Las características y desafíos que se han impuesto al estado en el contexto de la sociedad moderna nos hablan de un cambio fundamental en su función así como en el principio regulador mediante el cual se organiza. Esto implica abandonar la noción de control como mandato fundamental del estado asumiendo con ello una nueva semántica que describa más adecuadamente la actual función estatal. El concepto de coordinación se sitúa entonces como el más apropiado para dar cuenta de las características del estado moderno y las exigencias de la sociedad moderna.
La modernización implica comprender como un sistema autónomo e independiente que se diferencia de los otros tanto en la especificidad de sus funciones como en su lógica de operación. De ello ser deriva además que cada uno de ellos se encuentre situado en una posición horizontal en relación con las demás. Si bien cada sistema responde a su propia lógica de operación, debe considerar que las decisiones del resto de los sistemas que constituyen su entorno, afectarán sus posibilidades de actuación tanto como las suyos les afectarán a ellos. Esto da cuenta de la paradoja señalada por Luhmann en relación con que el aumento de la autonomía y autorregulación de los sistemas implica a la vez un aumento de la interdependencia entre los sistemas. En tal contexto es que se hace necesario el desarrollo de nuevas habilidades que permitan un adecuado manejo de la vinculación de diversidad.
Recogiendo las propuestas y desarrollos conceptuales antes señalados, por coordinación entenderemos la capacidad vincular la toma de decisiones y conducir este proceso en función de objetivos colectivos (Luhmann 2004). La idea de vinculación alude a la interconexión de intereses, objetivos y expectativas tanto de los diferentes actores involucrados en el proceso de toma de decisiones como de las áreas o sistemas funcionales desde los cuales es posible observar el proceso de planificación e intervención. En el caso del estado dicha capacidad ha de ser desplegada en el proceso de diseño e implementación de políticas públicas, refiriéndose por ende a decisiones de orden político. A diferencia del principio del control, la coordinación figura como un principio de organización de aquellos
procesos en los que se debe enfrentar la complejidad de posiciones y valores que a la vez que se encuentran en conflicto comparten la necesidad de evitar o remediar problemas asociados a la exclusión social. En ello se actúa considerando que el estado se encuentra inter-penetrado en la sociedad y no por encima de la misma (Jober 2004)
Inclusión/exclusión constituyen parte de la semántica de la coordinación y en cierto sentido pasan a reemplazar al concepto de integración como objetivo de la función estatal. La inclusión/exclusión debe ser entendida como probabilidades de participación en esferas funcionales que al ser reguladas por sistemas autónomos, no pueden ser controladas por elementos del entorno. Esto nos da pautas para entender el rol del estado y los límites de sus facultades, en tanto al ser un referente del sistema político y por ende estar situado en el entorno de los demás sistemas funcionales, este no puede tomar decisiones referidas a los procesos de inclusión/exclusión en los sistemas particulares situados en su propio entorno. El diseño de políticas públicas orientadas al incremento de la inclusión y por ende al detrimento de la exclusión requiere tomar en cuenta la diversidad de posiciones, recursos y lógicas de operación que se ven envueltas en el análisis y planeación de cursos de acción política. Esto significa que el estado en vez de ser el encargado de decidir que es lo que se va a hacer, pasa a ser el encargado de generar espacios de comunicación entre los diferentes actores envueltos en este tipo de procesos (Messner 1999). En tal sentido es que las nuevas exigencias del estado aluden al desarrollo de una mayor capacidad de reflexión y de observación de la contingencia, así como del talento que implica vincular las consecuencias esperadas y no esperadas que se derivan de lógicas particulares de actuación.
La coordinación puede ser entendida entonces como una respuesta a una nueva racionalidad emergente, que da paso a la instalación de un nuevo orden. Implica por ende una nueva forma de observar y comprender como se estructuran las relaciones entre actores y sistemas sociales a la vez que persigue la vinculación de las decisiones que surgen en contextos de complejidad. La racionalidad del nuevo orden es una racionalidad orientada a la mantención de lógicas de operación recursivas que se producen de manera autónoma y dinámica estando por ello en permanente transformación. Esto significa la coexistencia de órdenes diversos y contingentes a los que día a día se debe responder en el marco de una
sociedad compleja. Ninguno de estas lógicas es más o menos relevante, solo podemos ordenarlas en función de la urgencia con que se nos presentan, la que sin duda es relativa a cada sistema. La coordinación implica la toma de decisiones en función del escenario que se va dibujando en un proceso de evaluación de las alternativas posibles, de la posición de los involucrados y de la anticipación de las probables y alternativas de actuación que se deben proyectar en una cadena secuencial de decisiones. La coordinación es un juego único e irrepetible cuya estrategia es la proyección de una secuencia de decisiones sucesivas y prospectivas procurando en ello el menor riesgo de exclusión posible.
Una descripción mas detallada de la coordinación como función del estado moderno debe desarrollarse en al menos dos dimensiones. Por un lado se debe dar cuenta de la forma de organización que esta adquiere en un sentido pragmático, es decir, se debe describir en relación a su lógica procedimental. La segunda dimensión de análisis propuesta dice relación con el carácter normativo que hay detrás de la diversidad de orientaciones que deben ser vinculadas mediante la coordinación y como estas han de ser orientadas en función de objetivos comunes sin que por ello sean sometidas a un mandato de mayor jerarquía moral.