LA ESPAÑA DE LA CONTRARREFORMA

unque la persecución de los iluministas y erasmistas y la creciente aceptación del concepto de limpieza de sangre habían lanzado a España por unos cauces determinados durante los últimos años del reinado del emperador, fueron los acontecimientos del período comprendido entre 1556 y la clausura del Concilio de Trento, en 1563, los que en definitiva aseguraron que no se daría marcha atrás. Éstos fueron los años en que la España del Renacimiento, completamente abierta a las influencias humanistas europeas, se transformó de modo efectivo en la semi-cerrada España de la Contrarreforma. Esto fue en parte resultado de la transferencia gradual de poderes a personajes tan rígidos como Hernando de Valdés (Inquisidor General a partir de 1547) y Melchor Cano, el formidable teólogo dominico. Pero también reflejaba un nuevo enfriamiento del clima espiritual europeo. Al convertirse Ginebra en centro de un nuevo protestantismo más dogmático se esfumaron las últimas esperanzas de una reconciliación entre Roma y los protestantes. Por todas partes se extendía un nuevo espíritu militante. Ginebra se preparaba para la batalla con sus imprentas y sus pastores. Roma, mientras formulaba de nuevo sus dogmas en el Concilio de Trento, se preparaba para la batalla con sus jesuitas, su Inquisición y su Índice.

En esta atmósfera de conflicto inminente se produjo, en 1557 y 1558, el sensacional descubrimiento de las comunidades protestantes de Sevilla y Valladolid. Aunque estas comunidades mantenían ciertos contactos con Ginebra y podían haber llegado a convertirse en auténticos grupos protestantes, parece ser que en la época en que fueron descubiertas se asemejaban más a las antiguas comunidades de alumbrados. Su carácter se puede adivinar fácilmente por el hecho de que se contaba entre ellas a dos conocidos personajes del círculo humanista cosmopolita que rodeaba al emperador: el Doctor Constantino Ponce de la Fuente (antiguo confesor de Carlos V) y el Doctor Agustín Cazalla (uno de los predicadores favoritos del emperador). Veinte años antes, un hombre como Cazalla hubiera recibido poco más que una pena corta. El hecho de que ahora fuese agarrotado y quemado era una señal del cambio que se había producido en el clima religioso.

La violencia de la reacción de la Inquisición puede ser, en parte, atribuida a su deseo de mejorar su posición a los ojos de la Corona, pero demuestra también una alarma real ante los patentes progresos de la herejía, pese a todos sus esfuerzos de represión. Esta vez no se podían tomar medidas a medias. No sólo las comunidades heréticas debían ser liquidadas, sino que se tenían que realizar mayores esfuerzos para proteger a España del contagio extranjero. Así pues, el 7 de septiembre de 1558, la hermana de Felipe II, la Infanta Juana, actuando como regente de su hermano, firmaba un decreto que prohibía la importación de libros extranjeros y ordenaba que todos los libros impresos en España debían llevar en adelante la licencia del Consejo de Castilla. Y al año siguiente otro decreto prohibía a los estudiantes españoles cursar estudios en el extranjero.

La ley de 1558 no era en realidad el primer intento de implantar una censura en España. Un decreto de 1502 ordenaba que todos los libros impresos en España o importados llevasen una licencia real, que podía ser concedida por los presidentes de las audiencias o por los arzobispos y algunos obispos. Además, habían existido también prohibiciones periódicas de ciertas obras. Fernando e Isabel habían prohibido, por ejemplo, la lectura de las Sagradas Escrituras en la lengua vernácula, pero parece que su decreto iba principalmente dirigido contra los conversos, y hasta 1551 la prohibición no llegó a ser universal y definitiva.

