técnica, incluyendo coordinación con proveedores, gestión de recursos, entre otros. Este proceso se recomienda implementarlo paulatinamente entre el 2009 al 2010.
Diseño
• Generar un mecanismo que evite que las AT de alta complejidad y costo, se vean afectadas por reasignaciones presupuestarias hacia otros tipos de AT. Además, en términos técnicos es la tendencia que se observará en las prescripciones médicas, por cuanto su indicación está más cercana a la idea de inclusión social, en tanto refiere a una ayuda técnica que no es externa y que pretende velar por la dignidad de las personas con discapacidad. Ello debe contemplar beneficiarios que no son cubiertos por el AUGE.
• Utilizar la Ficha de Protección Social como mecanismo de selección de beneficiarios para todos los postulantes, de manera de unificar los criterios de admisibilidad social al programa Actualmente esto se está cumpliendo para los beneficiarios de Chile Solidario y Chile Crece Contigo. Así como generar un mecanismo que permita homologar los criterios de discapacidad entre postulantes regulares y aquellos provenientes de Chile Solidario.
• Se recomienda formalizar el documento borrador de evaluación técnica actualmente en uso, para convertirlo en una guía técnica, contemplando la opinión de expertos en su diseño, de manera que los criterios utilizados en el proceso de evaluación técnica de las solicitudes sean estandarizados, lo cual contribuiría a aminorar las actuales discrepancias con las prescripciones de especialistas respecto de las solicitudes de Ayudas Técnicas. Esta guía debería ser de conocimiento público.
• Se recomienda implementar una política de difusión permanente a las instituciones intermediarias o patrocinadoras que incluya una actualización continua de los procedimientos, requisitos, entre otros, lo cual se sugiere implementar desde las OCR (Oficinas de Coordinación Regional).
Organización y Gestión
• Es necesario establecer con el COMPIN un protocolo de acuerdo entre ambos servicios, en que se establezcan los productos que se comprometen (Calificación de la discapacidad), los plazos para cumplirlos, designar un coordinador ante FONADIS y emitir informes de gestión respecto de estos acuerdos. Es evidente que existe un cuello de botella a este nivel que impide que las personas con discapacidad cuenten con su Registro de Discapacidad que le permita ser acreedores de una AT, razón por la cual se deben realizar todas las gestiones tendientes a reducir los tiempos de evaluación por parte del COMPIN y agilizar los plazos para la obtención de la credencial como persona con discapacidad.
• Es necesario introducir mecanismos de evaluación formales respecto al funcionamiento de los convenios con las instituciones intermediarias, por ejemplo, encuestas de satisfacción de las instituciones respecto a los procedimientos empleados por FONADIS para solicitar AT, realización de reuniones con periodicidad establecida (anuales) para establecer un contacto personal que permita recoger información cualitativa del mismo punto. Se sugiere introducir la aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios y
156 Ver documento “Discapacidad en Chile. Pasos hacia un modelo integral del funcionamiento Humano”. FONADIS, 2006.
encuesta de auto valencia para la modalidad de convenios institucionales, dado que es necesario evaluar el efecto de las ayudas técnicas a estos beneficiarios. Respecto a esta instancia de convenio se sugiere también, incluir en la firma de dichos convenios una cláusula que estipule la obligación de la institución de entregar semestralmente a FONADIS un informe cuyos indicadores de supervisión deben estar previamente establecidos por el DAT. A modo de ejemplo se sugiere supervisar: Cantidad de personas con discapacidad que están haciendo uso efectivo de las AT, personas con discapacidad que ya no pertenecen a la institución.
• Se sugiere disponer de información exacta de variables ingresos económicos en la base de datos SIIS, ya que en la actualidad sólo es posible verificar la vulnerabilidad. Esto se resuelve ampliando el ámbito del convenio actual con MIDEPLAN.
• Se sugiere incorporar mecanismos de supervisión de postventa en los convenios marco Chile Compra con proveedores de casas comerciales, en el sentido que no solo se obtenga la entrega de las ayudas técnicas, sino que además los proveedores a quienes se adjudica la compra, brinden efectivamente la asistencia técnica, adaptación y educación, que si bien está incluida expresamente en los convenios, en la actualidad solo algunos lo cumplen, no es un comportamiento homogéneo.
