ABUSOS POLICIALES

MARZO. Testigos protegidos declaran en el juicio contra varios policías del CIE acusados de abusos. Entre quienes comparecen podrían estar las de muje- res que habrían sido víctimas. La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga preveía continuar, el 24 de marzo, el juicio a cinco policías nacionales acusados de presuntos abusos sexuales a mujeres del Centro de Internamiento de Extran- jeros (CIE) de la capital malagueña. Distintas fuentes judiciales confirmaban que algunos de esos testigos serían mujeres que habrían sido víctimas. El juicio comenzó en octubre de 2013 con las cuestiones previas. Los hechos investiga- dos sucedieron entre junio y julio de 2006. Fiscalía solicitaba en total 27 años de prisión para los cinco procesados. Según su escrito provisional, los acusados organizaron en el CIE, en los turnos de trabajo de madrugada, «cenas fuera de las habitaciones con las internas en las que bebían bebidas alcohólicas que faci- litaban los agentes».

El 15 de junio de 2015 se emitía la sentencia: Absueltos los policías acusados de abusar de internas en el CIE de Málaga. El País informaba de que el tribunal reprueba las fiestas celebradas con estas mujeres, pero no cree acreditadas las relaciones sexuales.

El tribunal afirmó que tanto los policías como sus superiores tendrían que haber evitado estas conductas y remite a una posible sanción administrativa y disciplinaria. Pero descartó una infracción penal. «El hecho de que alguna lim- piadora encontrara en su quehacer diario preservativos que se dicen usados en previas relaciones sexuales, no implica necesariamente que tales preservativos fueran usados por algunos de los acusados», argumenta la sentencia, que re- cuerda el testimonio de otros testigos que dijeron que las internas llevaban en sus equipajes condones que a veces «inflaban» y «usaban como globos», llenos de agua, para jugar.

En uno de los fundamentos de la sentencia, el tribunal atiende la petición de Andalucía Acoge, una de las acusaciones en el proceso, para que se exponga al Gobierno la necesidad de que «la mera solicitud sexual» a un interno de un funcionario de la Policía adscrito a un CIE sea castigada por el Código Penal. Actualmente no lo está, algo que sí ocurre con los funcionarios de prisiones o de los centros de menores. «Por mera coherencia legislativa, la acción mencionada es digna de represión, debiera ser sancionada penalmente», estiman los jueces, que entienden que este supuesto debería equipararse en los Centros de Interna- miento de Extranjeros con lo que ocurre en las otras dependencias.

El juicio del caso CIE se prolongó durante un año y medio por el intento de localizar en el extranjero a algunas supuestas víctimas y testigos protegidos. Este periodo de tiempo es calificado por el tribunal de «inusual». En el trámite de con- clusiones finales e informes, resultó llamativo que la fiscalía, que mantuvo la acu- sación contra los cuatro acusados ahora absueltos, se mostrara en desacuerdo con dichos cargos y dijera que los mantenía de orden de sus superiores, afirma El País.

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MARZO. La Fiscalía pide tres años de prisión para un policía acusado de

abusar y acosar sexualmente a una mujer maltratada a la que protegía. El

juicio se celebraría en el juzgado de lo Penal de Huesca. Según el diario ABC, los hechos se remontan al año 2009 y se prolongaron durante varios meses, según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en el que relata que la mujer fue víctima de insistentes llamadas telefónicas por parte del acusado, al que se le reprocha haberse aprovechado de su posición para intentar mantener relaciones sexuales con ella. La acusación relata también varios episodios en los que el policía, presuntamente, realizó tocamientos a la mujer.

MAYO. La Audiencia Provincial de Barcelona condena a 20 procesados

por un caso de corrupción policial en macroburdeles de Castelldefels. El

Tribunal condenó con penas de hasta seis años de prisión a un comisario, que era el jefe de la unidad contra la inmigración ilegal por un delito continuado de cohe- cho, así como a dos inspectores jefe de la Policía Nacional por integrar una trama corrupta que protegía a los burdeles y avisaba a sus dueños antes de las redadas.

Las mayores penas, de hasta diez años y medio de prisión, fueron impuestas a los propietarios de los clubes de alterne Saratoga y Riviera. La Audiencia tam- bién condenó a tres abogados por extorsionar a dueños de prostíbulos. En su sentencia, la sección novena de la Audiencia condenó a la veintena de procesa- dos por la trama de corrupción policial, entre ellos a los seis mandos y agentes de la Policía Nacional acusados de proteger a los prostíbulos a cambio de dinero y regalos, y ha ordenado el cierre definitivo de ambos clubes de alterne de Castelldefels, que fueron los mayores del área de Barcelona.

La Audiencia cree que el régimen de explotación de las mujeres de Riviera y Saratoga deriva de su situación de vulnerabilidad, dado que procedían de países deprimidos económicamente, en ocasiones eran irregulares -»no ilegales como se les viene llamando, pues no consideramos ilegal a ningún ser humano»-, añade la sentencia, sin trabajo ni domicilio y con desconocimiento del idioma. Todas esas circunstancias, «añadido a las condiciones en las que desarrolla- ban su vida cotidiana en la que ejercían la prostitución» suponen, para la sala, «la expresión más clara de la negación de la libertad sexual, esto es que cada persona decida por sí misma con quién, de qué forma y en qué condiciones permite y quiere donarse con otra persona para enriquecer su propia personalidad».

Según la Audiencia, en el modelo de macroprostíbulos «se trata en definitiva de hacer rendir al máximo» a las mujeres, «lo que se consigue seleccionándolas, por su aspecto, juventud y nacionalidad, teniéndolas por tiempo limitado para evi- tarse problemas de convivencia entre ellas y ofrecer chicas nuevas a los clientes». «Cuando hablamos de prostitución no estamos tratando de temas comercia- les, estamos tratando de un tema que afecta a los derechos humanos, a la digni- dad, a la integridad moral y a la intimidad», añade la sala, que alerta de que los porcentajes de mujeres irregulares encontradas en esos locales «están indicando que fácilmente España puede convertirse en el burdel de Europa (…)».

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