Ingreso al GATT y pacto de solidaridad. Situación del sector agrícola

En el año de 1986 ingresó México al GATT, que en lo esencial propone la reducción de tarifas arancelarias y de barreras al comercio internacional. Con ello se conformó el giro radical del proyecto de crecimiento hacia adentro para promover el crecimiento hacia afuera:

45 Hoy Organización Mundial del Comercio-OMC.

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“A partir de ahora, más por falta de alternativas que por convicción, y forzado por la crisis de las finanzas públicas, se acelerará el retiro del gobierno mexicano del campo de la producción económica para dejar al mercado y a la iniciativa privada nacional y extranjera las decisiones en la asignación de recursos productivos. La rectoría del Estado en la economía y sus planes de desarrollo serán cada vez más mera forma y cosa del pasado revolucionario, ya que la estrategia de crecimiento consistirá en abrir la economía para que el libre juego de las fuerzas del mercado conduzca al país hacia el desarrollo”

(Carmona, 1986).

Uno de los objetivos que se plantearon con estas decisiones fue devolver a la iniciativa privada el control y responsabilidad del manejo de empresas para contribuir al desarrollo económico, es decir, un cierto retorno al escenario que se planteaba antes de la entrada del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones- ISI. En el apogeo de éste, el Estado intervino para regular las importaciones y creció su figura como órgano regulador y protector del mercado interno. De este modo, la privatización a través de la desincorporación, inició entre 1983 y 1984 (Guillén, 1996:17, Sacristán, 2006:54). La razón era la urgencia de que las empresas manejadas hasta ahí por el Estado, aumentaran su producción además de que se liberara de los gastos que implicaban manejarlas. Durante la administración de De la Madrid, en un proceso que se caracterizó por quiebras, fusiones y ventas, el número de paraestatales pasó de 1155 a 412. Con la desincorporación, la presencia del Estado disminuyó de 28 ramas de la industria a 12, además se retiró totalmente de la industria automotriz, bienes de consumo duradero, bienes de capital, textil y vestido, química básica y parcialmente de minería, producción de azúcar, comercio y servicios (Guillén, 1996:21; Enríquez, 2002).

Simultáneamente, era necesario detener la inflación, situación que se complicó con el terremoto de 1985 y con la continua crisis petrolera. En ese marco, caracterizado por muchos otros problemas, se instrumenta la firma del Pacto de Solidaridad Económica en 1987 que tenía como propósito involucrar a todos los sectores de la sociedad para que se participara en la austeridad. El fin era estabilizar y reducir la inflación y de ese modo concertar nuevas bases para el crecimiento. Los rasgos fundamentales de este pacto consistieron en combatir la inflación a través de un acuerdo entre campesinos, obreros, empresarios y gobierno (Barcelata, 2008; Lajous, 2004, 1988; Guillén, 1996:20). En lo esencial no habría aumento de precios, el gobierno reduciría su gasto y los campesinos y obreros aceptarían la contención salarial y reducción de subsidios. Una de las acciones que se introdujeron con el Pacto, tomó forma con el establecimiento del arancel máximo del 20% en las importaciones de todos los sectores; esta acción fue la medida central del Pacto (Serra, 2010:179; Barcelata, 2008:32).

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Desde el inicio de su administración, De la Madrid planteó retirar el programa denominado Sistema Alimentario Mexicano-SAM⁴⁶ como parte del proyecto político y se incorporó el Programa Nacional de Alimentación – PRONAL - y se consideró que los ajustes contribuirían a lograr la soberanía para la producción de alimentos básicos. No obstante los esfuerzos, durante esta época se presentó una caída en los precios agrícolas. Además, con toda la serie de problemas que se estaban viviendo no fue posible aumentar la inversión para el desarrollo rural: mientras al inicio del sexenio se había destinado un 13.4% del presupuesto, para 1988 sólo se contemplaba el 5.6%; es decir, fue en retroceso durante todo el periodo que duró la administración. Lo mismo sucedió con los indicadores para la producción agrícola de maíz, frijol y trigo. Las razones se ubican, entre otras, en el incremento de las importaciones de granos por insuficiencia alimentaria sumado, al interés del gobierno por alentar los cultivos de exportación para obtener divisas.

Con esas medidas se redujo la superficie de cultivo de granos y se perjudicó el trabajo de los campesinos que además se vieron afectados por la política de reducción del gasto público en el sector agrícola. El gasto público era ejercido por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos- SARH, Secretaría de la Reforma Agraria-SRA, Banco Nacional de Crédito Rural-BANRURAL, Aseguradora Nacional de la Agricultura y la Ganadería ANAGSA y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura de la Banca de México- FIRA (Barcelata, 2008:26; Fujigaki, 2004: 140). En ese marco, hubieron argumentos orientados a justificar el retiro de los apoyos a la actividad del sector: los productores en lo general no mostraban tendencia hacia la inversión y estructuración productiva de sus predios, confiados de la excesiva participación del Estado en el estímulo y financiamiento de la producción y la intervención de éste para manejar los precios.

Lo anterior hacía necesario el proceso de desregulación económica a fin de eliminar todos los mecanismos de intervencionismo estatal (Hernández, 1996:72-76). Este aspecto caracterizó a este periodo y se crearon las condiciones para la profundización de la política neoliberal que se vio acentuada en las dos siguientes etapas de la apertura comercial.

46 Al perderse la suficiencia de producción de maíz en la década de 1970, se creó este programa en 1980.

Básicamente se propuso reducir la dependencia alimentaria alentando la producción y reduciendo las importaciones (Spalding, 1985).

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