de julio dirigíamos desde Intermón Oxfam a todas aque- llas personas que, con sus cartas y correos electrónicos (25.130 adhesiones), apoyaron nuestras actuaciones en reivindicación de una ley de deuda que realmente marca- se un antes y un después en el tratamiento de este pro- blema por parte de nuestro país. Una frase que resume nuestra valoración mixta del documento que aprobó el Senado el pasado 18 de octubre55.
“La ley avanza” porque, de una parte, se han dado pasos positivos en algunos aspectos importantes56:
Compromiso de legislar los mecanismos generadores de deuda,tales como los créditos FAD y las operaciones aseguradas por CESCE durante esta legislatura. Ambos procesos de reforma, largamente reclamados, deberían ser ya impostergables con este mandato legal.
Participación de la sociedad civil en la gestión de la deuda.Se incluye mención explícita en el articulado a la participación de la sociedad civil de España y del país beneficiario. Además, se aprueba la creación de una comisión ad hocpara el seguimiento de la deuda, com- puesta de manera paritaria por miembros del Gobierno español y de la sociedad civil.
Desvinculación de la compra de bienes y servicios españoles.Frente a un escenario como el actual, en el que se sigue priorizando la utilización de bienes y servicios espa-
ñoles, a partir de la aprobación de la ley, se dará prioridad a proyectos locales para invertir los recursos sujetos al canje.
Apuesta por los países más emprobrecidos y endeu- dados para aprovechar al máximo el margen que permi- tan los acuerdos internacionales, aplicando los tratamien- tos concesionales hasta los niveles más ventajosos.
Transparencia. Se avanza significativamente en la información que el Gobierno debe suministrar anualmen- te al Congreso (nombre de los proyectos, área o sector empresarial, empresas beneficiadas, condiciones de financiación, etc.). A pesar del cambio sustantivo en com- paración con la opacidad que caracterizaba a la deuda externa española, sigue faltando la voluntad de algunos grupos parlamentarios de que se haga público el objeto del contrato, razón por la cual se eliminó esta información en el trámite en el Senado.
Marco multilateral. Se reafirma el compromiso de España de actuar en el marco multilateral. Sin embargo, no se incluye un mandato para que el Gobierno sea pro- activo e impulse nuevas actuaciones a nivel internacional a favor de un tratamiento más ventajoso para la deuda de los países de renta media, que sufren a menudo severos problemas de endeudamiento pero se quedan fuera de todos los acuerdos internacionales de condonación.
Condonación de deuda.La ley emplaza al Gobierno a presentar en el plazo de un año un plan de renegociación (y
recuadro 5
55En el momento de redacción de este informe la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa ha sido aprobada en el Senado y debido a los cambios sobre el texto en la Cámara
Baja debe regresar al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Esta valoración corresponde al texto aprobado por el Senado y está sujeta a cambios en función de las modificaciones que se produzcan en el Congreso. Para información actualizada consúltese la página web http://www.intermonoxfam.org.
56Véase al respecto el documento “Reivindicaciones de la alianza española contra la pobreza en relación” a la propuesta de ley reguladora del tratamiento de la deuda externa,
en su caso cancelación) de la deuda de los países HIPC, incluyendo tanto la originada por créditos FAD como la deuda CESCE. Este apartado reconoce directamente la exis- tencia de un margen por agotar en relación a los HIPC y, por otra parte, señala por primera vez la necesidad de incluir la deuda CESCE en este tratamiento. Sin embargo, es de lamentar la falta de concreción en márgenes, cantidades y calendario de condonación a los HIPC y la ausencia de com- promisos respecto al resto de países de desarrollo humano bajo y medio con serios problemas de endeudamiento.
A pesar de estos avances, “la ley no alcanza”a recoger todos los pasos que de ella se esperaban, especialmente en los siguientes apartados:
Prevención de nuevas crisis de endeudamiento. A pesar de las tres referencias a esta prevención, la Ley no incluye medidas concretas a adoptar a este respecto. Se llegó más lejos en este punto en el Documento de coheren- cia de políticas del Consejo de Cooperación, en el que todos los actores implicados llegaron a reconocer que “sería con- veniente establecer una política de referencia clara en el uso de préstamos frente a donaciones, considerando la sosteni- bilidad de la deuda en los países receptores, así como el tipo de proyectos a financiar. En particular, debería resultar des- aconsejable financiar en forma de créditos a países que tie- nen elevados niveles de sobreendeudamiento”. Esta reco- mendación debería incorporarse plenamente en los proce- sos de revisión del FAD y la CESCE.
