Temas de trabajo

Nuestra propuesta aquí no consiste en presentar un resumen acaba- do de esta década de debates respecto a investigaciones en curso sobre la Administración de Justicia. Semejante tarea requeriría un número mucho mayor de páginas de las disponibles, dada la variedad y abundancia de los trabajos presentados durante este período. Se trata, más bien, de elaborar

un recorrido entre varios otros posibles, que ofrezca a quienes investiguen en este campo algunos criterios para organizar la lectura directa de los trabajos, así como para buscar otras publicaciones provenientes de los equi- pos que han presentado sus avances de investigación en los congresos.

Si nos preguntamos acerca de los temas centrales de esta producción, veremos que las cuestiones ligadas al funcionamiento de la Administra- ción de Justicia representan un foco continuo de interés. El diagnóstico de sus problemas y el análisis del impacto de las innovaciones organizacionales han sido continuos en este ámbito.

El tema que le sigue en importancia cuantitativa constituye, en una secuencia lógico-histórica, la instancia anterior, y se relaciona con el Ac- ceso a la Justicia en diversas variantes. En esta temática es clara la necesa- ria complementariedad del análisis con la estratificación social y de géne- ro, puesto que los obstáculos en el deficiente acceso a la justicia son más claros en los sectores marginales de la sociedad, incluyendo a las mujeres. No es irrelevante la cantidad de trabajos acerca de los métodos alter- nativos de resolución de los conflictos, que claramente se relacionan con las dificultades arriba señaladas, en tanto —desde los planteos iniciales de Cappelletti y Garth (1996; e.o. 1978)— se los concibe como herramientas para ampliar los crónicos déficits de acceso a la justicia.

En los últimos años, la problematización de las relaciones de la Admi- nistración de Justicia con los otros poderes del Estado ha adquirido mayor importancia, y cuestiones como los efectos de los nuevos mecanismos de designación de los jueces, o el papel político de los magistrados han en- contrado un espacio en los debates de estas comisiones.

6.1. Accesibilidad Diagnósticos

No sorprende que este sea uno de los temas que concitó un mayor número de trabajos a lo largo del tiempo, ya que, como dice Fucito (2003; 288), las posibilidades desiguales para litigar constituyen un tema que interesa a toda la sociología jurídica, en cuanto muestra una ruptura entre la declaración formal de un derecho y su alcance real. Se reconoce aquí una concepción

del cometido de la sociología jurídica, entendida como una disciplina que cumple su vocación crítica relevando empíricamente la distancia entre las normas escritas y las prácticas jurídicas, y que se preocupa más de la efica- cia del derecho que de su validez.

nibles para investigación empírica resultan generalmente muy limitados, la mayoría de los trabajos se centra en problemáticas locales (Díaz Corne- jo, 2000; Fraschetti y Martínez de Pérez, 2000 y 2001; Peláez, 2002) o barriales (Donzis, Ribaric y Barbuto, 2006; Salanueva y González, 2006). Los grupos sociales vulnerables cuyas demandas jurídicas insatisfechas se describen pueden ser categorizados de diferentes maneras: los pobres ur- banos (Lista y Begala 2000, 2001, Salanueva y González, 2005), los inmigrantes (Begala, 2004), o las personas con necesidades básicas insa- tisfechas (Salanueva y González 2008).

El análisis de las dificultades en el acceso a la jurisdicción no se limita a relevar los obstáculos objetivos, derivados de la posición en la estructura de las desigualdades del grupo analizado, sino que se extiende para consi- derar otros factores limitantes del acceso: los déficits educativos (Brandana 2000, Vilanova 2000), la cultura jurídica del grupo analizado (Begala y Lista 2001, Robles 2008) así como otros derivados del funcionamiento de la organización judicial misma, tal como ocurre por ejemplo en el análisis de la aplicación de la ley de defensa del consumidor en los tribunales ordinarios (Fraschetti y Martínez de Pérez 2000 y 2001).

