Emilio García Méndez | Presidente Fundación Sur-Argentina. Buenos Aires, febrero de 2006.
(García Méndez 2006: iv)
Como se ha señalado de manera reiterada en este tra-
bajo, la protección integral de los derechos de niñas,
niños y adolescentes es un desafío de largo plazo y plenamente vigente. Alcanzarla implica transformar las estructuras de violencia que existen en los planos indivi- dual, interpersonal, comunal y societal, afi rmando el en- foque de derechos y reconociendo que cada niña, niño y adolescente es sujeto de derechos, y construir igualdad de oportunidades para todos y cada una y uno de ellos, nazca donde nazca, viva donde viva. Se trata de enfrentar todas las formas de violencia que aquejan sus vidas y las de todas las personas, sea directa, estructural y/o cultural. Desde la perspectiva institucional de los sistemas de protección, se ha señalado que existe un divorcio entre derechos y gestión, entre los enunciados del
planeamiento (lógica territorial) y la ejecución del gasto público (lógica sectorial). Como tarea pendien- te se impone, en un sentido más amplio, el diseño de instrumentos de planeamiento y gestión que incor- poren la dimensión estratégica y una perspectiva de derechos en la formulación y orientación del gasto público vinculado a la población en su territorio. De forma más específi ca, se identifi ca la necesidad de una intervención que «alínee», bajo estos enfoques, los sistemas de formulación, asignación y ejecución presupuestal del gasto público con los sistemas admi- nistrativos; que de ellos se deriven instrumentos, tales como indicadores de desarrollo humano incorporados a la asignación presupuestal, transparencia y rendición de cuentas. Que se vinculen con el Presupuesto por Resultados (PpR), teniendo en cuenta intervenciones multiactor y multinivel.
Adicionalmente, los sistemas de gestión pública tendrían que evitar los confl ictos de competencias por nivel gu- bernamental (evitar la duplicación de funciones) e inter- institucional, al interior del sector público en general.
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Balance y desaf
íos
En relación con lo dicho, se hace necesario consensuar esas metas por la niñez y adolescencia dentro de los pla- nes a favor de ellas y ellos y del gasto público, de acuerdo a indicadores de derechos y de desarrollo humano. Esto constituye de por sí un reto pues propone una mirada que desafía la rutina y el «saber» inercial del operador y del gerente y también resulta un desafío para la socie- dad civil. Un ejemplo de avances en este sentido está dado por los Presupuestos por la Infancia.
Vinculado con lo anterior y tomando en cuenta las ex- periencias de diálogo, concertación e incidencia política en diferentes ámbitos geográfi cos, se tiene el reto de consensuar las metas por resultados desde una «ruta» de planeamiento estratégico, que involucre un amplio espectro de compromisos interinstitucionales entre el Estado y la sociedad civil. Este tipo de consensos requie- re de liderazgos y compromisos políticos claros, tanto en el sector público como en las organizaciones ciuda- danas, y la promoción de una cultura política de respeto por los compromisos adquiridos ante la ciudadanía. Respecto al SNAINA, se precisa reforzar el Ente Rector y la función de rectoría en el ámbito nacional, así como a nivel regional y local. Esta función debe realizarse ejer- ciendo un liderazgo estratégico —entendido como apo- yo, coordinación y facilitación de acciones conjuntas—, que articule las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia y su implementación, que armonice e inte- gre los sistemas de información, registro y monitoreo, y de alertas para atender las situaciones más apremiantes de la niñez y la adolescencia que requieran una respues- ta urgente por parte del Estado.
Con respecto al PNAIA 2012-2021, al que hemos denominado «plan de nueva generación» –en el sentido que, en su diseño, se ha buscado vincular las metas del Plan con las herramientas presupuestales (programas presupuestales) y de gestión para lograrlas– (Arnillas 2012), se requiere completar esta «caja de herramien- tas». Asimismo, como ya se ha señalado previamente, urge desarrollar programas orientados a la protección contra la violencia directa, tanto en las tareas de pre- vención como en las asociadas a la restitución de dere- chos a las víctimas de dicha violencia.
Lograr los objetivos y las metas que se proponen en este Plan y avanzar de manera sostenible en la perspec- tiva de la protección integral, es una tarea que supera lo que el Poder Ejecutivo e incluso todo el sector público puede hacer por sí solo. Tres consideraciones adiciona- les refuerzan esta necesidad de trabajo conjunto con la sociedad civil en sus diversos estamentos:
La información disponible para el 2012 respec-
to a la situación de las niñas, niños y adolescentes en algunos indicadores emblemáticos muestra es- tancamientos, cuando no retrocesos, lo que hace previsible tanto la necesidad de una revisión de lo que se ha venido realizando así como sumar fuerzas para dar un nuevo impulso al proceso.