En 1545 la Inquisición había confeccionado lo que parece ser el primer Índice español y éste se vio seguido por otro en 1551. El Índice romano de 1559 no tenia, sin embargo, validez en España. En su lugar, el Inquisidor General Valdés remachó el clavo de la ley de censura de 1558 publicando, en 1559, un nuevo Índice español que aumentaba considerablemente el de 1551. El Índice de 1559 era en algunos aspectos extraordinariamente severo: prohibía el Enchiridion de Erasmo y otras muchas obras religiosas que gozaban de un amplio favor popular. Además, la Inquisición impuso sus decisiones con una severidad sin precedentes. Se procedió a un metódico registro para dar con todos los libros prohibidos y se encargó al episcopado la tarea de organizar una inspección sistemática de las bibliotecas públicas y privadas.

Las medidas de 1558-1559 produjeron indudablemente un golpe muy duro en la vida intelectual española. Al cortar el suministro de libros extranjeros y aumentar las restricciones sobre los escritos teológicos y devocionales, minaron, inevitablemente, la confianza del hombre de letras español y añadieron una nueva barrera a las muchas que se levantaban entonces en Europa para impedir la libre circulación de las ideas. Resulta, sin embargo, difícil determinar la duración de las consecuencias, sobre todo teniendo en cuenta que la sustitución en 1566 del Inquisidor General Valdés por el Cardenal Espinosa modificó en parte la severidad de los primeros momentos. Resulta igualmente difícil determinar hasta qué punto se vieron afectadas las relaciones de España con la comunidad cultural europea. La prohibición para los españoles de realizar estudios en el extranjero limitó evidentemente una beneficiosa fuente de contactos con las ideas nacidas en el exterior, pero parece que la prohibición no llegó a ser nunca total y en la segunda mitad del siglo XVI aún se encontraba a algunos españoles favorecidos en las universidades de Italia y de Flandes e incluso en las de Francia. Los contactos intelectuales con Flandes siguieron siendo naturalmente muy estrechos. El profesor Arias Montano, por ejemplo, se trasladó en 1568 a Flandes, siguiendo órdenes de Felipe II, para organizar la preparación en Amberes de una edición revisada y aumentada de la Biblia Políglota del Cardenal Cisneros. Pero, sobre todo, no se produjo ninguna ruptura en las estrechas relaciones culturales entre España e Italia. Desde el siglo XV Italia había sido una fuente de constante inspiración intelectual y artística para España, que, a su vez, transmitía las ideas italianas y

las suyas propias a Francia y al Norte de Europa. Esta corriente hacia el norte de la cultura de la Europa meridional, a través de España, no se vio afectada por las crisis religiosas europeas de 1550-1560 y, desde luego, la influencia española sobre la vida cultural del Norte siguió en aumento, reforzada por todo el prestigio del poderío español y por la extraordinaria calidad y variedad de las realizaciones literarias y artísticas españolas a finales del siglo XVI y principios del XVII.

Sin embargo, los decretos de 1551, 1558 y 1559, entrañaron inevitablemente un repliegue de España sobre sí misma ante las ideas llegadas del extranjero. Desde el punto de vista religioso, formaba parte de la comunidad internacional de la contrarreforma europea, pero esta comunidad sólo abarcaba medio continente. Europa estaba ahora dividida y cada parte había levantado sus barreras frente a las creencias religiosas de la otra. En este conflicto internacional de finales del siglo XVI, la posición dominadora de España y su vulnerabilidad potencial la hicieron extraordinariamente sensible a los peligros de la subversión religiosa y respondió con un excepcional espíritu de selección ante los productos de las culturas extranjeras, sometiéndolos a un minucioso examen antes de permitir su entrada en el país.

Aunque España estaba afianzando su posición frente a la entrada indiscriminada de las ideas extranjeras, también estaba en curso de determinar sus relaciones con la cabeza suprema de la Europa de la Contrarreforma, unas relaciones destinadas a ejercer una importante influencia en el resultado de la lucha contra el protestantismo internacional. Durante el reinado de Carlos V, las relaciones entre los Papas y un Emperador que tenía importantes intereses territoriales en Italia, habían sido particularmente tirantes, y durante el pontificado del fanático anti-español Paulo IV (1555-1559) España y la Santa Sede habían llegado a la guerra declarada. Al morir Paulo IV en el año 1559, Felipe II utilizó su influencia en el cónclave para asegurarse la elección de un Papa más manejable, pero el candidato que resultó vencedor, Pío IV, se vio también envuelto en un desacuerdo con España, que oscureció una vez más las relaciones entre Roma y su más poderoso aliado.