Se analiza igualmente el funcionamiento concreto de diversos meca- nismos previstos por el Estado para remediar las deficiencias en el acceso a la jurisdicción, tales como las defensorías públicas en el fuero penal (Brandana 2000, Vilanova 2003), el asesoramiento legal gratuito en otros fueros (Vilanova 2000), y en particular, en el fuero de familia (Peláez 2002, 2005). Un elemento común a estos trabajos es observar las limitaciones de recursos, humanos, económicos y de infraestructura que experimentan estos servicios.

Otro grupo de trabajos sitúa su eje en las respuestas que se elaboran frente a este problema desde la sociedad civil, y analiza las estrategias de los actores frente a la falta de acceso, ya sean estos miembros de los grupos vulnerables excluidos (Rodríguez Alzueta 2006, Gonzalez y Galetti 2006) o miembros de la profesión jurídica (Donzis 2007).

Análisis teóricos

Si bien la mayoría de las contribuciones que analizan la accesibilidad de la justicia lo hace desde una perspectiva empírica, observamos tam- bién, aunque en menor medida, algunos trabajos centrados en debates conceptuales, como Lista y Begala (2000) y Robles (2006 y 2008). Aun- que las propuestas metodológicas son escasas, una interesante excepción

es el instrumento para la identificación de necesidades jurídicas insatisfe- chas en proyectos de localización de servicios alternativos de acceso a la justicia, presentado por Ava, Aduriz y Zuleta Puceiro (2004). Esta pro- puesta subraya la variedad de las necesidades jurídicas que experimentan los miembros de los grupos vulnerables, destacando así el modo en que el derecho impregna la vida cotidiana.

En cambio, son más frecuentes los trabajos que analizan las desigualda- des en el acceso a la justicia como un fenómeno ligado a las condiciones concretas de las sociedades contemporáneas. Así, Loscalzo (2004) sostiene que las políticas neoliberales características de la década del 90 han contribui- do a la agudización de los problemas de acceso a la Justicia, ampliando el conjunto de poblaciones que requieren asistencia legal gratuita. Por su parte, Salanueva y González (2006) señalan cómo en un contexto político marcado por la vigencia de las políticas clientelares vinculadas al asistencialismo resulta más difícil mejorar el acceso a la justicia de los pobres.

La discusión conjunta de estos trabajos con las contribuciones elabo- radas en otros países latinoamericanos, como Venezuela (Boueiri 2007) y Brasil (Cook Inatomi 2008, Amorim 2008) ha impulsado el reconocimiento del carácter estructural de las desigualdades en el acceso a la justicia en la región, enfatizando la perspectiva crítica sobre los logros que la consolida- ción democrática puede exhibir en este terreno.

Propuestas superadoras

El reconocimiento de la extensión y generalidad de las desigualdades en el acceso a la justicia, así como de su carácter estructural, conduce a una mirada crítica acerca del papel social del derecho, que ha impulsado decisivamente los proyectos de reforma institucional.5 Otras expectativas de mejora de la situación se concentran en la educación, entendida como herramienta de cambios sociales a largo plazo.

Así, se ha subrayado la importancia de incluir el tema del acceso a la justicia en la carrera de derecho (Gerlero y otros, 2001 a. y b) y en los planes de formación de los magistrados (Rodríguez 2004, Gerlero, Gómez y Roclaw 2005). Estas propuestas hablan acerca del proceso de legitima- ción del tema en análisis, al incluirse su tratamiento en la formación de los abogados y otros operadores jurídicos, tanto a nivel de grado como en posgrado.

5. En el apartado 6.3. se examinan en detalle las contribuciones en relación a los procesos de reforma judicial.

6.2. Funcionamiento

Si el número de trabajos focalizados en el acceso a la justicia fue alto, no menor fue la cantidad de ponencias que se centraron en el funciona- miento de la administración de justicia y de las instituciones relacionadas con ella, que ciertamente exceden al Poder Judicial únicamente.

