El cooperativismo agrario en la Argentina

La más antigua de las cooperativas agrarias argentinas fue la “Sociedad Cooperativa de Seguros Agrícolas y Anexos Ltda. El Progreso Agrícola”, creada en 1898 en Pigüé, provincia de Buenos Aires, por colonos franceses, conjuntamente con el fundador de la ciudad de Pigüé y chacareros de la zona. La iniciativa reflejó el interés en constituir un fondo común de ayuda mutua frente a las adversidades climáticas como el granizo.

La cooperativa surgió como alternativa ante el incumplimiento de pagos o el tardío reinte- gro por parte de empresas privadas a pólizas libremente contratadas por los productores.

Este caso, representativo de la influencia del cooperativismo europeo en el nacimiento de las cooperativas, tanto en la Argentina como en otros países de América Latina, se ha repeti- do a lo largo de diversas experiencias. El bagaje de experiencia cooperativa, en los países de origen de los inmigrantes, al que se añadían los contactos mantenidos con cooperativistas europeos, una fluida relación de intercambio y la influencia cultural europea, fueron un campo propicio para el nacimiento y desarrollo del cooperativismo agrario en los países del Cono Sur (Cracogna, 1971).

La expansión inicial de las cooperativas agrícolas coincidió con el proceso de colonización rural impulsado por diferentes corrientes inmigratorias desde fines del siglo XIX, y su surgi- miento respondió a la necesidad de independizarse de la usura de los almacenes de ramos generales, los acopiadores y los monopolios, que impedían de distinto modo el desarrollo de los pequeños y medianos productores (Drimer, 1984).

O. Carracedo (1984), en el análisis de la evolución de las cooperativas, distingue dos gran- des etapas. La primera etapa, de aprovisionamiento y de comercialización interna abarca las mencionadas experiencias, y las que siguieron, en su mayoría impulsadas por inmigrantes europeos en un contexto marcado por el predominio del arrendamiento. Así, en el origen del movimiento cooperativo agrario se destaca la creación de la “Primera Sociedad Agrícola

Israelita Argentina” en 1900, posteriormente denominada “Sociedad Agrícola Lucienville Cooperativa Limitada” fundada en Basavilbaso, Entre Ríos, por un grupo de colonos judíos. Su estatuto constitutivo planteaba como objetivo el adquirir conocimientos agrícolas, arbitrar medios para la formación de una caja de ahorros y préstamos y comprar toda clase de artícu- los para proporcionárselos a sus miembros a precios ventajosos (Plotinsky, 2009). También con colonos de ese origen se crearon el “Fondo Comunal” de Villa Domínguez (1904); la “Unión entre Agricultores” de Urdinarrain (1908) y “Palmar Yatay” de Ubajay (1916); en la pro- vincia de Entre Ríos; la “Mutua Agrícola” de Moisesville, Santa Fe (1908); “Granjeros Unidos” de Rivera, Buenos Aires (1924) y “El Progreso” de Bernasconi, La Pampa.

Los objetivos iniciales de protección de los inmigrantes frente a un medio desconocido se fueron transformando progresivamente, extendiéndose a ganar poder de negociación frente a una comercialización muy concentrada, y desarrollar la vinculación con otras instituciones y con el Estado.

En 1930, Fondo Comunal era la más importante de las cooperativas agrícolas entrerrianas, contaba con más de mil asociados y se ocupaba de la provisión de implementos agrícolas y artículos de consumo y la comercialización de cereales, para lo cual poseía embarcaderos en varios puertos y galpones en estaciones ferroviarias.

Mientras tanto, en Junín, Provincia de Buenos Aires, productores de la zona habían creado, en 1904, la “Liga Agrícola Ganadera”, a fin de lograr una mejor comercialización de su produc- ción agrícola ganadera. Se trató de la primera de las cooperativas agrícolas denominada “pura” o autónoma, por no tener vinculación o dependencia en su origen con otras instituciones.

