interceptados en la Frontera Sur de España. En concreto, según el seguimiento de la Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía en su Informe sobre Fron- tera Sur, un total de 11.146 inmigrantes fueron interceptados por las fuerzas españolas en el conjunto de la Frontera Sur (Ceuta y Melilla, Peñones, costas peninsulares, Baleares y Canarias), frente a las 7.550 del año 2013, lo que supo- ne un incremento de casi un 50%. El incremento en las interceptaciones de inmigrantes hacia España en 2014 se produce sobre todo en Melilla y por las llegadas a Cádiz durante el mes de agosto,
El incremento de la entrada de inmigrantes en Melilla está relacionada sobre todo con el éxodo de personas sirias, muchas veces familias completas. De no haberse producido esta llegada de sirios las entradas en Melilla hubieran sido incluso inferiores a las de 2013, pese a la espectacularidad y el drama de la valla.
En el mes de abril de este año y a preguntas del parlamentario Jon Iñarritu el Gobierno facilitaba los siguientes datos.
12.549 personas entraron de manera irregular en el estado español. Las nacio- nalidades más destacas fueron las siguientes:
Siria 3.305
Camerún 1.556
Argelia 1.395
Marruecos 1.183
El número de personas que entraron en Ceuta y Melilla de manera irregular fue de 1.666 y 5.819 respectivamente. El 53% de entradas en Melilla correspon- día a personas procedentes de Siria, 3.094, seguida muy de lejos por Mali (693) y Camerún (651).
Estos datos tienen su reflejo en la manera de entrar. Resulta que 2.069 perso- nas entran saltando la valla de Melilla y 2.861 lo hacen por puesto fronterizo habilitado. Este último dato corresponde a personas procedentes de Siria.
Melilla es sin duda el foco central del drama migratorio en la frontera Sur. Según una estimación a través de las noticias publicadas sobre los saltos a la valla, la APDHA ofrece los siguientes datos:
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Personas implicadas 19.485
Consiguen pasar 2.102
Heridos en el intento 110
Muertos en el intento 11
Días en que hubo saltos 43
Saltos diferenciados 72
En este repaso a los datos acudimos por último a los ofrecidos por el Ministe- rio del Interior. En 2014, 4.552 personas llegaron de manera irregular a las cos- tas españolas, lo cual supone un incremento del 40,6% respecto a 2013. Este dato hay que leerlo sin perder de vista lo ocurrido el mes de agosto en la costa gaditana con la llegada de cerca de mil personas en apenas 24 horas
En cuanto a llegadas a Ceuta y Melilla y de cara a relativizar la imagen ofre- cida por los medios, si se comparan las entradas de 2014 con las de 2005, año en el que se produjeron también graves incidentes, el aumento es de un 34%. Lejos de esa imagen de invasión que se ha querido ofrecer de manera interesada por el gobierno.
Por otro lado, las repatriaciones descienden respecto a 2013, 20.993 sobre 23.889 : 2013 2014 DENEGACIÓN ENTRADA 8.704 8.109 READMISIONES 1.199 1.067 DEVOLUCIONES 5.002 4.121 EXPULSIONES 8.984 7.696
En lo que respecta al asilo, en 2014, 5.947 personas solicitaron protección internacional en España, frente a las 4.502 de 2013, lo que supuso un incremen- to del 32%. Sin embargo, en el conjunto de la UE España solo atendió al 0,95% de las 625.000 personas que solicitaron asilo el pasado año.
Según los datos recogidos en el Informe Anual de CEAR, los siete principales países de origen de las personas que solicitaron asilo en España fueron Siria (1.679), Ucrania (946), Malí (620), Argelia (309), Palestina (209), Nigeria (161) y Pakistán (144).
El 22 de abril de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó una sentencia histórica en el asunto «A. C y otros contra España» (Deman- da nº 6528/11) y condenó a España por la violación del artículo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, cuestionando de esta forma el sistema legal de protección internacional. Este fallo judicial se produjo tras la interposición por parte de CEAR de treinta recursos contra la devolución de saharauis a quienes se habían denegado sus solicitudes de protección inter- nacional en el Centro de Internamiento de Extranjeros de El Matorral, a pesar de contar con el informe favorable de ACNUR.