La disputa nació de una cuestión que puede considerarse como una nueva y quizá definitiva etapa en la lucha de los conservadores para asegurarse el control absoluto de la vida religiosa e intelectual española. Se trata del asunto del Cardenal Carranza. Bartolomé de Carranza era de familia pobre pero hidalga. Nacido en Navarra en 1503, se había educado en Alcalá y luego había ingresado en la orden dominicana. Después de estudiar en el Colegio de San Gregorio, en Valladolid, donde llegó a ser profesor de teología, en 1545 fue enviado como delegado al Concilio de Trento. Tras haberse ganado una gran fama de teólogo en Trento, acompañó a Felipe II a Inglaterra y allí se convirtió en consejero religioso de María Tudor y en enemigo acérrimo del protestantismo inglés. En 1559 volvió a Flandes, donde realizó investigaciones en torno al tráfico clandestino de literatura herética con España. Esta rápida carrera podía parecer una preparación ideal para el puesto para el que entonces le designó Felipe II, el de arzobispo de Toledo, sucesor del Cardenal Silíceo, pero en agosto de 1559, cuando aún no hacía un año que ocupaba el arzobispado, fue inopinadamente detenido por los oficiales de la Inquisición. Durante diecisiete años, primero en España y luego en Roma, estuvo encarcelado, y cuando por fin salió de la prisión, era un destrozado anciano de setenta y tres años que moriría unos días después.

El misterio que rodea a la detención de un hombre que podía parecer el primado ideal para España en la nueva época de guerra religiosa abierta, nunca ha sido completamente esclarecido, pero Carranza, por razones buenas o malas, tenía muchos y poderosos enemigos. Tuvo quizá la mala fortuna de ser designado para ocupar la sede arzobispal en una época en que el rey aún se hallaba en

el extranjero y no podía consultar a sus asesores del Consejo de la Inquisición. Carranza tuvo también la desgracia, como su antecesor Silíceo, de ser un hombre de orígenes relativamente humildes. Por segunda vez, prelados de familias más aristocráticas habían sido desplazados de la rica sede toledana. Entre los que esperaban su nombramiento, figuraban dos hijos del Conde de Lemos, Don Pedro de Castro, Obispo de Cuenca, y su hermano Don Rodrigo, y los hermanos Castro obtuvieron el poderoso apoyo de Valdés, el Inquisidor General, que era también un candidato olvidado. Carranza no podía esperar tampoco recibir gran ayuda de los otros prelados españoles, pues había cometido la imprudencia de publicar un libro que contenía severísimas críticas contra el absentismo episcopal. Y lo que aún era peor, se había ganado, desde tiempo atrás, la enemistad de un dominico que era ahora el principal consejero religioso de Felipe II. Era éste el teólogo Melchor Cano. Cano había sido rival de Carranza en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, donde los estudiantes se habían dividido en dos partidos opuestos, el de los canistas y el de los carransistas. y su aversión por Carranza se había visto aumentada por su éxito en el Concilio de Trento.

Los odios de clase y personales desempeñaron, por lo tanto, un papel importante en la conspiración contra Carranza, pero también parece probable que el arzobispo fuese una víctima más en la campaña de los tradicionalistas españoles contra los pretendidos teólogos liberales que habían recibido influencias del extranjero. A pesar de su carrera como perseguidor de herejes, Carranza, que había viajado por toda Europa con el emperador, podía muy bien ser clasificado, junto con el herético Doctor Cazalla, como hombre contaminado por el contacto demasiado frecuente con el cristianismo erasmista del Norte de Europa. Mientras que Siliceo era tan ortodoxo que era intocable, aunque también tenia bastantes enemigos, Carranza había publicado un enorme tomo de Comentarios sobre el Catecismo que le exponían peligrosamente a los ataques de ciertos enemigos. Cano y los inquisidores pusieron entonces manos a la obra, sembraron la semilla de la duda en el espíritu de Felipe II y el propio primado de España se vio arrestado por sospechoso de herejía.