• Se sugiere efectuar el procesamiento estadístico periódico de las solicitudes de AT inadmisibles y rechazadas, como el realizado por el estudio complementario, con el fin de manejar información de gestión que permita tomar decisiones respecto de, por ejemplo, evaluar si se está realizando una adecuada focalización. La información está disponible en la FONAWEB pero los análisis no se realizan. En este contexto, también se sugiere procesar la información por RUT del postulante, para conocer el número de beneficiarios efectivos.
• Se sugiere incluir en las encuestas de auto valencia y de satisfacción de usuarios aspectos propios de roles de género, de manera que efectivamente se apunte a incluir un enfoque de género más allá de sólo aumentar la cobertura de la población femenina.
Al respecto, las preguntas sugeridas deben apuntar a si la Ayuda Técnica contribuye a mejorar la actividad que desarrolla en la vida diaria propia de su género (si es proveedor o proveedora del hogar, si es quien ejerce el cuidado de los hijos, entre otros). Con ello se apunta a evaluar que la AT contribuya efectivamente a la inclusión social.
• Respecto a los convenios institucionales se sugiere efectuar un catastro regional de las instituciones sin fines de lucro vinculadas a la discapacidad y que en su población objetivo atienden a personas de escasos recursos, cuenten con un plan de trabajo y con un equipo profesional, de manera de determinar el porcentaje que irá en el presupuesto anual del Programa Ayudas Técnicas a esta modalidad de convenios, lo cual es necesario para focalizar la intencionalidad de estos convenios (Ayudas Técnicas colectivas). Así también se sugiere definir un monto máximo a financiar (el actual es sólo un acuerdo interno) que requeriría de aprobación del Consejo.
• Implementar un servicio de fono consulta con la responsabilidad asignada a una persona con acceso en línea a toda la información de procesos de solicitudes de AT.
• Atendiendo la baja cobertura del programa, la dotación y formación del personal que se desempeña en el programa a nivel nacional y regional, se recomienda revisar más profundamente y definir más claramente el rol del Programa Ayudas Técnicas. Si el objetivo principal es que la institución pueda financiar y entregar a las personas con discapacidad pobres los elementos que la ayuden a mejorar su autovalencia y a través
de ello lograr una mejor inserción social; resulta imperioso mejorar los procesos que impiden aumentar cobertura y asegurar la entrega de ayudas técnicas de calidad adecuadas a cada persona con discapacidad. En este sentido uno de los procesos que genera el mayor rechazo de solicitudes se relaciona con la plataforma a través de la cual las instituciones en convenio ingresan los antecedentes y justifican la solicitud de ayuda técnica. Este problema podría ser resuelto si se contara con una plataforma informática que permita automáticamente a la institución que está ingresando los datos, darse cuenta que no está cumpliendo con todo lo exigido y de esa manera inmediatamente mejorar la solicitud para su evaluación por FONADIS y así impedir la “inadmisibilidad”.
• Respecto del funcionamiento de los convenios institucionales, se sugiere estandarizar un procedimiento de evaluación que garantice transparencia en la decisión de asignación, contemplando que no solo la jefe del departamento de Ayudas Técnicas sea quien realiza la evaluación de esos casos. Estas acciones debieran ser parte también del proceso de control de gestión institucional.
• En la eventualidad que la responsabilidad de evaluación de la solicitudes sea transferida a las regiones (lo cual representa un avance en materia de descentralización y es mencionado por los responsables del Programa como un probable futuro paso), la mantención del actual criterio de asignación de recursos para financiamiento de las AT, podría generar un incentivo perverso en las regiones, interesadas en maximizar su ejecución presupuestaria y número de beneficiarios, que las impulse a relajar los criterios de admisibilidad. Por lo tanto, en tal eventualidad, sería necesario modificar la forma de asignar los recursos a regiones, estableciendo presupuestos anuales para cada una de ellas, con mecanismos de flexibilidad presupuestaria adecuados.