II.- ESTADO Y DESARROLLO AGRÍCOLA EN MÉXICO: TRAYECTORIA
2.4 El TLCAN y la agricultura en México
2.4.2 Procesos de desgravación de productos agrícolas
Conforme se cumplía el plazo de diez años para la desgravación de varios productos, desde el año 2002 se dejaron sentir a lo largo del país, expresiones de protesta que manifestaban los temores de las desventajas que significarían la entrada de productos a México a partir del 1º de enero de 2003, fecha en que las importaciones agroalimentarias procedentes de Estados Unidos y Canadá, con excepción de maíz, frijol y leche en polvo, se verían libres de aranceles.52 A ocho años de firmado el TLC y cuando se esperaba ver los primeros resultados benéficos del tratado, se aglutinaron doce asociaciones campesinas y constituyeron el movimiento social El Campo no Aguanta Más, que con una serie de argumentos basados en la desprotección del campo, arengaron a diversos sectores sociales a fin de que se pronunciaran en contra de las medidas de la apertura comercial relacionadas con
52 Se trataban de 30 productos “destacando el café, el trigo, la avena, el arroz, las habas, la caña de azúcar, entre otros” (Tépach, 2002:1-3).
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la desgravación y otras más (Sámano, 2004; Diego, 2004; Bartra, 2002). El gobierno de Vicente Fox, presionado por el movimiento postuló que el Acuerdo Nacional para el Campo era la forma justa de apoyar al sector agrícola. La propuesta inicial fue generada en marzo de 2003 con la participación de diversas agrupaciones campesinas lo que apaciguó de alguna manera las manifestaciones. 53
A las protestas se sumaron sectores políticos y académicos a fin de reforzar los reclamos sobre la forma desigual en que se venía perfilando el intercambio de productos agrícolas entre los tres países. Por ejemplo, la persistencia de los subsidios ahora protegidos por la Ley Agrícola de 2002 en Estados Unidos. Un análisis sobre este instrumento revela que en realidad hay una intervención del Estado en ese país para proteger la producción en el campo, que no se atiene a las “señales del mercado” sino a planes estratégicamente construidos y en los que la asignación de precios obedece a una cuidadosa intervención del gobierno. En contrapartida, en México se retiraron los apoyos de fomento a la producción, centros de desarrollo; el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales- PROCEDE se sumó a esta política y propició que muchos campesinos se deshicieran de sus tierras. Los recursos que antaño eran apoyos ahora se calificaban como limosnas por parte del movimiento campesino (Piña, 2004; López, 2003).
Desde esos años se empezó a evidenciar las dificultades por las que transitaban los productores mexicanos, lo que no impidió que en abril de 2003 se firmara el Acuerdo Nacional para el Campo entre el gobierno y representantes sociales y campesinos, con excepción de las doce del movimiento El Campo no Aguanta Más. La negativa a renegociar el TLC y revisar las modificaciones al artículo 27, fueron las principales razones de su rechazo a participar en la firma.
En el año de 2007 se intensificaron las movilizaciones para el cumplimiento de los plazos de liberalización del maíz y el frijol, pues según los acuerdos, la desgravación tendría lugar el 1º de enero de 2008, fecha a partir de la cual se reconoce la segunda etapa del proceso de instrumentación del TLC. El plazo se previó a fin de que fuera de utilidad para México, con el objetivo de acelerar la capitalización y el progreso técnico de la agricultura en el transcurso
53 Sus seis propuestas o peticiones son: Moratoria al apartado agrícola del TLCAN, 2. Programas emergentes para el campo en el 2003 y hacia el 2020. 3. Verdadera reforma financiera rural. 4. Asignación del 1.5% del PIB como presupuesto al campo. 5. Garantizar la inocuidad en la producción agropecuaria. 6. Reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indígenas.
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de diez años para lo cual se debían generar políticas macroeconómicas y sectoriales (Zermeño, 1996: 63-64), lo cual no sucedió. Con excepción del año de 1995, en la primera etapa del TLC, se incrementó la dependencia alimentaria y el volumen de productos agrícolas exportados no fue suficiente para lograr las ventajas de ingresos que se esperaban (Tépach, 2002:2-4).
