Los resultados logrados en el reconocimiento y garantía de los derechos colecti- vos han permitido a los sistemas jurídicos avances significativos, directamente relacionados con una mayor legitimidad del sistema judicial (ante el cual se recla- man), una mayor confianza del ciudadano en la existencia de instrumentos que
permiten la conservación y cuidado del patrimonio ambiental, cultural y social, que deseamos legar a nuestros hijos y nietos.
Si bien los principales derechos económicos, sociales, culturales y colectivos han sido consagrados en el plano internacional en numerosos instrumentos, su reconocimiento universal como auténticos derechos no se alcanzará hasta superar los obstáculos que impiden su adecuada justiciabilidad, entendida como la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumpli- miento al menos de algunas de las obligaciones que constituyen el objeto del
derecho.38
Pensamos que las acciones de tutela y las acciones populares han de- mostrado ese equilibrio en el acceso a la justicia, y se convierten en un nuevo paradigma para repensar las reformas necesarias en nuestro sistema judicial, tan anquilosado y lejano del ciudadano. Del recorrido por los casos más destaca- dos podemos concluir que los grandes temas del interés público y de los derechos colectivos han llegado a los estrados judiciales, en algunas ocasiones con deci- siones realmente garantistas de los derechos y en otros con decisiones que po- nen en el debate público las limitaciones y miedos de nuestros jueces.
Se concluye que son elementos importantes en la construcción de con- fianza en el sistema jurídico, la garantía del derecho a la participación, la exis- tencia de un adecuado balance entre demanda y oferta de justicia, la oferta social de resolución pacífica de conflictos, el acceso a la justicia sin intermedia- ción, los resultados eficaces en la garantía de los derechos, en síntesis, un sistema de justicia diseñado para la paz.
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La función ecológica de la propiedad y de la
empresa. Análisis normativo y jurisprudencial
Giovanni J. Herrera Carrascal11. A manera de introducción
La Constitución Política de 1991 ha significado para Colombia no sólo una inmensa transformación de las instituciones jurídicas tradicionales –en todos sus ámbitos–, sino que además influyó en el cambio de paradigma en cuanto a la visión ecológica que se tenía en el país.2
En esa medida, los derechos económicos de propiedad y libertad de em- presa no pueden ser comprendidos como antaño, sino que deben ser re-pensa- dos y re-definidos a la luz de lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado la “Constitución ecológica de Colombia”.3
En este contexto, surge la función ecológica de la propiedad, la cual pretende generar las condiciones necesarias para poder garantizar que todas las personas disfruten efectivamente de un ambiente sano, así como la protección de la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de las áreas de especial importancia ecológica.
Teniendo en cuenta que ni la propiedad, ni la libertad de empresa, ni algún otro derecho consagrado por la Carta Política del 91 son absolutos,4 co-
1 Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Derecho Administrativo
de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario –grado con diploma de excelencia. En el ámbito profesional actualmente se desempeña como coordinador de conceptos y casos especiales del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público del Distrito Capital de Bogotá. Trabajó como abogado defensor de derechos humanos vinculado con la Defensoría del Pueblo en la Oficina Permanente de Derechos Humanos y como abogado litigante. Investigador y docente universitario. E-mail: [email protected].
2 Cambio de paradigma que se inició con la expedición de la Ley 23 de 1973 y el Decreto–
Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
3 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T - 411 de 1992.
4 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C - 536 de 1997, entre otras
rresponde al objeto del presente estudio analizar algunos tópicos de la función ecológica como limitación de estos derechos.
Se comparte entonces los cuestionamientos que expone el profesor Macías Gómez sobre el particular: ¿hasta dónde se debe sacrificar la propiedad privada en nombre de la función ecológica de ella, para que cada vez que se declare un área protegida se afecte dicho derecho? O bien, ¿cuál es límite a la facultad de ordenamiento territorial de los municipios, para que en nombre de la función ecológica de la propiedad numerosos predios puedan salir del comercio?5
De otra parte, resulta apenas evidente que ese cambio de paradigma en cuanto al tema ambiental en el país tiene que ir en consonancia con todos los tratados internacionales que en materia ambiental ha suscrito Colombia, y con la visión propia de nuestro Estado social de derecho,6 que propende por mejorar
las condiciones de calidad de vida de los habitantes, preservando para ello un ambiente sano que les permita vivir en condiciones de dignidad humana.
De acuerdo con los planteamientos esbozados hasta ahora, lo que se propone es, en breves líneas, presentar el tema de la función ecológica de la propiedad y de la empresa referido a sus ámbitos constitucional y legal, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para luego avanzar en algunos planteamientos de fondo, a manera de conclusiones, que sirvan para que en un futuro no muy lejano en el país se pueda contar con una legislación adecuada e integral sobre esta temática relevante del derecho constitucional del medio ambiente.