A principios de los ´90, en la Provincia de Buenos Aires el juego estaba bajo la órbita de una simple dirección dependiente del Ministerio de Economía54. Pero Eduardo Duhalde, quien era gobernador recién asumido, tenía otros planes. Para llevarlos a cabo necesitaba que esa repartición tuviese autarquía de derecho público a fin de poder explotar, administrar y controlar los diversos juegos de azar55. Es decir, necesitaba administrarlo él mismo.
En tal sentido, con el supuesto fin de dar “mayor eficacia y optimizar los recursos del Estado”, adoptó una decisión
54 Dirección Provincial de Lotería, dependiente del Ministerio de Economía,
creada por Decreto N° 1444/86.
55 El artículo 1 del Decreto Nº 1170/92 reza que “Créase, en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, entidad autárquica de derecho público, que tendrá como finalidad la explotación, administración y contralor de los juegos de azar denominados: Lotería, Lotería Combinada, Quiniela, Prode, Loto, Lotería Familiar, Lotería Familiar Gigante o Bingo, como así también los demás juegos o modalidades que expresamente se hayan autorizado o se autoricen. Asimismo explotará, administrará y controlará las actividades de Casinos, Hípicas, Hipódromos, y Agencias, de acuerdo a las leyes y/o convenios correspondientes.”.
trascendente: creó en Buenos Aires el Instituto Provincial de Loterías y Casinos.56 Desde su génesis dicha entidad estuvo imbuida de facultades excepcionales que, con el correr de los años, fueron profundizándose, constituyendo un ámbito ajeno a los regulares y periódicos controles, con facultades para crear, reglamentar y aplicar normas y disposiciones, reglamentos y concesiones, contratar y prorrogar contratos. Todo con el evidente criterio de una amplísima discrecionalidad. Quizá sin saberlo, fueron el Instituto y Duhalde los primeros en tener superpoderes para manejar recursos y contrataciones57.
Esa fue la primera de las profundas modificaciones que sufrió la administración del juego en la Provincia de Buenos Aires, prolongándose éstas durante toda la gobernación de Duhalde.
Progresivamente, comenzaron a flexibilizarse la interpretación de las normas y los controles al amparo de una reforma inspirada en las facultades extraordinarias que a Duhalde
56 Decreto Nº 1170/92.
57 “Esta discrecionalidad sin límites ni controles partiendo de la base de su
composición unisectorial, tornan a este organismo en un ente superpoderoso, capaz de crear, aplicar e interpretar normas, que ha llevado a un brindar encuadre legal a decisiones que desafían abiertamente las normas vigentes o que permiten someter el propio interés fiscal a la decisión omnímoda del Presidente del Organismo, casi un “zar del juego” (Informe Final de la Comisión Especial Investigadora de lo actuado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados con fecha 23 de marzo de 2000)
le otorgaba la emergencia administrativa dispuesta en el año 199158. Concomitantemente, en esta época, comenzó a adquirir gran importancia la introducción de las modernas tecnologías informáticas para la captación de apuestas. Y dio como resultado inusitadas alternativas no solo al apostador, sino al vecino común, estimulando el juego a niveles nunca antes conocidos. Ello, a su vez, generó una patología –ludopatía- que hoy afecta a miles de familias, en su gran mayoría pertenecientes a las clases medias y medias bajas de la sociedad.
El Instituto Provincial de Loterías y Casinos también exacerbó las potencialidades del desarrollo tecnológico, poniendo en práctica las más insólitas variantes y modalidades del juego. Y otorgó progresivamente mayor injerencia a las empresas del rubro cuyo negocio principal radica en estimular la apuesta electrónica masificada, quitando al juego su carácter de ocasional o con fines turísticos, convirtiéndolo en una tentación permanente para los habitantes de cualquier rincón de la provincia.
