realiza «al menos una a dos capacitaciones anuales» a los responsables de la temática, porque «los modelos de intervención son cambiantes», y los funcionarios tienen que estar adaptados a los contextos. «El énfasis mayor de capacitación institucional en estos momen- tos se ha puesto en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)», lo que era concordante con el hecho que en el 2012, la Defensoría del Pueblo tuvo «mayor incidencia en intervenciones con niñas, niños y adolescentes en el VRAEM». También «se diseñó una
campaña masiva sobre en el tema del bullying para lo
cual se capacitó al personal para que esté en condicio- nes de identifi car este tipo de conductas».
Autoridades locales: la apreciación de los entrevis- tados es que «no están sensibilizadas en el tema de
violencia en las escuelas» (bullying, en concreto). Para
las autoridades, el hecho de ver niñas, niños o ado- lescentes golpeándose es percibido como «algo natu- ral» que forma parte de la cultura, «así nos hacemos fuertes». Los alcaldes «no tienen ni idea» de que hay que enfrentar los casos de desprotección de la niñez y adolescencia, «su interés está puesto en las obras de infraestructura».
Si bien esta es una percepción generalizada, también se destacaron iniciativas en pro de mejorar las condiciones de protección a las niñas, niños y adolescentes. En esta perspectiva la Municipalidad Provincial de Huamanga está implementando un proyecto en las 15 DEMUNA en su jurisdicción con 3 componentes: a) infraestructura, implementación con computadoras, b) fortalecimiento de capacidades, para que estén califi cadas y acreditadas para hacer conciliaciones extrajudiciales, y c) fortalecer las redes y espacios como el COMUDENA.
Las DEMUNA: se señaló que, aun teniendo programas sociales en los cuales podrían insertar a familias iden- tifi cadas con problemas de violencia contra la niñez y adolescencia, «se limita a remitir los casos a la Fiscalía». La comunidad: no suele tener ojos para mirar la vio- lencia cotidiana que se ejerce contra niñas, niños o adolescentes, tampoco la ve como un problema a ser reportado y erradicado, salvo en los casos que sean ex- cesivamente graves. La violencia hacia los menores de 18 años es pues el «pan de cada día», como expresó uno de los entrevistados.
5.2.3. Cusco
En el análisis del funcionamiento del Subsistema de
Protección Social, los entrevistados mencionaron las siguientes instituciones estratégicas para garantizar los servicios: los entes rectores, las entidades ejecu- toras sectoriales y las ejecutoras multisectoriales; los Gobiernos locales; los consorcios y colectivos por la niñez y adolescencia; la empresa privada, las institucio- nes privadas, las ONG y la cooperación internacional; las organizaciones de niñas, niños y adolescentes; las instituciones religiosas, organizaciones comunales. Entre los problemas principales del subsistema de protección social se destacaron: la «escasa cober- tura», «la defi ciente calidad del servicio», la falta de adecuada y sufi ciente infraestructura y el «precario equipamiento» de los establecimientos. Problemas todos estos que se presentan en especial en las zonas rurales.
Un problema crítico adicional, el cual fue reiterado en varios momentos, es el referente a la falta de un liderazgo institucional que asuma un rol ampliamente articulador.
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En relación a los servicios, los entrevistados identi- ficaron los siguientes para profundizar en el análisis:
Desarrollo integral de la niña, niño o adolescen-
te: en el que participan las entidades ejecutoras multisectoriales y rectoras, los colectivos, ONG, entidades privadas, de cooperación, instituciones privadas, mancomunidades.
Servicios de Defensa y orientación: específica-
mente señalaron a la DEMUNA.
Educación: en la que participan entes rectores,
ejecutores sectoriales, entidades rectoras y ejecutoras multisectoriales, redes, instituciones privadas, empresa privada, ONG, Gobiernos locales.
Identidad: en la que participan entes rectores,
ejecutores sectoriales, organizaciones comuna- les, Gobiernos locales, RENIEC.
Con relación a las instituciones estratégicas del Subsiste-
ma de Protección contra la Violencia, los entrevistados señalaron a la Defensoría del Pueblo, las Defensorías del Niño y Adolescente (DNA), las DEMUNA, el Centro de Emergencia Mujer, el serenazgo, la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Dirección de Trabajo, así como instituciones privadas, algunas ONG, la cooperación internacional, instituciones religiosas y el INABIF. En este Subsistema, los entrevistados ubicaron adicionalmente diferentes redes y espacios de coordinación, los mismos que se mencionan más adelante. Entre las instituciones mencionadas se destacó a la Fiscalía, porque «cumple un rol clave de articula- ción» de los diferentes actores del Subsistema. Con respecto a los servicios, los entrevistados señalaron los siguiente problemas:
Identifi cación de amenazas o casos: ausencia de un sistema masivo de identifi cación para que todos, sin necesidad de ser personas especializadas, puedan denunciar o identifi car amenazas. Hay una ausencia o debilidad de estrategias de difusión de riesgos y amenazas para que la comunidad se pueda informar. Esa problemática no debería estar concentrada en el territorio urbano sino que también se debería considerar al área rural. Las instituciones impli- cadas en este servicio son: las defensorías (DNA, DESNA, DEMUNA), CEM, serenazgo, PNP, Fisca- lía, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, instituciones religiosas, dirección de Trabajo, INABIF (albergues), comunidad, sector Salud, sector Educación, medios de comunicación.
Auxilio psicológico: para el Estado, las prioridades son alimentación, logros de aprendizaje, etc., pero no el acompañamiento psicológico y terapéutico. Las instituciones implicadas en este servicio son: de- fensorías (DESNA, DEMUNA), CEM, PNP, Fiscalía, Poder Judicial, instituciones privadas, ONG, coope- ración, instituciones religiosas, INABIF (albergues), sector Salud, sector Educación.
Defensa y acompañamiento en el proceso judicial: el servicio de justicia está cada vez más ausente, sobre todo en el ámbito rural «no llega a comu- nidades». A lo mucho a las capitales de provincia. «Debería haber instituciones encargadas del acom- pañamiento (no la policía) ». En la zona rural se está implementando una nueva perspectiva de justicia que, apoyada en una normativa legal, reconoce el ejercicio de la justicia comunal. Las instituciones implicadas son: las defensorías (DEMUNA, DNA, DESNA), CEM, Fiscalía, instituciones privadas, ONG, instituciones religiosas, INABIF (albergues).
Reclusión y rehabilitación: hay un registro de insti- tuciones, pero hay una «escasa o nula supervisión», «abundan los centros informales». Las instituciones responsables de este servicio son: PNP y Poder Ju- dicial.
Reinserción social: instituciones implicadas: INABIF y los albergues.
Capacidad para identifi car, reportar y/o respon- der a casos de violencia: desde la perspectiva de los entrevistados, si bien en todas las instituciones «existen algunos profesionales altamente capacita- dos» para prevenir y responder a la violencia contra la niñez y la adolescencia infantil, estas «no son capa- cidades generalizadas entre los profesionales de las diversas instituciones» y, especialmente, estas capa- cidades no «destacan» entre el personal que atiende directamente los casos. Hay una tendencia a que pro- fesionales con estas capacidades integren espacios de