124 Durante la segunda mitad del siglo XVIII es posible observar no solamente un proceso de
diversificación de las revueltas sino, inclusive, que las protestas y levantamientos contra el corregidor y su cobrador no estuvieron siempre dirigidas contra el reparto. La revisita también
se convirtió en un detonante durante este período, provocando serios choques. No se debe olvidar que la revuelta de Huamachuco en 1758 estalló precisamente cuando se llevaba a cabo un empadronamiento que incorporaba a la población mestiza en los registros.
125 Entre 1762 y 1766 las provincias surandinas de Chucuito y Paucarcolla (Puno) estuvieron a
punto de rebelarse a consecuencia de la revisita llevada a cabo por don Juan Joseph de Herrera y sus cobradores de impuestos 155 . Las comunidades indígenas no parecen haber sido las únicas
afectadas por las periódicas revisitas que las autoridades españolas llevaban a cabo. Los funcionarios que estaban beneficiándose con el ocultamiento de los indios tributarios, al no registrar a miembros de la población masculina entre 18 y 50 años de edad, también debieron haber estado en contra de estas periódicas enumeraciones 156 . En 1762 el gobernador de
Chucuito, don Juan Joseph de Herrera, fue a Zepita a cobrar los tributos (tercio de Navidad). Pidió al cacique y cobrador de impuestos, Pedro Sensano, que le proporcionase los padroncillos que contenían una lista de la población indígena local, a lo que el cacique se rehusó. El 4 de noviembre, cuando la puesta al día del censo iba a iniciarse, los indios empezaron a gritar que:
«no querían tal revisita porque se les aumentaban los tributos, conmoviéndose de tal forma con las voces de guerra que llenaron de pedradas al indio que salió a que callasen, consternándose todos los que acompañaban al gobernador, expresando a éste que aquel era alzamiento» 157.
126 Solo se calmaron cuando este les aseguró en quechua que no habría un aumento en la tasa del
tributo 158 .
127 Una consecuencia de estos acontecimientos fue que el gobernador ordenó encarcelar al cacique
Pedro Sensano, después de destituirlo. Sin embargo, una turba enfurecida que se encontraba frente a la cárcel empezó a gritar exigiendo la libertad de Sensano, quien finalmente logró escapar de la cárcel y huir de la justicia. El cura Antonio de Barrios fue posteriormente acusado de haber instigado a los indios a levantarse, pero este explicó que aquellos habían liberado a Sensano solo porque el cacique les había persuadido que lo hicieran 159 .
128 El gobernador nombró a don Bartolomé Cachicatari cacique interino en reemplazo de Sensano,
pero este tuvo que renunciar al cargo debido a que los indios amenazaron con matarlo. El gobernador designó entonces, a don Joseph Chambilla, quien abandonó el pueblo cuando se acercaba la fecha fijada para la recolección del tributo del tercio de San Juan. El resultado de esta deserción fue que don Bartolomé Cachicatari volvió a ser responsable del cobro. Sin embargo, cuando comenzó a censar a los indios y a sus tierras, se esparcieron rumores que los tributarios de la puna planeaban matarlo, por lo que bruscamente suspendió el cobro 160.
Según la declaración de un testigo:
«dos indios que se habían embriagado havian referido que si don Bartolomé Cachicatari salía a las punas a recorrer, los indios lo habían de hondear» 161.
129 Se puede constatar que el descontento aún prevalecía en la provincia en 1767, cuando don
Bueno Mantilla fue enviado por don Juan Joseph de Herrera a Pomata, a cobrar el tributo y el reparto de mulas 162 . Al entrar los funcionarios al pueblo, los indios se amotinaron y
encarcelaron a don Bueno Mantilla, quien luego fue atado y conducido a Puno. Unos once indígenas fueron acusados de haber participado en este levantamiento; la información respectiva es presentada en el cuadro 16.
Cuadro 16 – Reos procesos por la revuelta de Pomata en 1767
Fuente: A.G.I., Audiencia de Charcas, Leg. 592
130 De acuerdo al expediente, el indio don Baltasar Toribio (o Torres) arribó a Pomata procedente
de Juli y dio instrucciones a los indios de que «no habían de pagar el reparto de mulas al gobernador, porque asi estaba mandado y que el que pagase lo avía de ver en la revisita, cuando se hiciese, porque ya su Rey había dado cuenta a Lima y Chuquisaca y que si alguno pagaba había de ser castigado en el rollo y quitado el pelo» 163 . Otros de los acusados explicitaron que
la consigna de que no se cobrase nada fue:
«orden del Sr. Oidor Orbea y de su abogado... y que (al oidor) lo tienen (lo indios) por su Rey, que había de libertarlos de todo lo que pagaban antes... de todos los servicios anuales, mita de Potosí y de sus entierros» 164.