Se avecina un período de incertidumbre res-
pecto de las políticas públicas, dado el contexto electoral que tendrá el país entre los años 2014 y 2016 y el recambio de autoridades en todos los niveles de gobierno, municipales, regionales y nacionales. Por lo tanto, será necesario evitar
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la tentación de desandar lo avanzado, y aprovechar (si la oportunidad lo permite) para dar un nuevo impulso al proceso.
El contexto internacional también plantea niveles de
incertidumbre por las posibles implicancias que este pueda tener en materias económica y fi scal. El futuro dependerá de que:
Las políticas públicas y la organización estatal en ma-
teria de niñez y adolescencia sigan ajustándose a las orientaciones de la CDN, a fi n de responder a las exigencias legales que derivan de los compromisos asumidos a nivel internacional y de la legislación vigen- te. En ese marco, el país registra en la última década una ampliación de la oferta de recursos y de servicios públicos para responder a las obligaciones a su cargo.
Los diversos actores sociales y estatales sigan ju-
gando el rol proactivo que han cumplido hasta la fecha para mejorar el marco normativo, promover la ampliación de recursos públicos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y dar un seguimiento al uso que se hace de los mismos.
Se afi rme el compromiso para dar prioridad a la niñez
y adolescencia en las políticas y en los presupuestos públicos, que los operadores estatales, de los diversos niveles de gobierno reconozcan que hay problemas de calidad en la gestión de los servicios y que hay que trabajar para superarlos. Esto debe llevar a que se de- sarrollen y mejoren las herramientas de gestión pú- blica a favor de la infancia, como las actividades prio- ritarias y el presupuesto por resultados, entre otros.
Las organizaciones de la sociedad civil y las organiza-
ciones de niñas, niños y adolescentes que han sido actores importantes para promover el cambio de las políticas públicas sigan contado con el respaldo de sectores de la tecnocracia estatal y los partidos políticos para el desarrollo e implementación de sus propuestas; así como se sigan manteniendo espacios de acción en la MCLCP y en el Acuerdo Nacional.
Que las acciones de la sociedad civil y de las pro-
pias organizaciones de niñas, niños y adolescentes permitan seguir visibilizando su situación en el país y las debilidades del Estado para garantizarles sus derechos, así como desarrollen campañas que reconozcan y visibilicen los avances y éxitos que tengan las dependencias públicas en las mejoras de los servicios, sean estas en la efi cacia, efi ciencia, calidez y apertura para la participación de niñas, niños y adolescentes.
Alcanzar las metas propuestas en el PNAIA 2012- 2021 supone mantener y ampliar la unidad alcanzada por las organizaciones, movimientos y dependen- cias públicas locales, regionales y nacionales, que han venido cooperando entre sí para hacer viable el logro de las mismas. Las bases de la unidad son: la CDN, el propio PNAIA 2012-2021, la Agenda por la Infancia y los Acuerdos de Gobernabilidad con las metas concer- tadas por los gobiernos subnacionales para el periodo de gobierno 2011-2014.
Hacia adelante es importante:
1. La preparación de nuevas metas para el periodo
2015-2018, sobre la base de un amplio consenso, y el trabajo conjunto para luego darlas a conocer. Un compromiso a impulsar es la formulación de los planes regionales y locales alineados con el PNAIA 2012-2021 y la metodología de presupuesto por resultados con enfoque de derechos.
2. Enfrentar la violencia directa que afecta a la niñez y
la adolescencia en la casa, en la escuela, en la comu- nidad, asignando recursos mediante la metodología de programación presupuestal estratégica, multiac- tor y multinivel, y dando especial atención a las accio- nes de prevención contra esta práctica tan difundi- da en el país. Se trata de construir y generalizar una contracultura de paz frente a la cultura de violencia. Una contracultura basada en reconocimiento de derechos y en la práctica del buen trato, con una actitud proactiva y vigilante. A ello, se debe sumar el reconocimiento de buenas prácticas institucionales y personales que contribuyan al ejercicio y garantía de derechos, así como incentivar el reconocimien- to social y estatal a quienes actúan dentro de estos parámetros.
3. Sostener y ampliar el esfuerzo para cerrar las bre-
chas en los servicios universales a la identidad, a la salud de calidad, a una buena nutrición y la educa- ción, a servicios básicos, espacios públicos seguros, entre otros. El desarrollo de estas actividades en el marco de un discurso proactivo y de derechos contribuye a afi rmar una cultura de buen trato y de prevención de la violencia directa.
4. Conjuntamente con ello, afi rmar y desarrollar un
movimiento que convoque a la ciudadanía activa, a sectores del Estado y a las propias niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en el proceso y se- guir promoviendo el cambio de la situación actual.