desarrollo de los países receptores como sobre la expan- sión efectiva de las empresas españolas en el exterior.
Dado el retraso que ha habido en la puesta en marcha de esta evaluación y el plazo dado para la presentación del proyecto de ley, debe asegurarse la transmisión y discusión de los resultados del proceso conforme se vayan trabajando.
Asegurar que el proyecto de ley sea un elemento clave para convertir al FAD en un instrumento que responda al espíritu y objetivos de la Ley de Cooperación y el Plan Director y contribuya por tanto a la consecución de los Objetivos del Milenio, implica reflejar en su articulado los siguientes cambios:
Diferenciación de instrumentos y competencias.Se deben diseñar instrumentos específicos que respondan de forma eficaz a los diferentes objetivos planteados, a la vez que separar las competencias en materia de cooperación y de internacionalización de la empresa. El Ministerio de Comercio debe ser el órgano que identifique y ponga en marcha vías de acompañar la internacionalización de las empresas españolas que no comprometan los recursos escasos destinados a la lucha contra la pobreza en los paí- ses del Sur. El Ministerio de Exteriores y Cooperación debe- rá ser el encargado de gestionar un instrumento de crédito blando para los países, en las condiciones señaladas a con- tinuación, bajo el propio nombre del FAD u otros posibles.
Selección minuciosa de países y sectores.Se debe finalizar con la concesión de ayuda vía créditos a los paí- ses menos adelantados y los países pobres altamente endeudados, así como para la provisión de servicios sociales básicos, salvo en casos excepcionales y clara- mente justificados. Para estos casos se podría utilizar una
parte de los reembolsos de los créditos previamente con- cedidos para incrementar la concesión de donaciones para programas y proyectos, así como la puesta en mar- cha de instrumentos como el apoyo sectorial o la partici- pación en iniciativas globales.
Fin de la ayuda ligada.El Gobierno español debe aban- donar la práctica de ligar la ayuda a la compra de bienes y servicios españoles. Este cambio supondría asumir en el ámbito español las recomendaciones de los organismos de cooperación internacional respecto a este tema y seguir la práctica de otros donantes del CAD.
Aplicación homogénea de criterios de planificación, ejecución y seguimiento. Los créditos blandos deben estar sujetos a los mismos criterios que el resto de la coo- peración española y utilizar la metodología desarrollada por la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo. De esta forma pasarían a estar contemplados en los documentos de estrategia del país y las estrategias sectoriales de la cooperación española.
Transparencia y participación social.En cada uno de los procesos que se pongan en marcha con este instru- mento se deben incorporar la transparencia y la participa- ción social como principios y criterios prácticos de actua- ción, tanto en los países destinatarios como en España, facilitando el acceso a la información y estableciendo canales para encauzar los aportes recibidos.
Actuación socialmente responsable.Mientras que las empresas sigan siendo ejecutoras de créditos en el con- texto de las acciones de la cooperación internacional, la Administración debe impulsar que su actuación sea socialmente responsable.
En junio de 2006 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicó una nota sobre la segunda evaluación de proyectos financiados con cargo al FAD. La evaluación, inicia- da en marzo de 2003, incluye 6 proyectos en tres países: Electrificación rural en la zona nordeste y Electrificación rural con equipos de media tensión, en Ghana; Ingeniería y Construcción del puente Ozama, en República Dominicana; y Parque eólico de Nanao y Parque eólico de Yingkou, en China. Todos ellos habían sido finalizados a finales de 2000 o inicios de 2001, criterio que fue tomado en cuenta en la selección de los proyectos para poder realizar la valoración tras dos o tres años de funcionamiento.
El Ministerio concluye que los resultados de esta evaluación son positivos tanto para el objetivo de apoyo al proceso de internacionalización de la empresa como en la contribución al desarrollo económico y social de los países beneficiarios. Sin embargo, según la información que aparece en dicha nota, única publicación hasta la fecha consistente en diez páginas, esta valoración es cuestionable. En ella se señalan “ciertos problemas” que no son de índole menor y que una vez más son muestra de las deficiencias de este instrumento.
Sin conocer los detalles, los datos suministrados para los proyectos de la República Dominicana alertan sobre la soste- nibilidad del mismo. Por un lado, se subraya la dificultad para obtener la financiación de los gastos localesno financiados por España. La falta de garantía de la disponibilidad de recur- sos locales para la realización del proyecto es previsible que persista en la fase de mantenimiento, lo que disminuiría la eficacia y utilización óptima de los recursos. Por otro lado, el criterio de sostenibilidad recibe una puntuación alta justifica- da por la entrega por parte de la empresa de un manual de mantenimiento. Además de ser un argumento claramente insuficiente, la entrega no garantiza ni el entendimiento del mismo ni la aplicación, la propia nota señala que “la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones parece tener una limitada capacidad de mantenimiento”.
En el primer proyecto de Ghana señalado, destaca la falta de adecuación entre la propuesta inicial y el suministro efec-
tuado, tanto en el número como en el tipo de materiales,lo que resulta en una valoración baja en el criterio de eficacia. Según la empresa consultora, “en el momento de la evalua- ción había aún determinados materiales en stocky aproxima- damente el 36% de los beneficiarios potenciales no disfrutan de la instalación”. Este hecho ha sido señalado en otras oca- siones43y se repite en la evaluación del Proyecto de construc- ción del parque eólico de Nanao: “el material suministrado tenía ciertas deficiencias en el diseño y funcionamiento de ciertas piezas”.Casos como estos ponen en tela de juicio la profesionalidad de algunas de las empresas españolas que reciben recursos públicos para la ejecución de este tipo de proyectos. La búsqueda de beneficios no puede en ningún caso poner en juego la calidad de los productos entregados y el Ministerio debería ser garante de que esto no se produzca.
En el segundo proyecto en Ghana, se omite la valoración de los criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad en la evaluación desde el punto de vista del desarrollo.
Finalmente, en los proyectos de parques eólicos de China la evaluación señala problemas con los programas informáti- cos de control, entregados en español y la reticencia de las empresas chinas al trabajo con empresas españolas al no tener representación y almacenes de repuestos en el país.
En resumen, podemos afirmar que la segunda evaluación de proyectos con cargo al FAD muestra nuevos ejemplos que lle- van a cuestionar el funcionamiento de este instrumento.
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