2.1. Las brechas en la protección
de derechos
En términos de la protección de los derechos que asis- ten a cada niña, niño y adolescente, las cifras dan cuenta de muertes tempranas, de la pérdida irrecuperable de capacidades en los años iniciales de vida, o del insufi cien- te desarrollo de las mismas a lo largo de los primeros años de vida y hasta el fi n de la adolescencia. A ello se suman las situaciones de privación en las que un amplio sector de niñas, niños y adolescentes desarrolla sus vidas, sumidas en la pobreza (monetaria o por necesidades bá- sicas insatisfechas). Problemas todos ellos que, además de impactar en el presente de niñas, niños y adolescentes, tienen consecuencias en sus vidas adultas, ya sea en salud, empleabilidad, ingresos, y que, lejos de terminar, dan paso a la reproducción intergeneracional de la pobreza. En materia del derecho a la protección contra la violencia directa –explotación, maltrato, abandono y riesgos por negligencia, entre otros–, las cifras disponibles, aunque parciales y disgregadas, no logran ocultar las formas de
discriminación y la realidad de violencia que sufren por ser niñas, niños o adolescentes, y a la que están expues- tos, más aún si tienen alguna discapacidad, si pertenecen a una comunidad originaria o afrodescendiente.
Otras brechas a cerrar son las relacionadas con la aten- ción y restitución de derechos a las niñas, niños y ado- lescentes que han sido víctimas de violencia, abandono o están en situaciones de orfandad, así como a las y los que han sido infractores.
Estas brechas hablan entre líneas de una cultura de vio- lencia que entrama las relaciones interpersonales y las relaciones sociales en términos de relaciones de fuerza (relaciones asimétricas, de dominio y de subordinación); cultura que, a la par que busca esconder a los «ojos y oídos» de la sociedad las prácticas de violencia, las proclama como válidas, deseables, y las reproduce co- tidianamente porque «el que puede, ¡puede!», porque «letra con sangre entra», porque «más te quiero, más te pego», porque «estamos para gobernar y para man- dar», «porque soy tu papá» o «soy tu mamá». Cuan- do, desde una perspectiva ética y jurídica, los otros –en este caso las niñas, niños y adolescentes– no solo tienen derechos, si no que son sujetos de derecho. Y los dere- chos de los padres o tutores terminan donde comien- zan los derechos de las niñas niños o adolescentes.
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Balance y desaf
íos
Las cifras y los testimonios recogidos muestran que esta violencia cultural se aprende, se reproduce y se legitima en el hogar, en las comunidades y en la escuela; en las relaciones con padres y madres, entre hermanos, con otras niñas, niños y adolescentes; en la forma que adop- te la relación con los operadores de los servicios públi- cos, sea docente, personal de salud o policía.
Es importante subrayar que los casos regionales, en sus diferencias, nos muestran cómo opera y cómo se repro- duce la violencia estructural. En sus similitudes, nos ha- blan de la violencia cultural que legitima tanto la violencia directa como la violencia estructural; en estricto, la cultura de violencia contra la niñez y adolescencia es transcultural, en el sentido que es compartida por hom- bres y mujeres del campo y de la ciudad, de diferentes estratos socioeconómicos, orígenes étnicos, raciales o lengua materna.
2.2. Las niñas y niños en el mundo
del trabajo… y la explotación
económica
A pesar del crecimiento económico registrado en los últimos años, los datos disponibles siguen hablando de una importante presencia de adolescentes (hombres y mujeres) y de niñas, niños (aun desde muy pequeños) en el mundo del trabajo. Dicha participación tiene una larga historia y aún es tema en debate.
La realidad es que el Estado hasta hoy no brinda los servicios que, de conformidad con lo establecido en el CNA de 1992, debería prestar a las y los adoles- centes de 14 a 17 años de edad que trabajan, lo que, de acuerdo a la legislación vigente, les está permitido bajo ciertas condiciones. Mientras tanto, de otro lado, las estadísticas ofi ciales excluyen la medición del tra-
bajo de la población menor de 14 años, que se sabe que existe, por ser «ilegal».
La identifi cación y reporte de casos de «trabajo infantil» se tornan más difíciles cuando la actividad se «sumerge» en la informalidad (como sucede en la industria del cal- zado o en actividades como la agricultura tradicional), se realiza en el seno de la unidad familiar o dentro de relaciones de compadrazgo o servidumbre. En estos ca- sos es vista como parte del proceso de socialización de la niña o el niño, o es considerada «indispensable» para el sostenimiento familiar, así no lo sea.
Existen también prácticas delictivas de explotación de niñas, niños y adolescentes bajo la forma de pros- titución, pornografía, así como su involucramiento –cuando no reclutamiento– en robo, crimen orga- nizado, narcotráfi co, terrorismo. Un tema adicional son los casos de trata, que, como forma delictiva, va asociada en no pocos casos a los otros delitos antes mencionados. Las dimensiones de estos fenómenos y las variaciones de los mismos en el tiempo y entre las regiones, son difíciles de estimar, aunque algunas de ellas parecen estar en expansión (pornografía en Internet, incriminación).
2.3. Los avances en acortar
las brechas
Si bien se ha hecho un somero recuento de las brechas y deudas que el Estado y la sociedad tienen con la niñez y la adolescencia, ello no es óbice para reconocer los avances que se han dado en estos últimos años en ce- rrar las brechas preexistentes.
La información recogida muestra que se han dado avances importantes, en especial desde mediados de la década pasada, cuando el Estado establece un conjunto
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de actividades prioritarias a favor de la niñez y la adolescencia y se cambian las estrategias de acción para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Destacan en estos campos los logros alcanzados en: el incremento de la documentación de niñas, niños y ado- lescentes; la reducción de las tasas de mortalidad infantil y neonatal, desnutrición crónica y anemia; mejoras en el
acceso a la educación inicial, en el acceso o permanencia en educación secundaria y la paridad entre sexos en la educación básica (en el Perú incluye hasta la educación secundaria). Cabe mencionar también que en estos como en otros indicadores de calidad de vida, a pesar de las mejoras, siguen existiendo brechas por cerrar, in- equidades regionales, derechos violados a restituir. Los mayores desarrollos se han dado en la implemen- tación de programas y medidas que están en el Subsis- tema que brinda los servicios de protección social. En materia de protección contra la violencia directa y de restitución de derechos de las víctimas, aún es poco lo avanzado y hay un largo camino a recorrer. En alguna medida, este menor nivel de desarrollo de políticas y herramientas de gestión en esta área, da cuenta de una tolerancia con la violencia hacia la niñez y la adolescen- cia, lo cual habla de la vigencia de una cultura de violen- cia en todos los segmentos de la sociedad.
Estos importantes avances, que han motivado el reco- nocimiento internacional a la experiencia del país, se han realizado gracias a políticas de Estado que han sido concertadas en la MCLCP, en el Foro del Acuerdo Na- cional y en los Acuerdos Regionales de Gobernabilidad fi rmados en todas las regiones.