3 4 Las plantaciones de coca
Capítulo 2. El virrey Castelfuerte y la primera coyuntura rebelde
Capítulo 2 – San Miguel Arcángel con donante indígena Circa 1635 1640. Iglesia de San Pedro, Lima In: Cummins, Thomas et al. Los incas reyes del Perú. Banco de Crédito del Perú, Lima, 2005: 228
1. Los arzobispos-virreyes y el clero local
1 Durante el período comprendido entre fines del siglo XVII y las primeras décadas del XVIII un
fenómeno inusual tuvo lugar en el virreinato del Perú en lo que respecta a la administración central. En cuatro ocasiones, dos de las cuales fueron consecutivas, se designó a un arzobispo para el cargo de Virrey con carácter interino 1. ¿Qué efectos tuvo esta inusitada situación
dentro de la estructura del poder colonial? Tal vez la consecuencia más clara fue que los arzobispos-virreyes no demostraron ser capaces de mantener un balance adecuado entre el poder civil y el eclesiástico. En ese sentido, la descripción de la administración del arzobispo- virrey don Diego Morcillo (1720-1724) como «positivamente favorable al clero» es particularmente cierta (Merino, 1956: 91).
2 En relación al poder local, los curas doctrineros consiguieron ejercer durante este período un
mayor control económico y político sobre los campesinos.
3 Confiados en que podrían contar con el apoyo incondicional del Virrey, comenzaron a extender
su autoridad personal en los pueblos. Esto enfrentó en numerosas ocasiones a los doctrineros con los corregidores y caciques quienes, naturalmente, no querían ver su presencia e injerencia local disminuida.
4 Las revueltas que tuvieron lugar antes que Castelfuerte asumiera el gobierno en 1724, son un
indicador de que los curas habían alcanzado un grado significativo de control sobre sus parroquianos, estando en capacidad de movilizarlos para favorecer sus intereses personales. Ya en 1710 (año en que el arzobispo Diego Ladrón de Guevara asumió el cargo de Virrey), el cura de Llamellín (Conchucos) «incitó al pueblo a la rebelión», con el fin de expulsar al diezmero de la localidad. Sostenía que no debía permitirse a los españoles vivir en los pueblos de indios, porque oprimían a los campesinos y los despojaban de sus propiedades (Burga & Flores Galindo, 1975: 10) 2.
5 Esta situación parece ser bastante contradictoria. ¿Qué razón podría tener el cura para oponerse
al cobro del diezmo, que era en realidad un impuesto eclesiástico? Los diezmos constituían la décima parte de la producción agrícola y pecuaria, cobrada en especie, básicamente de los productores no indígenas. Los productos recolectados eran posteriormente vendidos y el dinero obtenido de esa transacción se usaba para el sostenimiento de la alta jerarquía eclesiástica, para la construcción de templos y para cubrir gastos de servicios locales tales como el mantenimiento de hospitales, orfelinatos, hospicios, etc. 3.
6 Como los curas doctrineros no eran parte del alto clero, recibían sus emolumentos a través del
sistema de sínodos. El sínodo consistía en un porcentaje fijo de dinero que era separado del tributo indígena 4. A su vez, como ya se ha señalado, el tributo era un impuesto obligatorio
para todos los indios varones entre los 18 y 50 años, como signo de sujeción a la Corona. La tasa anual asignada a cada indígena parece haber fluctuado entre los 4 y 9 pesos, de acuerdo a su provincia de origen y a su status. Los indios forasteros usualmente pagaban un equivalente aproximado a algo más de la mitad de la tasa correspondiente a los indios originarios. En 1737, la mayoría de los forasteros debía pagar 7 pesos anuales, mientras que muchos indios originarios pagaban 9 pesos. Por otro lado, el tributo anual de los yanaconas era de 3 pesos 1 real. Generalmente, los hacendados asumían el pago de este impuesto (Larson, 1978: 348-361).
7 Tanto los tributos como los diezmos eran cobrados dos veces al año, una mitad en la época de la
cosecha, en el mes de junio (tercio de San Juan) y la otra mitad en Navidad (Larson, 1978: 208). Es por esto que la presencia de un extraño como el diezmero significaba una presión adicional sobre los curas, ya que usualmente aquel cobraba los diezmos, al mismo tiempo que se estaban efectuando los pagos de tributos y cancelación de sínodos. Se comprende, entonces, que en Llamellín el alférez diezmero don Diego Zángano del Castillo denunciara que el cura y su asistente Francisco Gamarra trataban de sacar provecho de los diezmos eclesiásticos 5 .