Si ya era un pelele en las disputas entre aristócratas y plebeyos, entre nacionalistas y cosmopolitas, el desgraciado Carranza se convirtió también ahora en un pelele en las rencillas entre la Corona española y la Santa Sede. El rey advirtió que tenía en la Inquisición un magnífico instrumento para extender su control sobre sus posesiones y, al mismo tiempo, para mantenerlas a salvo de la herejía. Se decidió por lo tanto a identificar su poder con el de la Inquisición, cosa que Carlos V no había hecho jamás, y se dejó empujar por los inquisidores, al exponer la pretensión sin precedentes de que los prelados de la Iglesia debían ser procesados por la Inquisición y no por Roma. El Papa rechazó esta pretensión, pero hasta 1566 no consiguió que el prisionero fuese trasladado a Roma e incluso entonces la táctica dilatoria española aplazó durante diez años una decisión que no resultó en modo alguno tan favorable a Carranza como muchos esperaban.

La lucha entre Felipe II y el Papado, exacerbada por el asunto Carranza, sólo sirvió para debilitar las fuerzas de la Contrarreforma, en una época en que eran muy necesarias. No pudo tampoco provocar una ruptura abierta, pues Roma necesitaba la ayuda militar española, mientras que Felipe II necesitaba los ingresos que le proporcionaba la Iglesia y el prestigio que sólo el Papa podía otorgarle en su lucha contra la herejía. Pero existía entre ambos una especie de guerra sorda, en la que Felipe II hizo cuanto pudo por extender su control sobre la Iglesia española y explotar sus recursos financieros y políticos. La Inquisición fue debidamente reducida a poco más que un departamento de Estado; los enormes ingresos de la sede toledana fueron expropiados por la Corona durante los diecisiete años que duró el proceso de Carranza; los decretos tridentinos fueron

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finalmente publicados en 1565, pero sólo de un modo provisional que garantizaba a la Corona la continuación de su influencia en la jurisdicción eclesiástica y en las investiduras episcopales, y, en 1572, los breves pontificios que citaban a españoles ante tribunales extranjeros por casos eclesiásticos fueron declarados nulos y sin vigor y el rey insistió en su derecho de examinar las bulas papales y, en caso de ser necesario, prohibir su publicación en sus dominios.

Aunque el interés de Felipe II por el mantenimiento y extensión de las prerrogativas reales era muy natural, su comportamiento demuestra también que en el fondo de su corazón consideraba la religión como un asunto demasiado serio para dejarlo al Papa. Temeroso de la herejía no quiso confiar en nadie sino en sí mismo y en los agentes por él escogidos para desarraigarla de sus posesiones. Quiso convertir España en una inexpugnable fortaleza contra cuyas murallas se estrellasen en vano las herejías que invadían Europa. Aunque ninguna fortaleza puede ser inexpugnable mientras haya traidores en su interior, puede parecer a primera vista difícil justificar las medidas tomadas contra los sospechosos de herejía. El puñado de alumbrados, dignos de compasión, que fuera a dar a las mazmorras de la Inquisición no necesitaban —o resulta muy difícil creerlo— el montaje de toda una maquinaria tan formidable, pero si, visto desde nuestra perspectiva actual, puede parecer que Felipe II y sus agentes demostraron una alarma excesiva ante los supuestos peligros que se albergaban en el corazón de España, su sensación de inseguridad es, en todo caso, explicable teniendo en cuenta la situación tanto interior como internacional de la época. Hacia los años sesenta se veía muy claro que el monarca tenia que arrostrar a la guerra en dos frentes a la vez, y, lógicamente, lo último que deseaba era tener que atacar un tercer frente en el interior. Las medidas, aparentemente provocadas por el pánico, de los diez primeros años del reinado respondían, pues, a un auténtico temor de un desastre inminente, lo cual, a la luz de los acontecimientos de los años sesenta, no parece nada desencaminado.