El neoinstitucionalismo y el desarrollo local

De acuerdo con Rivas (2003:36,37), el neoinstitucionalismo retoma el estudio y rol de las instituciones en conceptos que vinculan actitudes, racionalidad, actores y motivaciones con estructuras sociales, políticas y económicas. Se parte del supuesto de que las instituciones son una variable que incorpora otras variables con las cuales se puede explicar la dinámica tanto de estabilidad como de cambio institucional. Dentro del neoinstitucionalismo se contempla el estudio de las instituciones políticas —la legislatura, el sistema legal, los partidos políticos y las instituciones del Estado—, las económicas, las religiosas y las sociales —sindicatos, clubes, ONG—. Rivas agrega que

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la relevancia de las instituciones estriba, sea cual sea la perspectiva o el tipo de gobierno, en que conforman el principal medio y pivote a través del cual no sólo se estructuran la democracia y el sistema político, sino además, y de manera especial, se estudian las prácticas políticas, conductas, reglas, normas, rutinas, códigos y naturalmente los procesosde socialización, participación e interacción social y política.

Por su parte, Morán (1998:22, 23) señala que el neoinstitucionalismo supone un intento de superar el individualismo que ha sido tan poderoso en los años setenta y ochenta, y afirma que no existe un actor individual sino sujetos que actúan insertos dentro de complejas tramas institucionales. Para March y Olsen (1993), citados por Rivas (2003:39), el neoinstitucionalismo debe ser abordado y visto como una propuesta y búsqueda de ideas alternativas que simplifiquen las sutilezas del saber empírico de un modo teóricamente útil. Desde esta concepción, el neoinstitucionalismo resulta una pieza clave en los procesos de descentralización, en los que se plantea la cooperación y la participación ciudadana como elementos fundamentales para fortalecer la democracia.

Las normas, conductas, códigos y mecanismos de cumplimiento, entonces, serían las “reglas del juego”, en tanto que los jugadores serían los individuos, los cuales actúan en “equipos”, que serían las organizaciones. El desarrollo económico dependería no solamente de la interrelación entre organizaciones económicas sino también de su interacción con otras organizaciones, que pueden ser políticas, sociales o educativas. Cuanto más perfeccionadas estuvieran las instituciones, tanto menores serían los costes en que debería incurrir cada organización para contar con la información que requiere, hacer contratos convenientes, y asegurarse de que éstos sean cumplidos, es decir, los costes de transacción18(Finot, 2001:32).

Las instituciones pueden ser formales o informales, pero lo decisivo para el comportamiento de los actores es cómo están internalizadas. Las instituciones de cada formación social pertenecen a un acervo cultural que es resultado de procesos históricos. Entonces, en un país dado, aun si sus instituciones fueran poco eficientes, no

18 _{Los costes de transacción pueden definirse como los costes de transferir derechos de propiedad o, más}

sutilmente, como los costes de establecer y mantener los derechos de propiedad.

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habría cambios mientras no se tomara conciencia de que las que están vigentes implican mayores costes que las alternativas. Finalmente, aunque las organizaciones son posibles gracias a las instituciones, sólo a través de ellas se puede plantear el cambio institucional. La toma de conciencia que éste requiere se logra gracias a las innovaciones generadas por organizaciones y al intercambio de información entre éstas (Finot, 2001:32).

Los postulados neoinstitucionalistas han sido aplicados para analizar el caso de los distritos industriales, debido a que se ha mostrado que la innovación tecnológica y la competitividad resultan favorecidas cuando actividades económicas similares se aglomeran. Pero también se ha encontrado que las regiones que más progresan son aquellas en donde existe tradición de reciprocidad y cooperación horizontal, manifiesta en múltiples asociaciones “horizontales”. La conclusión general es que tanto Estados como mercados pueden operar más eficientemente donde hay una tradición de asociación (Finot, 2001:32). Esto último está fuertemente ligado a la existencia de capital social en cada territorio, y dependiendo del grado de cohesión y de solidaridad que exista, la sociedad en su conjunto tendrá mayor o menor capacidad para desarrollar soluciones cooperativas. No obstante, algunos autores señalan que aun cuando no exista capital social, es posible crearlo.

El concepto de capital social es tratado con mayor amplitud en el capítulo IV. Aquí sólo queremos señalar que dentro del neoinstitucionalismo es un aspecto de gran relevancia, ya que la existencia de un capital social fuerte en un determinado territorio puede marcar la diferencia con relación a las capacidades competitivas entre empresas, localidades y territorios.