Condicionalidad.Entendemos que, tal y como se esta- blece en el documento de coherencia de políticas men- cionado, la condicionalidad “debiera quedar limitada a garantizar el buen fin de los proyectos, para que éstos contribuyan al desarrollo humano del beneficiario”. En absoluto se debería condicionar a criterios económicos o
financieros u otros criterios políticos. Lamentablemente, el articulado deja abierta esta posibilidad, al afirmar que “España se asegurará de que sus actuaciones de deuda exterior sean acompañadas por políticas del país deudor tendentes a solucionar los desequilibrios que les conduje- ron a una situación de endeudamiento”.
Adicionalidad. El Senado incorporó una nueva disposi- ción que contempla que “Con objeto de dejar de contabili- zar aquellas operaciones de deuda externa que no deban computarse como AOD una vez alcanzada la cifra del 0,7% del PIB, el Gobierno presentará ante los organismos inter- nacionales las iniciativas oportunas”. Este compromiso queda lejos de lo demandado por la Sociedad Civil, que seguimos reclamando que el Gobierno cumpla con el Consenso de Monterrey y deje de contabilizar de forma inmediata el alivio de la deuda como AOD.
Corresponsabilidad en la generación de la deuda.
A pesar de que este aspecto estuvo incluido por lo menos en la exposición de motivos, finalmente fue retirado, lo cual no deja de ser un síntoma significativo del “desenten- dimiento” de los problemas que en buena medida nos- otros mismos contribuimos a generar.
Establecimiento de mecanismos de evaluación o audi- toría de la deuda.Era otro de los apartados que tampoco fue finalmente recogido. Una vez más, el texto del Consejo fue algún paso más allá, reconociendo que “sería recomendable abordar un seguimiento de los préstamos concedidos en los últimos años, analizando el uso de los mismos y el impacto obtenido en la consecución de sus objetivos, en especial en la lucha contra la pobreza”.
Obviamente, el trabajo no termina aquí. Las organizaciones sociales seguiremos trabajando hasta el último minuto para
57Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (31,47%), Ministerio de Defensa (22,43%), Ministerio de Medio Ambiente (0,06%), Ministerio de Sanidad y Consumo (0,01%)
y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (14,32%).
tratar de incorporar algunos de estos avances requeridos en el recorrido final de la tramitación parlamentaria, y por supuesto en el seguimiento cercano de su ejecución. En todo caso, e independientemente del resultado final, es de valorar muy positivamente el hecho poco frecuente de que los temas de pobreza y cooperación hayan estado presen-
tes en el Pleno del Congreso de los Diputados y del Senado, así como el trabajo comprometido y el esfuerzo permanen- te de un reducido grupo de parlamentarios de diverso ámbi- to político, que han sostenido el esfuerzo hasta el final para lograr el máximo de este proceso.
Durante 2005 la cooperación española destinó 108,1 millones de euros a la ayuda humanitaria, un 21,5% más de lo previsto en el PACI 2005 debido principalmente a su participación en la respuesta humanitaria tras el maremoto que afectó las costas de diversos países en el océano Índico y causó la pérdida de miles de vidas y elevados daños materiales.
Dado el histórico déficit de recursos que caracteriza a este instrumento podemos afirmar que los datos en términos absolutos muestran avances en la dirección correcta. En 2005 la ayuda humanitaria se duplicó respecto a 2004 (54,2 millones de euros) y las previsiones para 2006 estiman que crezca un 30% en relación a lo desembolsado en 2005 y alcance los 140,8 millones de euros. Sin embargo, si toma- mos como referencia el peso de la ayuda humanitaria sobre
la AOD total, el resultado (4,45%) aún se encuentra todavía bastante lejos de la media destinada por los países de la OCDE, que se sitúa en el 7%.Además este escenario empeora para 2006. La ayuda humanitaria no crece al mismo ritmo que el pronosticado para el conjunto de la ayuda, por lo que su peso sobre el total se reduce hasta el 4,35%.
Del total desembolsado en 2005 un 68% le correspondió a la Administración General del Estado (AGE), mientras que las comunidades autónomas y los entes locales contribuyeron con un 32%. La distribución por ministerios muestra una vez más el papel protagonista y peso excesivo del Ministerio de Defensa en la actuación de la cooperación española ante las emergencias57.En 2005 este Ministerio gestionó 24,2 millo-
nes de euros, un tercio del total dispuesto por la AGE (73,8 millones de euros) y tan sólo 10 millones menos que la Agencia Española de Cooperación Internacional.