7Plan África, p. 38.
Cuando se trata de vincular comercio y desarrollo, el Plan África es contundente: “[...] el futuro de la economía africana no se ventila en las relaciones bilaterales con España, sino que pasa por iniciativas de corte continental, [...] y sobre todo por estructuras interregionales en el ámbito de la UE [...] como los Acuerdos de Asociación Económica [...], así como de instancias mundiales como las negociaciones en el marco de Organización Mundial del Comercio7.” Sin embargo, los planes del Gobierno español no parecen ir por esa línea. El resto del texto aprobado ignora casi por completo estas cues- tiones. En su descripción de los “objetivos y prioridades de la política española en África”, el problema que las reglas comerciales suponen para los africanos aparece de pasada entre compromisos vagos como el de “hacer que la liberaliza- ción del comercio redunde en el desarrollo y la lucha contra la pobreza”. Tampoco los planes respecto a los acuerdos regio- nales merecen una explicación detallada, salvo la referencia a las contribuciones españolas al Fondo Europeo de Desarrollo que financia los Acuerdos de Cotonou.
El panorama es aún más desolador cuando se describen los planes que darán cumplimiento a los objetivos. Las “líneas de
acción relativas al tejido económico, empresarial y producti- vo” mencionan “el respaldo a la inserción internacional en situaciones [sic] equilibradas, con particular atención al [...] compromiso asumido en la Ronda de Doha de la OMC [...]”. Más adelante se hacen votos para que España desarrolle “una estrategia coherente para impulsar su participación en la negociación y aplicación de los EPA [Acuerdos de Asociación Económica]”. Sin embargo, las propuestas concretas para lle- var estos planes a cabo desaparecen en las páginas posterio- res. El contraste lo da el detalle de la estrategia para impulsar los intereses económicos de las empresas españolas en sec- tores como la pesca o el aprovisionamiento de energía, donde España sabe muy bien lo que quiere.
Para ser justos, esta negligencia es coherente con la actitud mostrada por el Gobierno español a lo largo de todo el proce- so de negociaciones de la OMC. A diferencia de la ayuda al desarrollo y de la condonación de deuda, cuyas políticas han merecido atención y recursos, el comercio ha sido el gran olvidado de la política de desarrollo de este Gobierno. El Plan África hubiese sido una buena ocasión para explicar a la opi- nión pública española qué opina su Gobierno acerca de la Ronda del Desarrollo y de otros acuerdos comerciales, como ya han hecho diferentes países dentro y fuera de la Unión Europea.
El comercio internacional
en el Plan África
P ablo Tosco / I ntermón O xfam cLos Acuerdos de Asociación Económica (EPA por sus siglas en inglés) son acuerdos comerciales que la Unión Europea negocia actualmente con seis regiones de Áfri- ca, Caribe y Pacífico (ACP). Hasta ahora, las relaciones comerciales con estos países se habían enmarcado en las Convenciones de Lomé y el Acuerdo de Cotonou, que garantizan a los países ACP preferencias no recíprocas desde 1975. Sin embargo, la OMC dictaminó en contra de estos acuerdos al entender que favorecían injusta- mente a estos países en relación con otros países miem- bros. Ese fallo obliga a la UE y a los países ACP a modifi- car sus acuerdos comerciales antes de 2008 para que fueran compatibles con las reglas de la OMC, impulsando el actual proceso de negociación de los EPA.
La UE es el principal socio comercial para la mayoría de los países ACP. En 2005 exportaron más de 36.000 millones
a la UE, de los cuales el 24 por ciento correspondieron a productos agropecuarios8. Por lo tanto, los Acuerdos de Asociación tendrán un impacto directo y significativo en el desarrollo de los países más pobres del planeta –los 27 países más pobres del mundo son ACP–. El objetivo es promover el desarrollo sostenible de los países ACP, su integración gradual y suave en el mercado global y la erra- dicación de la pobreza.
Sin embargo, los Acuerdos de Asociación están siendo negociados como meros acuerdos de libre comercio, dejando de lado el desarrollo y la asociación. La UE exige una negociación integral que incluya una liberalización rápida y profunda del comercio de mercancías, inversio- nes y servicios. Los países europeos pretenden incluir en estos acuerdos ámbitos que ni siquiera han sido regula- dos por la OMC, como las compras gubernamentales o la competencia.
Algunos países de la región han comenzado a alzar su voz en contra de las exigencias europeas. Mauricio ha llega- do a proponer un acuerdo comercial que sólo cubra los intercambios de mercancías, excluyendo las inversiones, servicios y otros temas no regulados por la OMC.
En Europa, a pesar de que muchos países miembros no están adecuadamente informados del avance de las negociaciones, también comienzan a surgir las críticas. El Gobierno británico solicitó que la UE no forzara la aper- tura comercial y que no usara la ayuda al desarrollo como elemento de presión. Defendía que se permitiera a los países ACP decidir el alcance, velocidad y cobertura de la liberalización comercial.