T IPOS DE P ARTICIPACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA

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De acuerdo con Rafael Montesinos (2004) en la medida que la democracia significa un gobierno mayoritario que gobierna para las mayorías, y no un gobierno electo por la mayoría para beneficio de una minoría, la participación ciudadana representaría la superación de etapas autoritarias y despóticas, militares o civiles; y por tanto, la apertura de sistemas democráticos al escrutinio de la ciudadanía con toma de decisiones. Implicaría la construcción de un sistema político sustentado en un Estado de derecho, en el cual se anule progresivamente el uso de la violencia como una vía legítima de mantener el orden, sugiere una madurez política tanto de las elites políticas, de los partidos políticos, de la ciudadanía, donde la política se dirima por los consensos y la negociación, lo que supone como han mencionado Bobbio, Touraine y Hirschmann, trascender de la democracia representativa a la deliberativa.

Clara Jusidman (2001) señala que para instaurar gobiernos realmente democráticos, se requiere la construcción de una ciudadanía responsable, solidaria, respetuosa de la legalidad y que cumpla con sus obligaciones para exigir derechos, así como de un gobierno profesional, respetuoso y confiable.

Es así que al plantearse la participación ciudadana como resultado de una interacción entre el gobierno y los ciudadanos, resulta la necesidad de redefinir las fronteras entre el Estado y la sociedad (Roth D, 2006) lo que ha venido generando nuevos enfoques y nuevas interrogantes. Por lo que el nuevo contexto político y económico internacional, así como las exigencias nacionales, regionales y locales para aumentar la democracia, la participación y la autonomía ponen a los Estados frente a nuevas problemáticas (Roth D, 2006).

Si no existe una colaboración sistemática ciudadana en las tareas públicas, la democracia será únicamente una declaración de buenas intenciones. La convicción de cumplir con los fines de un régimen democrático, significa comprender que cada ciudadano representa un elemento insustituible en la estructura social (Nájera Pérez, 2000).

3.4.2 Política

El ciudadano ya no es receptor pasivo de derechos que goza de la protección de la ley sino que se identifica con la interacción con el Estado, con el mercado y con los poderes públicos. Es decir, la concepción tradicional de Estado como aquel que regula y controla las

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normas y preceptos jurídico – legales que rigen la vida individual y colectiva (Figueroa, 2008) ha sido superada; hoy día se habla de una relación más activa entre Estado y ciudadanía, lo que ha permitido cambiar hábitos y ámbitos de participación, a tal grado que hoy se observan grupos diferentes que presionan al Estado para que las políticas públicas incorporen sus identidades y demandas. Además, la participación implícitamente es un fenómeno político que resulta de los contextos institucional y cultural (Cartagena Ticona, Parra Vázquez, Burguete Cal y Mayor, & López Meza, 2005).

El Estado ha perdido su exclusividad como referente, la globalización y la transnacionalización de la economía han mermado su capacidad para estructurar a la sociedad, se ha quedado corto para asumir los desafíos globales; las revoluciones del conocimiento, de las comunicaciones y de la información han afectado la concepción y estructura de la política, del Estado y la democracia; primordialmente las relaciones con la nación, la sociedad y los ciudadanos (Paniagua, 2005).

José Garza (2008) establece que los expertos en teoría general del Estado afirman que en medio de la globalización, las únicas atribuciones que debe cumplir el Estado son cuatro:

seguridad pública, educación, salud y medio ambiente, partiendo de la percepción de que el Estado ha dejado de ser la entidad jerárquicamente superior de una sociedad, como señala Sanguinetti (s/f):

―La idea de aquel Estado estático, concebido fundamentalmente como un fenómeno político – jurídico que de algún modo nutrió la formación clásica, ha ido cediendo paso a paso a una visión más moderna, más compleja, más multidisciplinaria, en la cual se siente al Estado como lo que es: un instrumento de servicio, un coordinador, un administrador, más que esa suerte de entidad superior que durante años se concibió como expresión máxima de cúpula de la sociedad‖.

Por lo que las democracias apenas electorales no han sido capaces de crear ciudadanías integrales, en lo político, económico, social y cultural; debido principalmente a la nula participación ciudadana, falta de capitalización social y las amenazas externas de endeudamientos avallasadores y senderos de crecimiento detenidos por intereses de grupos;

se produce una crisis de la ciudadanía traducida en una creciente desprotección de los derechos humanos y crisis en la representación política que se expresa en la legitimidad y representatividad del Estado y de la política (Paniagua, 2005).

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La participación política es en realidad una participación partidista, es la participación del ciudadano en un partido político al cual se afilia ―voluntariamente‖ de acuerdo a la identificación ideológica y conforme a las estrategias de acción para concretarla. En ningún momento deberán confundirse las tareas partidistas y sus mecanismos de participación para conquistar el poder o para mantenerlo con las acciones que emprenda la participación ciudadana y política; pues la constitución de organizaciones ciudadanas debe respetar, como base fundamental, el principio de autoridad, para que no se conviertan en organismos paralelos, ni se contrapongan y obstaculicen (Sentíes E, 1987).

3.4.3 Vecinal

La participación vecinal en México se reconoce en la gran mayoría de disposiciones jurídicas, básicamente reglamentos y bandos municipales, traducida en asociaciones vecinales. Las cuales se integran por habitantes, residentes y propietarios de fraccionamientos, colonias, barrios, zonas y centros de población de algún municipio, a su vez, son organismos municipales auxiliares de participación social que representan dentro del ámbito de su competencia y jurisdiccional. Sin embargo, una de las limitantes que se tiene para su libre asociación y desarrollo es que las obligan a constituirse a través de escritura pública, y más aún para el caso del Estado de Chiapas de acuerdo a la Ley de Participación Social del Estado estructuran a las asambleas de barrio (símil a las asociaciones vecinales) de tal forma que la hacen inoperante.

Por esto, resulta fundamental interpretar de manera adecuada la organización vecinal desde el principio y definirla en reglamentos correspondientes, no se trata de crear organismos anárquicos ni que substituyan o actúen paralelamente al poder municipal, sino que participen activamente en todas las tareas, pero con un principio de orden y respeto.

Con la creciente complejidad del aparato administrativo (de los tres ámbitos de gobierno) y con las cada vez mayores necesidades socioeconómicas de la población, es evidente que al municipio le resulta insuficiente con la cantidad de recursos desarrollar óptimamente sus funciones, de hecho jamás lo han sido; es así como la vida de las comunidades, su grandeza

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y bienestar, dependen de las pequeñas o grandes tareas que en forma colectiva se realicen para mejorarla.

Sin la participación popular se debilitan los vínculos de vecindad y la identificación entre gobierno y comunidad; se propicia la apatía y desinterés por parte de los ciudadanos, con relación a la injerencia directa que tienen en la solución de problemas existentes de los tres ámbitos de gobierno. Lo que se ha dejado de hacer, se debe en mayor medida a la escasez de voluntad de participación conjunta, cosa contraria a lo que se piensa que es por la escasez de recursos económicos.

Tal y como se abordará con mayor precisión en el apartado 3.8, la dimensión del desarrollo de una entidad aumenta considerablemente con la fusión de esfuerzos del gobierno y la comunidad, debiendo dirigirse al establecimiento de instituciones organizadas de participación popular, con una auténtica conciencia de colaboración e interés por conocer las necesidades y problemas actuales. Los cambios profundos deben ser de manera cualitativa que requieren una activa y enérgica actitud por la participación.