8 Sin embargo, no toda la población indígena estaba sujeta al diezmo. Solo aquellos indios que
vivían en las provincias pertenecientes a los arzobispados de Lima y Charcas estaban obligados a diezmar 6. De acuerdo a un decreto expedido durante el gobierno provisional del virrey-
arzobispo Diego Morcillo (1720-1724), la población indígena del obispado de Trujillo dejó de estar exenta del pago del diezmo a partir de 1720 7. En realidad las órdenes religiosas y el
clero secular y regular eran los únicos legalmente exonerados, aunque durante el siglo XVIII se
dieron varios intentos por incorporarlos al pago del diezmo 8. 9 Años después, en 1721, el administrador del obraje de Paucartambo (Tarma), que también estaba encargado de la recolección de los diezmos, se quejaba de que los curas de la localidad habían incitado a la gente del obraje a rebelarse. Para tal efecto se habían servido del sermón de la misa y del sacramento del bautismo: «... alborotando y sublevando a la gente del obraje y... acompañado con todos los indios y mestizos se fue a la casa del obrajero a quitarle los libros (de tareas)» 9.
10 La provincia de Tarma, al igual que la de Conchucos —donde ocurriera el levantamiento de
1710— se hallaban localizadas en el arzobispado de Lima estando, por lo tanto, obligadas a diezmar. Este hecho podría explicar las protestas indígenas contra el diezmero, y el resentimiento de los curas contra quien, en su opinión, era un intruso que se estaba apropiando del excedente campesino.
11 En efecto, el clero parece haber tenido indudablemente una gran influencia sobre la población
indígena. Por un lado, en la mayoría de casos, los curas podían hablar quechua o aymara. Al romper la barrera del idioma lograban llegar a la numerosa población campesina que solo hablaba esas lenguas nativas (Torero, 1974) 10 . Por otro lado, siendo la misa la ocasión en que
se congregaban sus feligreses, los curas doctrineros estaban en capacidad de sacar partido de su posición para hacerlos partícipes de sus planes.
12 Para los curas, señores virtuales de los pequeños y remotos pueblos de indios, la presencia del
diezmero era un desafío a su autoridad. Más aun, cuando el diezmero gozaba de alguna influencia a nivel local (como en el caso de Paucartambo, donde tenía a su cargo la administración del obraje), la dualidad de su actividad económica lo exponía doblemente a la hostilidad de los campesinos. Algunas veces, los curas pudieron manipular tales situaciones en ventaja propia. De este modo, aunque la intención del clero no fue precisamente propiciar el desarrollo de la conciencia campesina, los indígenas a través de estos frecuentes enfrentamientos fueron dándose cuenta progresivamente de los abusos y explotación a que estaban sometidos.
13 En 1719 en Conchucos el cacique de Cayna (Tarma) fue acusado de incitar a la rebelión por
haber provocado un serio desorden cuando el cura del lugar apresó a un tributario a fin de cobrarle una crecida deuda que había dejado otro indio ya difunto (Anales del Cuzco, 1901: 260)
11. El corregidor respaldó los requerimientos del eclesiástico y ordenó la inmediata prisión
del cacique, quien fue transferido a la cárcel del Callao, en Lima. Así, mientras el clero se hallaba en el proceso de consolidar su poder local, entró en conflicto no solamente con funcionarios temporales —como los diezmeros— sino también con los miembros de la élite indígena, tales como los caciques y, particularmente, con los corregidores.