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Las muertes en Ceuta: el Tarajal
Si analizamos la política de fronteras tanto a nivel europeo como estatal, pode- mos decir que desgraciadamente, iniciamos un nuevo período de intensifica- ción de las muertes. Y un hecho de especial relevancia en el año 2014 en la Frontera Sur del estado español ha sido lo ocurrido en la playa ceutí de El Tarajal. El hecho destaca no solo por la gravedad de los sucesos, sino también, por la gestión que ha hecho el Gobierno español de las responsabilidades de lo ocurri- do. El 6 de febrero de 2014 murieron 15 inmigrantes subsaharianos ahogados (inicialmente fueron recuperados 9 cadáveres, de 8 hombres y 1 mujer, hasta completar los quince diez días después) mientras la Guardia Civil disparaba con pelotas de goma a los que se encontraban en el agua y que fueron devueltos a Marruecos inmediatamente de tocar tierra. Era el primer salto masivo del año 2014. Pese a que las primeras declaraciones del Gobierno negaban cualquier tipo de intervención por parte de la Guardia Civil, responsabilizando de todo lo ocurrido a las fuerzas de seguridad marroquíes, todo ello fue grabado, y las imágenes finalmente fueron difundidas por todos los medios de comunicación, además de testimonios de supervivientes y testigos directos que aseguraban lo contrario, con lo cual, el Gobierno se vio obligado a cambiar varias veces sus versiones dando cuenta de un ocultamiento de las responsabilidades cuando no, falsedades. Las declaraciones del Gobierno fueron desde negar primeramente la actuación de la Guardia Civil hasta posteriormente cuestionar que donde ocu- rrieron los hechos fuese territorio español.
Por esta razón, la actuación de la Guardia Civil, así como la defensa que de la misma hicieron los representantes del Estado, Ministro del Interior y Delegado del Gobierno en Ceuta, fue severamente criticada por la totalidad de las organi- zaciones que trabajan con inmigrantes, por los partidos de la oposición, por las propias asociaciones sindicales de la Guardia Civil y por una parte muy impor- tante, mayoritaria, de los medios de comunicación del conjunto del Estado.
La comisaria de Interior de la Unión Europea, Cecilia Malmström pidió pú- blicamente explicaciones por el uso de material antidisturbios en una situación en la que se requería el auxilio.
El 7 de febrero la red europea Migreurop formada por 42 organizaciones que trabajan por los derechos fundamentales de las personas migrantes privadas de libertad o sometidas a las restricciones impuestas a la libre circulación de perso- nas. (http://www.migreurop.org) exigió públicamente la creación de una comi- sión parlamentaria sobre las prácticas policiales en el control de las fronteras de Ceuta y Melilla, exigiendo que se priorizase el deber de socorro y el respeto a los derechos humanos.
El 10 de febrero, ante la comparecencia del Ministro del Interior en el Con- greso de los Diputados, las organizaciones de Migreurop del estado español (Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, SOS Racismo y ELIN) publicaron una in-
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terpelación al Ministro en la que entre otras cuestiones se le pedía que respon- diese a las siguientes preguntas:
¿Usó la Guardia Civil material antidisturbios y otros dispositivos represivos para rechazar a las personas migrantes que estaban tratando de acceder a Ceuta aún a costa de poner en riesgo sus vidas?
¿Existió omisión del deber de socorro a las víctimas por parte de la Guardia Civil en su celo por rechazar a las personas que estaban tratando de acceder a nado a Ceuta?
¿Por qué desde la Delegación del Gobierno y desde el Ministerio del Interior se ofrecieron diferentes versiones de los hechos que posteriormente se reve- laron como falsas negando las evidencias que se pudieron comprobar a tra- vés de las imágenes publicadas?
El 14 de febrero el colectivo «Caminando Fronteras» que trabaja en atención sanitaria y defensa de los derechos de las personas migrantes en Marruecos elabora un informe a partir de 28 testimonios de supervivientes a la tragedia de Ceuta del que se desprende que los agentes destacados en la madrugada del 6 de febrero en la playa de El Tarajal dispararon pelotas de goma y botes de humo contra los inmigrantes y negaron auxilio a quienes se encontraban en el mar, tanto los que pidieron ayuda a la patrullera española como a quienes se encara- maban a las rocas del espigón.
El 16 de febrero, el Consejo General de la Abogacía Española exigía, median- te un comunicado, el cumplimiento estricto de la legalidad en el control de fron- teras y criticaba la actuación de las Fuerzas de Seguridad de Ceuta y las devolu- ciones de facto de inmigrantes a Marruecos.
El 17 de febrero ocho ONG marroquíes interpelaron directamente al embaja- dor español en Marruecos sobre la responsabilidad del Gobierno español en las violaciones de los derechos de las personas migrantes ocurridos en el norte del país: Amane, Association de Lutte Contre le Sida, Cáritas Maroc, Groupe Antirraciste de Defense des Etrangers et Migrants, Comité d´Entraide International, Delegation Diocesaine de migrants à Nador et à Tanger, Fondation Orient Occident Oum el Banine.
El 21 de febrero, viernes y por la tarde, Interior cuelga en su web los brutos del vídeo completo de las cámaras de seguridad. Vuelve a ser un material del que se extraen conclusiones muy claras que contradicen todas las versiones ofi- ciales dadas anteriormente. Por ejemplo: se puede observar cómo la Guardia Civil lanzó botes de humo desde el espigón fronterizo que cayeron directamente sobre la zona donde nadaban las personas inmigrantes que se ahogaron. Las diferentes versiones que el Gobierno estatal ha dado, han ido entre negar la responsabilidad y las actuaciones de la Guardia Civil primeramente, hasta pos- teriormente, ante la evidencia de los hechos documentados en videos y testigos directos de las actuaciones, cuestionar dónde empieza y termina la frontera y si correspondía a territorio español o marroquí. También podemos ver cómo, en contra de lo que dijo el ministro, los disparos de pelotas de goma no eran todos
97 al aire ni haciendo «trayectorias oblicuas» sino apuntando directamente al agua.
