La década ganada

A partir de la asunción del Presidente Néstor Carlos Kirchner en 2003, el Estado Nacional ha desarrollado diversas políticas públicas que apuntan a la inclusión social de los sectores más vulnerables. Este proyecto político suponía una transformación en el rol del Estado, en la concepción de la Patria y en la construcción de la identidad. En la documentación que hemos obtenido a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, leemos que “para consolidar este rumbo, el Pueblo debe ser protagonista e involucrarse, porque ésta es la década ganada de todos, resultado de un proceso colectivo que se sigue profundizando. Es la diversidad la que enriquece la transformación, porque se promueve la igualdad en la diversidad”.

La “década ganada” supuso un avance, a nivel legislativo, con lo que respecta a los pueblos originarios, porque conllevó la sanción de leyes y la creación de institutos y consejos dirigidos específicamente a los indígenas. A este propósito, Pacari Vega afirma que

mientras algunos observadores definen esta década como ‘perdida’ porque no se alcanzaron las metas de desarrollo económico, los pueblos indígenas la definen como la ‘década ganada’, pues grupos antes excluidos comenzaron a emerger y a posicionarse social y políticamente. Este posicionamiento puso en evidencia la fuerza estructural de las instituciones tradicionales de estos grupos, así como su nueva influencia en la política nacional (2004: 59).

De esta manera, los pueblos indígenas, hasta ese momento actores pasivos en la vida política del Estado, dejaban de ser meros destinatarios de las políticas públicas para empezar a participar activamente.

En primer lugar, cabe explicar qué es y qué papel tiene el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El INAI es un organismo del Estado argentino que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue creado a partir de la sanción de la Ley 23.302 en 1985 y reglamentado por el Decreto N° 155 en 1989. Ana Goyochea, del Ministerio de Cultura de Nación, nos explica que el INAI

es la autoridad de aplicación en todo lo que se refiere a políticas indígenas en la Nación. [...] Es la autoridad a través de la cual las comunidades pueden tener acceso o pueden dialogar con los diferentes organismos del Estado y, de alguna manera, funciona como puente entre las demandas de las comunidades y los organismos del Estado que puedan responder a estas demandas” (Goyochea, 13.07.15).

Teóricamente, el INAI promueve la participación indígena en la formulación y ejecución de proyectos dando el apoyo financiero necesario, coordina programas de apoyo a la educación intercultural y se ocupa de todo lo que tiene que ver con la aplicación de políticas públicas dirigidas a pueblos originarios. Además, realiza censos y actualiza registros de la población indígena para la formulación de programas específicos. En el ámbito del INAI, recordamos la creación del Consejo de Participación Indígena (CPI)38 en 2004, integrado por representantes de los pueblos que habitan en cada provincia, para fortalecer el diálogo entre el Estado y los representantes indígenas sin intermediarios, y la sanción de la Ley 26.160 en 2006, que crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial para realizar la demarcación de las tierras que las comunidades ocupan en forma actual, tradicional y pública.

Sería imposible referirse a todas las leyes y resoluciones adoptadas por la Nación sin correr el riesgo de perderse en un laberinto documental, así que solamente trataremos esas legislaciones que consideramos más relevantes para nuestra disertación. Antes de 2003, cabe recordar las resoluciones a través de las cuales se crea el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y se establecen los requisitos para la obtención de la Personería Jurídica, respectivamente en 1995 y 1996. Como nos explica el profesor Andrés Ramón Vera Gómez, la Personería Jurídica

es lo que legaliza para tener una institución. Vos no podés tener una institución si no tenés esa personería jurídica, que dice que, por ejemplo, Cuarajhi Vera es una institución indígena que está amparada por la ley, entre comillas. Porque el cacique puede decir que es Tupí guaraní, descendiente del cacique Cuarajhi Vera, pero no puede tener una

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“En lo que tiene que ver con políticas públicas indígenas, existe el Concejo de Participación Indígena, un órgano de consulta y de participación, porque lo que se empezó a plantear es la necesidad de que todas las políticas públicas que vinculan a los pueblos tengan participación indígena garantizada” (Ana Lía Rodríguez, 24.07.15).

institución sin este documento. La personería jurídica es un permiso para tener una institución, que puede ser nacional o provincial (Vera Gómez, 16.07.15).

Entre otras legislaciones, en 2011 se establece el derecho a un documento de identidad nacional para la inscripción de todos los ciudadanos que acrediten su pertenencia a un pueblo indígena y carezcan de DNI, a fin de que puedan obtener el documento por un trámite administrativo. En 2014 se inaugura el Salón Pueblos Originarios en la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. El mismo año, a través del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Además, no se trata solamente de resultados administrativos, sino que el cambio de perspectiva se percibe incluso a nivel simbólico. A este propósito, el 15 de julio de 2015 se ha verificado un hecho muy significativo en la Capital, y así lo cuenta Ana Lía Rodríguez de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación:

hace poco, se inauguró en el patio de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, el monumento a Juana Azurduy, una luchadora que se alistó en el ejército de Belgrano, boliviana, del Alto Perú. En el patio estaba la estatua de Cristóbal Colón mirando al río, con un significado muy colonialista. Ahora esa estatua está en otro lugar, pero el Gobierno de la Ciudad estaba totalmente opuesto, decían que era como una falta de respeto sacar a Colón. Ahora hay el monumento a Juana Azurduy, una mujer indígena que estuvo en los ejércitos de las luchas independentistas, el hecho simbólico es un cambio increíble. Vino la Presidenta, vino Evo Morales que es el Presidente de Bolivia, entonces es importante el contexto histórico-político, porque de acuerdo a cada etapa histórica, a cada gobierno que hay, hay una política determinada para los pueblos (Rodríguez, 24.07.15).

Se refiere a este hecho también Osvaldo Cipolloni, del Ministerio de Educación de Nación:

hace poco sacamos la estatua de Colón atrás de la Casa Rosada, que se la llevó el Gobierno de la Ciudad a la Costanera, y se emplazó la estatua de Juana Azurduy en la Casa de Gobierno. Ahí te das cuenta que, en vez de estar Colón mirando a Europa, está Juana Azurduy que fue una luchadora de la independencia, una mujer indígena del Alto Perú que luchó por la independencia americana, mirando hacia adentro, o sea es todo un cambio de paradigma de proyecto político. En vez de tener a Colón como símbolo de la Argentina europeocéntrica, tenés el símbolo de una mujer indígena que luchó por la independencia de la colonia española y mira hacia adentro (Cipolloni, 22.07.15).

Un hecho tan reciente es índice de un cambio todavía en curso, con lo que respecta no solamente a la valoración de lo indígena en la Argentina y, más precisamente, en

Buenos Aires, sino también a la lógica colonial que desde siempre ha caracterizado la Capital, y de la cual hablaremos más adelante.