La cercanía del plazo generó tales protestas que se tradujeron en marchas, publicaciones periodísticas, ayunos, huelgas de hambre al mismo tiempo que el impulso de propuestas, a partir de lo cual tomó forma un adendo54 al Acuerdo Nacional para el Campo que básicamente solicitaba una revisión del TLCAN y el mecanismo de generar opciones congruentes con la Constitución mexicana y la OMC, éste último como instrumento multilateral superior al TLCAN en materia de comercio internacional.
Las organizaciones campesinas recibieron apoyo del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable en el proyecto de adendo. Intervino la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable-CIDRS, la cual puso en entredicho la viabilidad del adendo en el capítulo agropecuario ya que se apreciaban aspectos violatorios o de inequidad, por ejemplo la petición de elevar los aranceles más allá de lo establecido en el TLCAN a productos de Estados Unidos o bien las prórrogas indefinidas. La CIDR destacó la importancia de mantener ante todo relaciones cordiales con este país y Canadá no figuró de manera especial en el marco de las protestas, además destacó lo sensible que era dirigirse a la OMC para que solucionara esta suerte de conflicto entre países. Este proceso de intervención es evidencia de que la desgravación al maíz, frijol y los otros productos agrícolas, entraron al mercado libre sin cuotas, prórrogas u otras medidas que se intentaron en el adendo.
Argumentos a favor del TLC en años previos denotaban ya los efectos problemáticos de la comercialización entre países de estos productos. A ello se sumaban condiciones climáticas adversas que afectaban la producción (CEFP, 2004:3). En lo general, el maíz y frijol estaban desprotegidos y en desventaja aún antes de la liberalización, no eran
54Véase el documento “Propuesta de adendo al Acuerdo Nacional para el Campo por el desarrollo de la sociedad rural y la soberanía y seguridad alimentaria que presenta la Comisión de análisis y redacción de políticas públicas presentado por el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable-CMDRS (2007). También la expresión de generar un “nuevo instrumento” como alternativa a la inviabilidad dela propuesta al adendo de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable-CIDRS (2008). Mientras la CIDRS opina que no es viable la modificación, Witker y Díaz (2010) proponen que el campo mexicano es defendible desde el punto de vista jurídico, no obstante se haya firmado el tratado. En su exposición destacan algunos argumentos sobre el cierre de frontera y subsidios.
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considerados en la práctica como estratégicos para el mercado interno y no se les daría trato preferente para circular hacia el mercado externo (Tépach, 2002:2). Escalante y Talavera (1998:88) concluyen en un estudio realizado que “la producción de maíz y frijol no forma parte de la estrategia de abastecimiento del mercado interno”. Por lo tanto, sin importancia para la agricultura de subsistencia y comercial, estos productos tuvieron pocas posibilidades de ser defendidos en la propuesta de adendo.
Aunado a las condiciones de una agricultura del maíz y frijol en desventaja para competir en el mercado internacional se suman otros factores que contribuyen a profundizar el problema, como el aumento de precio de los productos de consumo básico, no sólo en México sino en el mundo. Una de las razones que se atribuyen a este hecho es la especulación que se hace en los mercados internacionales de granos, la razón: Estados Unidos utiliza los excedentes del maíz para la producción de etanol por lo tanto se propicia el desabasto de este grano con las consecuencias directas para países como el nuestro.
A fin de contrarrestar el alza de precios, el gobierno de Felipe Calderón ha suscrito pactos con diferentes sectores para mantener un control sobre ese aspecto sin embargo, la problemática del campo no se ve solucionada con estas medidas, que son solamente superficiales (Villarreal, 2008:2-4).
Estos eventos de trato desigual y controles superficiales de precios tienen repercusiones en los espacios regionales, en donde los actores eventualmente se van reorganizando con el propósito de desarrollar estrategias que les faciliten su inserción en el modelo de desarrollo. Si bien la estructura impone fuertes condicionantes, no es totalmente inamovible ni los actores se insertan de forma pasiva como podrá verificarse más adelante.