2.1.5. El regionalismo

Keating (1997, 1998), citado por Sepúlveda (2001:13), señala que el regionalismo hace referencia a la organización política de la demanda regional y a la movilización del interés regional. Agrega que para dar cuenta de este fenómeno se deben analizar las demandas políticas y las fragmentaciones existentes en el territorio, sean éstas de tipo político, económico o social. Al mismo tiempo, se debe evaluar el peso de los elementos

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de la tradición histórica, pero asumiendo que esos factores no agotan las variables referidas a una exhaustiva caracterización del territorio. Por esta razón, señala que no es posible desarrollar una teoría general sobre el regionalismo, ya que de existir sería más bien determinada por la especificidad de cada territorio.

Por su parte, Montecinos (2005:76) refiere que como una aproximación teórica de la descentralización, el regionalismo se sustenta en la consolidación de una estrategia de desarrollo regional y local para hacer frente a la globalización y al ajuste que se ha dado en la región. Es un enfoque que se ha denominado “territorios competitivos”. Estos territorios contienen una fuerte articulación entre el sector público y el sector privado, y una recuperación del rol del Estado a través del fortalecimiento de la capacidad de decisión en los gobiernos subnacionales.

El señalamiento de Montecinos coincide con López-Murphy (1996:1), quien apunta que en América Latina, en el marco de la descentralización de competencias hacia comunas y regiones, cada vez más se entiende el desarrollo como un proceso que depende de las condiciones e instituciones locales y regionales. Este proceso va acompañado de un cambio en la estrategia de desarrollo, debido a que en muchos países de América Latina existe interés en complementar un enfoque territorial de desarrollo, a través de dos perspectivas de fomento productivo: el fomento orientado a la exportación en beneficio de las empresas modernas y el fomento de la micro y pequeña empresa orientado a combatir la pobreza.

De esa forma, en el enfoque del regionalismo se considera que la descentralización es una fuerza que forma parte de los procesos globales, pero al mismo tiempo fortalece los entornos locales. La descentralización, entonces, es vista como un medio para generar territorios competitivos, y los estudios actuales sobre ella y sobre la política de desarrollo regional ponen el énfasis en la construcción de ventajas competitivas territoriales mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos, la creación de entornos locales innovadores y la cooperación estratégica de los actores públicos y privados territoriales (Montecinos, 2005:76).

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Lo anterior se refleja en la creación y/o fortalecimiento de diversas instituciones de carácter regional y agencias de desarrollo local para impulsar procesos de reestructuración y cooperación empresarial, establecer acuerdos y relaciones de colaboración y coordinar políticas de fomento económico de los diferentes niveles territoriales, donde están involucrados los organismos regionales y los gobiernos nacionales y, por supuesto, donde los gobiernos subnacionales tienen un rol protagónico. En este sentido, Montecinos (2005:76) señala que se ha producido una redefinición y descentralización de funciones de la política de desarrollo, donde la región o territorio ha adquirido un papel fundamental de referencia para la intervención eficaz y eficiente de la política de innovación y desarrollo productivo local

Por su parte, la CEPAL (1994) registra que en los últimos años todos los gobiernos de la región latinoamericana han realizado importantes esfuerzos por mejorar su inserción en la economía internacional, como respuesta a la creciente globalización de la economía y a las insuficiencias demostradas en numerosos casos por la anterior estrategia de industrialización. En ese marco, la acción pública se ha orientado a impulsar la competitividad internacional de los bienes y servicios que cada país puede ofrecer de manera más eficiente.

Podría parecer que el regionalismo se aleja de la concepción del desarrollo local, sin embargo, resulta claro que en la medida que los gobiernos de América Latina no establezcan alianzas de cooperación en aspectos tecnológicos, científicos, comerciales, etc., les será más difícil alcanzar adecuados niveles de calidad y competitividad en sus productos locales y, por consiguiente, la inserción de sus productos en el mercado internacional también será más difícil. En este sentido, si uno de los postulados de la descentralización es la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos del Estado, justamente el regionalismo, en cuanto una corriente política que defiende los intereses, recursos y particularidades de una región, podría fortalecer los diversos entornos locales y con ello los gobiernos subnacionales.

Finalmente, Bouzas (2005:9) se refiere al “nuevo regionalismo” y señala algunas ventajas respecto a los acuerdos de comercio preferencial que se celebraban en el pasado. Agrega que en la actualidad, varios analistas afirman que los acuerdos norte-sur

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permiten que las economías más pequeñas y menos desarrolladas obtengan acceso preferencial a los grandes mercados de altos ingresos. Si esto fuese así, en teoría permitiría evitar el aislacionismo generado por los efectos del mercado internacional y, por consiguiente, impulsaría un mayor desarrollo de los entornos locales.