Durante la gobernación de Duhalde, los discrecionales negocios de los hombres de Lomas de Zamora vinculados a la instalación de sistemas de captura on line, máquinas tragamonedas y bingos, como así también la adjudicación de agencias de loterías, se llevaban a cabo por la coexistencia de
58 La Ley N° 11.184 de Reconversión Administrativa de la Provincia de Buenos
Aires prorroga la emergencia administrativa, financiera y económica dispuesta por Ley N° 10.867.
numerosas excepciones otorgadas por el Poder Ejecutivo y el aprovechamiento de las mismas por parte de los primeros grupos económicos vinculados al juego en la Argentina. En definitiva, la totalidad de los negocios celebrados tienen en común un trasfondo muy oscuro.
Un operador de los más importantes, cuya identidad solicitó mantener reservada, manifestó al autor de este libro, en una entrevista, que el sistema se había distorsionado tanto desde lo discrecional que le bajaba la cotización a las empresas radicadas en Buenos Aires, dado que en el mundo no se entendía la falta de legitimación jurídica de este tipo de negocios.
Pero a Duhalde no le importaban demasiado estos “detalles de leguleyos”. Más tarde Menem, Ruckauf, Solá, Kirchner y Scioli manifestarían igual comportamiento.
El origen del Mal
Antonio Cafiero, el principal referente de la denominada renovación peronista en los años ´80 y gobernador bonaerense de 1987 a 1991, fue quien dio el primer paso. Y posibilitó el desembarco de las empresas españolas, relacionadas al juego de azar, en Argentina. Pero éstas recién abrirían sus salas luego de largas conversaciones con Duhalde en 1992, anticipando al propio Carlos Menem quien recién en 1993 produjo el primer gran salto en el negocio del juego: en la Ciudad de Buenos Aires el riojano autorizó que las salas de bingo comiencen a funcionar en la zonas del centro y microcentro, en Congreso, Flores, Caballito y Belgrano.
Cafiero jamás habría imaginado hacia dónde derivaría esta situación. Creyó, quizás de forma ingenua, que tal como ocurría en la ciudad de Buenos Aires, solo se trataba de dar cierta viabilidad a un juego de azar, de gran desarrollo en España, y obtener a cambio algunos recursos para el Estado. En realidad, la magnitud del negocio era mucho más importante.
En la Provincia de Buenos Aires los primeros bingos aparecieron con la aprobación de la Ley N° 11.01859. El proyecto fue presentado ante la legislatura por Rafael Romá, actual embajador del kirchnerismo en Paraguay, quien por aquel entonces era vicegobernador de Duhalde.
Si bien todavía se hallaba lejos el desembarco de las tragamonedas, la distribución de los recursos generados por el juego que había sido establecida por dicha norma dejaba claro a quién beneficiaría tal situación. Bajo el régimen previsto por cada 100 pesos que se jugaban, solo dos pesos de destinaban al Ministerio de Acción Social de la Provincia.
59 Ley N° 11.018, publicada en Boletín Oficial el 14/12/1990. El art. 1 reza que
“Autorizase en la medida y con los alcances de la presente ley, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el funcionamiento y explotación del juego de azar denominado “Lotería Familiar”, “Lotería Familiar Gigante” o “Bingo”. Como máximo podrán ser autorizados 32 distritos o partidos, en los cuales podrán habilitarse salas de juego”
El fantasma de las coimas
En definitiva, Duhalde anticipó a Menem y encontró en la ola privatizadora de los ´90 la excusa perfecta para instalar el debate sobre la privatización de los Casinos.
En cierta forma, parecería que en realidad Duhalde estaba devolviendo algunos favores dado que esos grupos habrían aportado importantes recursos que, según investigaciones periodísticas, habría servido para que el ex carapintada Aldo Rico facilitara la reelección de Duhalde en la Convención Constituyente de 1994.
Concretamente, el periodista Hernán López Echagüe60 atribuyó esta situación a un pago de entre 14 y 20 millones de pesos, que podrían provenir del juego, ya que tanto la reelección como la privatización de casinos fueron temas primordiales.
