El pensamiento político desarrollado entre los siglos XV y XVIII da cuenta de cómo la esfera política comienza a diferenciarse como sistema autónomo de la sociedad. Este tipo de reflexiones pasan rápidamente a constituir parte y objeto de la política misma en un proceso en que la explicación de los fenómenos sociales se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo de la teoría (Luhmann 1994). De tal proceso deriva el nacimiento de lo que se denomina como estado moderno, aludiéndose con ello a un estado especializado en la regulación del orden político. La secularización del estado es una de las primeras evidencias del proceso de diferenciación de la política, en tanto implica una suerte de divorcio con los fundamentos religiosos que actuaban como fuente de legitimación de la autoridad, los que son reemplazados por argumentos relativos al concepto de soberanía. Tales procesos dan cuenta de una mayor autonomía funcional por parte del sistema político (Luhmann 1994).
El estado moderno se caracteriza por situar su base de legitimidad en la transferencia del poder de regulación de la sociedad que es realizada de forma voluntaria por la propia comunidad. La soberanía, como nueva fuente de legitimidad del poder político, se refiere a la facultad de representación de la comunidad política que esta misma traspasa a la autoridad y que permite la distinción entre gobernantes y gobernados. Cabe destacar, que en dicho proceso el poder político, a diferencia de lo observado en la época medieval, se configura como una entidad independiente de la persona que representa la autoridad y por ende trasciende a la figura de los gobernantes. Dicho fenómeno da cuenta y complementa el proceso de diferenciación de la política, la que empieza a ser distinguida como una función específica dentro de la sociedad. Como consecuencia de tales procesos, el estado moderno
se configura como un aparato administrativo cada vez mas especializado en la regulación y mantención de un orden de carácter legal. En tal sentido es que el estado moderno es un estado soberano encargado de diseñar y aplicar las leyes que permiten la protección y regulación de la sociedad.
Se debe señalar que si bien el nacimiento del estado moderno es consecuencia de un proceso de diferenciación de la esfera política, este no pierde el carácter centralizado que había asumido en épocas anteriores. Se puede decir que aún es posible definirlo como un estado de control que goza de una capacidad omnipotente de tomar decisiones sobre el curso de lo social. En tal sentido es que el estado moderno seguirá, al menos por un tiempo, estando situado en la cima de la estructura social ejerciendo desde ella su poder de regulación y mantención de lo que entiende como orden y que se encuentra aún ligado a la idea de bien común. Podemos decir entonces que se trata de un estado que, si bien ha cambiado sus fundamentos, se orienta por valores y principios morales que dan cuenta de una idea unificada de orden que a su vez asume un carácter ideal. Se aprecia en ello un cambio fundamental en la noción de unidad con la que se describe la sociedad, en tanto esta asume el carácter de aspiración. La unidad para el estado moderno es la proyección de un ideal por el cual se debe trabajar y construir. Este tipo de proyecto pasa a ser entonces el principal motivo de la política (Luhmann 2007).
Otra característica relevante que ha de asumir el estado moderno es su vinculación con el proceso de fortalecimiento de comunidades unificadas e independientes entre si. El propio ejercicio de la soberanía requiere de la distinción de una comunidad integrada y relativamente homogénea sobre la cual se han de ejercer el conjunto de leyes encargadas de la mantención del orden social. La identificación de dichas comunidades ha de estar asociada al establecimiento de límites territoriales que demarcan geográficamente el espacio de la soberanía y que favorecen la unificación e integración de órdenes políticos autónomos. En tal sentido es que el territorio permite el ejercicio más eficiente del control político, estableciendo los límites jurisdiccionales de aplicación de las leyes de los que ahora empieza a ser entendido como estado nación.
El estado nación, apoyado en el principio de soberanía y en la delimitación territorial de la comunidad, refuerza la idea de integración en términos de orden político y de unidad cultural. En tal sentido la territorialidad pasa a ser el referente en la delimitación de fronteras simbólicas en la conformación de identidades nacionales a la vez que constituye el espacio donde se instala y desarrolla la racionalidad con la que empiezan a operan los procesos de modernización (Habermas 2005).
