artículo 24 de la Constitución Política, en la medida en que no prevé un listado preciso del tipo de documentos o fuente de información a los que la Contraloría General de la República tendrá acceso, sino que se trata de una autorización genérica, que se refiere a toda clase de fuentes de información. Se trata de una cláusula abierta que le otorga una amplia discrecionalidad a la Contraloría General de la República en la materia. De otra parte, el artículo 30 de la Ley N° 8422 lesiona el derecho protegido en el artículo 36 constitucional, según el cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo en un proceso penal.

Así ha sido reconocido también en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de modo que el derecho a la no incriminación es un derecho fundamental oponible en los procesos penales como en los sancionadores administrativos; este derecho fundamental protege también las auto-incriminaciones de aquellos que son objeto de un proceso de instrucción que se halla en una fase donde aún no hay evidencia suficiente para procesarla de manera de convertirla en acusado penal; se considera lesionado el derecho a no declarar contra sí mismo en el caso de que se utilicen en un procedimiento penal las declaraciones exigidas coercitivamente en un procedimiento administrativo; son inválidas las decisiones auto inculpatorias obtenidas mediante coacción penal o administrativa y tales pruebas no pueden utilizarse en un proceso penal ni en un procedimiento administrativo sancionador; no cabe invocar el interés público para justificar el uso de declaraciones obtenidas coactivamente en una investigación no judicial para incriminar al acusado durante el proceso penal. En este marco, la norma impugnada obliga a los funcionarios públicos declarantes a autorizar expresamente a la Contraloría General de la República para requerir información relativa a su persona o a sus empresas a las instituciones financieras y bancarias nacionales y extranjeras. Esta norma obliga a los funcionarios públicos a auto incriminarse, al obligarlos a autorizar a que la Contraloría General de la República obtenga información bancaria y financiera suya que luego podría ser usada en su contra en un proceso penal, como ocurre justamente en el caso concreto, en que la base de su acusación son las cuentas bancarias y la información financiera. Esta norma obliga a los funcionarios públicos a auto incriminarse, al permitir el acceso directo de la Contraloría General de la República a su información financiera y bancaria, lo que luego puede ser usado en su contra en un proceso penal. Pide que se declare con lugar la acción y la inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación de la accionante proviene del artículo 75, párrafo 1º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, [valor 02]. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos

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contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. Gilbert Armijo Sancho, Presidente”.

Dennis Ubilla Arce

Exonerado.—(IN2014079406) Secretario

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 14-016937-0007-CO que promueve Reynaldo Buján Arias, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas y cuarenta minutos del veintiocho de octubre del dos mil catorce./Por disposición del pleno de esta Sala, se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Reynaldo Buján Arias, cédula 102750921, para que se declaren inconstitucionales la Ley N° 7858, la Directriz Nº MTSS-012-2014 y la Resolución MTSS-010-2014 de las 11:07 horas del 4 de agosto del 2014, por estimarlas contrarias a los artículos 11, 33, 34 y 45 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Pensiones, al Ministro de Hacienda y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Estima el accionante que los artículos 2 y 3 de la Ley N°

7858, violan el principio de igualdad, el principio de irretroactividad de la ley y la inviolabilidad de la propiedad privada. Considera que el artículo 3 establece una categorización discriminatoria de pensiones, pues hace diferencia entre pensionados. La norma tutela únicamente los derechos adquiridos de los diputados y los maestros con postergación, en detrimento de los derechos adquiridos de los pensionados de los demás regímenes. Alega que el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, no forma parte de los regímenes con cargo al presupuesto nacional. En relación con la violación al principio de irretroactividad de la ley, señala que la Ley N° 7858 fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de diciembre de 1998.

La aplicación del tope por ella previsto, quedó condicionada a que el Estado confirmara que los egresos presupuestados para el pago de las pensiones, fueran menores que las cotizaciones estatales y cuotas obrero-patronales fijados en los correspondientes regímenes. Este hecho fue determinado mediante el oficio DCN-UPC-126-2014 del 30 de julio del 2014. En tal sentido, es hasta esta fecha, que se cumplieron las hipótesis que condicionaron su aplicación, pese a haber sido promulgada años atrás. Al indicar el artículo 3 que el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Pensiones y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social serán los responsables de aplicar el tope fijado por ley a las pensiones vigentes de todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al presupuesto nacional, se afectan derechos adquiridos y se hace una aplicación retroactiva de la ley. Finalmente alega que la afectación al monto de la pensión vigente, constituye una privación irregular del patrimonio del jubilado. Iguales vicios de inconstitucionalidad se pueden esgrimir en relación con la Resolución MTSS-010-2014 del 4 de agosto de 2014 y la Directriz MTSS-012-2014, las que a su juicio con jurídicamente iguales, por lo que ambas adolecen de iguales vicios. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79.