Ellos pueden ser agrupados según se centren en el perfil (individual) de los operadores jurídicos, o bien en las organizaciones. Obviamente, el marco teórico de unos y otros será diferente, como lo son los análisis desde la sociología de las profesiones o de las teorías organizacionales. En el pri- mer caso, observamos que el abanico de actores estudiados por los autores es amplio, incluyendo a los justiciables (Fraschetti y Martínez de Pérez, 2001; Bergoglio y otros 2001, Gerlero, Parody y Roclaw 2006), jueces (Gerlero, 2001; Barrera, 2003), asesores (Mentasti, 2000), abogados (Salanueva y González, 2000; Pásara Pazos, 2006) y empleados judiciales (Wehle 2005).

Por otro lado, varias investigaciones se centraron en la organización judicial en sí misma (Wolter, 2000; Wehle, 2001), abordando el análisis de los espacios de contacto de los ciudadanos comunes con el Poder Judicial, como los tribunales de primera instancia en las justicias provinciales o en el fuero ordinario en Capital Federal. Son muy escasos los estudios situa- dos en la Justicia Federal o en las instancias superiores de la Administra- ción de Justicia.

El interés especial por los puntos de encuentro entre los ciudadanos y el poder judicial resulta visible en los estudios sobre los tribunales de fami- lia de La Plata y Córdoba,6 donde apelando a variadas técnicas de reco- lección de datos se logra iluminar los aspectos informales de la organiza- ción judicial. El énfasis en el punto de vista de los actores presente en los trabajos desarrollados desde un enfoque comprensivo brinda una imagen diferente de la Administración de Justicia, tal como se la construye desde los espacios cotidianos de las personas comunes (Cuéllar Vázquez 2006, Peláez 2009).

De manera similar, la descripción empírica de los procesos de trabajo en tribunales pone a la luz la existencia simultánea de jerarquías verticales formalmente definidas que regulan la organización del trabajo judicial, y 6. Los estudios provenientes de la línea de investigación sobre los tribunales platenses pueden verse en González y Salanueva 2001, Salanueva y González 2000, y Salanueva 2003; los cordobeses en Peláez (2001, 2009) y Peláez y Farah (2005).

de espacios laborales configurados de modo discrecional por los magistra- dos, en los que surgen reglas informales y en los que la delegación de responsabilidades de decisión hacia abajo en la jerarquía resulta una prác- tica corriente (Wehle 2003, 2005, Montenegro 2003, 2005).

En este grupo de estudios relativos al funcionamiento de la gestión y administración de Justicia, se observa igualmente la inclusión de trabajos realizados desde la perspectiva de género, tanto referida al análisis organizacional como a los actores y operadores del derecho (así, Bergoglio, 2006; Gastiazoro, 2007; Gastron y otros, 2008; Sánchez y Gastiazoro, 2008). Para completar el panorama de las distintas perspectivas involucradas en el estudio del funcionamiento de la Administración de Justicia, es ne- cesario mencionar los realizados desde otras disciplinas. Aquí es necesario mencionar los análisis estadísticos hechos por Miró (2001), así como los abordados desde la sociolingüística por Carranza.7

Consideradas en su conjunto, estas investigaciones han logrado mos- trar los problemas que aquejan al servicio de Justicia, que padecen cotidianamente los operadores jurídicos: la insuficiencia de los recursos, la falta de eficiencia en la gestión de los disponibles así como la deficiente asignación de las tareas burocráticas. En una época de judicialización cre- ciente de las disputas, estas limitaciones —crónicas en América Latina— resultan aún más evidentes, y se traducen en falta de resolución de los conflictos y aumento de las tensiones generadas debido a la lentitud de los procesos. La necesidad de procesos de reforma judicial aparece entonces como impostergable.

6.3. Procesos de reforma en la Administración de Justicia

Los procesos de reforma judicial llevados adelante en las diferentes naciones latinoamericanas en los últimos años pueden ser entendidos como proyectos de modernización, orientados a mejorar la accesibilidad, inde- pendencia política y eficiencia de la administración de Justicia en Améri- ca Latina.8 Se ha señalado que en la gestación de estos cambios, ha resul- tado decisivo el impulso otorgado por actores internacionales, claramente visibles en los esfuerzos financieros desplegados por organismos multilaterales en torno a este tema (Faúndez y Pásara, 2007). No obstan-

7. Ver Carranza 2001, 2009, Carranza Barrera y Rosenbaum 2001. 8. La descripción de los objetivos de la reforma pertenece a Pásara (2010).

te, la crítica descripción de la Administración de Justicia que emerge de la literatura de investigación en esta área, revisada en los apartados prece- dentes, así como la información disponible sobre la evaluación social del sistema judicial (Sagues 2009), indica que las presiones internas a favor del cambio, provenientes tanto de operadores jurídicos como de ciudada- nos comunes, resultan igualmente significativas.

