A lo largo de estos diez años de trabajo conjunto podemos concluir que el debate ha sido profundo y enriquecedor, provechoso y esencial- mente crítico con el sistema jurídico, que contempla el Derecho como un discurso social que dota de sentido y de significado mediante los cuales asigna cuotas diferenciadas de poder cuyas implicancias determinan la vida, la libertad y la participación ciudadana.
Con el ánimo de concluir una etapa para comenzar una nueva, recor- damos una canción que decía “hay ausencias que matan” y —en tal senti- do— valen las expresiones de Lucía Cid (2007) sobre cómo las encuestas de victimización solo indagan sobre delincuencia urbana común y cómo otros tipos de delitos que tienen como protagonistas principales a indivi- duos de clase media y alta no entran dentro de estas consideraciones. En coincidencia con Scarponetti (2010), quien no encuentra tampoco claro el peso sustantivo que las actuales políticas públicas sobre seguridad adju- dican al control delictivo, sobre todo de aquellos originados en el ámbito económico, ecológico y los que acaecen en el propio Estado. Esto es, cuando
67. Van Ven Dooren y Calzado, “Inseguridades y legislación. Un análisis discursivo de las modificaciones legales del 2004”. Ponencia presentada en el V Congreso Nacio- nal de Sociología Jurídica, La Pampa 2004.
se presentan planes de políticas en seguridad no se toma en cuenta que justo al lado de la creciente inseguridad ciudadana, también existen altos
niveles de percepción sobre la impunidad y la corrupción. Tal como lo señala Lucía Dammert (2009): Los delitos de cuello blanco no se encuentran presentes en las agendas políticas de ningún país. Así el crimen se ha convertido en sinónimo de robo y hurto, cuyos ejecutores pertenecen a un estereotipo poblacional evidente, por ende las políticas aumentan los niveles de estigmatización.68
Estas reflexiones aparecen claramente a lo largo de los diez años de sucesivos Congresos realizados que hemos intentado sumariar en este tra- bajo, como también las duras y claras críticas hacia las políticas públicas sobre seguridad y prevención del delito. En este sentido, los comentarios de Marcelo Saín resultan necesarios y oportunos dado que nos permiten sintetizar las ideas revisadas en las ponencias presentadas. Entiende este autor a las políticas de prevención en el continente como parciales y de corta duración, de magros presupuestos, con fines electorales, presentadas me- diante una fuerte retórica y una pobre gestión en términos de políticas concre- tas.69 Saín agrega que en la región prima “una visión política y social
policialista de la seguridad pública”, agregando que en el caso de la Argen-
tina se inscribe una cultura marcadamente estatalista como condición fun- damental para garantizar la seguridad pública, impronta que el autor des- taca como extraña en los países anglosajones70 y engarza con el proceso histórico de constitución de nuestro Estado. Si en Argentina, todavía hoy se demanda una fuerte protección policial a pesar de criticarla como abusiva, ineficiente o corrupta, difícil será considerar a la sociedad como sujeto activo en la conformación del campo de la seguridad pública. El
68. Dammert Lucía (2009) “Políticas públicas de Seguridad Ciudadana: Innovación y desafíos”. En Kessler Gabriel coord. Seguridad y Ciudadanía. Nuevos Paradigmas y polí-
ticas públicas. Buenos Aires: Edhasa.
69. Saín comenta que “algunos casos han sido exitosos en moldear y atenuar la sensación de inseguridad, lo cual es importante dado que el autor plantea si no debería- mos interrogarnos sobre “lo que la gente siente o sobre las condiciones objetivas de inseguridad” por lo cual considera desandarlos como dos escenarios distintos. Ver Saín Marcelo (2009) “Comentarios a Políticas públicas de Seguridad Ciudadana: Innovación y desafíos”. En Kessler Gabriel coord. Seguridad y Ciudadanía. Nuevos Paradigmas y
políticas públicas. Buenos Aires: Edhasa. Pp. 151-158. cf. P 152.
70. El autor se apoya en las consideraciones de David Garland acerca de cómo la modernidad tardía apuntó evidencias sobre el mito de la soberanía estatal como instan- cia de resolución de conflictos o el establecimiento de orden en la vida social. Ibíid, p 153.
autor se detiene a considerar las presiones mediáticas que constriñen a los decidores gubernamentales a dar respuestas inmediatas y urgentes, “fuer- temente declamatorias sin ningún tipo de estrategias y meramente efectivistas” para calmar las demandas sociales de mayor seguridad.