Y también que una patrullera española entra en la zona marroquí, donde todo estaba sucediendo, cosa que siempre negó el ministro y el director de la Guardia Civil. La justificación para no auxiliar a quienes se ahogaban había sido que, al suceder en aguas marroquíes, la barcaza española no podía entrar ahí. Pero en- tró, y no ayudó. El vídeo termina con una escena triste. La Guardia Civil lleva a pie a los inmigrantes que habían conseguido llegar a nado a la playa española, exhaustos y heridos, hasta una puerta que hay en la valla fronteriza. Abren la verja y los sueltan al otro lado. Es decir, se hace público lo de las «devoluciones en caliente» que durante todo 2014 será objeto de debate.
Ante esta evidencia el Gobierno justifica el uso de material antidisturbios con «fines disuasorios» y por la actitud beligerante de quienes intentaban llegar a territorio español.
El 18 de febrero, convocada por SOS Racismo Gipuzkoa, se hizo una concen- tración que reunió a varios cientos de personas, en la Plaza de Gipuzkoa de Donostia, para protestar por los acontecimientos de Ceuta y la política de fron- teras aplicada por el Gobierno español. Alrededor de estos días las concentra- ciones se fueron sucediendo también en otras ciudades del estado español.
El 20 de febrero, Andalucía Acoge y SOS Racismo solicitaron mediante un escrito la constitución de una mesa de diálogo sobre políticas migratorias para abordar la situación en la frontera sur y la política de fronteras.
El 25 de febrero las organizaciones que en España forman parte de Migreurop, Andalucía Acoge, CEAR, SOS Racismo, APDH de Andalucía se personaron en las diligencias abiertas en el Juzgado nº 6 de Ceuta, por los sucesos acaecidos el 6 de febrero.
El 27 de febrero medio centenar de entidades de todo el estado español envia- ron un Informe a la Comisión Europea y al Consejo de Europa sobre los aconte- cimientos del día 6, las muertes de inmigrantes, las devoluciones en frontera, etc. El dossier se entregó a Cecilia Malmström, Comisaria Europea de Interior y a Thierry Mariani, Presidente del Comité de Migraciones de la Asamblea Parla- mentaria del Consejo de Europa. El informe está firmado por la Federación de SOS Racismo, la Asociación Libre de Abogados, Andalucía Acoge, la Institu- ción Teresiana en España, las organizaciones Karibu y Apoyo, la Coordinadora de Barrios de Madrid, las asociaciones Alucinos Lasalle y Sin Papeles de Ma- drid, la Associació Papers i Drets per a Tothom, el Colectivo Agar Espacio de Investigación y Encuentro desde la Diversidad
El 23 de abril, organizaciones del Maghreb y del Machrek, reunidas los días 18, 19 y 20 de abril en Monastir, Túnez, hicieron público, bajo el título «¿Donde están nuestros hijos?» el Manifiesto de Monastir, en el que se exigen respuestas sobre las políticas que se están aplicando en las fronteras con Europa.
Como consecuencia de los acontecimientos de Ceuta, de la muerte de quince inmigrantes, SOS Racismo Gipuzkoa impulsó la adopción de una declaración institucional en ayuntamientos de Gipuzkoa, a la que se adhirieron: Villabona,
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Oinati, Oiartzun, Donostia, Bergara, Arrasate, Antzuola, Errenteria, Tolosa, Usurbil, Andoain, Azpeitia e Irún.
La declaración se concretaba en cinco puntos:
1. Lamenta profundamente la muerte de las personas que trataban de acce- der a Ceuta el pasado 6 de febrero y hace llegar su condolencia a sus familia- res y amistades.
2. Critica la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado que reprimie- ron a las personas cuya vida estaba en peligro, desentendiéndose de su obli- gación legal de prestarles auxilio.
3. Pide la creación de una comisión independiente que investigue lo suce- dido y exige que se asuman las correspondientes responsabilidades políti- cas, incluyendo la dimisión del Director General de la Guardia Civil. 4. Insta al gobierno español a no realizar modificación legislativa alguna que suponga la merma de derechos hoy reconocidos a las personas que in- tentan acceder a territorio español.
5. En particular, llama la atención de que las intenciones avanzadas impe- dirían el acceso a la protección internacional a personas en busca de refugio. 6. Llama a la Unión Europea a implicarse en dar soluciones definitivas a las aspiraciones de estas personas que no consistan en mayor control y re- presión.