El prisma de la seguridad/inseguridad a lo largo de los años

Para tramar las complejas intersecciones a lo largo de un decenio, es preciso enmarcar el concepto de seguridad mediante una revisión que exige observaciones sobre la dinámica de los procesos de cambio social y la relación clara o ausente, entre un análisis histórico y cultural entre diversas matrices comparativas mediante las cuales comienza a valorarse demasiado “la inseguridad”. En el presente ensayo pretendemos provocar el debate mediante la trama vinculante entre diversas investigaciones del área mediante una inicial interrogación: ¿Se podrá suscribir que “la seguri- dad parece haber opacado el viejo concepto de orden de las sociedades moder- nas”, tal cual analizan algunos investigadores?4

4 Galvani Mariana, Mouzo Karina, Ortiz Maldonado Natalia y otras (2010) A la

inseguridad la hacemos entre todos. Prácticas policiales, mediáticas y académicas. Bue-

Es en este contexto que uno de los ejes de esta comisión a lo largo de los años lo constituirá el análisis de la inseguridad ciudadana. Así, de la

primera presentación durante el segundo Congreso, se permite inferir su doble cara en tanto es tomado como problema social o como respuesta pe- nal. Este primer artículo5 y la transversalidad sugerente del texto, intro- duce además al sentimiento de inseguridad ciudadana, categoría que resulta

analizada por las interrogaciones y respuestas obtenidas a partir de dife- rentes investigaciones sobre victimización, referencia desarrollada amplia- mente por otros trabajos, presentados sobretodo en el marco del V Con- greso y del VIII Congreso. La matriz configurativa de este primer texto introduce además a los medios de comunicación, como actores cuya cons-

trucción social de inseguridad —sea por medio de recrear sensaciones o apelar a sentimientos— impacta en la población, desliza o desplaza el tra- tamiento de otros problemas; en fin, genera un orden discursivo.

Si anclamos la inseguridad como problema social, podemos relacionar-

lo con la ponencia sobre las mutaciones de las interacciones sociales.6 La ponencia de Mercedes Savall presentada en el marco del tercer congreso, permite definir una línea de tratamiento. La autora repasa los cambios contextuales que marcan la preeminencia de una cultura visual y mediáti- ca y destaca, mediante sus interrogantes, aspectos centrales del cambio social: ¿Qué efectos pueden esperarse como consecuencia de la preocupación general del delito y cuál es el impacto de los niveles de inseguridad sobre la estructura social? Contraponiendo el clásico durkheimiano a los aportes de

Liska y Warner (1991) se suscribe la hipótesis de estos últimos autores, al constatar que el temor al delito provoca más bien una reducción de inte- racción social en opinión contraria a lo sostenido por Durkheim. Su inda- gación remite a una serie de entrevistas en el marco de un trabajo cualita- tivo para comprender de qué modo las interacciones sociales han sido afectadas por la pérdida de seguridad ciudadana. En un marco conjetural establece tres posibilidades acerca de aquellos ciudadanos “que siendo víc-

5 Liliana A. Rivas presenta la ponencia “Inseguridad Ciudadana: Problemas sociales, respuestas penales” en el II Congreso Nacional de Sociología Jurídica realizado en la UNC durante el año 2001.

6 Mercedes Savall (2006) presenta “las transformaciones de los estilos de interacción social y la inseguridad ciudadana”. Durante los años 2005 y 2007, la autora presentará trabajos que continuarán la línea del anterior. En el año 2008 en co--autoría con Olga Páez, las autoras anclan la temática en la ponencia “Violencia e inseguridad social en ámbitos de pobreza”.