14 En 1724, cuando Castelfuerte recién había asumido el cargo de Virrey, el cura de Quiquijana
(Quispicanchis), don Alonso Marcotequi, fue acusado de haber instigado una revuelta local entre sus feligreses. Aparentemente, el cura alentó a sus parroquianos a levantarse contra el corregidor don Gregorio Patiño. Sin embargo, los ataques se dirigieron selectivamente contra el cobrador de tributos —un arriero mestizo llamado Bernardo Zegarra— quien cuestionaba el nombramiento del sacerdote como párroco 12 . Ese mismo año el cura de Chupa excomulgó al
corregidor de Azángaro, recurso frecuentemente utilizado por el clero para reforzar su autoridad a nivel local. El corregidor en cuestión se dirigió prontamente a Chupa para discutir esta decisión con el doctrinero. Enterado de su llegada, el cura «organizó y armó a su gente y,
sospechando una treta del corregidor... le dio en la cabeza con un palo, matándolo» 13 . El
clérigo fue posteriormente acusado de asesinato, pero con el respaldo del obispo consiguió finalmente ser exculpado.
15 Casos como estos indican el punto hasta el cual el clero había logrado transgredir los límites del
poder civil. Ciertamente, es posible que por esa razón Castelfuerte fuera nombrado Virrey. Con él «se inició la dinastía de los virreyes militares, la cual simbolizó un cambio profundo en la política interna, especialmente en el nivel eclesiástico» (Merino, 1956: 92). Pero si bien Castelfuerte adoptó una actitud severa hacia el clero, fue igualmente muy firme en lo concerniente a sus responsabilidades políticas y económicas. Por cierto, como resultado de su campaña para frenar el contrabando y las evasiones fiscales, se enfrentó contra una andanada de quejas (Walker, 1979: 192-193) 14 .
2. La política económica de Castelfuerte: revisita general y mita
minera
16 Mientras que el gobierno de los tres arzobispos-virreyes elevaba significativamente el status del clero, la política económica de Castelfuerte también implicó un radical cambio de dirección. El principal objetivo de Castelfuerte fue recobrar la anterior prosperidad de la Real Hacienda, siguiendo la política que había sido trazada hacia fines del siglo XVII por el virrey duque de laPalata (noviembre de 1686-agosto de 1689). El proyecto de Palata intentaba revitalizar la economía colonial, remodelando dos fuentes importantes, a saber, el tributo y la mita. En ambos casos se resaltó la importancia de realizar un censo general, a fin de rectificar la extendida evasión que se había descubierto tanto en el pago del tributo como en el cumplimiento de la
mita (Fuentes, 1859, vol. II: 256-virrey duque de La Palata). Palata también había señalado que el
clero y los corregidores eran responsables por la disminución del porcentaje de indios tributarios y mitayos. Advirtió que muchos curas no estaban empadronando debidamente a los indígenas de sus distritos, con la intención de utilizar la mano de obra no registrada para su beneficio personal. Los corregidores retenían a los indios en sus comunidades con la misma finalidad. De ese modo se estaba socavando el sistema de mitas y se causaba un incremento en el número de «indios de plata» (Fuentes, 1859, vol. II: 250-virrey duque de La Palata) .
17 Con el fin de promover la recuperación económica, Palata preconizó la extensión del pago del
tributo, que hasta entonces solo afectaba a los indios originarios, hacia la creciente población de indios forasteros. En lo que respecta a la mita, también propuso la inclusión de los indios forasteros y de los yanaconas. El Virrey creía que la mita había provocado el despoblamiento de las provincias sujetas a ella, pero no una reducción del total de la población indígena. Existía, por lo tanto, un alto porcentaje de indígenas, compuesto por ex tributarios y ex mitayos que habían emigrado de sus lugares de origen. La razón principal de este movimiento migratorio fue
evadir las presiones fiscales y, con ese fin, se establecieron en los pueblos vecinos donde no estaban sujetos a la mita, asentándose en los centros productivos como yanaconas o en los pueblos como indios forasteros (Fuentes, 1859, vol. II: 240-virrey duque de La Palata; Fuentes, 1859, vol. I: 308-virrey don Melchor Liñán y Cisneros; Spalding, 1967: 110). No debe olvidarse que como yanaconas el pago de sus tributos era asumido por sus patrones, y que, como indios forasteros, pagaban solamente algo más de la mitad de la tasa que correspondía a los originarios.