También las tendencias hacia el giro comunitario, como una nueva forma social de prevención, son vislumbradas y sugeridas en los trabajos aquí revisados. Es precisamente Máximo Sozzo, junto a su grupo de inves- tigación, quien resume y sintetiza las ideas compartidas en este punto. El autor alerta sobre la prevención situacional-ambiental, y precave sobre el cuidado que las estrategias de intervención deben guardar para no prose- guir contribuyendo al levantamiento del muro reforzador de la distancia social entre “ellos y nosotros”. Por otra parte, el autor santafesino señala la apelación a la comunidad que en términos concretos puede observarse desde dos tipos de formatos, aquellos macroscópicos y los microscópicos, en el sentido de la diferencia entre lo que serían los foros municipales o Consejos de Seguridad de las estrategias de juntas barriales; foros vecina- les que se proyectan en cómo mejorar el barrio o la zona en las que estos sectores viven. Sozzo realiza una doble advertencia, apuntando primero sobre el problema de la representatividad de estos foros o juntas ciudada- nas, mientras que, en segundo lugar, presenta a las segundas como “cajas de resonancia” de demandas selectivas que los grupos canalizan en estos espacios. El tercer aspecto que destacan los comentarios de Sozzo son la superposición o descoordinación entre los diversos ámbitos de implementación de políticas públicas, como sería el caso de la necesidad de políticas sociales para grupos de difícil alcance en referencia a aquellos jóvenes que no solo están fuera de ámbitos educativos y laborales sino que han tenido o “tienen algún tipo de tránsito por el mundo del delito” (Sozzo, 2009).71
En referencia al debate sobre el género, puede rescatarse la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el diseño y análisis de los ordenamientos normativos, y acordarse como conclusión básica de este primer período de trabajo para todas aquellas problemáticas vinculatorias del género tanto con la criminalidad como con las diversas manifestacio- nes de violencias.
71. Sozzo Máximo (2009) “Comentarios a Políticas públicas de Seguridad Ciudada- na: Innovación y desafíos”. En Kessler Gabriel coord. Seguridad y Ciudadanía. Nuevos
La cobertura mediática oscila en su afán de detectar tendencias so- ciales contando día a día casos individuales que apelan a una emotividad receptora. Construy, por otro lado, el planteo colectivo de inseguridad responsabilizando a los diversos niveles y jurisdicciones del Estado como afirman Míguez e Isla (2010). No es visible en sus definiciones de insegu- ridad, esas otras inseguridades que afectan a las mayorías y que revela la pregunta epocal ¿qué es para usted sentirse seguro? Como apuntaran al gunos de los trabajos presentados.
Como se afirmó en la introducción, queda abierto el debate en el marco del estímulo de las diversas líneas que los distintos análisis propu- sieron.
Comisión 3 en los Congresos Nacionales de Sociología Jurídica. Argentina, 2000-2009. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ponencias presentadas 8 11 11 7 5 8 23 24 10 Colectivas 2 1 3 3 1 4 7 8 — Individuales 6 10 8 4 4 4 16 16 10 % ponencias individuales 75 90,9 72,7 57,1 80 50 69,5 66,6 100 Cantidad de Autorías 10 12 15 10 6 13 37 37 10 Masculinas 1 5 3 3 5 7 19 21 6 Femeninas 9 7 12 7 1 6 18 16 4 % Femeninas 90 58,3 80 70 16,6 46,1 48,6 43,2 40 Cantidad de Autores 10 11 15 10 6 13 31 35 9 Varones 1 3 3 3 5 7 14 20 5 Mujeres 9 8 12 12 1 6 17 15 4 % de Mujeres 90 72,7 80 120 16,6 46,1 54,8 42,8 44,4
El cuadro presenta un análisis cuantitativo sobre ponencias presenta- das a lo largo de estos diez años de trabajo de los Congresos Nacionales de Sociología Jurídica. La Comisión 3 se constituyó a partir del segundo, rea-
lizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, punto de partida desde el cual fue consolidándose. El número de presentación de ponencias se mantiene generalmente esta- ble a lo largo de los años, con un notable aumento a partir del año 2006 y siguientes.
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