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2.4 “ACCESIBILIDAD ACCESIBLE”: HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD

Capítulo 3 POLITICAS Y LEGISLACIÓN: ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS EN

3.2. ESTADO ACTUAL DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD

La normativa en materia de accesibilidad es un ámbito legislativo relativamente novedoso. El avance tecnológico, unido a la enorme capacidad de extensión de las tecnologías en todos los ámbitos socioculturales, ha provocado un rápido desarrollo legislativo al respecto, con el fin de garantizar ciertos derechos vinculados al uso de las tecnologías, así como frenar posibles efectos adversos de las mismas.

En el caso concreto de la accesibilidad, y tomando como referente legal la Sección 508 de la Rehabilitation Act (1998), el punto de inflexión en el desarrollo legislativo está marcado a partir de la publicación de las pautas de accesibilidad del W3C (Hidalgo, 2007).

Al igual que en el ámbito educativo, la Convención de Derechos de las Personas con

Discapacidad (ONU, 2007) también recoge la accesibilidad como requisito para su

plena participación en la sociedad de la información, a través de la articulación de medidas para la promoción del “acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet” (Artículo 9).

A nivel europeo, la Comisión Europea publicó la iniciativa “eEurope-Una Sociedad de

la Información para todos” (1999). Dicha iniciativa dio lugar a la creación de un

Grupo de Expertos europeos, que establecieron tres objetivos, entre los que destaca el “garantizar que la sociedad de la información no se traduzca en exclusión social”. Para la obtención de dichos objetivos se definieron diez áreas prioritarias, una de ellas dirigida a garantizar e impulsar la “participación de las personas con discapacidad en la cultura electrónica”. Desde la creación de esta iniciativa, varias han sido las comunicaciones, resoluciones e informes sobre la accesibilidad de los sitios Web públicos y su contenido, que con los años han ido incorporando elementos cada vez más específicos en sus formulaciones, entre los que destacan:

 la plena aplicación de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido en la Web (WCAG) establecidas por la WAI, así como las Directrices de Accesibilidad para Herramientas de Autor (ATAG);

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 atender especialmente el cumplimiento de la pauta 14, que exige simplicidad y claridad en la redacción de los documentos, “a fin de contrarrestar la creciente exclusión de las personas con problemas de lectura o discapacidades intelectuales del e-Gobierno y de la red”;

 la necesidad de salvaguardar y poner en disposición el contenido público en formato de datos universalmente accesible (por ejemplo XHTML, y XML);  que las instituciones europeas y los gobiernos de los estados miembros se

sirvan exclusivamente de programas accesibles;

 el establecimiento de la accesibilidad como requisito en la contratación pública; y

 en definitiva, la aplicación en su totalidad de la prioridad 2 de las WCAG (nivel doble A) en el diseño de los sitios web. (Informe al Parlamente Europeo sobre la Comunicación de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía del 24 de abril de 2002)

Dentro de nuestro país, si bien ya la LISMI (1982) hacía referencia a cuestiones de accesibilidad física, es en 1996 cuando aparece por primera vez el criterio de accesibilidad tecnológica en la normativa española. El Real Decreto 263/1996 que regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, incluye el nivel AA de accesibilidad entre los criterios de normalización de las aplicaciones informáticas destinadas al uso por la Administración. En la misma línea, la Orden PRE/1551/2003 establece que el registro telemático y el servicio de notificación telemática debe cumplir las recomendaciones WCAG de la WAI en su nivel AA.

Sin embargo, no es hasta el 2002 cuando encontramos una referencia clara a la accesibilidad y su repercusión en el acceso a la sociedad de la información para las personas con discapacidad. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la

sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), otorga a las

Administraciones públicas la responsabilidad de garantizar que toda información disponible en sus páginas Web sea “accesible a personas con discapacidad y de edad

avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005”. Si bien esta referencia queda indefinida bajo el concepto “criterios de accesibilidad generalmente reconocidos” (que se sobreentiende como las recomendaciones establecidas en las WCAG), por primera vez aparece una mención expresa a los plazos de ejecución.

Es finalmente con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,

denominada coloquialmente la LIONDAU, cuando la accesibilidad encuentra un marco legal de desarrollo más amplio. La LIONDAU introduce los principios de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal, y “establece la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas la personas y dispone de plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias”. Entre ellos, se hace mención explícita “al acceso y utilización de la tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social” (Disposición final séptima).

Dos son los avances legislativos fundamentales que recoge esta ley. Por un lado, basa su desarrollo en el planteamiento de que “la no accesibilidad a estos entornos constituye una claro ejemplo de discriminación” (Hidalgo, 2007). Y por otro, introduce el concepto de “Currículum formativo sobre accesibilidad universal y

formación de profesionales”. Dicho currículum se configura con el desarrollo de

contenidos vinculados al “diseño para todos” en “todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información” (Disposición final décima).

En cuanto a las políticas específicas de accesibilidad de las universidades, prácticamente no ha habido desarrollado al respecto. A pesar de que, como hemos visto, la legislación tanto nacional como internacional obliga a adoptar pautas y estándares de accesibilidad, son muy pocas las normativas universitarias que recogen estos criterios en sus reglamentos internos. El trabajo realizado por Webaim (s/f), revela, a pesar de las limitaciones de la muestra (20 universidades estadounidenses)

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que tan sólo un 20% ha definido estándares técnicos de accesibilidad, aunque un 15% de las mismas no especifica un estándar específico, y tan sólo se remite a los marcados por la normativa americana (American Disability Act, 1990). Igualmente, resulta significativo que de la lectura de las normativas no se desprende un carácter obligatorio de las políticas, y palabras como “debe” o “se requiere” sustituyen a otras más firmes y contundentes. Tan sólo hay dos casos de universidades que especifiquen plazos de ejecución, un 75% de ellas no menciona sistema de evaluación o monitorización alguna, y ninguna articula sanciones por el no cumplimiento de la

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