131 El líder de este levantamiento resultó ser Juan Querva o Chambilla, un campesino indio. Sus
parientes Diego Chambilla, Sebastián Ramos y Baltasar Gomes estuvieron también comprometidos en el levantamiento. De los acusados, Diego Chambilla era un comerciante viajero en las Yungas de La Paz; Francisco Nina y Fernando Apasa eran trajinantes a Cochabamba. Todos eran indios originarios de Pomata 165 . Al preguntárseles por el reparto de
mulas con el cual habían sido gravados, ellos respondieron que «el reparto se lo habían dado para que lo tomasen, y que antes los caciques no querían dar a quienes no pueden pagar» 166. 132 La presencia de indios comerciantes en el levantamiento subraya una vez más el activo
comercio entre el Alto y el Bajo Perú, y el importante rol de los trajinantes y de los viajantes en los movimientos sociales de este período. También trae a colación otro importante factor, a saber, que durante la segunda mitad del siglo XVIII, a consecuencia de la expansión del reparto,
hubo un aumento en el número de indios que tenían necesidad de abandonar periódicamente sus comunidades de origen con el fin de diversificar sus actividades económicas para así poder cumplir con los tradicionales tributos e impuestos eclesiásticos, además de cubrir las contribuciones extraordinarias que el reparto exigía 167 . Pero si bien los testimonios sugieren
que el reparto les obligaba a comerciar activamente, ellos no se encontraban satisfechos con esta situación, ya que, en el caso de Puno, apoyaron a Orbea, quien les había prometido suprimir los impuestos y pagos en servicios.
133 Finalmente, don Diego de Orbea fue nombrado para participar en la revisita que se llevó a cabo
en la vecina provincia de Chucuito, aunque parece que no cumplió con sus promesas 168.
Según la información cuantitativa del revisitador don Juan Joseph de Herrera, el registro de indios tributarios, que en más de treinta años no se había hecho, logró:
«el considerable aumento de más de quince mil pesos en cada año, en cinco pueblos, y que por ello, se han declarado por enemigos los oficiales reales de aquélla Caja Real... con empeño para no ser descubiertos de los comercios con la Real Hacienda, usurpaciones y demás delitos en que están comprendidos» 169.
134 Las fuentes sugieren que para ese entonces no solo Chucuito sino también Vilcashuamán fue objeto de una revisita periódica, la cual fue rechazada de plano por los indios. Como señaló el teniente general don Juan Carrillo de Albornoz: «habiendo llegado a este pueblo (San Luis de Huancapi) de visita de provincia, igualmente a la recaudación de los reales tributos y demás... se ausentaron los tributarios. Hice embargasen los ganados de dichos tributarios para que por este medio se pudiese cubrir el descubierto de Reales Tributos» 170.
135 A medida que para el corregidor el reparto se volvía prioritario, el cobro del tributo perdía
importancia y, en consecuencia, la Real Hacienda y el sínodo pagado a los curas doctrineros experimentaban alteraciones. En 1769, por ejemplo, el cacique de Sicasica, Alejandro Chuquimamani, decidió ir a La Paz en compañía de siete hilacatas para entregar personalmente los enteros, en lugar de dárselos al corregidor. La razón principal para dar este paso era que los indios sospechaban que el corregidor estaba usando el dinero correspondiente al tributo para amortizar sus cuentas del reparto 171. En estas circunstancias el cacique notificó a sus indios
que, en la medida de lo posible, evitasen cancelar los bienes distribuidos como parte del reparto.
136 Cuando el corregidor pidió al cacique que presentara el recibo que le había sido expedido en La
Paz, este acudió a mostrarlo, pero se encontró con que el corregidor ya había abandonado Sicasica. En su ausencia los indios buscaron a su cobrador de impuestos, don Manuel Martínez Solascasas, para entregarle el recibo. Este se rehusó violentamente a reconocer su pago, vejando al cacique, dando muerte a un indio e hiriendo a tres más. En respuesta los indios lo mataron a pedradas. Luego salieron a las calles, apedreando las tiendas, haciendo repicar las campanas para anunciar la muerte del cobrador y, apoderándose de la cárcel, soltaron a los presos. La mayoría de las autoridades indígenas participó en el alzamiento: el cacique Alejandro Chuquimamani; los hilacantes Joseph Cachi, Joseph Payllo y Esteban Misto; y los principales Andrés Cachi, Francisco Pedro y Andrés Gaspar 172 . Podemos observar que mientras que las
autoridades indígenas estuvieron consistentemente involucradas en las revueltas contra las revisitas y el sistema de cobros del tributo, la documentación sugiere que el clero estuvo repetidas veces tras las protestas en contra del reparto, en la medida que le atañía más directamente.