Estos procesos de cambio, llevados adelante en diversos niveles de la Administración de justicia, han sido abordados por la investigación sociojurídica presentada en los congresos nacionales de Sociología Jurídi- ca desde múltiples perspectivas. En primer lugar, se han discutido las resis- tencias al cambio desde la cultura judicial. Gerlero (2000, 2002) se ha centrado en las nuevas exigencias sobre el rol del juez, que debe asumir un perfil de administrador, mientras que Scarponetti y otros (2000) han in- cluido en su análisis de las resistencias culturales al cambio tanto a funcio- narios como a empleados.

Las innovaciones orientadas a mejorar la eficiencia han recibido espe- cial atención. La descripción de los esfuerzos de informatización judicial, que implican tanto la incorporación de nuevas tecnologías de tratamiento de la información como la reingeniería de procesos judiciales (Poliche y Zurita, 2003, Anta 2005), mostraron igualmente que los cambios requieren múltiples esfuerzos de sus protagonistas, tanto en la dirección de una mayor racionalización de los procesos de trabajo judicial, como en la reconstruc- ción de las relaciones laborales en el interior de los juzgados.

La implementación de nuevos modelos de organización judicial, cen- trados en la gestión de calidad ha motivado varios estudios (Arias y otros 2000, Miró 2001, Gerlero 2004, Parody y Blanco 2005, Elorza 2007), orien- tados a evaluar los resultados de las innovaciones introducidas con la fina- lidad de mejorar la calidad de los servicios judiciales. Estos trabajos han contribuido a mostrar el rol impulsor de transformaciones en la cultura judicial cumplido por algunos magistrados.

Se encuentran igualmente propuestas orientadas a implementar nue- vos mecanismos, que acorten la distancia entre los ciudadanos comunes y los tribunales, como la justicia vecinal (Donzis, Ribaric y Barbuto 2006) y otros orientados a estimular la participación de los ciudadanos comunes en la administración de justicia, como los medios alternativos de resolu- ción de conflictos y los juicios por jurado.

6.4.Participación ciudadana en la administración de justicia

En el repertorio de medidas para modernizar el sector jurídico, la in- corporación de mecanismos de resolución alternativa de conflictos ha sido promocionada como la herramienta principal para lograr simultáneamen- te las metas de mejorar el acceso a la jurisdicción y la eficiencia en el funcionamiento de los tribunales sin acrecentar desmedidamente el gasto público en justicia. En las contribuciones presentadas en los congresos nacionales de sociología jurídica, se encuentran especialmente en los pri- meros años propuestas de inclusión de variados mecanismos, como la mediación —tanto en el campo civil como en el penal— o el arbitraje (Consolo y otros, 2000; Consolo y Rocco, Battola 2001, 2006).

En los años siguientes aparecen detallados estudios que evalúan el funcionamiento de estas innovaciones institucionales, asumiendo tanto la perspectiva de los abogados y mediadores como la de los ciudadanos comunes (Barmat y Sánchez, 2002; Fernández Acevedo y otros, 2008). En esta área se destaca la presencia de una línea de investigación radicada en Córdoba, que partiendo de datos empíricos sobre la experiencia en esa provincia, discute cuestiones como el impacto de la obligatoriedad de esta instancia sobre los resultados logrados en la mediación, así como su efec- tiva contribución a la mejora el acceso a la justicia9.

Es posible nombrar al juicio por jurados en esta revisión de las inves- tigaciones socio-jurídicas sobre las innovaciones orientadas a estimular la participación de los ciudadanos en la administración de justicia. Aunque su inclusión en las cláusulas de la Constitución Nacional desde 1853 hace difícil considerarla estrictamente una institución novedosa, lo tardío de su implementación —iniciada apenas en una jurisdicción provincial y re- cién en 2005— lo configura de hecho como una innovación.

