órganos de línea.
Entre las principales razones que explican esta situación, se señalan:
La «defi ciente formación profesional» en las uni-
versidades e institutos, la carencia de un enfoque «humano», de «servicio» y, especialmente, la au- sencia en la formación curricular de materias vin- culadas a la identifi cación, atención, etc. de los casos de violencia. Hay por tanto un «divorcio» entre la formación profesional y las capacidades de gestión para los servicios.
Un elemento que caracteriza la capacitación en
estos aspectos es que se da fuera del ámbito de formación regular, a través de cursos, diplomados, talleres, etc., dictados por diversas instituciones, principalmente de la sociedad civil.
En la escuela: se señaló que la falta de capacidades de los docentes y directores en las escuelas se expresan principalmente en:
La permanencia de una cultura «tolerante» a la vio-
lencia, que concibe a las niñas, niños y adolescentes como «objetos de la educación» antes que como «sujetos». La permanencia de formas de relación adulto-niña/niño basada en la lógica del respeto ver- tical y la agresión verbal y psicológica, promovidas muchas veces por el propio maestro.
La falta de comprensión de las etapas de desarrollo
de las niñas, niños y adolescentes y las necesidades propias de cada una. Esto fortalece una mirada de la educación «enciclopédica» donde los docentes «van a enseñar» y son «indiferentes» al grado de «com- prensión» de las niñas, niños y adolescentes.
Predominio de la lógica del castigo físico («ranas»,
correr, etc.)
La falta de un enfoque de acción que contemple el
ámbito familiar. Se asume que «la familia debe hacer cosas que realmente no está en la capacidad de ha- cer» y no se le apoya ni acompaña.
La existencia de estas capacidades en los docentes y directores en las escuelas se debería expresar principalmente en el fortalecimiento del buen trato como la base de las relaciones y el reconocimiento del otro, en el predominio de una cultura de no tolerancia a la violencia y el fortalecimiento de la vida comunitaria. Establecimientos de salud: los entrevistados señalaron que la falta de capacidades de los doctores y personal médico se expresa principalmente en:
La falta de atención integral de las víctimas, «los gi-
necólogos no ven ni toman consideraciones frente
a lo emocional o psicológico», los «psicólogos no prestan atención a lo físico», etc.
Tampoco hay personal capacitado para atender a
grupos específi cos, como los adolescentes.
Los casos de violencia «pasan desapercibidos», se
atiende las «heridas físicas» pero las víctimas «vuel- ven al entorno de violencia».
«No se escucha a las niñas, niños o adolescentes»
sino al adulto que los acompaña.
Los protocolos y la información de atención están
diseñados para ser trasmitidos a los adultos, vul- nerando el derecho de la niña, niño y adolescente a estar informado de su estado y los pasos del tratamiento.
La existencia de estas capacidades en los doctores y personal médico debería expresarse en: el predominio de una mirada integral de los casos, una sensibilidad a reportar o denunciar los casos de violencia y un trato centrado en la calidez.
Autoridades y líderes locales: desde la perspectiva de los entrevistados, las autoridades y líderes (sean estata- les o sociales) no cuentan con capacidades para identifi - car y/o reportar casos de violencia, lo que se explicaría por la cultura de «tolerancia con la violencia» vigente. Ello es especialmente crítico ya que, a juicio de las mis- mas personas entrevistadas, la comunidad, al igual que la escuela, es un espacio «estratégico» para abordar, enfrentar y erradicar dichas prácticas. De hecho, se se- ñaló su participación en la canalización de determinadas denuncias, aun cuando «no hay una comunidad capaci- tada», y predominan en ella elementos culturales ad- versos y marcados a su vez por la discriminación étnica, económica y de género.
En el caso del espacio rural, se señaló que las comuni- dades son un tipo de organización claramente estruc- turadas, al interior de las cuales sus autoridades ejercen justicia. Se señaló que en estos casos, lo que predomina es el castigo físico.
En la comunidad: desde el punto de vista de las y los entrevistados, en la mayoría de casos, «existe una confu- sión» sobre el rol de las instituciones y los procedimien- tos necesarios que acompañan una denuncia. En general, predomina la fi gura de «denunciar pero no comprome- terse» (no ser testigo ni denunciante, sobre todo cuando se es «espectador»). A pesar de esto, ciertas institucio- nes son claramente reconocidas por la comunidad como espacios de referencia para canalizar esas denuncias. Las principales a las que se recurre son las comisarías, las DE- MUNA, los CEM. Ello porque desde la perspectiva de las y los entrevistados son las que se encuentran «físicamen- te más cercanas a la comunidad».
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10. Modalidad del Programa Wawa Wasi para atender a las niñas y niños a través de sus familias en zonas altoandinas.
5.2.4. Huancavelica
Para los entrevistados, algunas de las instituciones estra-
tégicas del Subsistema de Protección Social son: los sec-
tores Educación y Salud, DESNA, Defensoría del Pueblo, el Seguro Integral de Salud (SIS), las iglesias y parroquias, el Centro de Salud Mental, el Centro de Desarrollo In- tegral de la Familia, las Aldeas Infantiles y las ONG que trabajan con niñas, niños y adolescentes.
También se mencionaron algunos servicios que son administrados desde el nivel nacional, señalando las siguientes observaciones: el INABIF «funciona en las provincias y no en los distritos»; el programa Wawa Wasi (ahora Cuna Más) es un programa que «no es para todos», prioriza a sus benefi ciarios. Se mencionó
también la existencia del programa Hatary Wawa.10
En relación al PRONAA, se mencionó que en algu- nos lugares hay prejuicios contra el Programa, por las creencias de algunos pobladores, quienes pien- san que «si viene gente de fuera para darles algo es porque quieren llevarse a sus hijos» o que los están «esterilizando», ideas que son reforzadas por sus creencias religiosas. Mencionaron también que, des- de una perspectiva más técnica, en estos programas hay difi cultades en torno a la «focalización».
Con relación al sector educación, se señaló que el Gobierno regional viene implementando proyectos para mejorar los resultados en comprensión lectora y lógico-matemática.
Señalaron también que en la región hay défi cits de cobertura y problemas de calidad en los servicios; «fal- tan profesionales capacitados»; hay «poco presupues-
to» en los establecimientos. Asimismo señalaron que por parte de la población, dado factores culturales y religiosos, «falta sensibilización a los temas de protección».
Consultados sobre cuáles son las instituciones críti- cas, los entrevistados priorizaron Salud, Educación y el programa estratégico de Identidad a cargo del RENIEC (ver anexo 5).
Con relación a las instituciones estratégicas del Subsistema de Protección contra la Violencia, los participantes señalaron: la DEMUNA, la Policía Na- cional, los Centros de Emergencia Mujer, la Red de Operadores de Justicia Paucará, los Juzgados y los jueces de paz letrados. Señalaron también que a nivel local (provincia y distritos) las instituciones que tie- nen presencia son el teniente gobernador y el juez de paz, «quienes atienden a toda la población, y que no están capacitados adecuadamente» para ver los casos de niñas, niños y adolescentes.
Con respecto a la DEMUNA de la Provincia de Huancavelica, algunos entrevistados señalaron que viene desarrollando actividades de capacitación diri- gidas a niñas y niños para promover sus derechos: es necesario «que sepan a dónde acudir, que sepan que pueden denunciar, que no tengan temor, que no se queden callados; que ese maltrato no es culpa de ellos. Que sepan distinguir entre un trato con fi rme- za y un trato con violencia». También capacitan en las escuelas de padres, haciendo campañas de sensibili- zación para «que los padres sepan que si maltratan, hay consecuencias».