En dicha Convención Constituyente, uno de los principales debates se dio en torno a la redacción del artículo 37 de la Constitución bonaerense, que establece: “La Provincia se reserva,
como derecho no delegado al Estado Federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de
60 López Echagüe, Hernán “El Otro: Una biografía política de Eduardo
ninguna forma jurídica. La ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en tanto no implique la modificación del apartado anterior”.
Integrantes del Partido Justicialista intentaron con énfasis reformar ese artículo para que se le diera vía libre al proceso privatizador, pero la movida se impidió por escandalosa y por la fuerte oposición de los convencionales de la Unión Cívica Radical y el Frepaso. La votación se produjo el día 12 de septiembre de 1994: el resultado fue 72 votos a favor de la redacción actual del artículo 37 y 62 en contra, es decir, en respaldo de las intenciones de Duhalde. Esos 62 votos correspondieron al Bloque del Partido Justicialista Bonaerense, que por aquel entonces presidía Osvaldo Mércuri61.
Las sospechas sobre el supuesto pago de sobornos fueron motivo de una causa judicial. Así lo reflejó el diario Clarín, en el año 2000:
“La investigación judicial por el supuesto pago de una coima a los convencionales del MODIN -que en 1994 votaron la reelección de Eduardo Duhalde- toma cada vez mayor dimensión. La semana próxima, la Fiscalía de Estado bonaerense se
61 “Se han registrado 72 votos por la afirmativa, 62 por la negativa y 4 ausencias.
Es afirmativa por mayoría” (Sr. Secretario Mosse). Diario de Sesiones Honorable Convención Constituyente, 12/09/1994, 17ª. Sesión.
presentará como particular damnificado en la causa a cargo del juez platense Emir Caputo Tártara…”
“(…) El juez también tomó el testimonio de Guillermo Fernández Gill, un ex dirigente riquista que aparece en una filmación hablando del pago de una cuota de 12 millones de pesos para aceptar la reelección y otros millones para aprobar la privatización de los casinos”.
“El ex diputado nacional reconoció su voz en el video, pero declaró que se trató de un montaje. Después explicó que el MODIN realizó una investigación interna y se determinó que nadie cobró un peso por votar la cláusula que permitía a Duhalde presentarse como candidato en 1995. La investigación realizada por Caputo Tártara reunió otras 26 declaraciones. Tres ex convencionales del MODIN -Miguel Di Cianni, Santiago Chervo y Manuel Santucho- admiten que fueron tentados con importantes sumas de dinero para cambiar su voto en la Constituyente de 1994”62.
Según el diario La Nación, cuando la Convención Constituyente hizo fracasar el intento privatizador, Duhalde habría expresado: "Se ha terminado con un sueño para la gente del
Delta, principalmente para los partidos de Tigre y San Fernando, porque no me imagino a la provincia de Buenos Aires construyendo casinos como proponíamos para el desarrollo
turístico de esa región"63. Sin embargo, como buen jugador de
ajedrez, prepararía una nueva movida.
De forma paralela, el entonces presidente Carlos Menem soñaba desde 1994 con un casino porteño y el grupo interesado era Mirage (vinculado a Boldt), propiedad de un legendario empresario del juego de Las Vegas, de nombre Stephen Winnieg. Se proyectó entonces un parque en la actual zona de depósitos de Retiro, que incluía el reciclado de la estación, un hotel cinco estrellas y un casino.