Desde una perspectiva administrativa el estado nación representa una acentuada especialización de funciones internas cada vez mas específicas. En tal sentido se puede decir que la conformación de los estados nacionales implica el fortalecimiento de la capacidad reguladora del estado en base al establecimiento de estatutos y procedimientos particulares que delimitan su forma, a la vez que su campo de actuación. Dotado de herramientas tales como la constitución, la división de los poderes y la instauración y fortalecimiento de la democracia se constituyen las bases institucionales sobre las cuales se forjan las reglas de actuación de la figura estatal moderna (Luhmann 1994).
Los estados nacionales, por otro lado, dan cuenta de la evolución del principio de control normativo según el cual ejercen su poder de regulación. Bajo los parámetros de la nación se aspira a la cohesión de la comunidad mediante la mantención de un orden político unificado. En este escenario, el anclaje territorial de los estados contribuye a la conformación de identidades nacionales las que, al actuar como fuerzas homogenizantes y cohesionadoras, refuerzan la función de integración que adquiere el estado moderno. En tal sentido es que la idea de nación se construye en torno a la identificación de una tradición, lengua e historia compartida por una comunidad territorial delimitada (Habermas 2005). Cabe señalar que, sin embargo, tales características no siempre son identificables para todas las naciones y es por ello que la constitución de un aparato regulatorio unificado puede ser considerado como el mayor referente en la identificación de los estados nacionales. Se puede decir que la configuración de la idea de nación sobre tradiciones y factores culturales comunes tiende a simplificar la historia real que habla de comunidades mucho más complejas y diversas. Es así como más adelante veremos que es justamente en la negación
de la diversidad es que el estado nación verá puesto en jaque la validez de sus aspiraciones normativas.
Este afán integrador que caracteriza el surgimiento de los estados nacionales puede ser visto como una reacción natural ante los sucesivos impulsos de abstracción que implica el proceso de modernización de la sociedad (Habermas 2005). La creciente complejización que conlleva la diferenciación funcional, envuelve en un principio la necesidad de establecer un marco de ordenamiento común que se traduce en la implementación procedimental del funcionamiento del estado, sin embargo, la intención reguladora y jerárquica que hay detrás de esta lógica, se verá superada en la creciente autonomización de las esferas funcionales de la sociedad, las que progresivamente durante el Siglo XX irán independizándose del sistema político.
La orientación normativa que adquieren los estados nacionales en función de la idea de integración, ha de determinar la forma en que estos observan y entienden el orden social. La nación por un lado da cuenta de la disolución del orden estratificado que describía la sociedad en base a la identificación de estamentos de carácter jerárquicos. Nobleza y pueblo dejan de ser categorías válidas en un mundo en el que la ampliación y desarrollo del comercio, la educación, la ciencia y las corrientes de pensamiento configuran distintas posiciones y formas de vida que ya no caben en el esquema simplificado de la estratificación. El acceso de los individuos a tales esferas funcionales de la sociedad ha dejado de depender exclusivamente de su posición en la estructura jerárquica de la sociedad, en la medida en que cada uno es capaz de desarrollar herramientas particulares y diversas que determinan sus posibilidades de inclusión/exclusión en los rendimientos y beneficios de tales esferas. El paso de la estratificación a la diferenciación funcional da cuenta de la autonomización de sistemas funcionales que a la vez que operan de forma independiente y autorregulada, generan una alta interdependencia entre sí. Esto significa que el acceso a uno de ellos determina las posibilidades de acceso a otros, así por ejemplo la educación incide en las posibilidades de trabajo de las personas. Se trata de una interdependencia de carácter complejo que no puede ser descrita de forma lineal y que da paso a formas dinámicas de inclusión de individuos que transitan, en distintas condiciones,