El entusiasmo de los investigadores sociojurídicos con esta forma de participación ciudadana en las decisiones penales aparece tempranamen- te en los congresos de sociología jurídica (Grégoire y Martini 2001, Vilanova 2004), fundamentado en un interés en mecanismos orientados a la demo- cratización del poder judicial. Después de la puesta en marcha, una línea 9. Para la discusión sobre la opción entre obligatoriedad y voluntariedad en la media- ción en general, ver Bergoglio y otros (2002); en relación a litigantes frecuentes, Bergoglio (2003). Sobre el impacto de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el acceso a la justicia, ver Vilanova (2001), Bergoglio y Vilanova (2002) y Bergoglio (2002).

de investigación con sede en Córdoba ha analizado diversos aspectos de esta experiencia, incluyendo cuestiones como los niveles efectivos de participación que logran los ciudadanos comunes en el proceso de toma de decisiones penales, el impacto de esta institución sobre la dureza del castigo penal o en el proceso de legitimación del poder judicial. Se han revisado también diversos aspectos de su implementación desde la pers- pectiva de desigualdades regionales o de género.10

6.5. El papel político de la Administración de Justicia

En una década marcada por la imagen de la protesta social reclaman- do la salida de la Corte Suprema de Justicia, el análisis de la complejidad de las relaciones del poder judicial con los otros dos se ha reflejado en las contribuciones realizadas a los congresos nacionales de sociología jurídi- ca. Este tema ha estado presente en el análisis de cuestiones como la cre- ciente judicialización de los conflictos sociales, la independencia de los jueces, así como la evaluación del funcionamiento de los mecanismos in- corporados por la reforma judicial para mejorar los procesos de designa- ción de los magistrados.

El proceso de judicialización de los conflictos sociales, la operación que convierte en judicial a un asunto hasta entonces manejado de otra manera, ha sido analizado desde una perspectiva teórica general, desta- cando cómo los marcos conceptuales brindados por la sociología jurídica resultan útiles para enriquecer su comprensión (Cena 2003 y 2004). Tam- bién se han descrito algunos rasgos singulares que dicho proceso tiene actualmente en el país, cuando la judicialización de la protesta social se convierte en una estrategia gubernamental (Salanueva 2003), y diversos actores sociales apelan a perseguir sus metas a través de los estrados judi- ciales (Clérico, Scioscioli y Cardinaux 2008). Consideradas conjuntamente, estas contribuciones muestran que la ampliación del espacio político que

10. Sobre la efectividad de la participación de los ciudadanos comunes, ver Viqueira (2009) y Gastiazoro y Rusca (2009). El impacto del juicio por jurados sobre el nivel de castigo penal ha sido discutido por Bergoglio y Amietta (2008). Urquiza (2009) analiza la relación entre juicio por jurados y legitimación del poder judicial. Sobre la incidencia de las desigualdades regionales en la implementación de esta institución, ver Bergoglio (2009). Sánchez y Gastiazoro (2008) revisan esta experiencia desde una perspectiva de género.

ocupan los jueces en la democracia resulta impulsada tanto por los actores gubernamentales como por los que se desempeñan desde la sociedad ci- vil.11

La cuestión del grado de independencia de los jueces respecto al po- der político ha sido abordada desde variados enfoques de investigación. Scarponetti y Garay Reyna (2004) recogieron las voces de los propios fun- cionarios judiciales en la interpretación de cómo se entienden, y cómo deberían entenderse, diversas dimensiones de la independencia judicial. Igualmente, los análisis de los procedimientos concretos seguidos por los jueces argentinos (Moro 2008) y brasileños (Teixeira Mendes da Fonseca 2008) en la adopción de sus decisiones, basados en entrevistas a los magis- trados, son un aporte significativo en este campo. Del mismo modo, el trabajo de Gutiérrez y otros (2008) realiza una descripción etnográfica de los procesos sociales que afectan la independencia interna de los magis-