El tema generó controversias. El entonces embajador norteamericano James Cheek sorprendió hasta al mismo presidente Menem cuando dijo que un casino es un lugar propicio para lavar narcodólares64. Menem viajó a Estados Unidos y se reunió con el ex presidente de ese país, George Bush (padre), y con el presidente de Mirage Las Vegas, que ofreció pagar al fisco 300 millones de dólares por año a cambio de explotar el famoso casino de Retiro. En aquel momento se optó por archivar el proyecto para reactivarlo después de las elecciones de 1995. Finalmente, el casino porteño se inauguró en un barco. Y los
63 Diario La Nación, “La Provincia del Juego”, 9 de abril de 2000.
64 Diario La Nación “El juego creció el 500% en 10 años”, 31 de octubre de
capitales fueron españoles, del grupo Cirsa, actual socio de Cristóbal López65.
Mirage se quedó afuera del negocio en Capital Federal, pero insistiría con otra fórmula, la que le ofrecía Eduardo Duhalde. Las tragamonedas
Como en una jugada de ajedrez, la segunda movida de Eduardo Duhalde estaba vinculada a la “necesidad” de preservar las fuentes de trabajo en los bingos, que poco a poco habían dejado de ser rentables.
En 1998, a raíz de esas decrecientes recaudaciones de los bingos, comenzaron a aparecer las primeras tragamonedas. Y motivó un cambio de opinión asombroso en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
Primero, el 11 de junio de ese año, las autoridades del organismo habían dispuesto mediante la Resolución 1246 "prohibir dentro de los locales y/o sus anexos y/o sus dependencias habilitadas como salas de juego de bingo, la instalación y/o funcionamiento de máquinas de habilidad o destreza o cualquiera fuera su denominación, que otorguen
65 Informe ¿Trabajo o mafia?, firmado por los diputados Alicia Tate, Angel D´
Ambrosio, Oscar Ritter y Eduardo Zogbi, integrantes del Bloque Radical en la Alianza, Bs. As, 2000.
premios en tickets u otro medio". La resolución llevaba las firmas de los funcionarios Jorge Omar Rossi, Carlos Alberto Gallo y Jorge Norberto Rodríguez (este último el actual titular del Instituto de Loterías), e intimaba a las salas de bingo a retirar las tragamonedas de los locales en 72 horas.
Seis meses después, el 2 de diciembre de 1998, los mismos funcionarios, más Isela Viviana Ramírez, dictaron la Resolución 2588, permitiendo la instalación de dichas máquinas y dejando expresa constancia de que esa actividad constituía juego de azar y una modalidad complementaria del bingo.
El periodista Daniel Casas publicó en el diario La Nación: “La voltereta aseguró a la empresa proveedora y explotadora de
las máquinas un negocio redondo. Fundado en la dificultad del Instituto Provincial de Lotería y Casinos para controlar dichas máquinas, se fijó un canon anual fijo de 1500 pesos por cada máquina tragamonedas de resolución incierta, video o carretes; de 15.000 para las máquinas de hasta seis puestos y de 20.000 para las de más de seis puestos. Esto implica que una máquina tragamonedas, siempre sobre los cálculos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, recauda la totalidad del canon anual con las ganancias de sólo 14 días de funcionamiento, con lo que le quedan 343 días de ganancia neta”.66
"Lo tragicómico de lo dispuesto es que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos fundamentó la autorización en la ley 11.018, el decreto 5309/90 y el decreto 1170/92, misma legislación con la que el Instituto Provincial de Loterías y Casinos fundamentó su prohibición", explicó Ricardo Vago67, que por aquel entonces era diputado provincial de la Alianza, al diario La Nación.
Casi un año después de la flagrante contradicción, legisladores de la oposición acusaron a los funcionarios firmantes de la resolución 2588 por "abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes del funcionario público; malversación culposa de fondos públicos; fraude a la administración pública y posible asociación ilícita". Fue una denuncia penal que apuntó directamente contra las autoridades del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que fue presentada por Vago y que estuvo avalada por quienes eran sus compañeros de bancada: Alfredo Villalba y Eduardo Santín. La denuncia cayó en la Fiscalía Nº 6, a cargo de Carlos Raimundi.