timas de inseguridad mantienen sus rutinas habituales” o, por el contra- rio, los que no han modificado sus interacciones cotidianas, hasta una tercera posición que revela que sin haber sufrido ningún evento que pro- voque inseguridad, los ciudadanos optaron por transformar de igual modo sus interacciones cotidianas. Esta perspectiva se condice con la presenta- ción efectuada durante el X Congreso en el año 2010 por Olga Salanueva e Inés Berisso,7 quienes plantean que aun reconociendoque “_{Robar, ma-}

tar, violar, son ‘hechos delictuosos”, generadores de inseguridad, sin negarlos

las autoras eligen “investigar en qué medida los hechos delictuosos son los únicos generadores de inseguridad y de percepción de inseguridad o, en qué medida intervienen otras dimensiones como pueden ser los incumplimientos de los derechos sociales”. Las autoras referencian “hechos delictuosos” porque

consideran que “no se denominan delitos hasta tanto no exista una sen- tencia firme que así lo establezca” y reconocen que el concepto de “inse- guridad” resulta “abarcativo” tanto de hechos delictuosos como del in-

cumplimiento de los derechos sociales, “especialmente los previsionales, educativos, laborales y asistenciales (salud primordialmente). No existen dudas de que los hechos delictuosos se visibilizan como sociales a partir de su amplia difusión, mientras que la conculcación de los derechos sociales se muestra como un problema individual, que afecta a cada persona. Los largos trámites jubilato- rios, tener o no empleo, conseguir o no un remedio para sí o para un pariente, son situaciones padecidas cotidianamente por mucha gente y atribuidas a cau- sas solo personales”.8 Las autoras platenses parten de dos supuestos fuertes,

uno por el cual expresan que “las políticas gubernamentales solo atienden los problemas sociales cuando se transforman en delictuosos” porque “movilizan y justifican al aparato estatal en su aspecto más negativo: las políticas represivas. (Bajar la edad de la imputabilidad, aumentar las penas, crear nuevas figuras delictivas, ampliar el alcance de la prisión efectiva)”. Como contracara esta-

blecen la relación perversa entretejida entredelito y pobreza como el úni- co problema social que el estado reconoce como tal, y minimiza según las au-

toras “la centralidad de la dimensión económica” en las explicaciones de la pobreza.

7 Salanueva Olga y Inés Berisso (2010)“Los problemas de la inseguridad social”.

Ponencia presentada al X Congreso Nacional, UNC, Córdoba.

8 “Es común escuchar, por ejemplo, que los problemas para conseguir empleo, se

deben a la falta de calificación del desempleado, y no a la falta de trabajo” datos regis-

trados “en las entrevistas en profundidad realizadas en investigaciones anteriores, tales como “Acceso a la justicia. Las estrategias de los pobres en barrios de La Plata y Gran La Plata”. Op. Cit.

Es durante el desarrollo del octavo congreso que la temática sobre la interacción social retorna bajo una pregunta sobre la comunidad, en tér- minos del trabajo “comunidad y delito callejero”, análisis realizado en la ciudad de Tucumán 9. Lucía Cid (2007)10 parte de posicionarse acerca de cómo cada comunidad enfrenta problemas de orden, únicos y distintos. Esta

investigadora señala que si el consenso comunitario debe guiar la respuesta a los problemas comunitarios de orden público están evidenciando la asunción de una visión que sostiene dos premisas básicas: i) que las poblaciones de los ba- rrios y asentamientos urbanos constituyen “comunidades”, y ii) que los proble- mas de desorden son problemas “comunitarios”; lo que implica una concepción “comunitarista” del desorden (y de ahí del delito)”. Advertido como factor explicativo fundamental a la falta de normas y valores compartidos, la autora

señala que pocas veces al apelar al uso de la categoría comunidad se rela- ciona con otras transformaciones, sobre todo aquellas que trasmutaron al trabajo y a las condiciones de vida de los trabajadores asalariados. Ahora bien,

“valores compartidos, cohesión y solidaridad”—en términos territoriales— configuran una de las acepciones de “comunidad”. Su investigación se enmarca

en el cuestionamiento de considerar al delito como producto de ruptura o fragmentación de relaciones comunitarias. Mediante un rastreo crítico sobre

las teorías sociales cuya matriz de pensamiento sostiene a lo comunitario como núcleo básico de las relaciones sociales, Cid deconstruye con datos provenientes de una encuesta de victimización los mitos comunitarios,11 y afirma taxativamente que: una caracterización más realista de los territo- rios urbanos mostraría que concebir estas poblaciones como comunidades signi- fica forzar un concepto teórico a una realidad que se le escabulle. Para ello se

9. Cid Ferreira Lucía (2007)en una anterior presentación de la autora durante el III Congreso realizado en la UNT, Tucumán, 2003, gira en torno a “Juventud y delitos contra la propiedad”.