Entre las cooperativas dedicadas a producciones industriales, fuera de la región pampea- na, se crea en 1905 una cooperativa algodonera en Margarita Belén, Chaco (que formaliza una asociación establecida en 1897) y, luego, una vitivinícola en la Colonia Gral. Roca (Río Negro) en 1913. En 1915 se establece la primera cooperativa frutihortícola en Concordia (Entre Ríos), y en 1918 la Sociedad Cooperativa de Lechería de Zavalla (Santa Fe), primera cooperativa tam- bera del país (Victoria et al., 2005).

La segunda etapa, o etapa fundacional, entre 1922-1956, es determinada por Carracedo en base al comienzo de la integración, con la creación de entidades de segundo y tercer grado18_. Si bien la primera entidad de tercer grado, la Confederación Entrerriana de Cooperativas, nace en 1913, el autor marca la institucionalización del movimiento cooperativo con la creación, en 1922, en Rosario, de la Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central –luego denominada Asociación de Cooperativas Argentinas. Inicialmente fue integrada por 10 cooperativas de las provincias de Santa Fe y Córdoba que resolvieron concentrar la oferta granaria proveniente de establecimientos de carácter familiar, conciliando las ventajas de la producción descentraliza- da con la comercialización a gran escala. En 1928 fue creada la Unión de Cooperativas Ltda. San Carlos, que agrupaba a cooperativas tamberas.

Con relación a la dimensión del movimiento cooperativo en esta etapa, un estudio del Ministerio de Agricultura de la Nación en 193819_{aporta uno de los primeros datos sobre el coo-} perativismo agropecuario en la Argentina. El estudio consignaba 278 entidades, de las cuales 18_{Cabe destacar que en 1930 tiene lugar la construcción del primer elevador de campaña, en la Unión Agrícola de Leones,}

cooperativa precursora en el almacenamiento de cereales, iniciativa conjunta de la cooperativa local, la Unión Agrícola y de la Asociación de Cooperativas Argentinas, instituciones fundadas por Juan Costa (Bichsel; Costa, 2006).

19_{Realizado por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores de la Dirección de Economía Rural y Estadística del Ministerio de}

sólo 106 continuaron manteniendo algún grado de actividad económica luego de la encuesta de actualización que se realizó.

La evolución del movimiento cooperativo en número de entidades y asociados fue irregu- lar, aunque continua, hasta mediados de la década del 50, destacándose especialmente el período del gobierno peronista de 1946 a 1955, en que se quintuplicó el número de cooperati- vas de todos los sectores; en el caso de las agrarias, los productores asociados se beneficia- ron con el crédito oficial en condiciones preferenciales en cuanto a las tasas de interés anual (Girbal Blacha, 2004).

Desde mediados de la década del 50 se inicia un largo período de retroceso, con caída de entidades y dificultades para las que sobrevivieron. Influyeron en ello los sucesivos gobiernos militares, contrarios a las organizaciones sociales de distinto tipo y que instrumentaron políti- cas adversas, y las restricciones de financiamiento, tanto el proveniente de las propias fuen- tes cooperativas –también afectadas por los procesos de concentración– o de otras fuentes públicas.

En los primeros años de la década de 1980, las restricciones impuestas por la política cre- diticia conducen a las cooperativas a orientarse al financiamiento de los socios20_{en lugar de} capitalizar los excedentes o redistribuirlos, con el consiguiente endeudamiento de los produc- tores, la posterior insolvencia de la cooperativa y la repercusión de este comportamiento en las entidades de segundo grado, que se traduce en serias dificultades para todo el sistema ins- titucional (Barbero, et al., 2000). Con la recuperación de la democracia, se instaló una orienta- ción favorable a las cooperativas, pero las dificultades económicas generales de la segunda mitad de esta década, con el fracaso del Plan Austral y del Plan Primavera, también desesti- mularon la creación y fortalecimiento cooperativo.