por las esferas de la sociedad. Se puede decir que el concepto de nación a la vez que diluye el esquema semántico de la estratificación, da cuenta de cómo se reacciona ante este aumento de complejidad social. La herencia del esquema de la unidad, transformado ahora en el mandato moral de la integración, insita al estado nacional a reducir bajo el parámetro de la nación, la diversidad y dinamismo de posiciones ocupadas por los individuos en la sociedad. La idea de la comunidad política y territorial que hay detrás del concepto de nación, actúa como esquema de simplificación de la complejidad, asegurando de esta manera la conducción política centralizada de dichas comunidades. Las naciones fijan las fronteras geográficas e imaginarias de unidades políticas en las que se hace posible proyectar los ideales morales de la integración
El mandato de la integración alude a un mundo uniforme, homogéneo capaz de ser controlado y donde el bien común representa un estado ideal de equilibrio al que pareciera todos aspiran por igual. En dicho contexto la toma de decisiones políticas se materializa en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas por tales principios de cohesión social. El estado moderno en su forma de estado nacional sigue actuando en función del establecimiento de un orden que figura como única forma y alternativa de regulación, se trata de un proyecto político que parece ciego ante los procesos de complejización de la sociedad y la diversificación de posturas normativas que este conlleva. Tal ceguera, sin embargo, se encuentra normativamente justificada. La diversidad de posiciones en la estructura social dibujada por la diferenciación funcional, no asegura la igualdad en las condiciones de vida y bienestar de los individuos. Las consecuencias negativas de los procesos de industrialización hablan del nacimiento de nuevas formas de pobreza y marginalidad, dando cuenta con ello de agudas diferencias sociales en la calidad de vida de los sujetos. A diferencia de lo que ocurría bajo el esquema de la estratificación y bajo la influencia normativa de la idea de bien común, tales diferencias son ahora entendidas como desigualdad y se transforman con ello en un nuevo objetivo político de los estados nacionales. El mandato normativo de la integración incluye en su proyecto el principio de la igualdad. En base a este se diseccionan el actuar del estado hacia la disolución de las diferencias sociales que determinan condiciones de vida adversas de los segmentos más pobres de la sociedad. Al proponerse el estado tales objetivos de carácter moral en función
de un proyecto idealizado de sociedad, justifica y refuerza el centralismo con que opera en la toma de decisiones.
Las consecuencias que esta forma normativa de actuación tendrá para el estado nacional, hablan de los obstáculos que esta impone ante la necesidad de incorporar la creciente complejidad del mundo social. Bajo el mandato de la integración y la igualdad el estado no es capaz de responder por completo a la diversidad demandas de una sociedad cada vez más diferenciada. El problema surge cuando al operar desde la lógica de la integración se tiende a obviar la existencia de diversas lógicas funcionales a la vez que se suele actuar sobre los individuos como si sus demandas y expectativas respondieran a una única racionalidad. Los proyectos políticos nacionales que se construyen en función de principios normativos tales como justicia, igualdad, bien común y equidad, como si tales valores fueran posibles de ser alcanzado siguiendo el trazado de un único camino posible. En la medida en que el los estados siguen actuando bajo la lógica del control, intentado imponer tales valores ideales, no son capaces de reconocer las formas en que los distintos sistemas funcionales comienzan a operar de manera autónoma.
Las políticas de integración, por otro lado, además de movilizarse en función de principios unificadores, persiguen la cohesión de los sujetos en torno a valores y normas sociales predefinidas. Esto en tanto los trata como colectivos sociales provistos de identidad nacional. En tal sentido es que operan sobre una figura homogénea, en la que se resumen todos los discursos e individualidades y sobre la cual se asumen comunes aspiraciones y expectativas. Se puede decir que el carácter moral de los objetivos trazados por el estado nacional a la vez que obstaculiza su comprensión de la diversidad, hace coherentes las decisiones que este va adoptando. Es consistente si consideramos que actúa en función de un proyecto político que ha sido trazado sobre el supuesto de que el futuro puede ser controlado.