10. Cid trata de dar respuesta a tres interrogantes: “¿Hasta qué punto se puede soste- ner esta visión del delito centrada en la comunidad —–esto es, como producto de ruptu- ra o fragmentación de relaciones comunitarias? ¿Qué relevancia tiene la falta de valores compartidos (falta de cohesión) como factor explicativo del incremento del delito y de la violencia que observamos en nuestras sociedades? ¿El control social supone necesaria-

mente la identificación moral de las conciencias?”. Ibíid.

11. En tal sentido Cid, argumenta en torno a “si se puede sostener que la falta de valores compartidos —-o la diversidad de valores (falta de cohesión)—- tiene real rele- vancia como factor explicativo del incremento del delito y de la violencia que observa- mos en nuestras sociedadess”, lo cual “implicaría asumir que el control social se des- prende necesariamente de la existencia de valores compartidos; sin embargo, podemos postular,(…) que el control social no supone necesariamente la identificación moral de

posiciona en las referencias de diversos discursos —tanto políticos como académicos— que usan o abusan de la definición de comunidad. Mencio- na la ponente que el hallazgo realizado en un documento de la Dirección Nacional de Políticas Criminales genera una advertencia crítica sobre

una visión mítica, que plantea a la comunidad como un grupo homogéneo y armonioso que se defiende frente a los “extraños”, imaginados como potenciales autores de delitos, instalando una actitud de <nosotros contra ellos>. Estas

corroboraciones le permiten a Lucía Cid profundizar la temática de la comunidad desde dos ángulos perfectamente entrelazados mediante un rastreo de los autores clásicos tales como Tönnies, Durkheim y Piaget, los cuales confrontados con los datos desde una visión de la “actual confor- mación territorial tucumana,” como según se especifica, puede conducir a “términos más realistas y complejos”. Su análisis apela a las prevenciones metodológicas realizadas por Bourdieu, en tanto Cid precave recordando las advertencias del autor francés: “destruir el objeto de estudio que se pretende aprehender”, si tan solo se toma a una sola comunidad como caso de análisis sin considerar sus relaciones con los otros territorios e instituciones, o se analiza la delincuencia en un territorio sin considerar cómo sus conexiones transcienden la comunidad territorial.

Una segunda presentación de Lucía Cid resulta del análisis de una encuesta domiciliaria realizada durante el año 2008 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuyo propósito fue determinar los factores que con- tribuyen a explicar las variaciones en los niveles de victimización en áreas de similar nivel de vulnerabilidad social de la ciudad. Anteriores encues- tas partían de considerar dos hipótesis que sostenían: o bien que la victimización no varía según el nivel socioeconómico, o bien que la victimización sería más alta en enclaves urbanos muy vulnerables. Estas hipótesis surgían de investigaciones previas realizadas por otros autores. Sin embargo, los resultados logrados en Tucumán en el año 2008 no co- rroboraron estas hipótesis; por el contrario, aparecen más victimizados los estratos de menor nivel de vulnerabilidad y el tercil de nivel económico social ‘Alto’. Los resultados12 parecen sugerir _{cierto corrimiento del blanco}

principal de los hechos delictivos, afectando a sectores de mayores recursos.[…]

12. El indicador de vulnerabilidad social estratificó previamente el conjunto de radios censales de la ciudad en cuatro estratos de nivel de vulnerabilidad social (‘Bajo Riesgo’, ‘Medio Bajo Riesgo’, ‘Medio Alto Riesgo’ y ‘Alto Riesgo’), tomando en cuenta nivel de escolaridad y hacinamiento. Ibíid.