La década del 90 –en particular, desde abril de 1991– se caracterizó, económicamente, por la aplicación de un modelo de apertura y desregulación económica conformado, principalmen- te, por la convertibilidad del peso, la apertura económica, con disminución de aranceles de importación, la desregulación de los mercados, la eliminación de organismos reguladores del comercio y la producción agropecuaria (como las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, el Instituto Forestal Nacional y otros dirigidos a la regulación de cultivos como azúcar y yerba mate), las privatizaciones (terminales portuarias, ferrocarriles) y el fomento de la inversión extranjera.

La tendencia de largo plazo de aumento de escala en la actividad primaria se vio acelera- da por el fuerte retraso cambiario, y la reducción de las regulaciones y eliminación de institu- ciones que podrían morigerar su impacto entre los productores más pequeños. Esto tuvo un alto impacto entre los asociados de las cooperativas agropecuarias, y, particularmente, sobre los productores de explotaciones familiares.

Debería señalarse, además, la insuficiencia de los esfuerzos de integración horizontal y ver- tical y de los procesos de racionalización implementados por algunas entidades, ya que, a dife- rencia de las empresas convencionales del sector agrario, las cooperativas no pueden disponer en lo inmediato de estructuras más flexibles o dedicarse a otras actividades por tratarse de sociedades de personas y no de capital. Las restricciones del propio sistema cooperativo en cuanto a la relación contractual entre la cooperativa y el socio, su imposibilidad de captar recur-

20 _{El endeudamiento acumulativo de las entidades de primer grado puso en serias dificultades a todo el sistema institucional y}

sos externos y reinvertirlos en el sector y las limitaciones del cooperativismo financiero para asistirlo, dificultaron el desarrollo de las entidades, obligándolas a contraer deudas y pagar los altos intereses impuestos por el sistema bancario y financiero. A las dificultades coyunturales se añadieron los problemas políticos, económicos y también los desafíos provocados por los cambios tecnológicos y organizacionales que influyeron en la expansión agrícola argentina.

La situación económico-financiera de las cooperativas agrarias, sobrevivientes a los seve- ros cambios de la década del 80, condicionó sus posibilidades empresariales en el nuevo con- texto macroeconómico y sectorial, mientras que los impactos del ajuste estructural acrecentaron las dificultades económicas y financieras de gran parte de los productores asociados, cuya capacidad de cancelación de los pasivos con la entidad se vio severamente afectada. Con ello se instaló una nueva crisis financiera de las cooperativas y de gran parte de sus socios.

Con este panorama, se produjo una declinación en el número de cooperativas agrarias de la Pampa Húmeda, con cierres y liquidaciones de entidades, principalmente de comercializa- ción de granos. Un estudio sobre la provincia de Santa Fe indica que el porcentaje de supervi- vencia de las cooperativas fue del 55% en la región norte de la provincia y del 76% en el centro (Depetris, 2001); esa situación presenta rasgos similares a lo ocurrido con otras pequeñas y medianas empresas acopiadoras, que por factores internos y externos vieron restringido su desarrollo y competitividad. Cabe subrayar que algunas organizaciones cooperativas de grado superior que las nucleaban insistieron en la necesidad de aumentar la eficiencia productiva en todas las etapas de la cadena agroalimentaria, como elemento esencial para el incremento de la competitividad (CONINAGRO, 2004) y en potenciar la integración cooperativa horizontal y vertical en la cadena de valor.

La crisis generalizada en el sector cooperativo que caracterizó el período ha sido explica- da, entre otros factores, por la inadecuada y deficiente administración política del financia- miento a los asociados y por el mantenimiento de una estructura sobredimensionada (en especial, en recursos humanos e infraestructura) respecto a la realidad externa. A ello se agre- gó la parálisis que tales situaciones provocaron en los cuerpos directivos y la pasiva actitud de funcionarios que sólo atinaban a ver cómo se desarrollaban los hechos sin adoptar medidas específicas (Balestri et al., 2006).