18 Durante su gobierno, Castelfuerte implementó algunos de los principales aspectos del programa
económico de Palata. Realizó un censo general con el fin de medir las consecuencias demográficas de la epidemia de cólera, que habiendo brotado en 1719 en Buenos Aires, se esparció a lo largo de tres años hacia el Cuzco y Huamanga (Hutchins, 1974: 93). El Virrey estaba convencido de que la epidemia había servido como pretexto para no registrar a todos los indios en edad de tributar, consecuentemente, el censo traería como resultado el incremento del número de tributarios. En efecto, con la única excepción de Conchucos, las nuevas listas —que probablemente incorporaron a los indios forasteros— mostraron un incremento del número de tributarios en relación a los padrones confeccionados por los corregidores después de la epidemia de 1719, y un sustancial aumento de los ingresos provenientes del tributo, como puede constatarse en los cuadros 6 y 7 15. El censo reveló también un considerable incremento
de la población sujeta a la mita, en vez de la reducción que se esperaba, ya que la mortandad entre la población indígena durante la epidemia se había estimado en 60 000 personas (Fuentes, 1859, vol. III: 135; de Mendiburu, 1874-1890, vol. III: 296). Cuadro 6 – Comparación del ingreso por tributos en los padrones posepidemia y de Revisita (en pesos de ocho) Fuente: Hutchins, 1974, capítulo II, Cuadro 2: 101. El cuadro está basado en información proveniente del manuscrito respectivo al censo del virrey Castelfuerte. A.G.I. Audiencia de Lima, Leg. 413. Cuadro 7 – La Revisita del virrey Castelfuerte Fuente: Hutchins, 1974, Capítulo II, cuadro 1: 99. Basado en el manuscrito A.G.I. Audiencia de Lima, Leg. 413. (b) Cálculos efectuados por Hutchins. 19 La mita de Potosí alcanzó un incremento de alrededor de 200 %. Se estaban enviando solamente
1 000 mitayos después de la epidemia, mientras que según el censo, se estimaba que debían haberse remitido 3 199. En el caso de Huancavelica también hubo un incremento, pero no tan espectacular como en Potosí. Allí, el número de mitayos creció de 447 a 500 (Memoria de los
Virreyes, vol. III: 157). Castelfuerte demostró poco tacto con su política destinada a incrementar
el número de mitayos, precisamente después de la escasez de subsistencias y la hambruna que siguieron a la epidemia regional que afectó, particularmente, las provincias sujetas a la mita minera. Ello significó que las comunidades debían proveer más brazos que nunca, aunque la epidemia bien pudiera haber mermado la población, haciendo por lo tanto necesario retener a los varones adultos con el fin de superar cualquier desbalance en su producción comunal, o en
los pagos de sus tributos. También debe recordarse que la región surandina, además de ser el área sujeta a la mita, tenía una vasta población indígena que contribuía con la porción más significativa de los tributos a nivel global del virreinato (Fuentes, 1859, vol. IV, apéndice: 7-15- virrey conde de Superonda; Rodríguez Casado & Pérez Embid, 1947: 249-264). Cuadro 8 – Paralelo entre las mitas de Palata, Monclova y Castelfuerte Fuente: Para Palata: AGI, Audiencia de Charcas, Leg. 270. Agradezco al Dr. Antonio Acosta el haberme facilitado una copia de la Visita del virrey duque de La Palata, cuyo original se encuentra en Sevilla. Para Monclova: BM, Egerton 1810. Repartimiento general del Sr. Conde de la Monclova. El manuscrito incluye dos categorías de indios: gruesa y remiten. De acuerdo con las Memorias del Virrey conde de Superunda (Fuente, 1859, vol. IV: 89) la gruesa de Monclova no llegó a ser enviada a Potosí «… haviendo repartido el Sr. conde de Monclova 4,122 indios a Potosí, hoy solo salen 2,902 y faltan 1,220 desde el año de 1692». Para Castelfuerte: Tandeter, 1980: 8, cuadro 2. 20 En este contexto, debe admitirse que los movimientos antifiscales que se produjeron durante el
gobierno de Castelfuerte no estuvieron dirigidos exclusivamente contra la reactualización de los padrones de tributarios, sino también contra la rigurosidad en la puesta en rigor del sistema de mitas. Puede observarse que la mayoría de las provincias comprometidas en las revueltas durante este período, tales como Andahuaylas (1726), Cochabamba (1730), Cotabambas-Cuzco (1730), Lucanas-Ayacucho (1732-1736), Castrovirreyna (1732-1736) y Azángaro (1736-1737), contribuían anualmente con su cuota de mitayos a las minas de Huancavelica y Potosí (ver cuadro 9).