Por alguna extraña razón, cuando el abogado patrocinante de los legisladores, Néstor Mangelli, intentó averiguar pocos meses después sobre el estado de la causa, con la intención de sumarla al informe que estaba elaborando una comisión de diputados provinciales abocada a investigar el negocio oscuro del juego, le dijeron que debía hablarlo personalmente con el fiscal Raimundi cuando volviera de sus vacaciones.
Sin embargo, días más tarde, se enteraron de que para ese momento la denuncia ya había sido archivada, y con la firma del propio fiscal. Por esta razón, en la última semana de marzo de ese año 1999, los diputados plantearon la misma denuncia como particulares damnificados ante el juzgado de garantía en lo criminal Nº 2 de La Plata, a cargo del juez César Melazo.
Boldt: el ahijado preferido
En julio de 1999 la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la creación de una “Comisión Especial Investigadora” para indagar sobre lo actuado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos durante la gobernación de Eduardo Duhalde, especialmente en lo que se refiere a sus relaciones con la empresa Boldt. La comisión estuvo integrada por los entonces diputados Adolfo Aguirre, Alberto Briozzo, Alberto Giodanelli, Gustavo Posse y Juan Pedro Tunessi68.
Esa Comisión elaboró un informe que fue muy revelador respecto a varios aspectos oscuros de la trama más irregular que se conozca en cuanto a los vínculos del poder político y el negocio del juego en Buenos Aires. Por ejemplo, dice que Boldt S.A. “es
una de las empresas seleccionadas sin cotejo de precios y tecnología y que por una contratación directa que le otorgó el monopolio y la exclusividad del negocio por 16 años, termina
68 Resoluciones de la presidencia del Cuerpo N° 1790 y 1940, de fechas
manejando el marketing y la estrategia comercial del juego en la provincia, plasmando en los hechos una encubierta privatización que agrede lisa y llanamente el claro precepto del artículo 37 de nuestra Constitución Provincial”.
Duhalde, durante sus años como gobernador, generaba la necesidad y la urgencia y allí estaban las empresas amigas del poder político para aprovechar la situación. No era poco lo que se discutía: el contrato con Boldt S.A. implicaba 1500 millones de pesos que en esa etapa de convertibilidad eran 1500 millones de dólares.
El contrato que unió a la Provincia con la firma de la familia Tabanelli primero se implementó a través de la empresa Software de Juegos S.A, siendo su continuadora jurídica la mencionada firma Boldt S.A que, desde los albores de la aparición del negocio de las tragamonedas en la Provincia, siempre estuvo entre bambalinas promoviendo la sanción de decretos, el dictado de resoluciones y la reglamentación de los juegos.
En ese contexto, el Instituto había adjudicado sin licitación en el año 1993 a esta firma el sistema de captación on-line de juegos, utilizando para ello un mecanismo administrativo que se amparó en la propiedad intelectual de la empresa con el Club Keno bonaerense, que no era más que una verdadera argucia ya que el Club Keno carecía de toda operatividad y capacidad de recaudación porque en aquel momento, como así también en la actualidad, prácticamente no existen apostadores que lo prefieran.
Así fue como la firma de la familia Tabanelli ingresó a la actividad de los juegos de azar y luego, en el año 1995, invocando las mismas causales de necesidad y urgencia, nunca debidamente justificados ni mucho menos acreditados, el gobierno de Duhalde le fue ampliando el contrato para poder proveer miniordenadores portátiles y tragamonedas en los casinos con exclusividad, mediante un acto administrativo que prorrogó los plazos para la concesión ya otorgada69.
En otras palabras, según la comisión investigadora, “reservado en primera instancia al área de la captación, transporte
y procesamiento de datos por el denominado sistema en tiempo real conocido como ´on line´”, el negocio fue expandiéndose a
través de innumerables actos administrativos que, según la comisión investigadora, salieron del Instituto de Loterías que contaba “con superpoderes”. Así fue como el negocio no sólo alcanzó a los juegos tradicionales de Quiniela, Loto, etc., o los que