EL PUNTO DE PARTIDA

Alfredo Cristiani tomó posesión el primero de junio de 1989, en un am- biente de marcadas expectativas. Precedido de un mensaje que planteaba grandes espacios para el desarrollo de la iniciativa privada, más y mejores oportunidades de empleo, mayor atención a los sectores sociales, entre otras ofertas de cambio, la mayoría estaba entusiasmada, aunque las elecciones no las hubiera ganado por una amplia mayoría.

Abonaba a aquella sensación, un plan económico y social bien estructurado que combinaba la esencia de los programas de estabilización y ajuste que ya habían empezado a implementarse en América Latina con el crecimiento económico y, sobre todo, su oferta de trabajar intensamente por la consecu- ción de la paz. Para el sector empresarial en particular, el atractivo principal era la instauración de una economía de mercado que, al menos en el discur- so, marcaba una enorme distancia del gobierno anterior.

En este aspecto concreto, en el capítulo II del Plan, se establecen los Pos- tulados Económicos Básicos, anticipando que el gobierno de El Salvador buscaba establecer las condiciones para desarrollar una economía basada en los principios de una sociedad libre. Al efecto sostiene: “Una economía social de mercado es consistente con ese objetivo, pues sus fundamentos descansan sobre principios de libertad, de propiedad privada, de mercado libre y de competencia, con un Estado subsidiario, no interventor”¹¹². A partir de esta conceptualización, el Plan incorporaba los siguientes pos- tulados económicos:

• LA PROPIEDAD PRIVADA ES CONDICIÓN NECESARIA PARA LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN. La propiedad privada es lo que más se ajusta a la naturaleza humana (no dice que es inherente a, como lo sugiere el derecho natural), ya que le da todos los incentivos a la per- sona para producir. Garantiza que se obtendrá el beneficio del esfuerzo empleado para la producción, que toda inversión presente dará un bene- ficio futuro al inversionista y asegura al propietario que sus hijos podrán disfrutar el fruto de su trabajo.

• EL MERCADO LIBRE ASEGURA LA MEJOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. El mercado es la interacción de los miembros de la so- ciedad, es una “democracia económica” en acción. Toda persona es un consumidor y, por lo tanto, requiere de ciertos productos que necesita y/o desea. Hay un grupo de personas que son productores y estos llenan las necesidades de la población. Por esa razón se denomina a este sistema la

“soberanía del consumidor”.

112 MIPLAN. Plan de desarrollo económico y social 1989-1994. Pág. 9.

Cuando una persona adquiere un artículo, emite un “voto” en favor de un producto de una marca determinada y un “voto” en contra de los que no adquiere. El productor recibe este mensaje y si satisface las necesidades de la población seguirá sirviéndola, pero si falla, el rechazo de los con- sumidores lo hará salir del mercado.

El libre funcionamiento del mercado asegura que los precios que re- sulten de esta interacción serán los de equilibrio. Bajo esta condición, todos los que quieran comprar el producto lo obtendrán, y todos los que quieran venderlo también lo lograrán. No debe haber intervenciones di- reccionales del Estado en la asignación de recursos.

• LA COMPETENCIA GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. Para poder asegurar que el consumidor sea el soberano y que el productor no tome ventaja del mismo, se necesita que el Estado no intervenga limitando o entorpeciendo la libre competencia. Si hay libre competencia, las empresas que prevalezcan en el mercado serán más efi- cientes y el consumidor será beneficiado porque podrá adquirir los pro- ductos que desee a un precio más bajo y con una calidad que maximiza su beneficio.

La competencia garantiza que no haya ni monopolios ni oligopolios ar- tificiales; en caso que el mercado, a causa de imperfecciones que este no pueda superar, cree situaciones monopólicas, el Estado deberá normar para evitarlas en beneficio de los consumidores.

• EL ESTADO TIENE UN PAPEL SUBSIDIARIO. El rol del Estado debe ser normador y garante para que el mercado funcione libremente y exen- to de abusos y manipulaciones. El Estado debe actuar como árbitro en todas aquellas circunstancias que son indispensables para el libre (eficaz, diríamos nosotros) funcionamiento del mismo. El Estado no debe produ- cir, comercializar, fijar precios, ni intervenir en aquellas actividades que solo corresponden a la sociedad.

Como puede apreciarse, desde el enunciado general previo a los postulados como tales, se percibe una concepción de la nueva economía, aunque con un sustento filosófico-doctrinario relativo. Las ideas rectoras del nuevo mode- lo están sin duda presentes, pero estas aparecen un tanto sueltas –en cierto modo, difusas– y por lo mismo con poca coherencia, aunque se mantenga la idea general.