Cuadro 9 – El sistema de mita y la primera coyuntura rebelde
Fuente: sobre mita de Huancavelica: Fuentes, 1859, vol. I: 309, virrey marqués de Manzera (1695) citado por el virrey Liñán y Cisneros (1678-1681). Sobre la mita de Potosí: BM, Egerton 1812. Repartimiento de mita del Sr. Conde de la Monclova (1689-1705).
21 Por ejemplo, el levantamiento que estalló en 1726 contra don Gregorio Hortis de Landaeta,
corregidor de Andahuaylas, fue encabezado por el cacique don Bernardo de Minaya y los mandones de los pueblos de Talavera, San Jerónimo y Anta 16 . La fecha coincidió con la
revisita que realizaba Manuel de Araindia para empadronar a la población indígena sujeta al pago del tributo y a la mita de Huancavelica (Hutchins, 1974: 63). La participación de las autoridades indígenas en el levantamiento se explica en tanto eran ellas las obligadas a reclutar y despachar la cuota anual de mitayos, que había sido incrementada substancialmente por Castelfuerte. De hecho, en la rebelión de Cotabambas en 1730 Marcos Mendoza, uno de los procesados, fue acusado de haber intentado matar al juez encargado de la mita, porque se le consideraba como el causante de haber aumentado la cuota de mitayos a Huancavelica 17 .
22 En el caso específico de Lucanas (1736), cuando el corregidor don Pascual Fernández de Linares
llegó a Puquio para cobrar los tributos y enviar los enteros de mita, fue informado del estallido de violencia que había precedido su arribo. El 10 de setiembre los indios se rebelaron contra don Andrés Díaz de Palazuelos, un miembro del cabildo local, que había agredido violentamente al ex alcalde indígena Gregorio Lliclla durante las festividades de Nuestra Señora de Cocharcas
18. Al presenciar este ataque, de inmediato los indios apedrearon a Díaz de Palazuelos e
inclusive, lo persiguieron por la plaza amenazándolo con rejones. Cabe anotar que todos los acusados llevados a prisión después de este incidente eran indios tributarios y se hallaban, por lo tanto, sujetos a la mita de Huancavelica 19. Ese mismo año, en la mina Atunsulla de
Castrovirreyna, los trabajadores y mitayos protestaron contra el administrador rehusando obedecerle. Los operarios «se negaron a trabajar en la mina y el trapiche, lanzaron piedras con sus huaracas y después huyeron a las montañas vecinas». Este enfrentamiento coincidió con la llegada de don Joseph de Villanueva, el cobrador de tributos 20, cuya presencia bien pudo
contribuir a agudizar los conflictos existentes y alentar la deserción de los mitayos.
23 La violencia también estalló en el pueblo de Asillo (Azángaro) en 1736. El 25 de mayo, alrededor
de 400 indios que trabajaban periódicamente como mitayos en las estancias de ganado del lugar, se unieron con el único propósito de atacar el pueblo y expulsar al párroco, don Manuel de Arroyo, y a su asistente 21. Cuando llegó el corregidor a controlar el desorden, fue
violentamente recibido por indios armados que lo forzaron a huir del pueblo, lo que consiguió con dificultad ya que casi todos los caminos estaban bloqueados por los rebeldes. Finalmente, y no sin esfuerzos, el corregidor don Martín Melchor de Infantas pudo efectuar la cobranza de los tributos y enviar los enteros de mita a Potosí 22 . De acuerdo a testimonios contemporáneos, al
año siguiente un cacique de Azángaro, Ignacio Cacma Condori, fue acusado de haber urdido un levantamiento regional que comprometía a 17 provincias, el cual finalmente no prosperó. En 1738 el mencionado cacique, junto con 39 indios, fue apresado en Omasuyos y trasladado al Cuzco, mientras otros 89 indios fueron distribuidos entre los obrajes locales en calidad de prisioneros (Anales del Cuzco, 1901: 291; Loayza, 1942: 123; Colin, 1966: 173). Si es que la conspiración se dio realmente, dentro de las provincias involucradas debieron necesariamente haber estado incluidas aquellas sujetas a la mita, como era el caso de Azángaro.
24 Es importante señalar que durante este período, la mita devino en un asunto de controversia. En