y exterior de España y no en
aquellos seleccionados
por criterios de desarrollo
Particularmente preocupante es el mantenimiento de crédi- tos ligados a países HIPC y PMA y la concesión de créditos en países afectados por desastres naturales. Tal y como se muestra en el cuadro 7, del total de los 49 países que en 2005 tuvieron vinculación financiera con España a través del FAD, 16 están entre los países más pobres y/o endeudados: 7 paí- ses son a la vez HIPC y PMA, otros 7 son HIPC y 2 más son PMA. El listado de aprobaciones de FAD para 2005 muestra que esta situación se repite a lo largo de los años. En ese año se aprobaron más de 44 millones de euros a países HIPC y más de 24 millones de euros a PMA, con lo que se incremen- ta la carga financiera a países con un nivel de endeudamien- to previamente elevado y con escasez de recursos para la lucha contra la pobreza. Además en algunos casos (como la modernización del Consejo Supremo Electoral en Nicaragua por un total aproximado de 6 millones de euros) se hace caso omiso a la Declaración de Principios de la OCDE, en la que se recomienda a los países donantes no utilizar los créditos para sectores no productivos en países HIPC.
La anunciada y aún no realizada reforma de este instrumento (véase recuadro 2) debería, entre otros, promover criterios claros en el uso de préstamos frente a donaciones, considerando el nivel de endeu- damiento y de desarrollo de los países, tal y como recomendó el CAD en su evaluación de 2002 y como recomienda el Consejo de Cooperación en el informe sobre el cumplimiento del principio de coherencia de políticas: “Sería conveniente establecer una políti- ca de referencia clara en el uso de préstamos frente a donacio- nes, considerando la sostenibilidad de la deuda en los países receptores, así como el tipo de proyectos a financiar. En particu- lar, debería resultar desaconsejable financiar en forma de crédi- to a países que tienen elevados niveles de sobreendeudamiento”.
Por otro lado, no podemos olvidar que la oferta de FAD fue el
principal componente de la ayuda destinada por España tras el tsunami39. Desde la aprobación de la línea de crédito por el Consejo de Ministros el día 30 de diciembre de 2004 hasta mediados de septiembre de 2006 se habían definido y acorda- do con el Gobierno de Sri Lanka dos proyectos por un monto total de 34,6 millones de euros. El primero va dirigido al sumi-
nistro y construcción de cuatro puentes metálicos prefabrica- dos. Para este proyecto se suscribirán acuerdos con dos empresas diferentes, una de las cuales se encargará del sumi- nistro de las estructuras y otra del diseño y construcción de las infraestructuras. En el primer caso se trata de una empresa española, por lo que se hará con cargo al tramo ligado. El segundo se hará a través de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la cual contratará para su ejecución a agentes locales, por lo que irá con cargo al tramo desligado. El segundo proyecto en Sri Lanka de Suministro e instalación llave en mano de dos sistemas de tratamiento de agua se realizará también a través de una empresa española. Los 50 millones de euros estaban distribuidos en dos partidas, una primera de 2 millones de euros en forma de ayuda financiera no reembolsa- ble con carácter ligado para financiar estudios de viabilidad. Y la segunda, de 48 millones de euros en forma de créditos de carácter ligado o desligado a decidir entre los países afectados y España. Los créditos desligados tienen una concesionalidad del 50%, que asciende hasta el 80% para los ligados.
Según la información facilitada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio40, existe un tercer proyecto en este país, Rehabilitación del hospital de Karapitiya e instituciones de salud relacionadas junto con hospitales rurales, que estaría en cartera. Además, las autoridades de Indonesia han mostrado su interés por la financiación a través de este instrumento de dos proyectos: Reconstrucción y reequipamiento de la red de hospitales y clínicas de la Policía dañadas por el terremoto y Adquisición de un hospital modular de campaña de 50 camas para las Fuerzas Armadas.
Afortunadamente, tras la criticada e ineficaz asignación de 50 millones de euros de fondos reembolsables FAD para la crisis del tsunami41, el Gobierno español parece haber prescindido del recurso al FAD en la respuesta a posteriores crisis humanitarias,como las de la tormenta tropical Stan o el terremoto de Pakistán en octubre de 2005. Este “no recurso al FAD” representa un paso adelante en la mejora de la calidad de la ayuda humanitaria española que esperamos se consolide. Sin embargo, en 2005 sí se realizaron desembolsos de crédi-
39El 70% del total de ayuda para el tsunami (70 millones de euros) provino de una línea de crédito (50 millones), mientras que sólo el 17% consistió en donaciones directas. 40Nota informativa sobre la situación Línea FAD Tsunami, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
41Véase la comparecencia de diputados en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2005. También quedaron recogidas en artículos
como “El 90% de la ayuda española tras el maremoto no sirve para emergencias y agrava la deuda de los países asolados”, http://solidaridad.net, o “Maremoto asiático: no llegó ningún euro de los 50 millones que prometió Zapatero”, http.//hazteoir.org.
tos vinculados a diversos programas de reconstrucción: la línea de reconstrucción para paliar los efectos del huracán Mitch en Nicaragua (12,4 millones), la línea de crédito a Colombia para paliar los destrozos causados por el terremoto del eje cafetero (6,7 millones de euros) y la ayuda a países afectados por la guerra de Irak (1,6 millones). En el caso de Nicaragua y Colombia los préstamos presentaron un componente de libera- lidad del 80%, con tipos de interés anual entre el 0% y el 0,1% y un periodo de gracia de al menos 20 años. La ayuda a Irak fue totalmente donación. A pesar de que las condiciones financie-
ras otorgadas fueron favorables, el Gobierno español debe valorar la capacidad de pago de cada uno de los países afecta- dos y priorizar las necesidades de sus poblaciones en la reconstrucción del país a la recuperación de los recursos.