Lo que sí resulta claro es que no hay evidencia suficiente para sostener la exis- tencia de una relación directa entre nivel de vulnerabilidad y nivel de victimización, es decir, no se puede corroborar la hipótesis de que, a mayor nivel de vulnerabilidad social de la zona, haya mayor victimización (considerando los delitos relevados), de acuerdo con los datos disponibles.

La emergencia del tratamiento preventivo del delito representa una te-

mática que llega para quedarse a través de diversas intervenciones. Nue- vas políticas, producto de los consejos de organismos internacionales, des- tacan la integralidad y lo local como espacio en el cual diversos actores

gestionarán estrategias de prevención con el fin de lograr mayor seguridad pública. Una primera aproximación a este tema surge de aquellas exposi- ciones que sintonizan la prevención del delito y la participación comunitaria

mediante una primera ponencia presentada en el marco del V Congre- so;13 la segunda presentada al siguiente año durante el VI Congreso por uno de los autores del anterior análisis; y una tercera que expone un estu- dio realizado en la ciudad de Santa Fe.14 La primera exposición estructura su ejeen la participación ciudadana que incorpora agentes no gubernamen-

tales, a partir del supuesto de que el abordaje preventivo supera las capa- cidades de respuesta estatal. Este supuesto se enmarca en la nueva racio- nalidad política del Estado, desplegada mediante sucesivas reformas en términos de descentralización y participación. Así como se amplía la par- ticipación, se focaliza dividiendo a la población en dos grupos sociales elegidos como los actores de las políticas preventivas. Por un lado resulta

recurrente la reproducción de estigmatizaciones sobre los sospechosos de siempre:15 grupos de asentamientos populares; mientras que por otro su- puestamente se protege a sectores sociales medios, posibles víctimas de

delitos supuestamente realizados por los primeros. Los autores sostienen que el devenir en una intervención focalizada configura y refuerza ese universo social fragmentado (Ibíd, 2004: 267).

13. Alejandro Hener y Florencia Niszt Acosta presentan “La gestión preventiva del delito en el contexto de las nuevas racionalidades políticas neoliberales”, en el marco de la realización del V Congreso Nacional, realizado en la UNLPam, Santa Rosa de La Pampa, 2004.

14. Verónica Aimar (2007), “Construyendo comunidades en torno a la prevención del delito. La experiencia en la ciudad de Santa Fe. Años 2002 – 2006”, ponencia pre- sentada al VIII Congreso Nacional, por de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNL.

15. La frase pertenece a G. García Silva: “La construcción social de la criminalidad en Colombia y en América Latina”, CD de Ponencias Del X Congreso Nacional de Sociolo-

La segunda presentación profundiza las observaciones en las nuevas estrategias del modelo preventivo adoptado por la provincia de Buenos Aires. Hener (2005)16 plantea como objetivo principal _{describir el universo}

discursivo que sostiene las prácticas de intervención de las estrategias de preven- ción del delito, en la Ciudad de Buenos Aires. Partiendo del supuesto que el

modelo preventivo condice con el fortalecimiento de acciones extra-pe- nales, estas surgen por fuera del recurso del sistema de las leyes penales y de las prácticas punitivas tradicionales como una posible respuesta frente a la crimi- nalidad. Para lograr este objetivo, el autor describe dos modalidades prin-

cipales de dichas estrategias, por un lado aquellas que destacan la plurali- zación de agencias y/o actores estatales y no estatales que son convocados para participar en el <gobierno de la seguridad>, mientras que la otra modalidad

opera mediante la definición de acciones destinadas para la prevención al incorporar nuevas categorías de comportamientos y/o conductas. Se pre- cisa además que se origina la emergencia de nuevos comportamientos objetos de prevención en un sentido opuesto a los delitos clásicos: Si bien no se asocia directamente con el delito, se presenta como un anticipo o preaviso de una futura conducta delictiva: las incivilidades o “conductas antisociales” como ser las pintadas o graffitis, los ruidos molestos, los jóvenes tomando alco- hol en la vía pública. Ambas modalidades son analizadas en el marco de

implementación del PNPD,17 el cual mediante un tipo de gestión descen- tralizado opera en cada distrito, que previamente ha decidido “adherir a sus lineamientos”.

