Agentes económicos y actores políticos, democracia y gobernabilidad

El reconocimiento de la dimensión institucional del desarrollo, conlleva a la necesidad de revalorizar la implementación de la política como doctrina y práctica en las estrategias de desarrollo. Política y economía están inextricablemente relacionadas y no podemos explicar el desempeño económico de una determinada sociedad (o territorio) sin considerar esta relación (North: 1991).

Cualquier cambio institucional implica modificar las reglas de la acción colectiva, los modelos mentales, los valores, las actitudes y capacidades y los equilibrios de poder. Las correlaciones de estos cambios institucionales son sumamente complejas y no pueden ser sólo fruto de la voluntad humana y aquí los actores sociales y políticos juegan un papel bastante significativo.

La demanda de cambio institucional será posible y se articulará, sólo si un número suficiente de actores involucrados comparten la percepción de que pueden perder considerables beneficios potenciales y que van a ver seriamente deteriorados los beneficios actuales. Es necesario por ello,

desarrollar e innovar nuevos acuerdos y compromisos entre los actores sociales y políticos.

Se trata por lo tanto, que las instituciones políticas deben de evolucionar para procurar un marco facilitador del cambio requerido. Desde una perspectiva de gobernabilidad, consolidar la democracia no equivale a defender el statu quo de un determinado momento electoral caudillista o partidocrático en el ejercicio de un poder en gran parte patrimonial, clientelar, mercantilista y arbitrario; exige más bien, promover la evolución o cambio institucional hacia un sistema de representación y participación política que permita el máximo de intercambios entre el máximo de actores. Esta es una vía que consolida una relación equivalente y democrática con la eficiencia económica y la integración social.

Todavía no existe conciencia de la correlación entre la debilidad de las instituciones democráticas y la debilidad de las instituciones económicas en nuestros países. Existe una lejanía entre el discurso democrático y el discurso económico y social; y esta afirmación conlleva a preguntarnos, qué y cómo se cambian las instituciones en una democracia y qué papel juegan los agentes sociales involucrados.

Estas interrogantes tienen que definir en primer lugar, qué determina la calidad de las instituciones y luego proceder a cambiarlas. Toda institucionalidad es producto de la presencia de fuerzas políticas bajo un régimen de gobierno específico y determinado, gracias a las cuales las sociedades intentan cambiar o resolver sus problemas colectivos. Esto quiere decir que la calidad de las instituciones debe estar influida por la presencia de normas y prácticas del sistema político.

Algunos han llegado a proponer que el verdadero objetivo del análisis económico sea el descubrir los arreglos institucionales que subyacen a todo sistema de producción e intercambio para concebir otros alternativos y viables que mejoren el desempeño económico colectivo , nada de lo cual puede hacerse sin introducir el análisis político (Fuentes: 1993).

En ese sentido, cada sociedad tiene un tipo determinado de relación entre la política y la economía. La teoría macroeconómica nunca resolverá los problemas que confronta a menos que reconozca que las decisiones adoptadas en el proceso político afectan críticamente el funcionamiento de la economía. Esto sólo puede hacerse mediante una modelización del proceso económico-político que incorpore las instituciones específicas afectadas y la consiguiente estructura del intercambio político y económico (North: 1991)

El mensaje del neoinstitucionalismo económico es de buena nueva para la democracia liberal: en las condiciones actuales, las instituciones necesarias para definir y garantizar los derechos individuales requeridos para el mayor y mejor desarrollo económico no sólo son compatibles sino que las mismas son necesarias para disponer de una democracia duradera (Olson: 1993).

Lo que se requiere es de un gobierno seguro, que respete los derechos individuales y que genere un entorno de respeto a la propiedad ganada y de cumplimiento de los contratos a través de una justicia imparcial. Es la combinación adecuada de economía y un sistema legal cierto y confiable, inherentes a un Estado de Derecho.

Este hecho es un proceso, donde se van reformando los sistemas representativos, los partidos políticos se van democratizando, ampliando y cohesionando, se van fortaleciendo los poderes del Estado y la garantía de la calidad de las leyes, se va reconociendo el derecho de todos los grupos de interés a organizarse y a disponer de voz en los procedimientos legislativos y

administrativos, se van construyendo catastros, registros de propiedad, mercantiles, es decir se van construyendo los cimientos de una institucionalidad coherente que tienda al fortalecimiento de verdaderas economías de mercado y de democracias genuinas, teniendo en perspectiva la construcción de la ciudadanía y la comunidad nacional.

La relación entre gobernabilidad y democracia en esta perspectiva, requiere de ciertas compatibilidades que deben evolucionar positivamente para una mejor concreción de las expectativas planteadas (Saldomando: 2005):

a. La clarificación del debate y el posicionamiento de coaliciones locales y nacionales en la construcción de compatibilidades.

b. La construcción de un acuerdo de fondo y más sistémico sobre el papel de la descentralización.

c. La identificación de espacios políticos e institucionales donde elaborar la compatibilidad de políticas nacionales de desarrollo local con planes territorializados.

d. La coordinación local nacional en materia de respuesta a las demandas y a los conflictos.

e. El reconocimiento y la legitimidad de actores locales y de la institucionalidad que articula lo local y lo nacional.

f. La necesidad de identificar productos concretos que permita una interrelación entre la modificación de los modos de gobernabilidad nacional y la gobernabilidad sectorial en una perspectiva de creciente anclaje territorial.