De sombras y luces. Nociones de excepcionalidad en la crisis,
2. Orígenes y evolución de las nociones de excepcionalidad chilena
para el despliegue de un discurso democrático que en último término se impuso a las intenciones más extremas de quienes buscaron consagrar permanentemente en Chile un sistema autoritario y un gobierno perso- nalista. A la luz de la situación actual de la democracia chilena, cuando la incertidumbre, los riesgos y las oportunidades conviven agitadamente, parece pertinente examinar —a modo de ejercicio reflexivo, más que prescriptivo— algunas de las sombras y luces que las nociones de excep- cionalidad han proyectado sobre el sistema y la cultura política de Chile en sus momentos de crisis, agonía y renacimiento.
2. Orígenes y evolución de las nociones de
dad forjada en la historia institucional de la República en el siglo XIX dio a cierta identidad nacional un rasgo de orgullo y autocomplacencia des- crito por el historiador Simon Collier (2003, loc. 1951) como el ‘complejo de superioridad chileno’.
En el transcurso del siglo XX, el carácter excepcional de la política chilena se identificó con otros rasgos que, de acuerdo a visiones arrai- gadas en el país y el exterior, hacían de ella una realidad singular en el concierto regional. Las crisis institucionales de 1924-1925 y 1931-1932 resultaron, tal como en el siglo XIX, en un fortalecimiento de la legitimi- dad del Estado chileno como escenario de las pugnas y objetivos de los actores políticos del resto del siglo XX. Ni siquiera los grupos ideológicos comprometidos con una transformación radical del sistema, en sus di- mensiones económica, social y política, se alejaron significativamente de esta visión sobre la legitimidad conceptual e institucional del Estado como ente superior y rector de lo político en Chile. Así, tal como ocurrió tras los conflictos del siglo XIX, tras un breve lapso durante el cual la política estuvo dominada por los militares, la elección y el ejercicio de la presidencia de Arturo Alessandri entre 1932 y 1938 apuntaron muy deli- berada y decididamente a la consolidación del sistema político derivado de la Constitución de 1925. Como en el siglo XIX, este gobierno institu- cionalizador y autoritario no escatimó en el uso de la violencia estatal contra quienes desafiaron la autoridad gubernamental y, en un sentido más amplio, el orden constitucional basado en la legitimidad incuestio- nable del Estado. La represión de la insurrección campesina de Ranquil en 1934 y del putsch nacionalsocialista de 1938 fueron representaciones implacables de esta voluntad consciente por parte de la autoridad esta- tal de mantener a toda costa el monopolio de la violencia y de sostener el orden constitucional ante los desafíos planteados por movimientos y sensibilidades ideológicas propias de lo que un autor ha llamado la ‘crisis ideológica mundial’ (Buchrucker 1987).
A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la región, donde en las décadas de 1930 y 1940 emergieron y se consolidaron movimientos populistas con ciertas tonalidades fascistas (el varguismo en Brasil, el peronismo en Argentina y el Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia, por ejemplo), en Chile, la crisis ideológica mundial se sorteó sin mayor trauma para la entidad y la legitimidad del Estado y sin que los partidos políticos sistémicos, de data decimonónica o de más reciente
creación, perdieran el protagonismo en el debate y la actuación pública.
Esto no quiere decir que la democracia chilena haya sido plenamente democrática durante este período: las mujeres obtuvieron el derecho al voto en todas las elecciones recién en 1949, más tarde que en muchos otros países de la región y, además, la proscripción del Partido Comunis- ta en 1948 excluyó legalmente del sistema a un grupo plenamente orga- nizado y ya de gran arraigo en la política chilena (Maza 1995; Huneeus 2009). No obstante, la adhesión generalizada a la práctica institucional de las fuerzas en pugna de la política chilena —incluidos los proscritos comunistas, detalle no menor—, sumada al hecho de que los militares no se apropiaron del poder entre 1932 y 1973, como sí lo hicieron sus pa- res en algún momento de ese período en casi todo el resto de los países sudamericanos, resultaron en la consolidación de una percepción amplia de la democracia chilena de la Constitución de 1925 como encauzada por los mecanismos propios de una república en forma, independiente- mente de las exclusiones que quedaron sancionadas entre 1948 y 1958.
La presumida excepcionalidad chilena ha convivido con nociones similares en otros países del continente, en una paradoja en parte expli- cada por la tendencia inexorable de las culturas políticas de los Estados nacionales al énfasis en sus propios rasgos singulares y distintivos. El caso más eminente es el de Estados Unidos y su desarrollo como Estado- nación fundado sobre pilares sociológicos e ideológicos que, en la visión de los adherentes a la idea del excepcionalismo estadounidense, son sustancialmente diferentes a las bases sobre las que se han fundado la mayoría de las naciones en la historia (Tocqueville 1957; Hartz 1955).
En el escenario hispanoamericano, las singularidades en las trayectorias históricas de varios países (vg. México y Argentina) han aportado a la consolidación de identidades, culturas políticas e incluso políticas exte- riores signadas por el énfasis en los rasgos supuestamente únicos de la realidad nacional (Knight 1992; Zanatta 2013). El caso de Uruguay es, en este sentido, el que más se asemeja a la presumida excepcionalidad chi- lena. Desde fines del siglo XIX y sobre todo en la época de los gobiernos de José Batlle y Ordóñez, la construcción de un Estado fuerte, sostenido por un sistema bipartidista sólido y orientado a la confrontación sistémi- ca de los problemas asociados a la ‘cuestión social’, resultó en la consoli- dación de una idea de excepcionalidad uruguaya, expresada incluso más explícitamente que en Chile por las élites políticas y culturales a través
de conceptos como ‘país modelo’ y ‘la Suiza de América’ (Vanger 1980;
Caetano 2016, 16-17). Aun así, en razón del tamaño del país y del carác- ter eminentemente nacional e idiosincrásico de su sistema de partidos, la excepcionalidad uruguaya, posiblemente más real que la chilena, pa- rece haber tenido menos peso en la consideración internacional y, por lo mismo, parece haber jugado un rol menos señalado en la trayectoria de la política uruguaya en la época de la destrucción y reconfiguración de su democracia. En cualquier caso, la relativa ignorancia chilena respecto de las particularidades de otros sistemas y culturas políticas de la región, como por ejemplo el caso uruguayo, ilustra con bastante claridad los lí- mites de cualquier concepción de excepcionalidad como la abrazada por élites políticas y culturales chilenas durante gran parte de la historia de la República.