La legitimación del accionante proviene del recurso de amparo que se tramita bajo expediente número 14-014393, en el cual se otorgó plazo para interponer acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones referidas. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. De conformidad con el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y por tratarse en este caso de una norma procesal, se suspende la aplicación de las normas impugnadas, lo que en el caso concreto supone la no implementación del tope de pensión a los montos actuales de pensión de todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional al que se refiere el artículo 2 de la Ley 7858 y la Directriz 012-MTSS-2014, hasta tanto no se resuelva esta acción.

Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. Gilbert Armijo Sancho, Presidente”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 14-017140-0007-CO que promueve Alcalde Municipal de Acosta, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez horas y veinticinco minutos del cinco de noviembre del dos mil catorce./Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Luis Alberto Durán Gamboa, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-442-939; para que se declaren inconstitucionales las frases “sin límite de tiempo” y “sin límite de años” contenidas, respectivamente, en los artículos 36 y 37 de la Segunda Convención Colectiva de Trabajo entre la Municipalidad de Acosta y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Acosta, por estimarlos contrarios a los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad; además del uso eficiente de los fondos públicos y gestión financiera. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República. Las normas se impugnan en cuanto reconocen a los funcionarios de la Municipalidad de Acosta el pago de la totalidad de los años de servicio al momento de calcular el auxilio de cesantía, lo que desborda el tope de ocho años establecido en el artículo 29 del Código de Trabajo o el máximo que ha señalado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Añade que las normas impugnadas lesionan el artículo 33 de la Constitución Política ya que dichos empleados municipales no se encuentran en una condición especial que justifique de manera objetiva otorgarles un trato

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diferenciado. Considera que, al no establecer las frases impugnadas un tope de años por reconocer como parte del auxilio de cesantía, son incapaces de superar un análisis de la razonabilidad y finalidad, provocando un tratamiento arbitrario, injusto, desproporcionado y discriminatorio. Manifiesta que esta Sala ha establecido -sentencias 6727-2006, 17437-2006, 1002-2008, 6351-2011, entre otras- que las normas convencionales que dispone el pago por concepto de auxilio de cesantía, deben indicar expresamente el máximo ajustado al indicado por la propia Sala y deben velar por el uso racional y legal de las finanzas públicas. Agrega que la Municipalidad de Acosta está destinando una importante cantidad de fondos públicos para el pago de privilegios desproporcionados e irrazonables; que violentan abiertamente los principios de lógica justicia y proporcionalidad.

Señala que un empleado de la municipalidad de Acosta, con base en las normas impugnadas, recibirá, al final de su relación de servicio, un monto que equivaldría a casi seis veces más el que se otorgaría a un funcionario cubierto por el régimen de Servicio Civil; lo que va en detrimento no sólo de la hacienda pública municipal sino del desarrollo económico local -artículo 169 de la Constitución Política-. Solicita se declaren inconstitucionales las frases “sin límite de tiempo” y “sin límite de años” de los artículos 36 y 37 de la Segunda Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Acosta, prohibiéndose de inmediato su aplicación. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional al tratarse de intereses difusos en el correcto uso de fondos públicos. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese. Gilbert Armijo Sancho, Presidente”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 14-017348-0007-CO que promueve Rodolfo Méndez Mata, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las nueve horas y treinta y tres minutos del cinco de noviembre del dos mil catorce. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Rodolfo Méndez Mata, para que se declaren inconstitucionales la Ley N° 7858 y la resolución MTSS-010-

2014 de las 11:07 horas de 4 de agosto de 2014, denominada:

“Diligencias de Implementación del Tope contenido en la Ley N°

7858 de 28 de diciembre de 1998”, por estimarlos contrarios a los principios de debido proceso, legalidad, irretroactividad de la ley, razonabilidad e igualdad, contenidos en los artículos 11, 33, 34, 39 y 41 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Pensiones, al Ministro de Hacienda y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Las normas se impugnan en cuanto establecen un tope máximo de pensión para todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al presupuesto nacional, con menoscabo de los principios supra aludidos. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación accionante proviene del recurso de amparo que se tramita bajo el expediente N° 14-014551- 0007-CO, en el cual el accionante figura como parte recurrente y amparado, y en el que se invocó la inconstitucionalidad de esas normas como medio razonable de amparar el derecho o interés que se estima vulnerado. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. De conformidad con el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y por tratarse en este caso de una norma procesal, se suspende la aplicación de las normas impugnadas, lo que en el caso concreto supone la no implementación del tope de pensión a los montos actuales de pensión de todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional al que se refiere el artículo 2 de la Ley 7858 y la Directriz 012-MTSS-2014, hasta tanto no se resuelva esta acción. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Notifíquese./Gilbert Armijo Sancho, Presidente”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de inconstitucionalidad número 14-017353-0007-CO que promueve Mario Fernández Ortiz, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las once horas y catorce minutos del cinco de noviembre del dos mil catorce. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Mario Fernández Ortiz, cédula 1-223-394 para que se declaren inconstitucionales la Ley N° 7858 y la resolución MTSS- 010-2014 de las 11:07 horas de 4 de agosto de 2014, denominada:

“Diligencias de Implementación del Tope contenido en la Ley N°

7858 de 28 de diciembre de 1998”, por estimarlos contrarios a los principios de debido proceso, legalidad, irretroactividad de la ley, razonabilidad e igualdad, contenidos en los artículos 11, 33, 34, 39 y 41 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Pensiones, al Ministro de Hacienda y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Las normas se impugnan en cuanto establecen un tope máximo de pensión para todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al presupuesto nacional, con menoscabo de los principios supra aludidos. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación accionante proviene del

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recurso de amparo que se tramita bajo el expediente N° 14-014453- 0007-CO, en el cual el accionante figura como parte recurrente y amparado, y en el que se invocó la inconstitucionalidad de esas normas como medio razonable de amparar el derecho o interés que se estima vulnerado. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. De conformidad con el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y por tratarse en este caso de una norma procesal, se suspende la aplicación de las normas impugnadas, lo que en el caso concreto supone la no implementación del tope de pensión a los montos actuales de pensión de todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional al que se refiere el artículo 2 de la Ley 7858 y la Directriz 012-MTSS-2014, hasta tanto no se resuelva esta acción. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Notifíquese. Gilbert Armijo Sancho, Presidente”.

JUZGADO NOTARIAL HACE SABER:

Juzgado Notarial hace saber a: Neftalí Francisco Fernández Morales; mayor, notario público, cédula de identidad número 1-500- 688, de demás calidades ignoradas; Que en proceso disciplinario notarial número 12-000719-0627-NO establecido en su contra por Reyna Arelia Martínez Ríos, se han dictado las resoluciones que literalmente dicen: “Juzgado Notarial. San José a las quince horas y diecisiete minutos del seis de noviembre del dos mil catorce.

Siendo fallidos los intentos por notificarle al Licenciado Neftalí Francisco Fernández Morales, la resolución dictada a las diez horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre del dos mil doce (folio 9) en las direcciones reportadas en la Dirección Nacional de Notariado, el Colegio de Abogados y el último domicilio registral reportado en el Registro Civil (ver folios 35, 51, 8, 22, 23 y 4), y siendo que no tiene apoderado inscrito ante el Registro de Personas Jurídicas (folio 15), de conformidad con lo dispuesto por el párrafo IV del artículo 153 del Código Notarial, se dispone notificarle al citado profesional esa resolución así como la presente, por medio de edicto que se publicará por una sola vez en el Boletín Judicial;

comuníquese a la Imprenta Nacional. Se le hace saber al denunciado que los hechos que se le atribuyen son que Reyna Arelia Martínez Ríos; denuncia que se le entregó un documento de cancelación de crédito realizado por el INS para que confeccionara la escritura de cancelación de hipoteca y para que de una vez realizara el traspaso de la propiedad que está a nombre de mi esposo Nelson Antonio Ruiz; a mi nombre, para dicho trámite nos cobró por hacer los dos trabajos la suma de cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta colones, cancelados mediante factura número 634 de fecha doce de julio del dos mil doce la suma de doscientos cincuenta mil colones y el diecinueve de julio del dos mil doce se le depositó el resto, sea la suma de doscientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta colones. Una vez que le cancelé todo me dijo que en quince días me haría el trabajo, ahora resulta que no contesta las llamadas y no sé cómo está la situación. Si él no puede hacer el trabajo mejor que me lo diga y que me devuelva el dinero. La denunciante solicita que Neftalí Fernández Morales; me devuelva la suma de cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta

colones. Conforme lo dispone el citado numeral, comuníquese esta resolución a la Jefatura de Defensores Públicos, con el fin de que se le nombre un defensor público al denunciado Neftali Francisco Fernández Morales, cédula de identidad 1-500-688. Notifíquese.