Otros cambios en el sector agropecuario hicieron el mercado aún más competitivo. Así, las transformaciones tecno-productivas en la actividad agropecuaria dieron lugar a la aparición de nuevos agentes más deslocalizados (pool de siembra, empresas contratistas de maquina- rias, etc.); la concentración empresarial, la privatización/desregulación de los principales resor- tes del negocio cerealero (puertos, instalaciones de acopio), la eliminación del precio sostén, y el marco financiero sumamente restrictivo, impactaron fuertemente sobre las cooperativas ligadas al acopio y comercialización de granos. Se produjo una reducción significativa de enti- dades cooperativas por liquidación o fusiones, junto con la aplicación de mecanismos de ajus- te en algunos sectores (reducción de personal) y el abandono de algunas actividades (en el caso de la ACA, las de adquisición y distribución de mercaderías de uso y consumo y el cierre de fábricas de aceite21_{) junto con el relanzamiento de otros sectores (por ejemplo, en ACA, el} de insumos agropecuarios).

21_{Del padrón societario de 148 cooperativas activas con que contaba la ACA a fines de los años 80, más de 90 atravesaron por}

crisis severas que pusieron en duda su continuidad. De éstas, aproximadamente el 30% logró superar la situación "adoptando medidas de reconversión", las restantes se complementaron con otras cooperativas con diferentes tipos de asociación, no obstante, 15 desaparecieron (D´Adam et al., 2006).

Las nuevas condiciones competitivas de los mercados de alimentos, la ampliación de la participación de las multinacionales dentro del territorio, el debilitamiento de la banca oficial (en particular, provincial) y la drástica caída de la banca cooperativa, provocaron la necesidad de importantes cambios y adaptaciones en las cooperativas agropecuarias. Se redujo el núme- ro de entidades y disminuyó la cantidad de personal ocupado, pero al mantenerse o ampliarse los volúmenes comercializados o procesados, se verificó un aumento promedio de la produc- tividad, lo que les permitió mantener su participación relativa, tal como se verá más adelante al analizar los Censos Económicos.

A partir de 1995 se observa, paralelamente a lo ya descripto, un notable aumento del número de cooperativas activas. Esto se explica por la necesidad de los pequeños y medianos productores, que buscaban una estrategia para enfrentar el contexto desfavorable, y por el estímulo brindado por los programas orientados desde el Gobierno (Programa Cambio Rural, Programa Social Agropecuario, PRODERNEA, PRODERNOA, y otros) que apoyaron a los pro- ductores en la búsqueda de soluciones asociativas.

A la salida de la convertibilidad, la reactivación de la economía en 2003 permitió, en algu- nos casos, sanear deudas bancarias a partir de la pesificación definida en 2002 y posibilitó un reacomodamiento de la posición económica de las cooperativas existentes. Por otra parte, como resultado de políticas muy activas que favorecieron la creación de cooperativas, se observa un importante crecimiento del número de cooperativas activas desde ese año.

A principios de la segunda década del siglo XXI, el cooperativismo agropecuario se mues- tra como un sector social y económico pujante, abarcando más de un millar de entidades, con cobertura en la mayoría de los productos agropecuarios y encarando procesos de moderniza- ción institucional, incursión en agregado de valor, generación de energías renovables, activi- dades de investigación y desarrollo, capacitación cooperativa, desarrollo de juventudes cooperativistas, apoyo a la educación superior agropecuaria, y otros. Los puntos siguientes intentan cuantificar, en la medida de la información disponible, las principales dimensiones referidas a su importancia económica, social y sectorial, y profundizar en las transformaciones institucionales.

Dentro de este panorama de crecimiento y modernización, la organización en cooperativas de los pequeños productores y explotaciones familiares es proporcionalmente baja, creando el desafío de generar estrategias y políticas dirigidas a incorporarlos a formas organizativas que les permitan aumentar la escala, mejorar la gestión y adoptar innovaciones, con el objetivo final de mejorar sus ingresos y fortalecer su inserción territorial. A este tema se dedican los capítulos IV y V.