TIERRA A LA VISTA Y AMORES PERROS
IX- II Enemigos íntimos: Codere, del odio al amor
A fines del año 2008, funcionarios del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia (IPLyC), que por aquel entonces comandaba Peluso, sorprendieron a propios y extraños cuando radicaron una denuncia penal ante la Justicia de La Plata contra la firma Bingo Platense SA y otras salas de juego que opera el grupo Codere. Denunciaron los presuntos delitos de lavado de dinero, falsas contrataciones, defraudaciones, estafas y otras irregularidades detectadas en la liquidación de las máquinas tragamonedas101.
101 Diario Hoy de La Plata. “La ilegal fortuna de las tragamonedas”
http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-20416-titulo- La_ilegal_fortuna_de_las_tragamonedas
La causa fue investigada por la Unidad Funcional de Instrucciones Complejas (UFIC) de La Plata, a cargo de los fiscales Esteban Lombardo y Jorge Paolini. Según la denuncia - suscripta por la entonces titular de la dirección jurídico legal del IPLyC, Laura Viviana Sagrera-, el instituto instruyó una investigación administrativa de la que surgen diversas irregularidades, que imposibilitarían el funcionamiento de la sala de juegos en La Plata, a la vez que reveló otras falencias que podrían constituir delitos de acción pública, vinculadas a la conformación societaria, la modalidad de contratación, los impuestos devengados y el contralor de las ganancias obtenidas con las máquinas tragamonedas.
Esta denuncia se dio a conocer en el mismo momento en que el gobierno bonaerense amenazaba con que no le iba a renovará la licencia a Codere para que siga operando los bingos de La Plata, Mar del Plata y San Martín. Según la denuncia, la explotación de sus 14 salas de juego bingo es realizada a través de distintas sociedades controladas como Bingo del Oeste SA, Bingo Platense SA, Iberargen SA, Intermar SA, Interbas SA, Interjuegos SA, entre otras. Asimismo, se consignó que el Grupo Codere cuenta con otras sociedades de iguales características que desarrollan actividades inmobiliarias, como San Jaime SA.
La denuncia de Loterías advertía que “resulta llamativo que las personas físicas integrantes de dichas sociedades roten de unas a otras, ocupando diversos cargos que van desde directivos hasta incluso como apoderados de las mismas. Además, se advierte que dichas empresas efectúan operaciones inmobiliarias entre sí”.
La presentación judicial también sostenía que la empresa en cuestión, en declaraciones juradas suscriptas por su apoderado, “omitió consignar la deuda emergente de Ingresos Brutos que, según un informe de ARBA de fecha 30 de junio de 2008, es de $ 611.742,90 e informe de dicha Agencia de 3 de noviembre de 2008 donde también consigna una deuda por la suma de $ 257.123,90”. Y afirmó que Bingo Platense “sólo se limitó a hacer presentaciones dilatorias del trámite administrativo que en nada aportan, ni coadyuvan para la decisión final que este organismo debe tomar, más aún, sus presentaciones no son acompañadas por las constancias que acrediten sus dichos, sólo intentan con meras palabras desvirtuar los informes, cuya presunción es de veracidad al emanar de autoridades administrativas legalmente vigentes”.
En la denuncia se señaló que Bingo Platense registraba una deuda con Lotería y Casinos, en concepto de capital e intereses, por la falta de pago de recaudación de máquinas electrónicas de juegos de azar, por $ 437.291,35. Y se remarcó que la firma también tenía que presentar la escritura de dominio, boleto de compraventa y/o el contrato de locación, del inmueble que ocupa la sala de Bingo, “sin que hasta el momento lo haya acompañado”.
“El contrato fue suscripto por el locador denominado San Jaime SA, que resulta ser una de las empresas inmobiliarias controladas por Codere y Bingos del Oeste SA, cuyo vicepresidente, Héctor Omar Luna, es actualmente apoderado de la empresa Bingo Platense (también controlada por Codere Argentina SA )”, dice la denuncia.
“La interesada pretende, con una discusión de jurista ocioso, intentar desviar la interpretación correcta de la norma. Lo que está omitiendo es el pago de las obligaciones tributarias impuestas (impuesto a los sellos y a las ganancias)”, agrega la denuncia. Y se requirió a la Justicia una pericia técnica sobre las máquinas electrónicas ubicadas en las distintas salas de bingos a fin de constatar si la información que llega al instituto a través del software de operación del concentrador coincide con el software operativo y de aplicación que tiene cada una de las máquinas que pertenecen a cada una de las salas.
Sagrera sostuvo en su denuncia que debe investigarse la constitución de la sociedad Bingo Platense, y la sociedad Codere, supuesta controlante de la primera. Entre los miembros que la integran surge el nombre de Juan Pablo Peredo que entre 2002 y 2003 se desempeñó como asesor del Gabinete, con la remuneración equivalente a director provincial, en el propio Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Es decir, fue funcionario de la administración de Felipe Solá y luego desembarcó en el directorio de la empresa de juegos de azar, desempeñándose actualmente como director de relaciones externas.
Pese a la gravedad de la denuncia, pocos meses después, el gobierno de Daniel Scioli decidió renovarle la licencia por 15 años a Codere para la explotación del Bingo Platense, a cambio del pago de un canon irrisorio, que puede ser saldado en 60 cuotas sin interés. ¿Qué pasó en el medio? Evidentemente, la denuncia fue un simple mecanismo de presión. Luego, gracias a un recurso de amparo dictado por la jueza en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Ana Cristina Logar, que de forma muy
polémica permitió que Codere siguiera al frente del bingo pese a tener el contrato vencido (sin tener en cuenta la demanda presentada por Lotería), las partes tuvieron tiempo para sentarse a negociar y llegar a un entendimiento.
Sagrera, quien aparecía como denunciante en la demanda contra Codere, presentó su renuncia indeclinable, que fue aceptada por la jefatura de Gabinete de la Provincia. A través del decreto 1.515 / 09 se designó como su reemplazante, en la Dirección Jurídico Legal de Loterías, al Dr. Guillermo Oscar Stagni102.