Msc. Juan Carlos Granados Vargas, Juez, Juzgado Notarial. San José a las diez horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre del dos mil doce. Se tiene por establecido el presente proceso disciplinario notarial de Reyna Arelia Martínez Ríos contra Lic. Neftalí Francisco Fernández Morales, a quien se confiere traslado por el plazo de ocho días, dentro de ese plazo debe informar respecto de los hechos denunciados y ofrecer la prueba de descargo que estime de su interés. Para los efectos del artículo 153 del Código Notarial, se tiene como parte a la Dirección Nacional de Notariado, entidad que dentro del plazo señalado debe referirse respecto de la presente denuncia y aportar la prueba que considere pertinente. Se le previene a las partes que dentro del plazo ya citado, deben indicar medio en el cual recibir notificaciones, ya sea: Correo electrónico, fax, casillero o en estrados, en el entendido de que, mientras no lo hagan, o si la notificación no se pudiere efectuar por el(los) medio(s) señalado(s) por la parte, las resoluciones posteriores que se dicten se le tendrán automáticamente notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas, incluidas las sentencias. De manera simultánea como máximo y dentro de los ya citados, podrán señalarse dos medios distintos o iguales para recibir notificaciones, pero deberá indicarse en forma expresa, cuál de ellos se utilizará como principal; en caso de omisión, será esta Autoridad la que realizará la elección. Si se señalare correo electrónico, la cuenta de correo deberá de estar acreditada por el Departamento de Tecnología de la Información del Poder Judicial. En caso de señalar fax, éste deberá de estar instalado dentro del territorio nacional. Así mismo se le previene a cada parte, que si no escogiere alguno de los medios anteriormente detallados u otro medio autorizado para atender notificaciones, deberá necesariamente designar en estrados;

si no lo hiciere se producirán iguales consecuencias a las señaladas respecto a la notificación automática. En caso de señalar en estrados, se hace saber a la parte, que las listas de los procesos se exhibirán para su consulta, en la Oficina Centralizada de Notificaciones del Primer Circuito Judicial de San José (tercer piso del edificio de los Tribunales de Justicia de este Circuito Judicial), los días martes y jueves de cada semana. En el caso de que la notificación de esta resolución deba realizarse en un lugar o zona de acceso restringido, se ordena permitir el ingreso al funcionario notificador a fin de realizar la diligencia encomendada; en caso de omisión se tendrá por válida la notificación practicada a la persona encargada de regular la entrada. (Artículos 4, 11, 34, 36, 39, 47, 58 y 59 de la Ley de Notificaciones Judiciales vigente N° 8687, publicada en La Gaceta N° 20 del jueves 29 de enero del 2009). Notifíquesele esta resolución a la parte denunciada, personalmente o en su casa de habitación, mediante cédula y copias de ley, lo cual se hará por medio de Oficina de Comunicaciones Judiciales del Primer Circuito Judicial de San José, quienes podrán notificarle en San José, Edificio Cristal, segundo piso, oficina 210. Así mismo se ordena mediante comisión notificar a la Dirección Nacional de Notariado a través de la Oficina de Comunicaciones del Segundo Circuito Judicial de San José, en:

Curridabat, 50 metros este de la Heladería Pops, Edificio Galería del Este, primer piso. De conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 8687, solicítese al Registro Civil copia debidamente certificada del domicilio registral de la parte denunciada. Obténgase, por medio de intranet, las direcciones reportadas por la parte denunciada en la Dirección Nacional de Notariado. Conforme al numeral 153, párrafo IV del Código Notarial, remítase mandamiento a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, para que certifique si la parte denunciada tiene apoderado inscrito en ese Registro. En caso de tenerlo, remita copia literal certificada del poder en que así conste. Notifíquese. Lic. Melania Suñol Ocampo, Jueza.

Msc. Juan Carlos Granados Vargas, 1 vez.—Exonerado.—(IN2014080616) Juez.