Las características y requisitos de la coordinación hasta ahora planteados, pueden ser entendidos como un conjunto de orientaciones generales que, a la vez que surgen del análisis de redes políticas concretas, reflejan una serie de expectativas asociadas a un manejo político mas eficiente por parte del estado. En cierta medida pueden ser consideradas como condiciones ideales para el despliegue de formas más eficientes de gobernanza. Tal listado de recomendaciones no puede ser sellado sin antes dar cuenta de los problemas u obstáculos a los que se puede enfrentar el estado en el ejercicio de la función de coordinación.
En primer lugar se debe señalar que si bien se ha definido a las redes políticas como nuevas formas de representación de carácter moderno, estas entran en competencia con aquellas vías más tradicionales en las que el estado ha basado su legitimidad. En tal sentido es que los mecanismos de elección de los representantes de aquellas instituciones y organizaciones que participan en redes políticas, puede ser cuestionado si no se apoya en mecanismos de carácter democrático. Cuando se exige a la sociedad una mayor capacidad de organización, se le está exigiendo a la vez que para ello acuda a instancias democráticas de elección de sus representantes. El problema, sin embargo, pareciera no estar situado especialmente en organizaciones de actores corporativos, dado que el mayor conflicto figura cuando las redes políticas interactúan con instituciones del sector privado que como tales representan intereses de carácter más particular que colectivo. El reconocimiento de la validez de este tipo de intereses no se encuentra necesariamente aparejado a la legitimación de sus representantes como interlocutores válidos en el campo que tradicionalmente ha sido definido como el área de lo público. La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado puede que no siempre sea una forma aceptada de articulación de intereses, siendo aún necesario el realce de lo público como el espacio de lo que entendemos como democrático.
Así como la representación de intereses puede presentar problemas de legitimación, la horizontalidad de las posiciones de los participantes en redes políticas no siempre puede ser asegurada. La coordinación implica no solo participar en el proceso de toma de decisiones sino que también hacerse co-responsable en el proceso de implementación de las mismas.
Está última exigencia se encuentra directamente asociada tanto a las capacidades particulares que constituyen las experticias de los participantes como a la posesión de recursos materiales y económicos necesarios para la implementación de las estrategias y acuerdos de actuación alcanzados. Las redes políticas pueden enfrentar por ende desequilibrios en términos de los mecanismos de poder e influencia con los que cuentan sus participantes (Lechner 2007a, Messner 1999). Ante tal problemática el estado ha de velar por que tales diferencias en la posesión de recursos no se transformen en bloqueos a las decisiones, en la imposición de los intereses particulares de los actores más poderosos, o que actores más débiles acepten soluciones subóptimas para ellos. Como parte de su tarea de supervisión, el estado ha de procurar que la horizontalidad no se transforme en una figura simbólica que solo dibuja la forma de la coordinación sin que con ello asegure la real representación y participación de todos los intereses involucrados.
Finalmente, desde la perspectiva normativa, la coordinación demanda una actitud de cooperación que no siempre es factible de asegurar. Ya sea esta entendida como deliberación, propensión al bien común, apertura al entorno o como una actitud universalista, es necesario que los diferentes actores que escogen la coordinación como mecanismo de toma de decisiones y resolución de problemas, se reconozcan como parte de un colectivo que persigue el logro de acuerdos. En tal contexto el estado se ve enfrentado a la tarea de regular que los mecanismos de negociación en los que se apoya la coordinación, aseguren cierto equilibrio en la representación de intereses particulares que generalmente se encuentran en competencia. El manejo del conflicto debe ser entendido por lo tanto como una suerte de mediación orientada a la validación y valoración de beneficios particulares que son alcanzados en función de la minimización de externalidades negativas.
III CAPITULO 3: CONTROL Y COORDINACIÓN EN AMÉRICA LATINA
El proceso de diferenciación en el continente Latinoamericano si bien siguen una trayectoria particular, se encuentra claramente influenciado por las formas de estructuración de las sociedades europea en los distintos momentos de su evolución. Tal influencia esta dada por el tipo de vínculos políticos y económicos que se establecen entre ambos continentes. En un principio durante el periodo de conquista y colonización, la relación entre Europa y Latinoamérica era una relación de control que ubicaba en una posición inferior a las nacientes sociedades territoriales de nuestro continente. El periodo de independización latinoamericana da cuenta de la ruptura paulatina de esta forma de vinculación. La autonomía de los estados nacionales latinoamericanos se construye, sin embargo, teniendo como modelo la forma de organización de los estados europeos, los que se sitúan como su permanente punto de referencia y comparación. Esto repercute en que los procesos de diferenciación funcional en ambos continentes se encuentran estrechamente ligados a la vez que es posible dar cuenta de particularidades en la estructura de ordenamiento de los sistemas funcionales. En tal sentido es que la influencia que ejerce el sistema político en la construcción de proyectos nacionales actúa como un limitante en la autonomización de los demás sistemas lo que da cuenta de la estructura jerarquizada que asume la diferenciación de Latinoamérica. Tales diferencias han de repercutir en la orientación normativa que asumen los estados latinoamericanos haciendo más difícil que estos abandonen la lógica del control y de la unificación, lo que se puede traducir en mayores obstáculos en el desarrollo de mecanismo de coordinación por parte del estado.
En este capítulo se describirá brevemente las etapas y características de los procesos de diferenciación en Latinoamérica dando cuenta de los principios normativos que articulan al estado de control en el continente, intentando demostrar como estos influyen en lo que se denominará como déficit de coordinación de los estados latinoamericanos. Complementando esta tarea, se analizarán ejemplos de políticas públicas chilenas que permiten sostener la hipótesis de trabajo recién señalada.