El tercer tratamiento en el marco de este proceso de reinvención de políticas públicas, apelativo de participación comunitaria, parte de dos supuestos constructivistas, dado que según su autora se debería aceptar el delito y las respuestas a este como históricamente situadas. Lo anterior implica afirmar que tanto la configuración delictual como su respuesta son productos de un contexto que en los últimos años trata de presentar a la seguridad ciudadana como una responsabilidad de individuos privados, quienes a través de la persecución del propio interés y librados de la debilitante

16. Lic Alejandro Hener presenta “Ciudadanos comunes, sujetos vulnerados y sujetos vulnerables: la construcción del espacio social en las estrategias de prevención del deli- to”, ponencia presentada al VI Congreso realizado en Buenos Aires en el año 2005.

17. Hener enmarca cómo se aplica en la Argentina el denominado Plan Nacional de Prevención del Delito (PNPD). El mismo fue desarrollado por la Dirección Nacional de Política Criminal y responde a la actividad conjunta del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y Ministerio del Interior.

confianza en el Estado para proveerla, participarán en la creación de un nuevo orden. La autora reconoce antecedentes en los planteamientos de la es-

cuela anglosajona que advierte sobre la elasticidad casi infinita de la pre- vención del delito como un concepto; sin embargo no por ello deja de introducir las especificidades que le marcan el estudio de caso. En térmi- nos de Sozzo, dichas especificidades deberán dar cuenta de cuáles son los criterios en torno a “la definición de las fronteras del sistema de justicia penal”. Para lo cual, Aimar diferencia tres tácticas en las políticas de pre- vención del delito, aquella descrita como táctica situacional y ambiental, una segunda denominada “táctica social” y la especificada como “táctica comunitaria”18. Si bien su foco de análisis son las tácticas comunitarias, aclara que en la práctica, en el marco de la implementación de políticas de prevención que apelan a tácticas comunitarias, se recurre al uso de estrategias y recursos típicos de tácticas de prevención situacionales o sociales. Al igual que

otros trabajos, Verónica Aimar también referencia la comunidady la re- salta en términos de ideología: el descubrimiento de unacomunidad entre los vecinos parece más una cuestión ideológica que real, ya que la hegemonía del mercado viene disolviendo por medio de la mercantilización innumerables rela- ciones sociales basadas en vínculos de reciprocidad solidaria y diluye o por lo menos fragiliza los lazos sociales que podrían constituir lo comunitario.

Cabe sumar aquí los aportes de la exposición de Cristina Jiménez (2003),19 durante el cuarto encuentro realizado en Tucumán, en términos de lo atribuible a la categoría de la “inseguridad”, por lo cual dicha autora aclara: se trata de discursos del orden, no explican ni clarifican sino que tipifican y se orientan a la legitimación de un accionar frente a efectos y no a causas. Es

por ello que señala tanto su “componente ideológico” así como el Poder del Estado y el Derecho como “discurso fundante y legitimador del poder involucrado”; ambos efectos le permiten situar su posicionamiento: “la inseguridad como una medida más de ‘control social’”.

18. La primera, tiene como objetivo “la reducción de oportunidades para la realiza- ción de los delitos”. La segunda, tiene como objetivo reducir o eliminar las desigualda- des sociales, dado que entiende que el delito se reconoce como efecto de dichas des- igualdades. Por último, la táctica comunitaria se caracteriza por enfocar a la comunidad o vecindario como objeto de intervención, y al mismo tiempo como actor. Aimar, (2007)