Algo que podría explicar la falta de una mayor profundidad en la concep- tualización de un modelo que estaba supuesto a transformar radicalmente el sistema económico y social del país, podría estar relacionado con lo com- pendioso que resulta asimilar nuevos conceptos e ideas en un ambiente ex- cesivamente ideologizado –pero “light” en propuestas claras– donde puede haber intencionalidad en cuanto a propósitos, pero no la fortaleza y conoci- miento para llamar las cosas por su nombre.

En cuanto a la estrategia de desarrollo económico y social como tal, y más concretamente en cuanto a la definición de los principios rectores de la eco- nomía de mercado sustentados en la misma doctrina, los planteamientos de FUSADES eran mucho más contundentes y clarificadores que los que se incorporaron en el Plan de Desarrollo.

Sin embargo, un recuento “ex post” de quien en su condición de ministra de Planificación tuvo la importante función de coordinar el gabinete econó- mico durante la administración Cristiani, retoma objetivos del Plan en los siguientes términos: 1) crear las condiciones para erradicar la pobreza, 2) lograr un crecimiento sostenido, 3) reducir la participación del Estado en la economía, y 4) utilizar más plena y eficientemente los recursos del país¹¹³. Con excepción del objetivo 3, los demás son, en realidad, una constante en cualquier programa económico responsable, independientemente de la ideología del gobierno que pretende impulsarlo. Pero el hecho de que de una forma explícita se incorporara el redimensionamiento del Estado en la movilización de recursos, ya sugería un cambio fundamental en lo que había sido la tradición del Estado salvadoreño a partir de la Constitución de 1950.

Según el criterio de la ex ministra de Planificación, el enfoque o forma de abordar esos temas permitía una coherencia total. Por ejemplo, “en vez de subsidios generalizados, controles de precios, tasas de interés que distorsio- naban todo el funcionamiento de la economía de mercado, se planteaban subsidios focalizados que (favorecieran) únicamente a quienes más los ne- cesitaban”.

113 Liévano, 1997. Pág.14.

Rivera Campos (2000) lo pone en estos términos:

“Un elemento aglutinador del nuevo programa era la promoción del libre mercado, a través del cual se facilitaría el logro de los ob- jetivos mencionados. Dentro de esta visión el mercado constituía el mejor y más eficiente asignador de los recursos, por medio del cual el sistema de precios refleja la escasez relativa de los bienes; a su vez, la sustitución el Estado por el mercado, al liberar las fuerzas de la iniciativa privada, impulsaría, según el modelo, el crecimiento sostenido, apoyado en la asignación eficiente de los recursos […] El objetivo de la creación de las condiciones para erradicar la pobreza era un resultado inducido por el crecimiento sostenido, cuya base se puede asimilar a la llamada teoría del rebalse: los beneficios del crecimiento desbordan hacia los pobres”¹¹⁴.

Independientemente de esos enfoques, el Plan, al menos en teoría, se hacía cargo de los desequilibrios reales y financieros que venía arrastrando la eco- nomía, dentro de una secuencia lógica, como se puede apreciar en la tabla No. 2.

Un somero análisis del contenido de estos elementos estratégicos indica que el Plan respondía en gran medida a los enfoques que sobre los temas de estabilización y del ajuste tenían algunos organismos internacionales, particularmente para evitar grandes costos sociales. La CEPAL insistía par- ticularmente en este tema, a partir de algunas experiencias, donde el caso de Costa Rica adquiría relevancia por el carácter recesivo que tuvo el ajuste.

En ese sentido dicho organismo recomendaba, por ejemplo, procurar el lo- gro de los objetivos relacionados con el equilibrio del sector externo y la es- tabilización del nivel interno de precios en forma sucesiva y no simultánea.

En su concepto, la tentativa de lograr esos dos propósitos simultáneamente, aumentaba el peligro de causar una recesión, lo cual, además de representar un elevado costo social, incrementaba la probabilidad de que, después de un tiempo, se abandonara la política de estabilización, con las consecuencias previsibles en el resurgimiento de las presiones inflacionarias¹¹⁵.

114 Rivera Campos, Roberto. La economía salvadoreña al final del siglo: Desafío para el futuro. FLACSO, Programa El Salvador, 2000.

115 CEPAL. Crisis económica y políticas de ajuste, estabilización y crecimiento. Santiago de Chile.1986. Pág. 29.

Por los resultados obtenidos, todo indica que las cosas se manejaron en el país con esa lógica, aunque como se dice en otras partes de este trabajo, El Salvador no confrontaba, considerando en todo caso el tamaño de su econo- mía, desequilibrios reales y financieros tan abultados como otros países. El que el ajuste no resultara al final recesivo, es una expresión de que el costo social tampoco fue traumático en términos de empleo, caída del consumo, restricciones para importar, etc. Más bien fue todo lo contrario.

Tabla Nº 2

Líneas de acción de la estrategia del Plan de Desarrollo Económico 1989-1994

Fuente: Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social. Plan de desarrollo económico y social 1989-1994, pág. 15. Junio 1990.